Análisis Noticiosos
Confrontación e incertidumbre en el PLD; armonía y aparente definición en el PRM
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5 años agoon
Por Juan Bolívar Díaz
El sistema político dominicano estrena mañana las elecciones primarias simultáneas con temores de que en vez de fortalecer la institucionalidad democrática, como se les proyectó, resulten en un imperio del dinero y de interferencia del Estado, especialmente en el mayoritario Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuya unidad parece estar en juego en el proceso.
Sin embargo, el principal opositor, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), llega a la elección de sus candidaturas sin mayores tensiones y con aparente definición de su candidato presidencial, de acuerdo con la generalidad de las encuestas, lo que podría determinar su fortalecimiento como real alternativa para el 2020.
La prueba de las primarias
En la jornada de mañana está a prueba en el país la elección primaria simultánea y en especial la de padrón abierto, a la que apenas se acogieron los dos partidos mayoritarios, de 27 reconocidos, tras la aprobación de la Ley de Partidos 33-18, en agosto del año pasado, que ya ostenta el récord nacional de cuatro contenidos declarados inconstitucionales.
Por de pronto no se han logrado los objetivos principales de la Ley de Partidos que eran acortar las campañas electorales, reducir el imperio del dinero en la competencia por las candidaturas, mayor equidad y fortalecer la democracia interna. Para no confrontar a los que se adelantaron más de un año a la precampaña, la Junta Central Electoral (JCE) fabricó un “periodo previo de precampaña”. Los topes de gastos para los precandidatos, hasta 519 millones de pesos para los presidenciales y 99 millones para senadores, fueron tan altos que mantienen las ventajas de los que disponen de mayor financiamiento, ya sea personal, empresarial o de actividades ilícitas, en detrimento de los ciudadanos más éticos. Y las primarias resultarán en un incremento de 2 mil 400 millones de pesos del subsidio estatal a solo dos partidos del sistema.
Es secreto a voces que candidatos de todos los niveles han estado acopiando recursos para “llevar ciudadanos a votar”, lo que incluye la compra de votos denunciada sistemáticamente en los procesos electorales dominicanos. Se teme que hoy, y en la misma jornada de votación de mañana, se generalice un mercado de compra y venta de votos, estimulada por la desconfianza y el arrebato que predomina en el partidismo político. Y ha sido evidente que el precandidato favorecido por el gobierno, Gonzalo Castillo, ha gastado en solo dos meses más dinero que todos los demás precandidatos presidenciales juntos. Solo él pagó páginas en todos los diarios e invadió la radio, televisión, periódicos electrónicos y las redes sociales, claramente al amparo del Estado, para proyectar una propuesta elaborada al vapor tras el fracaso del intento reeleccionista.
El PLD lo contamina todo
La crisis del partido gobernante, donde se disputa no solo las candidaturas para el 2020, sino también su control definitivo, ha contaminado todo el proceso de la elección primaria, cuyo éxito depende de que pueda saldarla sin violencia ni una temida división definitiva. Sus dos principales precandidatos presidenciales gastaron el 90 por ciento del total reportado a la JCE a fin de septiembre, incluyendo a los dos principales del PRM, 447 a 47 millones de pesos. Esas cifras pueden resultar ínfimas para lo que se espera en la víspera y en la jornada de votación.
Por demás, el apoyo del presidente Danilo Medina y más de una veintena de ministros y altos funcionarios que dirigen en todas las provincias la campaña del precandidato oficialista, con denunciadas presiones a los empleados públicos, atropella la equidad de la competencia y resalta la pobreza institucional y la adolescencia de la democracia dominicana, en flagrante violación de principios constitucionales y mandatos de las leyes de la Función Pública, de Partidos y del Régimen Electoral, sin que nadie pueda contenerlo. Hasta se han denunciado cancelaciones de leonelistas en la administración pública, como el director del Intabaco.
Si se mide por la propaganda en los medios de comunicación pareciera que solo hay una candidatura, en violación del principio de “libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, consagrado en el párrafo IV del artículo 212 de la Constitución, puestos bajo vigilancia de la JCE. Lo más relevante es que el gobierno no respeta la equidad ni siquiera en la elección interna del propio partido, lo que amenaza la elección general del año próximo. La lucha sin cuartel ha dividido al presidente Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño, al bloque de 14 partidos aliados al gobierno y ha arrastrado a dirigentes de centrales sindicales y gremios de choferes y hasta a pastores evangélicos.
Danilo contra Leonel
Lo que más contamina la elección primaria es la decisión que se atribuye al presidente Medina de impedir a toda costa que el expresidente Leonel Fernández gane la candidatura presidencial del PLD. Fuentes de crédito aseguran que el mandatario se ha ocupado hasta de los detalles de la campaña de Castillo. Es una lucha feroz por el control del partido y ambos tienen sobrada experiencia en el abuso de recursos estatales para ganar elecciones; se recuerda el “me venció el Estado”, al perder la candidatura frente a Fernández en el 2007.
