Editorial
Mala Conducta del Partidarismo Político Es una Señal de la Descomposición Etico Moral de la Sociedad.
El deterioro moral y ético de los partidos políticos y en consecuencia de los órganos y entes del Estado que ellos controlan, que son todos, no es un fenómeno propio sólo de ellos, sino que representa un problema integral que afecta a toda la sociedad dominicana.
Pretender tener resultados diferentes a la debacle que afecta al sistema de partidos es no ser realista, ya que los dirigentes políticos son formados para exhibir la conducta que hoy los identifica.
Por esta razón, la función legislativa tiene las distorsiones que hoy sufre, porque el diputado y el senador no es otra cosa que el resultado de unos partidos políticos corrompidos y poco formados para producir los cambios en todos los órdenes que necesidad la sociedad.
Se impone hacer una comparación de los cuerpos social y humano, ya que cuando una persona está afectada de un cáncer que ya ha hecho metástasis, se vuelve prácticamente imposible que ese paciente pueda tener un brazo que le funcione bien y otro mal, sino que se supone que todos sufren la misma consecuencia.
Igual ocurre con el cuerpo social cuando ha sido minado, como pasa con la Republica Dominicana, con una serie de antivalores y donde su Dios es la mercancía llamada dinero, fruto, naturalmente, de un neoliberalismo salvaje en el que sólo importan los mercados y no la gente, aunque uno sin el otro no funcionaría.
En tal virtud, resulta contraproducente intentar cambiar sólo una parte del todo cuando el problema es general, cuya realidad debe ser sustituida sobre la base de una respuesta que signifique un cambio integral.
Aspirar a una reforma policial, ya sea con un nuevo reglamento o un aumento general de sueldos, no lleva a ningún lado, porque hay otras instituciones que son parte del sistema o del Estado que la van a volver a corromper o la llevarán a operar con las mismas deficiencias o vicios.
De manera, que la solución al problema tiene que descansar en proponer una solución integral, como por ejemplo que se inicie con una mejoraría sustancial de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.
De tal suerte, que la crisis que padece la sociedad dominicana ya rebasa la visión que tienen los partidos del sistema para solucionarla, cuya formación tampoco garantiza que el país de esa manera pueda salir a buen camino.
Lo otro es que ese sistema de partidos, y no necesariamente nos referimos sólo a los tradicionales, sino también a los pequeños y medianos, de izquierda y de derecha, que son bisagras de los que llegan al poder, están profundamente corrompidos y su compromiso es con lo mal hecho, con los ilícitos penales, con el lavado de activos, el narcotráfico y otras vertientes del crimen organizado.
Este es el motivo por el que la solución a la problemática nacional ya no es posible lograrla a través de partidos como el de la Liberación Dominicana, Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo, Reformista Social Cristiano, Revolucionario Dominicano y demás migajas políticas que se mueve en el escenario.
La cuestión es que esos compromisos de estos partidos con lo mal hecho es lo que explica que sus diputados y senadores legislen para su propio beneficio y en favor de grupos fácticos e incluso del bajo mundo y del crimen organizado.
La posición cerrada de los diputados y senadores a través del proyecto de modificación del Código Penal no va a cambiar, porque la misma responde a las causas que generan el problema, que no es otra que los altos niveles de contaminación en que se desenvuelve el legislativo, primer poder del Estado, como consecuencia de la descomposición en los partidos políticos, pero que igual ocurre con el judicial y el ejecutivo.
En consecuencia, las esperanzas del pueblo dominicano no son muchas, a menos que se produzca un giro que implique la creación de nuevas organizaciones políticas desvinculadas del crimen organizado y de la visión de que la política es una vía para la acumulación originaria o el enriquecimiento a través de tomarse para sí el patrimonio público o buscar dinero a cualquier precio.
Cuando el asunto se entienda desde la perspectiva de lo que realmente ocurre, entonces los buenos y conscientes ciudadanos podrán esperar cambios positivos para un país que podría constituirse en una potencia por lo menos caribeña por las fortalezas que lo adornan.
La sentencia del Tribunal Constitucional permite que en el panorama político dominicano tenga vigencia la figura de las candidaturas independientes.
