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El diferendo entre Haití y R.D. se debate en el campo internacional.
Santo Domingo.-Esta semana se espera que el conflicto por la construcción de un canal en el río Masacre o Dajabón en territorio haitiano tome un ribete internacional, tras el tema ser llevado ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por el presidente Luis Abinader.
El mandatario dominicano viajó este lunes a Nueva York para participar en la 78ª Asamblea General de la ONU, en la que pronunciará un discurso el próximo miércoles que girará sobre la crisis de Haití. El escenario será aprovechado nuevamente para tratar de sensibilizar a la comunidad internacional en procura de que vaya en auxilio de la nación más pobre de la región.
Abinader regresará al país el viernes 22, luego de agotar compromisos que incluyen reuniones bilaterales con otros mandatarios, ejecutivos y funcionarios de organismos internacionales, financieros y diplomáticos.
Abinader y su reclamo internacional por Haití
La exposición de la situación haitiana a nivel internacional no es nueva, pues con menos de dos meses en el poder, Abinader ya buscaba respaldo de organismos extranjeros.
El 7 de octubre del 2020, al participar en la Conferencia de Washington sobre las Américas, un evento que reúne a los líderes más importantes de los sectores públicos y privados de la región, afirmó que tenía una postura amistosa con el vecino Haití y externó sus deseos de colaborar en su recuperación, compromiso que debía ser compartido con la comunidad internacional.
Veinte y tres días después, el 30 de octubre de ese mismo 2020, el presidente dominicano hablaba de que podía convertirse en vocero en otros países para en conjunto implementar un plan de desarrollo destinado a guiar a la vecina nación hacia la prosperidad y la democracia.
En su primera intervención ante la 76 Asamblea ONU, el 21 de septiembre del 2021, solicitó con “altísima prioridad” la colaboración internacional, debido a que “no hay, ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití”. Un día después, durante su participación en la ONU, los presidentes, dominicano, de Costa Rica y Panamá, (luego se incorporó Ecuador) conformaron la Alianza para el Desarrollo en Democracia, un espacio de diálogo y coordinación estratégica.
Desde ese escenario los dignatarios se han mantenido llamando a la comunidad internacional para atender la crisis que afecta Haití.
A ello se suma, la «Declaración de Santiago de los Caballeros«, aprobada en diciembre de 2022 en la LVI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que expresó su apoyo al llamado formulado por República Dominicana a la comunidad internacional para realizar esfuerzos y buscar respuestas a la crisis de Haití.
La XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en el país los días 24 y 25 de marzo del presente año 2023, fue otro espacio donde uno de los temas principales fue la desestabilización de Haití y las posibles soluciones para la pacificación de esa nación.
Los países recalcaron la «profunda preocupación por el progresivo deterioro de la situación de seguridad pública y humanitaria en la República de Haití”.
También desde la Comunidad del Caribe (Caricom) las voces se han elevado en buscada de un diálogo por el vecino país. En una cumbre por el 50 aniversario del Caricom, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, insistió a la comunidad internacional en la necesidad de formar una fuerza extranjera de seguridad en Haití y solicitó «voluntarios”.
Posiciones políticas desde RD por río el Masacre
Los principales partidos de oposición del país están pendientes del tema y muy vigilantes de que se respete la soberanía nacional.
Es el caso de Leonel Fernández, candidato presidencial por Fuerza del Pueblo, quien aseguró que la construcción del canal viola la soberanía de la República Dominicana.
No obstante, entiende que el reto que tiene el Gobierno es ver cómo lograr diplomáticamente y con inteligencia que esa verdad sea en un reconocimiento y en una victoria para el país.
«Ese es el desafío que actualmente tiene el país: teniendo la razón, cómo lo convierto en un hecho favorable a los intereses de la República Dominicana», remachó el político al tiempo de considerar que el cierre de la frontera se debe candelarizar.
Funcionarios de Abinader aprobaron desvío del río Masacre en mayo de 2021
Abel Martínez, candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), plantea que hay que ser cautos en el manejo de las relaciones con Haití, tomando las medidas reales que puedan dar resultados positivos, en lugar de postular “acciones cirqueras”.
“Varios funcionarios de Abinader aprobaron el desvío del rio Masacre en mayo 2021, y es esa falta de planificación y desorden que nos ha llevado a donde estamos dos años después”, puntualizó.