Esa confrontación mantiene incertidumbres en todos los ámbitos nacionales, especialmente en los empresariales, temerosos de una desestabilización política que repercuta en lo económico. Aunque los análisis arrojan alguna ventaja de Leonel Fernández sobre Gonzalo Castillo, nadie se atreve a cerrar apuestas por entender que todo dependerá de quien logre acarrear más votantes a las mesas electorales. El danilismo se empeñó durante más de un año en instituir el padrón abierto, asumiendo que Fernández tenía más posibilidades con el voto exclusivo de los peledeístas, que en gran proporción le agradecen haberlos llevado al poder y el bienestar acumulado en sus tres períodos de gobierno. Y para disponer de todo el electorado como objeto de manipulación, de incentivos o compra de votos.
En las últimas dos semanas se han publicado una decena de encuestas con resultados muy dispares, pero la de Mark Penn difundida esta semana arroja un empate a 46 por ciento de las simpatías entre Fernández y Castillo. Esa encuestadora es, junto a la Gallup, de las que tiene mayor crédito porque no ha sido patrocinada por partidos políticos y sus sondeos se han aproximado a los arrojados por las urnas en las últimas cuatro décadas. Su estrecho resultado incrementa los temores de exacerbación de la confrontación entre danilistas y leonelistas en la víspera y en la jornada misma de la votación.
Gran oportunidaddel PRM
Como principal alternativa, el PRM tiene una buena posibilidad de salir fortalecido y salvarle la cara a las primarias con su propio padrón de casi un millón 300 mil miembros, ya que llega a la elección de sus candidatos sin tensiones significativas y sus líderes se han manejado democráticamente, sin descalificaciones ni agresiones. Hipólito Mejía y Luis Abinader han competido con civilidad por la candidatura presidencial, han aparecido varias veces en actividades públicas y privadas, con armoniosas relaciones familiares que han cuidado celosamente.
El PRM sería beneficiario de una marcada inclinación de sus miembros a repetir la candidatura presidencial del economista Abinader, quien la ganó en abril del 2015 por 70 a 29%, frente al mismo Mejía. Todas las encuestas publicadas y conocidas que han medido las simpatías de los perremeístas colocan a Abinader por encima del 70 y a Mejía por debajo del 20%, lo que hace más remoto intentos de impugnaciones. La Gallup-HOY de mayo 78 a 10 y 82 a 7%, entre miembros y simpatizantes, y la Mark Penn esta semana 79 a 18%.
Pese a ello, el agrónomo expresidente hace gala de su extraordinario carisma y apuesta a dar una sorpresa, porque sus partidarios tienen la convicción de que fueron responsables de la inscripción de la mayoría de los empadronados que votarán. Ambos competidores han dicho que aceptarán el resultado. Así lo hizo Hipólito Mejía cuatro años atrás, y aun cuando siendo presidente de la República perdió en su intento reeleccionista del 2004. Reconoció la victoria de Leonel Fernández cuatro horas después de concluida la votación y antes del primer informe oficial de los resultados.
El rancho quedará ardiendo
Cualquiera que sea el resultado, sin descartar mayores confrontaciones personales en el territorio, los peledeístas aparecen perdiendo del proceso, y aunque puedan evadir la división necesitarán algún tiempo para recoger los heridos y restañar la unidad de acción. La virulencia les restaría energías para la próxima campaña electoral, especialmente de cara a los comicios municipales a 4 meses, con el período navideño por el medio. Por esa razón podrían insistir en el proyecto de reunificar estos con los presidenciales y congresuales de mayo.
Para el PRM sería vital conseguir que siquiera la mitad de sus miembros participe disciplinadamente en la elección de mañana, proyectando una imagen de orden y seguridad y salir rápidamente de la distracción interna, incorporar a los perdedores a su comando de campaña, trazar una única línea táctica que incluya su empeño por materializar una gran coalición político-social y dedicarse a aprovechar el desconcierto del PLD, con una oposición decidida y de fondo que persiga recoger las grandes insatisfacciones nacionales.
