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Congreso de EE.UU. aprueba presupuesto temporal y evita el cierre del Gobierno
La ley es una solución temporal que irá ahora a la Casa Blanca, donde se espera que la firme el presidente.
EFE
WASHINGTON. El Congreso de EE.UU. aprobó ayer un presupuesto para dos semanas que evita, de momento, el cierre parcial del Gobierno, que se temía ante la falta de acuerdo de republicanos y demócratas.
La aprobación se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reuniera ayer con los líderes del Congreso, tanto demócratas como republicanos, para negociar un acuerdo que permitiera financiar las agencias federales antes de que concluyera este viernes.
El Senado aprobó por 81 votos a favor y 14 en contra la legislación, que permite la financiación de la Administración hasta el 22 de diciembre, a la que anteriormente le había dado el visto bueno la Cámara de Representantes (235 votos a favor, todos republicanos, y 193 en contra, de los demócratas).
La ley es una solución temporal que irá ahora a la Casa Blanca, donde se espera que la firme el presidente.
El Congreso, que tenía hasta el viernes para aprobar la ley, dispone ahora de dos semanas para que republicanos y demócratas puedan negociar una legislación presupuestaria permanente.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, afirmó que la medida temporal “dará el tiempo” necesario “para completar las discusiones sobre una solución a largo plazo”.
La votación salió adelante después de una jornada que no invitaba al optimismo y hacía temer un cierre parcial de la Administración.
Trump se reunió ayer con los líderes del Congreso, tanto demócratas como republicanos, para negociar un acuerdo.
Tras la cancelación de una reunión similar hace unos días, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y del Senado, Chuck Schumer, aceptaron el encuentro hoy en el Despacho Oval para acercar posturas al respecto.
“Esperamos poder llegar a un acuerdo. Financiar al Gobierno es extremadamente importante, ayudar a nuestros soldados es muy importante, y ayudar a los ciudadanos de clase media es muy importante”, insistió el líder de la minoría demócrata de la Cámara Alta al comienzo de la reunión, a la que también asistieron sus pares republicanos, Paul Ryan y Mitch McConnell.
Sin embargo, tras la reunión, Schumer y Pelosi indicaron en un comunicado conjunto que, pese a ser una “conversación productiva”, no se acordó “nada específico”.
“Los demócratas continúan presionando para actuar sobre las prioridades bipartidistas urgentes ante el Congreso: fortalecer nuestra defensa nacional con paridad hacia nuestro presupuesto nacional, financiar a los veteranos y la lucha contra los opioides (…) y para aprobar el Dream Act “, indicaron.
El principal escollo se encuentra en la demanda demócrata de aprobar dichos presupuestos con una ley, conocida como Dream Act, que además regularice la situación de los jóvenes indocumentados que llegaron siendo niños al país y que evitaron la deportación por el programa DACA, impulsado por el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).
Después de que Trump decidiera poner fin a esta acción ejecutiva en septiembre pasado, dio de plazo hasta marzo al Congreso para buscar una solución legislativa, algo sobre lo que no se han logrado avances desde un Capitolio controlado por los republicanos.
Los demócratas exigen que se cumpla esta premisa si los conservadores quieren contar con su apoyo para lograr la financiación, imprescindible dada la escasa ventaja republicana en el Senado, donde tienen 52 asientos, por los 60 votos necesarios para avanzar en esta materia.
En un comunicado posterior a la reunión, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, indicó que los líderes republicanos dejaron claro que las negociaciones sobre inmigración “deben manejarse” por “un camino separado”.
Unas horas antes del encuentro, Pelosi fue muy clara y rechazó el voto forzado para hoy por los republicanos de la Cámara Baja para extender los fondos por dos semanas más.
“No nos vamos de aquí sin una solución para DACA”, dijo la congresista al referirse al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
“La razón: porque la propuesta republicana no hace nada sobre la crisis de opiáceos, nada sobre la financiación de los veteranos, nada sobre DACA, ni sobre financiación para emergencia por desastres naturales”, agregó la legisladora.
Según Sanders, Trump no está dispuesto a ceder en esta materia salvo que el paquete de medidas incluya alguna de sus exigencias sobre seguridad fronteriza, en velada alusión a la financiación del polémico muro con México.
El miércoles, Trump reconoció que el cierre del Gobierno podría producirse el sábado y le echó la culpa a los demócratas por su insistencia en incluir la cuestión migratoria en el pacto.
La última vez que hubo un cierre gubernamental fue en 2013, cuando, forzado por el senador ultraconservador Ted Cruz, el Congreso no aprobó los presupuestos para el siguiente año fiscal por las exigencias republicanas de derogar la reforma sanitaria de Obama.
Raquel Godos
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.