También Miguel Vargas Maldonado, excanciller y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), consideró que se debe buscar una solución apegada al diálogo.
“Creemos del todo saludable que el liderazgo nacional en todos sus planos asuma una postura de reflexión crítica y propositiva que sirva de estímulo e impulso a la búsqueda de la solución a este innecesario y nocivo impasse que afecta y atormenta a dominicanos y haitianos, y que podría degenerar en hechos de dolorosas consecuencias para ambos pueblos”, precisó.
Origen del conflicto
La construcción de un canal que busca el desvío del río Dajabón o Masacre en el lado haitiano, es el centro del conflicto que llevó al Gobierno dominicano el pasado jueves 14 de septiembre al cierre total y reforzamiento de su frontera con un amplio despliegue militar.
El río Masacre se encuentra en la cuenca del mismo nombre y recorre 47 kilómetros desde su nacimiento en territorio de la República Dominicana, en Loma de Cabrera, en la montaña Pico del Gallo, hasta desembocar en la bahía de Manzanillo. De sus 47 kilómetros, solo doce sirven de línea fronteriza con Haití, y 2,500 metros se adentran en territorio haitiano, para luego terminar su recorrido del lado dominicano.
Tratado entre Haití y República Dominicana
Hace 94 años fue firmado el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje por Haití y República Dominicana en el que ambas naciones se comprometieron a no realizar obras para desviar el curso de alguno de los ríos.
El artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje entre RD y Haití establece que «en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos Estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas».
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Pepca asegura que pruebas del caso Calamar sustentarán solicitud de condena contra imputados
Mirna Ortiz afirmó que el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales y periciales para sustentar su acusación; la lectura del expediente continuará el lunes 21 de septiembre
SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar permitirán sustentar su solicitud de condena contra los imputados.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que en su momento vamos a solicitar”, declaró Ortiz al referirse a la acusación que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La procuradora de Corte sostuvo que, conforme a la tesis del órgano acusador, el expediente describe una presunta estructura que habría utilizado instituciones del Estado para desarrollar un esquema de corrupción destinado a obtener beneficios económicos.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, manifestó.
Acusación contiene 3,383 páginas
Ortiz explicó que las distintas líneas de investigación contenidas en las 3,383 páginas de la acusación están acompañadas de referencias a pruebas testimoniales y periciales que el Ministerio Público pretende incorporar y debatir durante el juicio.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros imputados incluidos en el expediente del caso Calamar.
La lectura de la acusación estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el equipo de fiscales litigantes.
El conocimiento del expediente continuará el lunes 21 de septiembre, cuando está previsto proseguir con la lectura de la acusación.
Ministerio Público dice que investigaciones continúan
Consultada sobre empresarios y una empresa que hasta el momento no forman parte del proceso, Ortiz indicó que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso y más adelante veremos”, expresó.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman señaló que la jornada judicial transcurrió con normalidad y que las defensas permitieron que el Ministerio Público desarrollara sus alegatos de apertura sin interrupciones.
Tribunal deberá valorar las pruebas
Las declaraciones de Ortiz representan la posición y teoría acusatoria del Ministerio Público. Corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado valorar durante el juicio las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, así como los argumentos de todas las partes, antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.
Los imputados en el caso Calamar mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva dictada conforme al debido proceso.
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Expresidente de la JCE defiende permanencia de partidos minoritarios en el sistema político dominicano
Julio César Castaños Guzmán sostiene que las organizaciones pequeñas representan sectores minoritarios y forman parte de la tradición democrática del país
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán se pronunció a favor de preservar la participación de los partidos políticos minoritarios en República Dominicana, al considerar que estas organizaciones contribuyen a la representación de distintos sectores de la sociedad.
“Esos partidos deben mantenerse todos por el bien de la democracia”, expresó el jurista al referirse al papel que desempeñan las organizaciones de menor tamaño dentro del sistema político dominicano, según declaraciones publicadas este miércoles por El Día.
Castaños Guzmán argumentó que los partidos pequeños no constituyen un fenómeno reciente y señaló que han formado parte de la vida política nacional desde los orígenes de la República.
A su juicio, eliminar esas organizaciones reduciría las alternativas disponibles para determinados sectores del electorado.