En la lucha interna los peledeístas han demostrado su gran capacidad para copiar recursos económicos y falta de escrúpulos para abusar del poder estatal, por lo que sus opositores tendrán que empeñarse en una coalición que no solo aporte votos, sino también en lo inmediato fuerza orgánica y moral para lograr contención de los excesos y mejorar las posibilidades de competencia. Porque si algo queda patente en estos días es que la democracia dominicana no llega todavía a la adolescencia, que se mantiene recentina y con fuertes discapacidades.-
Análisis Noticiosos
Cirugía de obesidad “no son tratamientos que compiten, sino que se complementan”
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18 horas agoon
diciembre 2, 2024Una investigación reporta que en Estados Unidos los pacientes que se sometieron a una cirugía bariátrica se redujeron un 25%, mientras que aumentó un 123% aquellos a los que se le recetaron los nuevos medicamentos
Los innovadores fármacos contra la obesidad, que ayudan a perder alrededor del 15% del peso del paciente, han revolucionado la lucha contra esta compleja enfermedad crónica. Estos medicamentos, conocidos como agonistas del receptor GLP-1, imitan las hormonas que de forma natural generan la sensación de saciedad: actúan en el intestino y mandan una señal al cerebro para hacernos sentir llenos. Su éxito ha sido tal, que ha sacudido los cimientos de la atención a la obesidad hasta hacer replantear estrategias terapéuticas ampliamente consolidadas, como la cirugía de la obesidad (bariátrica). Una investigación publicada en Jama Network Open ha documentado que entre 2022 y 2023, en Estados Unidos, a la vez que crecía un 123% las personas a las que se les recetaban los nuevos medicamentos, se reducía un 25% aquellos pacientes que se sometían a un procedimiento quirúrgico bariátrico.
Los expertos consultados avanzan que, en una enfermedad tan intrincada como la obesidad, ninguna herramienta sobra, ni los fármacos, ni la cirugía. Pero la irrupción de los nuevos medicamentos ha obligado a repensar el encaje de las distintas estrategias disponibles en la atención a esta enfermedad crónica y fijar dónde quedan exactamente los límites y los tiempos de cada arma terapéutica. “No son dos tratamientos que compitan, sino que se complementan”, defiende José Balibrea, jefe de Cirugía Endocrino-Metabólica y Bariátrica del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
La cirugía bariátrica incluye todas esas técnicas quirúrgicas que alteran la anatomía gastrointestinal para reducir la ingesta y la absorción de los alimentos. Está indicada para los casos más severos de obesidad, esto es, pacientes con un índice de masa corporal por encima de 40 o mayor de 35 si hay patologías asociadas. El estudio de Jama Network Open admite que, por ahora, es “el tratamiento más eficaz y duradero para la obesidad”, pero la aparición de los nuevos fármacos y la tendencia a los medicamentos en detrimento de la cirugía abre un escenario lleno de incógnitas. Se desconoce si la tendencia observada se consolidará o cuáles serán los resultados a largo plazo de ese potencial giro asistencial.
Andreea Ciudin, jefa de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y miembro de la junta directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, admite que los agonistas de GLP-1 son una estrategia revolucionaria: “Por primera vez tenemos tratamientos basados en la fisiopatología de la obesidad”. Y se explica: “En una persona sin obesidad, cuando come, el intestino sintetiza un péptido cuya función, entre otras, es llegar al cerebro para dar la señal de que has comido y de saciedad. En la obesidad hay un desequilibrio en la regulación del apetito y en cómo funciona el metabolismo y una de las causas es que el cerebro no recibe bien esta información, sea porque el intestino no sintetiza bien esta molécula o porque no llega bien la señal al cerebro”. Lo que hacen los nuevos fármacos, comercializados bajo marcas como Ozempic, es imitar el papel de ese péptido para hacer llegar la información correcta de saciedad al cerebro.
Estos medicamentos se han convertido en una de las grandes promesas para combatir la enfermedad, pero todas las voces consultadas coinciden en que su irrupción no supone, al menos a corto y medio plazo, el fin de la cirugía bariátrica. De hecho, ninguno de los tratamientos disponibles, ni quirúrgicos ni farmacológicos, son curativos. La obesidad es crónica y el abordaje tendrá que seguir siendo multidisciplinar, avisa Albert Goday, jefe de sección de Endocrinología del Hospital del Mar: “El escenario no es que han llegado estos medicamentos, van a completar todo el mercado y la cirugía ya está desfasada. Este mensaje es absolutamente erróneo. Que tengamos opciones diferentes para una enfermedad crónica tan grave y tan heterogénea es muy positivo. Pero las 400 personas que tenemos en el hospital esperando para ser operadas no van a borrarse de la lista de espera porque haya un par de medicamentos muy efectivos”, advierte.
La realidad es más compleja. Lo saben bien Antonio Fernández, de 36 años, y su pareja, Sara Gómez, de 34. Ambos se operaron hace cinco años. Él llegó a pesar 155 kilos. Ella, 118. No podían ni atarse los zapatos, cuentan. “Con esos kilos, eres una persona inútil. No te puedes mover, no puedes trabajar ni hacer vida normal. No te ves capaz de nada”, relata Fernández. Él fue el primero en entrar en la Unidad de Obesidad Grave del Mar y empezar a “cambiar el chip”. Porque no es solo una operación, adelanta: “El proceso más grande es reconocer que tienes una enfermedad y dejarte ayudar y aconsejar por los profesionales para aprender a comer y a vivir”.
