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Economía

Conep: “Que se licite la propiedad de la Central a carbón de Catalina”

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Dice que la función del Estado es normativa

Dice que la función del Estado es normativa

SANTO DOMINGO. “Queremos que se hagan procedimientos de licitación transparentes. Por ejemplo, en el caso de las plantas a carbón, nosotros queremos que se haga una licitación no solamente de la operación y mantenimientos, sino también de la propiedad”, explica la empresaria Marisol Vicens, abogada y vicesecretaria del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Vicens emite esa opinión, al recordársele la declaración del 9 de abril de Rubén Bichara, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en lo relativo a la central a carbón que se construye en Punta Catalina. Ese día declaró que sólo se contempla licitar “la operación y mantenimiento”, mientras que la administración de la Central quedará en manos del Estado.

Al inicio de la tarde de este martes, los principales ejecutivos del Conep se reunieron con los editores de economía de los medios impresos. En el contexto de ese almuerzo, realizado en su sede y encabezado Rafael Blanco Canto, presidente del Conep, la entidad explicó sus propuestas “para la sostenibilidad y desarrollo del sector eléctrico”.

En un documento de 18 páginas, la organización, que agrupa al estrato empresarial más poderoso del país, explica su postura que sustenta en 9 principios.

Uno de ellos, tal vez el más polémico, tiene que ver con “el rol del Estado y sus instituciones”, donde propone que el Gobierno deberá traspasar al sector privado y “en un plazo no mayor de cinco años”, aquellas actividades en las que actualmente participa, que no sean la de transmisión de electricidad y la de generación de las hidroeléctricas.

Con esa propuesta, el Conep plantea que el Estado venda al sector privado sus participaciones en las empresas de generación a base de carbón, derivados del petróleo, u otra fuente de energía que no sea la del agua.

“El rol principal del Estado deberá ser normativo, fiscalizador y sancionador”, afirma el Conep. Entiende que “las distorsiones que históricamente se han producido por la multiplicación de sus roles, le han impedido al Estado “una regulación eficaz e independiente”, lo que ha afectado el tratamiento igualitario de todos los sectores.

Se le observa que en el sector financiero, también operan bancos públicos, y que el Estado es el regulador. “También ahí ha habido problemas”, responde Rafael Blanco Canto, que proviene de la industria turística de La Romana y Bayahíbe.

El Conep expone su propuesta en el contexto de las discusiones nacionales previas hacia el Pacto Eléctrico, un mandamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Precisamente la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales realiza en el día de hoy, en el hotel Sheraton, una jornada de socialización, nombrada “El Sector Eléctrico desde la Óptica de los administradores de la CDEEE”.

Cuenta con el detalle inusual de que participarán, además de Bichara, actual vicepresidente de la CDEEE, todos los ex administradores de ese holding estatal del sector eléctrico, que es dueño del 75% el sistema interconectado, según Blanco Canto.

Entre ese cúmulo de administradores destaca uno, ex presidente del Conep, el empresario Celso Marranzini, zar del sector eléctrico estatal entre agosto del 2009 y agosto de 2012.

Entre los ex administradores también se incluyen el agrónomo, experto en plantas del mundo vegetal, Amílcar Romero (1995-1996), y el ingeniero Marcelo Jorge, que ocupó el puesto durante el Gobierno de Jorge Blanco, cuando la CDEEE se llamaba “CDE”.

Mientras, el Conep aboga por la “seguridad jurídica”, para fomentar la inversión privada en el sector, la libre competencia y la transparencia en las compras y ventas de energía as las distribuidoras.

Los principios del CONEP

Los principios de las propuestas del CONEP incluyen además, garantizar el servicio de electricidad a toda la población; fomentar las energías renovables, apoyar la inversión privada, lo que incluye la promoción de la libre competencia. Asimismo, proponen la autonomía (de las decisiones políticas) de las empresas distribuidoras, sean éstas públicas o privadas. Igualmente, plantean un mercado eléctrico eficiente que responda a señales de precios adecuadas, y un sistema que garantice flujos financieros oportunos.

Diariolibre

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Economía

El petróleo de Texas baja un 4,39 % pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

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Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.

Este lunes se cumplen 17 días desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y el conflicto escaló a los países de la región en los que Washington tiene bases militares.

El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.

Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE

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Economía

Con alza de combustibles e impacto en remesas, se siente la guerra del Golfo en RD

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Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.

El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.

Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.

Infografía

Los nuevos precios

Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.

Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.

«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.

El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».

Precios del petróleo

En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.

Disminuyen las remesas

En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.

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Economía

Marcas blancas deben ajustarse a norma del sector industrial, adivierte Procompetencia.

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Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento  no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.

Aunque aclaró que, aun cuando estos productos sí están registrados y responden a un efecto procompetitivo, deben ajustarse al ordenamiento público y las normas que se establecen tanto a nivel local como los portadores.

“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.

La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.

Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.

La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.

El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.

“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones.  Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.

Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.

Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.

De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.

En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.

Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.

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