Defiende representación de las minorías
El expresidente de la JCE sostuvo que la importancia de una organización política no debería analizarse exclusivamente a partir de su tamaño o de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.
Según explicó, también deben considerarse aspectos como sus ideas, estructuras internas y capacidad para establecer alianzas.
“La fortaleza de un partido se evalúa por su pensamiento, por sus estructuras y las alianzas que hace”, manifestó Castaños Guzmán, de acuerdo con el reporte periodístico suministrado.
El jurista vinculó además su posición con la representación política de los grupos minoritarios, señalando que estos tienen reconocimiento dentro del orden constitucional dominicano.
“Las minorías están en la Constitución”, afirmó al defender la continuidad de espacios políticos que permitan canalizar distintas expresiones de la sociedad.
Partidos políticos y democracia
Castaños Guzmán sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del régimen democrático y relacionó la existencia de organizaciones políticas institucionalmente sólidas con la calidad de la democracia.
Sus declaraciones se producen en medio de discusiones públicas sobre el funcionamiento, reconocimiento y permanencia de las organizaciones políticas en República Dominicana.
El régimen de partidos dominicano está regulado, entre otras normas, por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, mientras que la Constitución reconoce el papel de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y establece principios relativos a su organización y funcionamiento.
La posición expresada por Castaños Guzmán constituye su valoración sobre el sistema de partidos y la representación de las minorías, dentro del debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones políticas de menor tamaño en la democracia dominicana.
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Abinader rechaza propuesta para hacer obligatoria la enseñanza del creole en escuelas dominicanas
El mandatario calificó la iniciativa como un “despropósito” y afirmó que el Gobierno apuesta por fortalecer la enseñanza del inglés
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, rechazó la propuesta legislativa que busca establecer como obligatoria la enseñanza del creole en las escuelas públicas y privadas de República Dominicana, iniciativa que también contempla incorporar el inglés y el francés al modelo educativo. El mandatario calificó la enseñanza obligatoria del creole como un “despropósito” y aseguró que la propuesta no cuenta con el respaldo de su administración.
Abinader manifestó que el Gobierno tiene interés en fortalecer la enseñanza del inglés en los centros educativos, pero marcó distancia respecto a la inclusión obligatoria del creole. También señaló que la iniciativa no fue discutida ni respaldada por el Gobierno ni por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Julio César Beltré Méndez, diputado del PRM por la provincia Azua. El proyecto propone incorporar obligatoriamente la enseñanza de creole, inglés y francés desde el nivel primario hasta el secundario.
De acuerdo con el contenido de la propuesta, la medida abarcaría centros educativos públicos, privados y de gestión mixta autorizados por el Ministerio de Educación y no estaría limitada exclusivamente a las provincias fronterizas.
El legislador fundamenta la inclusión del creole en las relaciones históricas, comerciales, culturales y migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, así como en la dinámica de las comunidades fronterizas. En el caso del inglés, destaca su importancia para sectores como turismo, comercio, tecnología y servicios, mientras que al francés le atribuye relevancia internacional, diplomática y cultural.
Aplicación sería gradual
El proyecto contempla que, en caso de convertirse en ley, el Ministerio de Educación disponga de 12 meses para elaborar el currículo, establecer contenidos, carga horaria y estándares de competencia lingüística.
Su implementación sería progresiva, con un período máximo de cinco años, comenzando por el primer ciclo del nivel primario. También contempla programas para la formación y certificación de docentes capaces de impartir los idiomas.
Una propuesta que genera debate
La iniciativa ha provocado posiciones diferentes entre sectores políticos, educativos y sociales. Mientras sus promotores argumentan que el conocimiento de otros idiomas ampliaría las competencias de los estudiantes y facilitaría la comunicación y las relaciones internacionales, otros sectores cuestionan que el creole deba establecerse como materia obligatoria en todo el sistema educativo.
Incluso dentro del sector magisterial se han divulgado posiciones distintas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aclaró posteriormente que su Comité Ejecutivo Nacional no había adoptado una posición institucional oficial sobre la propuesta.
Por el momento, la enseñanza obligatoria del creole no está vigente en República Dominicana. Se trata de una propuesta legislativa que deberá agotar el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional antes de que pueda convertirse en ley.