Análisis Noticiosos
Confrontación e incertidumbre en el PLD; armonía y aparente definición en el PRM
Por Juan Bolívar Díaz
Foto: Danilo Medina acudió a un acto y proclamó públicamente su apoyo a Gonzalo Castillo
El sistema político dominicano estrena mañana las elecciones primarias simultáneas con temores de que en vez de fortalecer la institucionalidad democrática, como se les proyectó, resulten en un imperio del dinero y de interferencia del Estado, especialmente en el mayoritario Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuya unidad parece estar en juego en el proceso.
Sin embargo, el principal opositor, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), llega a la elección de sus candidaturas sin mayores tensiones y con aparente definición de su candidato presidencial, de acuerdo con la generalidad de las encuestas, lo que podría determinar su fortalecimiento como real alternativa para el 2020.
La prueba de las primarias
Leonel Fernández y Margarita Cedeño, en una caravana la tarde de este viernes en el Malecón
En la jornada de mañana está a prueba en el país la elección primaria simultánea y en especial la de padrón abierto, a la que apenas se acogieron los dos partidos mayoritarios, de 27 reconocidos, tras la aprobación de la Ley de Partidos 33-18, en agosto del año pasado, que ya ostenta el récord nacional de cuatro contenidos declarados inconstitucionales.
Por de pronto no se han logrado los objetivos principales de la Ley de Partidos que eran acortar las campañas electorales, reducir el imperio del dinero en la competencia por las candidaturas, mayor equidad y fortalecer la democracia interna. Para no confrontar a los que se adelantaron más de un año a la precampaña, la Junta Central Electoral (JCE) fabricó un “periodo previo de precampaña”. Los topes de gastos para los precandidatos, hasta 519 millones de pesos para los presidenciales y 99 millones para senadores, fueron tan altos que mantienen las ventajas de los que disponen de mayor financiamiento, ya sea personal, empresarial o de actividades ilícitas, en detrimento de los ciudadanos más éticos. Y las primarias resultarán en un incremento de 2 mil 400 millones de pesos del subsidio estatal a solo dos partidos del sistema.
Es secreto a voces que candidatos de todos los niveles han estado acopiando recursos para “llevar ciudadanos a votar”, lo que incluye la compra de votos denunciada sistemáticamente en los procesos electorales dominicanos. Se teme que hoy, y en la misma jornada de votación de mañana, se generalice un mercado de compra y venta de votos, estimulada por la desconfianza y el arrebato que predomina en el partidismo político. Y ha sido evidente que el precandidato favorecido por el gobierno, Gonzalo Castillo, ha gastado en solo dos meses más dinero que todos los demás precandidatos presidenciales juntos. Solo él pagó páginas en todos los diarios e invadió la radio, televisión, periódicos electrónicos y las redes sociales, claramente al amparo del Estado, para proyectar una propuesta elaborada al vapor tras el fracaso del intento reeleccionista.
El PLD lo contamina todo
La crisis del partido gobernante, donde se disputa no solo las candidaturas para el 2020, sino también su control definitivo, ha contaminado todo el proceso de la elección primaria, cuyo éxito depende de que pueda saldarla sin violencia ni una temida división definitiva. Sus dos principales precandidatos presidenciales gastaron el 90 por ciento del total reportado a la JCE a fin de septiembre, incluyendo a los dos principales del PRM, 447 a 47 millones de pesos. Esas cifras pueden resultar ínfimas para lo que se espera en la víspera y en la jornada de votación.
Por demás, el apoyo del presidente Danilo Medina y más de una veintena de ministros y altos funcionarios que dirigen en todas las provincias la campaña del precandidato oficialista, con denunciadas presiones a los empleados públicos, atropella la equidad de la competencia y resalta la pobreza institucional y la adolescencia de la democracia dominicana, en flagrante violación de principios constitucionales y mandatos de las leyes de la Función Pública, de Partidos y del Régimen Electoral, sin que nadie pueda contenerlo. Hasta se han denunciado cancelaciones de leonelistas en la administración pública, como el director del Intabaco.
Luis Abinader se proyecta como el ganador de la convención del PRM
Si se mide por la propaganda en los medios de comunicación pareciera que solo hay una candidatura, en violación del principio de “libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, consagrado en el párrafo IV del artículo 212 de la Constitución, puestos bajo vigilancia de la JCE. Lo más relevante es que el gobierno no respeta la equidad ni siquiera en la elección interna del propio partido, lo que amenaza la elección general del año próximo. La lucha sin cuartel ha dividido al presidente Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño, al bloque de 14 partidos aliados al gobierno y ha arrastrado a dirigentes de centrales sindicales y gremios de choferes y hasta a pastores evangélicos.
