Latinoamericanas
Condenan a Joao y a Mónica a 4 años y medio
IRÁN A PRISIÓN DOMICILIARIA CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Sentenciados. Joao Santana y su esposa Mónica Moura recibieron sus condenas ayer por el juez Sergio Moro.
Washington, (EFE/Beatriz Pascual Macías).- El Tribunal Supremo de EE.UU. concedió hoy una victoria al presidente, Donald Trump, al admitir a trámite el caso de su veto migratorio y permitir la entrada en vigor de algunas partes de su iniciativa, destinada a prohibir la entrada de refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana.
“La decisión unánime de hoy del Tribunal Supremo es una victoria clara para nuestra seguridad nacional”, dijo Trump en un comunicado, difundido por la Casa Blanca.
“Como presidente, no puedo permitir que entre en nuestro país gente que quiere hacernos daño. Quiero a gente que pueda amar a Estados Unidos y a todos sus ciudadanos, y que vayan a trabajar duro y ser productivos”, subrayó Trump, que emitió su veto supuestamente para frenar el terrorismo yihadista.
La decisión de hoy del Tribunal Supremo implica que el Gobierno de Trump podrá negar la entrada al país a cualquier individuo que no pueda probar que tiene familiares en territorio estadounidense o que tiene planes ya establecidos para trabajar o estudiar en organizaciones de Estados Unidos.
Uno de los principales argumentos del Gobierno para imponer su veto fue que países como Siria, Sudán y Yemen no tienen los mecanismos adecuados para examinar a las personas que viajan a EE.UU. y determinar si representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense.
En concreto, en un escrito de 13 páginas y que no está firmado por ningún magistrado, el Tribunal Supremo determinó que Trump podrá prohibir el ingreso de los “extranjeros que no tengan ninguna relación genuina con una persona o una entidad de Estados Unidos”.
Por tanto, la decisión de los jueces afecta sobre todo a los refugiados, que por definición están huyendo de sus países de origen y, en teoría, no tienen por qué tener ninguna relación con EE.UU.
La orden ejecutiva de Trump buscaba anular durante 120 días el programa de acogida de refugiados, así como prohibir durante 90 días el ingreso a Estados Unidos de los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).
De esa forma, solo podrán entrar los refugiados y los nacionales de los seis países musulmanes que puedan demostrar que tienen una relación familiar o profesional con Estados Unidos.
La semana pasada, Trump afirmó que la orden podría entrar en vigor en 72 horas si las cortes levantaban el bloqueo que había impedido su implementación.
Por el momento, el Gobierno de EE.UU. no ha especificado cuándo ejecutará la parte del veto autorizada y el Departamento de Seguridad Nacional se limitó a decir en un comunicado que “dará detalles adicionales sobre su implementación” después de hacer las consultas pertinentes con los departamento de Justicia y de Estado.
“La implementación de la orden ejecutiva se hará profesionalmente, con una notificación clara y hecha con suficiente tiempo, en particular para los viajeros potencialmente afectados y en coordinación con los socios en la industria de viajes”, añadió el Departamento de Seguridad Nacional.
Trump trató de imponer su veto por primera vez el 27 de enero, cuando firmó una orden ejecutiva que entró en vigor de manera inmediata y sembró el caos en aeropuertos de todo el mundo.
Ese veto fue bloqueado por la Justicia y, entonces, el 6 de marzo, Trump firmó una nueva orden que, a diferencia de la anterior, dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.
Esa segunda orden nunca llegó a entrar en vigor porque fue bloqueada primero por jueces en Hawai y Maryland y, luego, por el Tribunal de Apelaciones del Distrito Cuarto, en Richmond (Virginia), y el Tribunal del Distrito Noveno, con sede en San Francisco (California).
Estos tribunales de apelaciones, instancia inferior al Supremo, bloquearon la implementación de la orden porque consideraron que podría suponer un abuso de poder del presidente y porque supuestamente discrimina a los musulmanes como minoría religiosa, lo que viola la Constitución de EE.UU.
Frente a esos argumentos, el Gobierno ha defendido en todo momento que el veto fue proclamado dentro de la capacidad que la Constitución otorga al presidente para decidir sobre asuntos de seguridad nacional.
Uno de los principales argumentos del Gobierno para imponer su veto fue que países como Siria, Sudán y Yemen no tienen los mecanismos adecuados para examinar a las personas que viajan a EE.UU. y determinar si representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense.
