Editorial
Mala Conducta del Partidarismo Político Es una Señal de la Descomposición Etico Moral de la Sociedad.
El deterioro moral y ético de los partidos políticos y en consecuencia de los órganos y entes del Estado que ellos controlan, que son todos, no es un fenómeno propio sólo de ellos, sino que representa un problema integral que afecta a toda la sociedad dominicana.
Pretender tener resultados diferentes a la debacle que afecta al sistema de partidos es no ser realista, ya que los dirigentes políticos son formados para exhibir la conducta que hoy los identifica.
Por esta razón, la función legislativa tiene las distorsiones que hoy sufre, porque el diputado y el senador no es otra cosa que el resultado de unos partidos políticos corrompidos y poco formados para producir los cambios en todos los órdenes que necesidad la sociedad.
Se impone hacer una comparación de los cuerpos social y humano, ya que cuando una persona está afectada de un cáncer que ya ha hecho metástasis, se vuelve prácticamente imposible que ese paciente pueda tener un brazo que le funcione bien y otro mal, sino que se supone que todos sufren la misma consecuencia.
Igual ocurre con el cuerpo social cuando ha sido minado, como pasa con la Republica Dominicana, con una serie de antivalores y donde su Dios es la mercancía llamada dinero, fruto, naturalmente, de un neoliberalismo salvaje en el que sólo importan los mercados y no la gente, aunque uno sin el otro no funcionaría.
En tal virtud, resulta contraproducente intentar cambiar sólo una parte del todo cuando el problema es general, cuya realidad debe ser sustituida sobre la base de una respuesta que signifique un cambio integral.
Aspirar a una reforma policial, ya sea con un nuevo reglamento o un aumento general de sueldos, no lleva a ningún lado, porque hay otras instituciones que son parte del sistema o del Estado que la van a volver a corromper o la llevarán a operar con las mismas deficiencias o vicios.
De manera, que la solución al problema tiene que descansar en proponer una solución integral, como por ejemplo que se inicie con una mejoraría sustancial de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.
De tal suerte, que la crisis que padece la sociedad dominicana ya rebasa la visión que tienen los partidos del sistema para solucionarla, cuya formación tampoco garantiza que el país de esa manera pueda salir a buen camino.
Lo otro es que ese sistema de partidos, y no necesariamente nos referimos sólo a los tradicionales, sino también a los pequeños y medianos, de izquierda y de derecha, que son bisagras de los que llegan al poder, están profundamente corrompidos y su compromiso es con lo mal hecho, con los ilícitos penales, con el lavado de activos, el narcotráfico y otras vertientes del crimen organizado.
Este es el motivo por el que la solución a la problemática nacional ya no es posible lograrla a través de partidos como el de la Liberación Dominicana, Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo, Reformista Social Cristiano, Revolucionario Dominicano y demás migajas políticas que se mueve en el escenario.
La cuestión es que esos compromisos de estos partidos con lo mal hecho es lo que explica que sus diputados y senadores legislen para su propio beneficio y en favor de grupos fácticos e incluso del bajo mundo y del crimen organizado.
La posición cerrada de los diputados y senadores a través del proyecto de modificación del Código Penal no va a cambiar, porque la misma responde a las causas que generan el problema, que no es otra que los altos niveles de contaminación en que se desenvuelve el legislativo, primer poder del Estado, como consecuencia de la descomposición en los partidos políticos, pero que igual ocurre con el judicial y el ejecutivo.
En consecuencia, las esperanzas del pueblo dominicano no son muchas, a menos que se produzca un giro que implique la creación de nuevas organizaciones políticas desvinculadas del crimen organizado y de la visión de que la política es una vía para la acumulación originaria o el enriquecimiento a través de tomarse para sí el patrimonio público o buscar dinero a cualquier precio.
Cuando el asunto se entienda desde la perspectiva de lo que realmente ocurre, entonces los buenos y conscientes ciudadanos podrán esperar cambios positivos para un país que podría constituirse en una potencia por lo menos caribeña por las fortalezas que lo adornan.
Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.
Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.
Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.
Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.
Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.
En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.
Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.
Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.
Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.
Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor, ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.
Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios del pueblo dominicano por una sociedad mejor.
El periódico La República ha vivido de cerca la desgracia que ocurre con la falta de credibilidad del Ministerio Público, principalmente en Santiago, aunque el fenómeno es general, es decir, a nivel de todo el territorio nacional.