Danilo contra Leonel
Lo que más contamina la elección primaria es la decisión que se atribuye al presidente Medina de impedir a toda costa que el expresidente Leonel Fernández gane la candidatura presidencial del PLD. Fuentes de crédito aseguran que el mandatario se ha ocupado hasta de los detalles de la campaña de Castillo. Es una lucha feroz por el control del partido y ambos tienen sobrada experiencia en el abuso de recursos estatales para ganar elecciones; se recuerda el “me venció el Estado”, al perder la candidatura frente a Fernández en el 2007.
Esa confrontación mantiene incertidumbres en todos los ámbitos nacionales, especialmente en los empresariales, temerosos de una desestabilización política que repercuta en lo económico. Aunque los análisis arrojan alguna ventaja de Leonel Fernández sobre Gonzalo Castillo, nadie se atreve a cerrar apuestas por entender que todo dependerá de quien logre acarrear más votantes a las mesas electorales. El danilismo se empeñó durante más de un año en instituir el padrón abierto, asumiendo que Fernández tenía más posibilidades con el voto exclusivo de los peledeístas, que en gran proporción le agradecen haberlos llevado al poder y el bienestar acumulado en sus tres períodos de gobierno. Y para disponer de todo el electorado como objeto de manipulación, de incentivos o compra de votos.
En las últimas dos semanas se han publicado una decena de encuestas con resultados muy dispares, pero la de Mark Penn difundida esta semana arroja un empate a 46 por ciento de las simpatías entre Fernández y Castillo. Esa encuestadora es, junto a la Gallup, de las que tiene mayor crédito porque no ha sido patrocinada por partidos políticos y sus sondeos se han aproximado a los arrojados por las urnas en las últimas cuatro décadas. Su estrecho resultado incrementa los temores de exacerbación de la confrontación entre danilistas y leonelistas en la víspera y en la jornada misma de la votación.
Gran oportunidaddel PRM
Hipólito Mejía, ha sido coherente en su disposición de aceptar los resultados de las elecciones y convenciones en las que participa
Como principal alternativa, el PRM tiene una buena posibilidad de salir fortalecido y salvarle la cara a las primarias con su propio padrón de casi un millón 300 mil miembros, ya que llega a la elección de sus candidatos sin tensiones significativas y sus líderes se han manejado democráticamente, sin descalificaciones ni agresiones. Hipólito Mejía y Luis Abinader han competido con civilidad por la candidatura presidencial, han aparecido varias veces en actividades públicas y privadas, con armoniosas relaciones familiares que han cuidado celosamente.
El PRM sería beneficiario de una marcada inclinación de sus miembros a repetir la candidatura presidencial del economista Abinader, quien la ganó en abril del 2015 por 70 a 29%, frente al mismo Mejía. Todas las encuestas publicadas y conocidas que han medido las simpatías de los perremeístas colocan a Abinader por encima del 70 y a Mejía por debajo del 20%, lo que hace más remoto intentos de impugnaciones. La Gallup-HOY de mayo 78 a 10 y 82 a 7%, entre miembros y simpatizantes, y la Mark Penn esta semana 79 a 18%.
Pese a ello, el agrónomo expresidente hace gala de su extraordinario carisma y apuesta a dar una sorpresa, porque sus partidarios tienen la convicción de que fueron responsables de la inscripción de la mayoría de los empadronados que votarán. Ambos competidores han dicho que aceptarán el resultado. Así lo hizo Hipólito Mejía cuatro años atrás, y aun cuando siendo presidente de la República perdió en su intento reeleccionista del 2004. Reconoció la victoria de Leonel Fernández cuatro horas después de concluida la votación y antes del primer informe oficial de los resultados.
El rancho quedará ardiendo
Cualquiera que sea el resultado, sin descartar mayores confrontaciones personales en el territorio, los peledeístas aparecen perdiendo del proceso, y aunque puedan evadir la división necesitarán algún tiempo para recoger los heridos y restañar la unidad de acción. La virulencia les restaría energías para la próxima campaña electoral, especialmente de cara a los comicios municipales a 4 meses, con el período navideño por el medio. Por esa razón podrían insistir en el proyecto de reunificar estos con los presidenciales y congresuales de mayo.
Para el PRM sería vital conseguir que siquiera la mitad de sus miembros participe disciplinadamente en la elección de mañana, proyectando una imagen de orden y seguridad y salir rápidamente de la distracción interna, incorporar a los perdedores a su comando de campaña, trazar una única línea táctica que incluya su empeño por materializar una gran coalición político-social y dedicarse a aprovechar el desconcierto del PLD, con una oposición decidida y de fondo que persiga recoger las grandes insatisfacciones nacionales.
En la lucha interna los peledeístas han demostrado su gran capacidad para copiar recursos económicos y falta de escrúpulos para abusar del poder estatal, por lo que sus opositores tendrán que empeñarse en una coalición que no solo aporte votos, sino también en lo inmediato fuerza orgánica y moral para lograr contención de los excesos y mejorar las posibilidades de competencia. Porque si algo queda patente en estos días es que la democracia dominicana no llega todavía a la adolescencia, que se mantiene recentina y con fuertes discapacidades.-
Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
elpais.com
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.