El Tribunal Supremo estudiará la legalidad del veto durante su próximo período judicial, que comienza el primer lunes de octubre de 2017 y terminará en junio de 2018. EFE
Latinoamericanas
Consejo Presidencial de Haití condena el tiroteo contra dos vuelos comerciales de EE.UU.
Agencia Efe
Puerto Príncipe.- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití condenó este martes con el «máximo rigor» el recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas en Puerto Príncipe y el ataque perpetrado el lunes contra dos aviones comerciales estadounidenses en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture.
«Este crimen cobarde, que amenaza la soberanía y la seguridad de Haití, pretende aislar a nuestro país en la escena internacional. Los autores de estos actos atroces serán perseguidos y llevados ante la Justicia», afirmó el Consejo en un comunicado.
La parte oficial dijo que «en las últimas 48 horas, miembros de bandas armadas han puesto en peligro la vida de ciudadanos pacíficos, han incendiado propiedades privadas e incluso han disparado contra un avión de Spirit Airlines que procedió de Fort Lauderdale el lunes 11 de noviembre». de 2024″.
Además del ataque a ese vuelo, un avión de la aerolínea JetBlue también fue tiroteado ayer cuando despegaba de Puerto Príncipe con destino a Nueva York.
El Consejo recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional haitiana, y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad han desplegado inmediatamente sus unidades para reforzar la seguridad de las familias y de los alrededores del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, con el fin de garantizar la protección de los vuelos comerciales que operan en el país.
El CPT llamó a la población para que permanezca vigilante y colabore estrechamente con las fuerzas del orden para prevenir cualquier acción que pueda comprometer la paz y la seguridad colectiva.
«Juntos, pondremos fin a estos actos incalificables», concluyó la nota.
Puerto Príncipe vivió este martes una jornada de tensa calma, con tiroteos esporádicos en algunas zonas y sin operaciones en el aeropuerto internacional, cerrado hasta el 18 de noviembre.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció este martes la suspensión temporal de la entrega de ayuda humanitaria en Haití por la imposibilidad de acceso al puerto y al aeropuerto en la capital debido al grave deterioro de la situación de seguridad.
Este mismo día, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. prohibió los vuelos comerciales a Haití tras los ataques a tiros que sufrieron el lunes las dos aeronaves.
Además, la compañía estadounidense American Airlines anunció este martes que suspendió sus vuelos a Haití por los próximos tres meses, tras descubrir que uno de sus aviones que despegó desde Puerto Príncipe fue impactado por una bala.
Mientras, el ministro de Justicia en funciones, Carlos Hércules, condenó el ataque armado perpetrado contra los aviones.
«Se trató de un acto terrorista contra la vida de nuestros compatriotas y de todos los que se encontraban a bordo de este avión», dijo Hércules en referencia al tiroteo contra el avión de la aerolínea Spirit.
El funcionario pidió a las fuerzas de seguridad nacional que tomen medidas para restablecer un clima de seguridad en el país, para que se puedan reanudar las actividades, especialmente en la capital y sus alrededores.
Latinoamericanas
Fiscalía argentina imputa a tres personas por la muerte de Liam Payne en Buenos Aires
Agencia efe
Buenos Aires, Argentina.-Una fiscalía argentina imputó este jueves a una persona por abandono de persona seguido de muerte y a otras dos por suministro de estupefacientes en la causa que investiga la muerte del cantante británico Liam Payne, fallecido el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.
«En el marco de la investigación por la muerte del músico británico Liam James Payne, ocurrida el 16 de octubre cuando cayó de un balcón en un hotel del barrio porteño de Palermo, se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales tres personas fueron imputadas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes», informó hoy la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14.
Uno de los acusados es una persona que acompañó a Payne durante su estadía en Buenos Aires, otro es un empleado del hotel en el que tuvo lugar su fallecimiento y el tercero fue descrito como «un proveedor de estupefacientes».
La fiscalía informó que la imputación de estas tres personas, cuya detención ya ha sido ordenada, llegó tras una extensa investigación que incluyó decenas de testimonios, el análisis de más de 800 horas de filmaciones de cámaras del hotel y de la vía pública y del contenido del móvil de Payne y de varios testigos, así como estudios tanatológicos y de laboratorio.