El problema de este órgano del Estado, persecutor del crimen y el delito, es más complejo y profundo de lo que cualquiera pueda pensar.
Este periódico lo ha vivido en carne propia, lo cual ha provocado que haya presentado ante el Tribunal Superior Administrativo varios recursos de amparos de cumplimiento tras ser víctimas de no menos de diez ataques de delincuentes que se mueven en diferentes escenarios y cuya respuesta del órgano ha sido su falta por acción o omisión.
Y este diario reitera que está consciente de que por la violación de derechos fundamentales del Ministerio Publico el país está frente a un asunto de una dimensión que podría lesionar y comprometer seriamente la responsabilidad civil y penal del Estado, principalmente frente al derecho internacional.
Se puede proclamar a todo pulmón que, si bien la judicatura no está libre de culpas, lo cierto es que lo del Ministerio Público representa una crisis de magnitudes muy peligrosas para el Estado y la sociedad.
En virtud de este escenario la escogencia de un nuevo procurador general de la República es una oportunidad para desviar el camino tomado por un órgano tan importante como el Ministerio Público, pero en el que nadie cree.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el propio presidente de la República tienen ahora la oportunidad de iniciar un proceso de saneamiento de este órgano del Estado con la escogencia de una figura como Melton Ray Guevara que viene de una gran labor en el proceso de constitucionalización que vive el país.
En opinión de este periódico es la mejor opción de todas, no sólo por su formación en derecho constitucional, principal dolencia del Ministerio Público, sino porque, sin lugar a dudas, es una persona metódica y disciplinada en el desempeño de funciones públicas.
Es una oportunidad que no debe desperdiciarse para enderezar un órgano como el Ministerio Público que tiene como función perseguir el crimen y el delito y su principal debilidad consiste en que su personal camina al margen del respeto de los derechos fundamentales.
Si se escoge a una persona como Ray Guevara como procurador general de la Republica es muy probable que su gestión trascienda históricamente y que los resultados sean el fortalecimiento de la persecución penal y una notable mejoría en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado.
Desde hace ya algunos meses que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia sobre las candidaturas independientes, cuya decisión ha puesto en primer plano esta figura jurídica que hace la democracia nacional más participativa.
Las candidaturas independientes existen en el país desde hace muchas décadas, pero en realidad no ha surtido el efecto esperado y las mismas no han servido de nada para hacer la democracia más participativa y democrática.
Sin embargo, la sentencia del TC ha encendido la chispa para que muchas cosas nuevas y buenas puedan provenir a través de las candidaturas independientes, aunque naturalmente podría ser todo lo contrario, ya que todo va a depender de quiénes se acojan a esta figura para contribuir con el cambio que necesita el país.
Esta decisión de la alta corte pone a la República Dominicana en primer plano en lo que respecta romper con el monopolio electoral que tienen los partidos políticos en el país.
Naturalmente, esta trascendental decisión del TC jugará un papel de primer orden en la democracia nacional en la medida en que la misma sea acogida por el ciudadano que tiene preocupación por el curso que lleva el país.
Es un reto de trascendencia histórica y los buenos y malos resultados que salgan de la sentencia en referencia dependen de cómo el ciudadano asuma el asunto.
Por esa razón es, podría decirse vital, que las organizaciones sociales se incorporen al debate de las candidaturas independientes y que no dejen solos en el escenario a los que se oponen a ellas como los partidos políticos que son la fuente de la gran desgracia nacional.
La confrontación entre los que se oponen y los que defienden las candidaturas independientes está planteada en el escenario y la misma se inicia con la convocatoria de la Junta Central Electoral a los partidos políticos y la misma debe ser extensiva a toda persona física y jurídica que también tenga una opinión sobre el tema.
Es posible que si hay una buena canalización del debate sobre las candidaturas independientes mediante el mismo se pueda demostrar qué beneficiosas son para el sistema electoral dominicano y en consecuencia para la democracia, ya que nadie debe poner en dudas la crisis de credibilidad de la partidocracia, cuyo alto nivel de abstención en las elecciones nacionales ha dejado como resultado una cierta falta de legitimidad de las autoridades que hoy conducen los destinos nacionales.
Que nadie tenga dudas de que la gente está cansada de las travesuras cometidas por la partidocracia, la cual sólo sabe promover lo mal hecho y que sus actores se apropien del patrimonio nacional, cuya conducta podría implicar la desaparición de la nación.
¡La pelea está echada.