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Congreso de EEUU abre mañana un nuevo capítulo en el juicio político a Trump
Agencia Efe
President Donald Trump listens during a signing ceremony for criminal justice reform legislation in the Oval Office of the White House on Dec. 21, 2018, in Washington.
ESTADOS UNIDOS.- La Cámara de Representantes de EE.UU., de mayoría demócrata, abrirá mañana jueves un nuevo capítulo en el proceso de juicio político contra el presidente, Donald Trump, con la votación de una resolución que sirve para definir “las reglas de juego” y contra la que ya se han posicionado los republicanos.
La iniciativa definirá la hoja de ruta en el procedimiento de destitución contra Trump, acusado de haber usado todo el poder de la Presidencia de EE.UU. para presionar al Gobierno ucraniano y obligarle a investigar a la familia del exvicepresidente Joseph Biden, un potencial rival electoral.
El objetivo de Trump supuestamente era perjudicar a Biden de cara a las elecciones de 2020, en las que parte como uno de los favoritos para llevarse la nominación presidencial demócrata.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESA RESOLUCIÓN?
La iniciativa, cuyo contenido fue desvelado el martes, definirá las “reglas del juego” en el proceso de juicio político contra Trump. Es decir, establece cuándo las audiencias y los interrogatorios a testigos serán públicos, así como las normas que garantizarán que el mandatario tiene un procedimiento justo.
Con su aprobación, la investigación sobre el juicio político entrará en “su fase pública”, tal y como figura en el texto.
De momento, las vistas han sido privadas y la información que obtienen los medios procede, en su mayoría de filtraciones de legisladores; pero, a partir de ahora, los forcejeos entre los demócratas y los abogados de Trump podrán ser retransmitidos en vivo por las mayores cadenas de televisión del país, como CBS y CNN.
Los demócratas esperan que el bombardeo constante de noticias negativas sobre Trump repercuta en los estadounidenses, cuya opinión sobre el juicio político está divida en líneas partidistas: el 84% de los demócratas respalda el procedimiento, mientras que solo un 11% de los republicanos lo apoya, según un promedio de encuestas elaborado por la web FiveThirtyEight.
¿FIJA PLAZOS? ¿CUÁNDO SERÁ EL JUICIO POLÍTICO A TRUMP?
La iniciativa no establece cuándo comenzaría el largo proceso de destitución: primero la Cámara de Representantes debe dar luz verde al inicio del juicio político, que se celebraría en el Senado, donde dos tercios de los senadores deben votar a favor de la destitución de Trump y, si no, sería exonerado.
En un principio, los demócratas querían que el voto de la Cámara de Representantes fuera el 28 de noviembre; pero, después de la gran cantidad de testigos que han pedido declarar, ahora se espera que ese voto sea más tarde, lo que podría posponer hasta enero o febrero el juicio político en el Senado.
Eso podría sacudir el proceso electoral, pues las primarias de los dos partidos comienzan en febrero, primero en el estado de Iowa y luego en Nuevo Hampshire.
Se espera que la Cámara de Representantes apruebe sin problemas el juicio político contra Trump porque los demócratas tienen mayoría; pero en el Senado los republicanos ocupan la mayor parte de los escaños y, de momento, no hay suficientes disidentes para que la iniciativa salga adelante.
LOS REPUBLICANOS, LA MEJOR DEFENSA ES UN BUEN ATAQUE
La Casa Blanca y el liderazgo republicano del Congreso de EE.UU. han cerrado filas para defender a Trump.
El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, hoy dio un largo discurso en esa cámara para criticar la resolución de los demócratas y acusarles de haber intentado negar al mandatario el derecho a un juicio justo.
“(Los demócratas) han negado el debido proceso al presidente Trump y están eliminado a sus abogados del proceso de una manera sin precedentes”, arremetió McConnell.
En realidad, la resolución permite a la defensa del mandatario acudir a las audiencias, aportar pruebas e interrogar a los testigos.
MÁS PRUEBAS CONTRA TRUMP
Los demócratas siguen recopilando pruebas contra Trump y hoy pidieron al exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que testifique a puerta cerrada, de acuerdo a fuentes familiarizadas con el asunto que citan varios medios, como The Washington Post.
Bolton supuestamente se posicionó en contra de los intentos de Trump y del abogado personal del gobernante, Rudy Giuliani, para obligar al Ejecutivo ucraniano a investigar a Biden.
Además, según informó hoy CNN, el teniente coronel del Ejército Alexander Vindman, que testificó este martes, estaba convencido de que Trump personalmente bloqueó 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania para forzar a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, a investigar a Biden.
Vindman es un testigo clave de la investigación porque escuchó directamente la llamada telefónica del 25 de julio entre Trump y Zelenski, que desencadenó el proceso de destitución.
Foto: Fuente externa
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
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CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.