Nacionales
Los préstamos amenazan la estabilidad económica del país.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido beneficiado por el Congreso Nacional en los ocho meses de gestión con la aprobación de prestamos y financiamientos por un monto de más de 6,599 millones de dólares, cuya principal motivación al solicitar los créditos es atender la crisis sanitaria y económica causada por el covid-19.
Sólo por temas directamente vinculados a la pandemia del covid-19 se aprobaron préstamos por más de 900 millones de dólares.
A dicha causa se suma las del financiamiento del programa en la cuenca del río Yaque del Norte, la financiación parcial para el aumento de capacidad de transporte de la línea I del Metro de Santo Domingo y el apoyo a la implementación en Edesur de la primera etapa del Plan Maestro para la Expansión del Sistema de Distribución (PMESD).
Igualmente, el préstamos destinado a la movilidad del transporte y seguridad vial en el país, así como la emisión y colocación de valores de la deuda pública, que entre todos suman US$6,599,085,369.05.
El último préstamo aprobado en el Congreso Nacional fue el pasado 18 de marzo: un monto de 236 millones 080 mil dólares, que consistió en un convenio de crédito entre la República Dominicana y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para financiar políticas públicas relacionadas a mitigar los efectos del covid-19.
También, el martes 27 de enero de este año, los diputados ratificaron el convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 95 millones 998 mil 500 dólares, para la compra de siete millones 999 mil 875 vacunas de ARNM BNT162 contra el SARS-COV2 para prevenir la pandemia del coronavirus.
De la misma manera, el pasado 25 de noviembre, la Cámara de Diputados sancionó en única lectura un préstamo de 100 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el “programa de políticas de desarrollo en apoyo a la respuesta de República Dominicana a la crisis de covid-19”.
En esa sesión, los diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Reformista Social Cristiano (PRSC) y Alianza País se opusieron al empréstito, sin efecto alguno. Ese mismo día, el Senado aprobó la compra por anticipado de 10 millones de vacunas contra el covid-19, producidas por la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford, a un precio de US$40,000,000.00, en virtud de un costo estimado de US$4.00 la unidad de dosis.
Mientras que el 21 de octubre de ese año, para financiar programas de fortalecimiento enfocados en la atención de la crisis efecto de la enfermedad, los diputados refrendaron dos contratos de préstamos de US$250 millones cada uno, para un total de US$500 millones.
Así también, el día 7 de ese mismo mes, con el voto de 23 senadores de los 26 presentes en la sesión, la Cámara Alta refrendó un acuerdo de compromiso (arreglo de compra comprometida), del 18 de septiembre de 2020, suscrito con Gavi Alliance, una organización sin fines de lucro establecida en Suiza, con el objetivo de que el Gobierno dominicano participe de manera autofinanciada, con un monto total de 22 millones 889 mil 280 dólares, en el Mecanismo Covax, para asegurar en principio el acceso del 10% de la población a vacunas seguras y eficaces contra la patología. Por tanto, a causa de la crisis generada por la pandemia, se aprobaron préstamos ascendentes a los 994 millones 967 mil 780 dólares.
En la sesión ordinaria del 09 de marzo pasado, la Cámara Baja aprobó un contrato de préstamo por 155 millones de dólares destinado al sector eléctrico para la Unidad de Ejecución de Programas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). El financiamiento lo firmó el Estado dominicano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a aumentar la eficiencia operativa de Edesur.
Además, el Congreso ratificó el 12 de enero de este año el convenio de crédito por un monto total de 44 millones 979 mil 162 con 63 centavos de euros, firmado por el Gobierno con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) destinado al financiamiento parcial del “Proyecto de Aumento de Capacidad de Transporte de la Línea I del Metro de Santo Domingo”.
Del mismo modo, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura un convenido de crédito suscrito entre la Agencia Francesa para el Desarrollo y la República Dominicana, por un monto EUR$20 millones de euros. Fue en fecha del 15 de diciembre del pasado año.
Según el informe de la iniciativa, el dinero era para financiar y refinanciar los gastos elegibles del proyecto designado para el programa de agroforestería y de gestión integral de los recursos naturales implementado por la asociación sin fines de lucro Plan Sierra, situado en la vertiente sur de la cuenca media y alta del río Yaque del Norte.
A más de, el 15 de diciembre del 2020, el Senado ratificó un convenio de préstamo por 250 millones de dólares (US$250,000,000.00), destinado a la movilidad del transporte y seguridad vial en el país, que había sido suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 27 de diciembre del 2019. Estos cuatro préstamos suman un total de 482 millones 394 mil 406 dólares con 34 centavos, que junto a los 994 millones 967 mil 780 dólares, el Congreso ha solicitado en los anticipos no menos de mil 477 millones 362 mil 186 dólares con 34 centavos (US$ 1,477,362,186.34).
En la sesión extraordinaria del Senado de la República del pasado 21 de diciembre, el pleno aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, la emisión y colocación de valores de la deuda pública por un monto de hasta 291 mil 528 millones 487 mil 163 pesos con 15 centavos (RD$291,528,487,163.15) para este 2021, que traducido a dólares suman 5 mil 121 millones 723 mil 182 con 71 centavos.
La iniciativa, que no contó con el voto favorable de la bancada peledeísta en ninguna de las cámaras, indica que la colocación de esos valores se realizará en los mercados capitales doméstico e internacional.
Precisa, además, que para el mercado local los valores autorizados deberán ser colocados bajo las mejores condiciones de tasas de intereses, así como serán consignados en un Sistema de Registro Electrónico de Valores.
Nacionales
Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados
Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.
Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.
En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.
A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Otros tres investigados en Santo Domingo Este
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.
Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16
El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.
La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.
Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.
Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.
Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.
Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.
El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.
Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.
“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.
Inversión superaría proporción registrada en 2019
Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.
Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.
El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.
“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.
Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.
El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.
Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.
El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.
Déficit fiscal y deuda pública
Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.
Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.
Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.
No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.
Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión
Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.
Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.
El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.
Gobierno explica origen de recursos para combustibles
El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.
Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.
Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.
Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.
Inversión pública vuelve al centro del debate económico
Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.
El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos
SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.
El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.
Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas
El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.
El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.
La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.
Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.
Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.
Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos
El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.
Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.
Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.
El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.
Unión Europea entra en la carrera
A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.
El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.
El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.
Emidom tendría participación estatal
Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.
El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.
De la expectativa a la comprobación
El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.
Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.
Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.
La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.
La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.