Nacionales
Los préstamos amenazan la estabilidad económica del país.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido beneficiado por el Congreso Nacional en los ocho meses de gestión con la aprobación de prestamos y financiamientos por un monto de más de 6,599 millones de dólares, cuya principal motivación al solicitar los créditos es atender la crisis sanitaria y económica causada por el covid-19.
Sólo por temas directamente vinculados a la pandemia del covid-19 se aprobaron préstamos por más de 900 millones de dólares.
A dicha causa se suma las del financiamiento del programa en la cuenca del río Yaque del Norte, la financiación parcial para el aumento de capacidad de transporte de la línea I del Metro de Santo Domingo y el apoyo a la implementación en Edesur de la primera etapa del Plan Maestro para la Expansión del Sistema de Distribución (PMESD).
Igualmente, el préstamos destinado a la movilidad del transporte y seguridad vial en el país, así como la emisión y colocación de valores de la deuda pública, que entre todos suman US$6,599,085,369.05.
El último préstamo aprobado en el Congreso Nacional fue el pasado 18 de marzo: un monto de 236 millones 080 mil dólares, que consistió en un convenio de crédito entre la República Dominicana y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para financiar políticas públicas relacionadas a mitigar los efectos del covid-19.
También, el martes 27 de enero de este año, los diputados ratificaron el convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 95 millones 998 mil 500 dólares, para la compra de siete millones 999 mil 875 vacunas de ARNM BNT162 contra el SARS-COV2 para prevenir la pandemia del coronavirus.
De la misma manera, el pasado 25 de noviembre, la Cámara de Diputados sancionó en única lectura un préstamo de 100 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el “programa de políticas de desarrollo en apoyo a la respuesta de República Dominicana a la crisis de covid-19”.
En esa sesión, los diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Reformista Social Cristiano (PRSC) y Alianza País se opusieron al empréstito, sin efecto alguno. Ese mismo día, el Senado aprobó la compra por anticipado de 10 millones de vacunas contra el covid-19, producidas por la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford, a un precio de US$40,000,000.00, en virtud de un costo estimado de US$4.00 la unidad de dosis.
Mientras que el 21 de octubre de ese año, para financiar programas de fortalecimiento enfocados en la atención de la crisis efecto de la enfermedad, los diputados refrendaron dos contratos de préstamos de US$250 millones cada uno, para un total de US$500 millones.
Así también, el día 7 de ese mismo mes, con el voto de 23 senadores de los 26 presentes en la sesión, la Cámara Alta refrendó un acuerdo de compromiso (arreglo de compra comprometida), del 18 de septiembre de 2020, suscrito con Gavi Alliance, una organización sin fines de lucro establecida en Suiza, con el objetivo de que el Gobierno dominicano participe de manera autofinanciada, con un monto total de 22 millones 889 mil 280 dólares, en el Mecanismo Covax, para asegurar en principio el acceso del 10% de la población a vacunas seguras y eficaces contra la patología. Por tanto, a causa de la crisis generada por la pandemia, se aprobaron préstamos ascendentes a los 994 millones 967 mil 780 dólares.
En la sesión ordinaria del 09 de marzo pasado, la Cámara Baja aprobó un contrato de préstamo por 155 millones de dólares destinado al sector eléctrico para la Unidad de Ejecución de Programas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). El financiamiento lo firmó el Estado dominicano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a aumentar la eficiencia operativa de Edesur.
Además, el Congreso ratificó el 12 de enero de este año el convenio de crédito por un monto total de 44 millones 979 mil 162 con 63 centavos de euros, firmado por el Gobierno con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) destinado al financiamiento parcial del “Proyecto de Aumento de Capacidad de Transporte de la Línea I del Metro de Santo Domingo”.
Del mismo modo, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura un convenido de crédito suscrito entre la Agencia Francesa para el Desarrollo y la República Dominicana, por un monto EUR$20 millones de euros. Fue en fecha del 15 de diciembre del pasado año.
Según el informe de la iniciativa, el dinero era para financiar y refinanciar los gastos elegibles del proyecto designado para el programa de agroforestería y de gestión integral de los recursos naturales implementado por la asociación sin fines de lucro Plan Sierra, situado en la vertiente sur de la cuenca media y alta del río Yaque del Norte.
A más de, el 15 de diciembre del 2020, el Senado ratificó un convenio de préstamo por 250 millones de dólares (US$250,000,000.00), destinado a la movilidad del transporte y seguridad vial en el país, que había sido suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 27 de diciembre del 2019. Estos cuatro préstamos suman un total de 482 millones 394 mil 406 dólares con 34 centavos, que junto a los 994 millones 967 mil 780 dólares, el Congreso ha solicitado en los anticipos no menos de mil 477 millones 362 mil 186 dólares con 34 centavos (US$ 1,477,362,186.34).
En la sesión extraordinaria del Senado de la República del pasado 21 de diciembre, el pleno aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, la emisión y colocación de valores de la deuda pública por un monto de hasta 291 mil 528 millones 487 mil 163 pesos con 15 centavos (RD$291,528,487,163.15) para este 2021, que traducido a dólares suman 5 mil 121 millones 723 mil 182 con 71 centavos.
La iniciativa, que no contó con el voto favorable de la bancada peledeísta en ninguna de las cámaras, indica que la colocación de esos valores se realizará en los mercados capitales doméstico e internacional.
Precisa, además, que para el mercado local los valores autorizados deberán ser colocados bajo las mejores condiciones de tasas de intereses, así como serán consignados en un Sistema de Registro Electrónico de Valores.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.