Después de Fernández fue su mujer. Y tras ellos, varios miembros más de su familia con obesidad grave. Goday cuenta que la pareja fue un ejemplo para su entorno, tuvieron “capacidad de contagio positivo” y ayudaron a mejorar la salud de varios familiares: “De lo que más orgullosos nos sentimos es que hemos conseguido empoderarlos y ahora son conscientes de que viven con una enfermedad y tienen que contribuir para que no se desmadre. Ellos no son culpables de esta enfermedad”, subraya el médico.
El tratamiento más eficaz
A propósito de las esperanzas puestas en los agonistas de GLP-1, Goday resuelve sin titubeos: “Bienvenidos sean, pero no es el único pilar del tratamiento”.
La obesidad es mucho más enrevesada de lo que parece. Por los tipos y grados de la enfermedad, el acceso a los fármacos (no están financiados para esta enfermedad) y los resultados en salud. Anna Casajoana, especialista en cirugía bariátrica del Hospital del Mar, asegura que el porcentaje de peso que se logra bajar con los fármacos es inferior al que se consigue con la cirugía: “Ahora mismo, los fármacos que tenemos hoy en día, por mucho que estén mejorando, tienen una indicación cuando hay sobrepeso. No es un tratamiento para una enfermedad establecida con obesidad. ¿Que puede ser un puente para pacientes que no tienen clara la cirugía y quieren probar primero tratamiento farmacológico? Es una opción, pero a la que lo interrumpes, el paciente gana peso porque no hemos hecho otra intervención más allá, no ha habido intervención educacional de hábitos saludables. En un futuro, todos esperamos que el tratamiento de la obesidad no sea quirúrgico porque sabemos que la cirugía no es la solución mágica, pero hoy en día es el tratamiento más eficaz que tenemos”, defiende la cirujana.
Los agonistas de GLP-1 disponibles son todavía una primera generación y, a pesar de sus buenos resultados y de investigaciones en marcha para mejorar y optimizar todavía más su potencial, por lo pronto, los resultados en salud se muestran más favorables con la cirugía. Un estudio publicado en Nature Medicine concluyó, por ejemplo, que las intervenciones quirúrgicas se asociaban con una mayor reducción de la incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva. “La cirugía genera una pérdida de peso significativamente mayor, mejora los problemas cardiovasculares y las enfermedades por hígado graso, y el control de la diabetes es similar. También aumenta significativamente la longevidad y reduce el riesgo de cáncer”, enumera Balibrea, que es también portavoz de la Asociación Española de Cirujanos.
Por otra parte, ni los agonistas de GLP-1 ni la cirugía bariátrica están exentos de recaídas. Se pueden producir reganancias de peso tras ambas estrategias terapéuticas. Goday vuelve incidir en la importancia de un abordaje integral: “Tienes que hacer un replanteamiento de que tienes una enfermedad crónica. El medicamento, sin todo este contexto de empoderamiento de la persona, no va a funcionar. Y las operaciones tampoco son un tratamiento definitivo. Esta enfermedad está intentando ganarte la partida como sea y tu entorno, los precios de los alimentos y la publicidad están ayudando a ganarte la partida. Cada vez hay más herramientas, pero tenemos muchos enemigos en contra para que la enfermedad gane la batalla”.
En lo que coinciden todas las voces consultadas es que, en los casos más severos, se seguirá necesitando una intervención quirúrgica. “La cirugía bariátrica quedará para pacientes que, habiendo recibido tratamiento, no responden, que no consiguen el resultado adecuado o que no pueden pagarlo”, sintetiza Balibrea.
Sinergias entre fármacos y cirugía
En el nuevo escenario que se abre tras la aparición de las nuevas estrategias terapéuticas, también hay cabida para las sinergias. El cirujano del Germans Trias i Pujol apuesta a que estos fármacos pueden ayudar a disminuir las segundas cirugías ocasionadas por la ganancia de peso. “Tras la cirugía bariátrica, puedes añadir uno de estos fármacos para mantener la pérdida de peso o para bloquear la reganancia si se detecta precozmente”. También se podrían usar para bajar de peso antes de la cirugía.
Coincide Ciudin: “Hay que reescribir la historia. [Estas dos estrategias terapéuticas] no pueden ser excluyentes, pueden ir juntas. La cirugía bariátrica no va a desaparecer, tiene un lugar en la obesidad de grado muy severo, como se hacía al principio, cuando apareció. Pero todavía falta mucho por hacer, ver dónde quedan estos nuevos fármacos y si tienen un potencial similar a la cirugía bariátrica”.
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Necesidad de nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
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2 semanas agoon
noviembre 18, 2024Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
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Los ahorros de los bolivianos podrían estar financiando la deforestación
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4 semanas agoon
noviembre 5, 2024Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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