El primero de los acusados fue descrito en el anuncio como «quien acompañaba de manera cotidiana al artista» durante su estadía en Buenos Aires y se le imputaron los delitos de abandono de persona seguido de muerte y de suministro y facilitación de estupefacientes.
El segundo es un empleado del hotel Casa Sur, en el que se encontraba alojado Payne, acusado de haber suministrado cocaína al músico durante su estadía; mientras que el tercero habría suministrado estupefacientes al músico en dos ocasiones.
Los informes presentados a la fiscalía concluyeron que «todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas».
Además, confirmaron las pericias iniciales que indicaban que el músico no llegó a adoptar una postura refleja para protegerse en la caída, por lo que consideran que «pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia» y descartan la posibilidad de «un acto consciente o voluntario» ya que «en el estado en el que atravesaba, no sabía lo que hacía ni podía entenderlo».
«Más allá de la contundencia probatoria que se logró hasta el momento (visual, registral, médica, científica, documental, telefónica, testimonial, etc), se debe continuar la investigación, pues, entre otras diligencias, aún está en curso el desbloqueo de la netbook personal de la víctima -que está averiada- y otros aparatos incautados en la investigación», añadió el comunicado.
El cuerpo del exintegrante del grupo musical One Direction fue trasladado ayer desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) hacia Londres en un vuelo de la aerolínea British Airways, poco después de que fuera embalsamado en el Cementerio Británico de Buenos Aires con el fin de preservar sus restos.
Agencia EFE
San Juan.-La comisionada residente en Washington de Puerto Rico, Jenniffer González, quien será la próxima gobernadora de la isla tras vencer en las elecciones de este martes, según los resultados parciales, es una abogada acostumbrada a hacer historia en política.
González ha sido la primera candidata mujer a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y, el próximo enero, de confirmarse la tendencia, se convertirá en la segunda gobernadora electa de la isla.
Con más del 80 % de los colegios de votación contabilizados, González obtiene el 39,63 % de los votos, seguida del candidato de la Alianza de País, el independentista Juan Dalmau, con el 32,34 %.
Nacida en San Juan en 1976, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico y luego una maestría en Derecho y un doctorado en la Universidad Interamericana.
La más joven en varios cargos de liderato
Destacó desde sus inicios en las filas del PNP y la política local como representante por acumulación en la Cámara, donde en 2009 se convirtió en la presidenta más joven de la historia de Puerto Rico, con 32 años.
Fue reelegida como legisladora en las elecciones de 2012, aunque el PNP perdió la mayoría en la Cámara, siendo seleccionada como portavoz del partido para el periodo 2013-2017.
Su ambición la llevó en 2016 a ser la primera mujer y la persona más joven en ser electa comisionada residente, que es el político que representa los intereses de la isla en el Congreso de Estados Unidos.
En junio pasado, venció en las primarias del PNP al actual gobernador, Pedro Pierluisi, y comenzó su carrera hacia el puesto más alto de poder en la isla con una campaña centrada en atacar a Dalmau.
Adalid de la ‘estadidad’
Desde su puesto de comisionada residente, González ha sido una firme defensora de la llamada ‘estadidad‘, es decir, la anexión de Puerto Rico a EE.UU. por la que aboga el PNP.
Uno de sus objetivos ha sido promover que el Congreso de Estados Unidos apruebe la celebración de un referéndum vinculante en la isla para que los puertorriqueños decidan un nuevo estatus político, diferente al Estado Libre Asociado.
El proyecto, todavía pendiente de aprobación en Washington, es que el plebiscito incluya las opciones de ‘estadidad’, independencia y soberanía en libre asociación.
«El único partido político que va a defender la ciudadanía americana, la relación con los Estados Unidos, para afianzarla más, es el Partido Nuevo Progresista», dijo González en el debate televisado durante la campaña electoral.
De hecho, las elecciones de este martes incluyeron una consulta de estatus no vinculante, en la que el 56,96 % de los votantes han optado por la ‘estadidad’.
En estos años, González ha centrado también sus esfuerzos en lograr el apoyo y la financiación federal para la reconstrucción de Puerto Rico, que quedó devastado tras el paso del huracán María en 2017.
Su trabajo en el Congreso se ha enfocado asimismo en patrocinar proyectos de ley relacionados con asuntos de veteranos, la salud y el alivio fiscal para Puerto Rico.