Nacionales
Congreso buscará aprobar nuevo Código de Trabajo en próxima legislatura
Santo Domingo.- Además de priorizar la reforma al Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social, en la nueva legislatura que inicia el próximo 16 de agosto, el Congreso Nacional, buscará aprobar el Código Procesal Penal, según informó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
El senador por la provincia Sánchez Ramírez, dijo también que, durante los 150 días del periodo legislativo, trabajarán para sancionar la Ley de Agua, pendiente desde hace más de 20 años.
Artículo 310 del Código Penal
Sobre el polémico artículo 310 del Código Penal, que sanciona con hasta un año de prisión el ultraje contra funcionario o servidor público, De los Santos defendió establecer límites al irrespeto, recordando además que la norma tiene un año posibles ajustes.
La diferencia que impidió el consenso
La reforma al Código de Trabajo de la República Dominicana no logró avanzar en el Congreso Nacional durante la primera legislatura ordinaria del cuatrienio 2024-2028, que finalizó el pasado 26 de julio. Aunque la propuesta había sido aprobada en primera lectura por los diputados y contaba con respaldo previo en el Senado, el proyecto quedó perimido al no ser conocido a tiempo por la Cámara Baja.
El texto legislativo había sido fruto de un largo proceso de diálogo tripartito entre el Gobierno, los empleadores y los representantes de los trabajadores. Sin embargo, las diferencias sobre la figura de la cesantía impidieron un consenso definitivo que permitiera su aprobación en esta etapa legislativa.
Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Junta Directiva de Copardom, afirmó que el empresariado dominicano mantiene su postura firme: modificar la cesantía para reducir los costos laborales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Aseguró que nunca se ha planteado su eliminación, pero sí una reforma sustancial de su estructura actual.
Empresarios mantienen presión
Peña Izquierdo ofreció estas declaraciones durante la rendición de cuentas legislativa de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente. En ese escenario, reiteró que el empresariado espera que el nuevo intento de reforma incluya cambios sustanciales en la cesantía.
La reforma entrará en la segunda legislatura ordinaria a partir del 16 de agosto. Según fuentes legislativas, se prevé que el proyecto vaya a una comisión especial que convocará nuevamente al tripartismo para escuchar posiciones y buscar un texto viable.
Para muchos sectores, la cesantía representa un derecho adquirido de los trabajadores y, por tanto, debe protegerse. No obstante, desde el ámbito empresarial se insiste en que su actual configuración encarece la contratación formal y desincentiva el empleo en sectores clave como el comercio y los servicios.
El Código de Trabajo vigente se promulgó en 1992, por lo que múltiples sectores coinciden en que se requiere una modernización. Sin embargo, el reto es encontrar un punto medio que respete los derechos laborales sin comprometer la competitividad económica del país.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.