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Los préstamos amenazan la estabilidad económica del país.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido beneficiado por el Congreso Nacional en los ocho meses de gestión con la aprobación de prestamos y financiamientos por un monto de más de 6,599 millones de dólares, cuya principal motivación al solicitar los créditos es atender la crisis sanitaria y económica causada por el covid-19.
Sólo por temas directamente vinculados a la pandemia del covid-19 se aprobaron préstamos por más de 900 millones de dólares.
A dicha causa se suma las del financiamiento del programa en la cuenca del río Yaque del Norte, la financiación parcial para el aumento de capacidad de transporte de la línea I del Metro de Santo Domingo y el apoyo a la implementación en Edesur de la primera etapa del Plan Maestro para la Expansión del Sistema de Distribución (PMESD).
Igualmente, el préstamos destinado a la movilidad del transporte y seguridad vial en el país, así como la emisión y colocación de valores de la deuda pública, que entre todos suman US$6,599,085,369.05.
El último préstamo aprobado en el Congreso Nacional fue el pasado 18 de marzo: un monto de 236 millones 080 mil dólares, que consistió en un convenio de crédito entre la República Dominicana y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para financiar políticas públicas relacionadas a mitigar los efectos del covid-19.
También, el martes 27 de enero de este año, los diputados ratificaron el convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 95 millones 998 mil 500 dólares, para la compra de siete millones 999 mil 875 vacunas de ARNM BNT162 contra el SARS-COV2 para prevenir la pandemia del coronavirus.
De la misma manera, el pasado 25 de noviembre, la Cámara de Diputados sancionó en única lectura un préstamo de 100 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el “programa de políticas de desarrollo en apoyo a la respuesta de República Dominicana a la crisis de covid-19”.
En esa sesión, los diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Reformista Social Cristiano (PRSC) y Alianza País se opusieron al empréstito, sin efecto alguno. Ese mismo día, el Senado aprobó la compra por anticipado de 10 millones de vacunas contra el covid-19, producidas por la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford, a un precio de US$40,000,000.00, en virtud de un costo estimado de US$4.00 la unidad de dosis.
Mientras que el 21 de octubre de ese año, para financiar programas de fortalecimiento enfocados en la atención de la crisis efecto de la enfermedad, los diputados refrendaron dos contratos de préstamos de US$250 millones cada uno, para un total de US$500 millones.
Así también, el día 7 de ese mismo mes, con el voto de 23 senadores de los 26 presentes en la sesión, la Cámara Alta refrendó un acuerdo de compromiso (arreglo de compra comprometida), del 18 de septiembre de 2020, suscrito con Gavi Alliance, una organización sin fines de lucro establecida en Suiza, con el objetivo de que el Gobierno dominicano participe de manera autofinanciada, con un monto total de 22 millones 889 mil 280 dólares, en el Mecanismo Covax, para asegurar en principio el acceso del 10% de la población a vacunas seguras y eficaces contra la patología. Por tanto, a causa de la crisis generada por la pandemia, se aprobaron préstamos ascendentes a los 994 millones 967 mil 780 dólares.
En la sesión ordinaria del 09 de marzo pasado, la Cámara Baja aprobó un contrato de préstamo por 155 millones de dólares destinado al sector eléctrico para la Unidad de Ejecución de Programas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). El financiamiento lo firmó el Estado dominicano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a aumentar la eficiencia operativa de Edesur.
Además, el Congreso ratificó el 12 de enero de este año el convenio de crédito por un monto total de 44 millones 979 mil 162 con 63 centavos de euros, firmado por el Gobierno con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) destinado al financiamiento parcial del “Proyecto de Aumento de Capacidad de Transporte de la Línea I del Metro de Santo Domingo”.
Del mismo modo, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura un convenido de crédito suscrito entre la Agencia Francesa para el Desarrollo y la República Dominicana, por un monto EUR$20 millones de euros. Fue en fecha del 15 de diciembre del pasado año.
Según el informe de la iniciativa, el dinero era para financiar y refinanciar los gastos elegibles del proyecto designado para el programa de agroforestería y de gestión integral de los recursos naturales implementado por la asociación sin fines de lucro Plan Sierra, situado en la vertiente sur de la cuenca media y alta del río Yaque del Norte.
A más de, el 15 de diciembre del 2020, el Senado ratificó un convenio de préstamo por 250 millones de dólares (US$250,000,000.00), destinado a la movilidad del transporte y seguridad vial en el país, que había sido suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 27 de diciembre del 2019. Estos cuatro préstamos suman un total de 482 millones 394 mil 406 dólares con 34 centavos, que junto a los 994 millones 967 mil 780 dólares, el Congreso ha solicitado en los anticipos no menos de mil 477 millones 362 mil 186 dólares con 34 centavos (US$ 1,477,362,186.34).
En la sesión extraordinaria del Senado de la República del pasado 21 de diciembre, el pleno aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, la emisión y colocación de valores de la deuda pública por un monto de hasta 291 mil 528 millones 487 mil 163 pesos con 15 centavos (RD$291,528,487,163.15) para este 2021, que traducido a dólares suman 5 mil 121 millones 723 mil 182 con 71 centavos.
La iniciativa, que no contó con el voto favorable de la bancada peledeísta en ninguna de las cámaras, indica que la colocación de esos valores se realizará en los mercados capitales doméstico e internacional.
Precisa, además, que para el mercado local los valores autorizados deberán ser colocados bajo las mejores condiciones de tasas de intereses, así como serán consignados en un Sistema de Registro Electrónico de Valores.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.
SANTO DOMINGO.- Como positiva valoró el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) algunas de las medidas fiscales recientemente anunciadas por las autoridades.
En un comunicado enviado ALMOMENTO.NET, considera que pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, el gremio empresarial subrayó la necesidad de que dichas disposiciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y temporalidad, a fin de evitar impactos negativos en la actividad productiva, la inversión y el clima de negocios.
El CONEP reiteró que cualquier reforma o ajuste en materia fiscal debe estar sustentado en el diálogo entre los sectores público y privado, privilegiando la estabilidad económica y la competitividad del país.
Asimismo, la organización empresarial insistió en que las medidas deben ser diseñadas con un enfoque equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de recaudación sin afectar de forma desmedida a los sectores generadores de empleo y crecimiento.
Reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que «los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas».
Manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades.
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