Esta decisión sí que impacta de una forma importante la democracia nacional, la cual está agonizante por la conducta de los actores del sistema de partidos tradicionales.
Quién le puede quitar el carácter de depredadora de la partidocracia, la cual se aprovecha de todo y lleva inexorablemente al país a otra Grecia, Argentina o Puerto Rico.
Los robos del patrimonio público no son moderados, lo que de ninguna manera es aceptable, dado que los políticos tradicionales no se conforman con cien millones de dinero del pueblo dominicano, sino que hacen hasta lo imposible para sustraer miles de millones.
Para ilustración al respecto, los ejemplos están a la orden del día, con el agravante de que los que hacen turno desde la oposición sólo persiguen apoyarse en la expresión muy popular que dice: “quítate tú, pa ponerme yo”.
Ahí están los ejemplos de Danilo que se peleó con Leonel por esa causa y ahora la de Abinader que reproduce en muchos aspectos la misma conducta de los dos primeros.
Si bien es cierto, que la crisis de valores de que adolece el país podría llevar al poder a cualquier degenerado que se proyecte como buena gente, lo cierto es que las candidaturas independientes es un mecanismo más democrático y participativo,
Es decir, que aun en el caso de que la figura de las candidaturas independientes conlleve riesgos, pero lo cierto es que es una vía más acorde con el proceso de democratización de la política, sobre todo en Latinoamérica, donde hay profundos antivalores que ponen en peligro la cultura cívica, moral y ética de estos pueblos.
De manera, que La República promueve un apoyo masivo, abierto y sin reservas a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, porque esa sentencia abre un camino importante hacia la democratización, la participación, el adecentamiento y el mejoramiento de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.
El reto está echado. Manos a la obra.
La educación es la puerta al desarrollo, cuya expresión no se trata de un cliché, sino de una realidad que debe ser digerida o comprendida por todas las naciones del planeta.
El fenómeno de una buena educación ha sido aprovechado al máximo por las naciones asiáticas, como Simgapur, Corea del Sur y Japón.
Estas naciones del continente asiático han tomado el toro por los cuernos en lo que respecta a invertir para su desarrollo y de esa manera impactar a todo el planeta.
Pero la pregunta que debe hacerse cualquier persona con un nivel óptimo de inteligencia y por qué a países como la República Dominicana se le hace tan difícil ocupar esos niveles de desarrollo cognitivo y de un mayor coeficiente de inteligencia.
Es común escuchar a cualquier joven decir en este lado del mundo que para tener dinero no se necesita estudiar, lo cual no obedece totalmente a la verdad, porque en cualquier lugar del universo donde se prioriza la educación, la tecnificación y la buena formación le sirve más que toda la riqueza material que se pueda tener, aunque generalmente la primera garantiza la segunda.
Debe entenderse que las naciones de economía informal, del día a día, de poco desarrollo industrial, el trabajo artesanal es lo que predomina y en consecuencia un país al margen del conocimiento no tiene otras formas que sobrevivir mediante el trabajo rustico y poco tecnificado.
Es decir, que para cualquier país del tercer mundo rebasar su pobreza y precariedades tendrá que insertarse en el mundo del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías, no importa que tantos plátanos y mangos exporte.
Si la República Dominicana quiere tener un desarrollo verdadero, no de palabras y de campañas publicitarias, debe, primero, mejorar la calidad de la inversión del 4 por ciento en educación y empeñarse en superar ese nivel, a fin de que al cabo de algunos años se pueda ver en el espejo de las naciones que hoy exhiben un desarrollo envidiable como Uruguay, Argentina y Chile o tal vez mejor decir como Singapur, Corea del Sur y Japón, entre muchos otros.
La educación, sin lugar a dudas, es la puerta hacia el desarrollo inclusivo, imitemos los ejemplos que tenemos a la vista, pero ello debe estar acompañado de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, la principal debilidad de los países pobres y subdesarrollados.
Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.
De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo de un año al Congreso Nacional para que corrija los errores procedimentales en la aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal por éstos ser violatorios de la normativa procesal que establece sobre la materia la carta magna.
En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.
Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.
Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.
No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.
Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.
Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.
Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.
Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.
Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.
No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.
Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.