Latinoamericanas
Congreso guatemalteco frena avance de polémicas reformas a favor de políticos
Congreso guatemalteco frena avance de polémicas reformas a favor de políticos
AP
CIUDAD DE GUATEMALA. Las reformas al Código Penal realizadas por el Congreso de Guatemala, y que despertaron la ira de miles de guatemaltecos porque al tratar de quitar responsabilidad a políticos que cometieran financiamiento electoral ilícito también librarían de prisión a quienes cometieran al menos unos 400 delitos tipificados en ley, fueron derogadas el viernes.
Con 130 votos (el total de los asistentes) a favor de 158 diputados, los legisladores aprobaron suspender en definitiva la reforma de tres artículos del Código Penal. Los cambios a la ley se hicieron unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder en 2016.
Miles de manifestantes rodearon durante 12 horas las instalaciones del Congreso y no permitieron la salida de los diputados del palacio legislativo tras la sesión de revocatoria de las reformas, exigiendo que renunciaran por los cambios hechos a la ley. A la media noche del viernes, nueve horas después de finalizada la sesión, un grupo de 200 policías antimotines evacuó a los diputados, lanzando gas pimienta contra los manifestantes que aún permanecían en el lugar.
A su salida, la diputada Alejandra Carrillo del partido Movimiento Reformador, hizo señas obscenas a manifestantes, encendiendo la ira de éstos.
Los bomberos atendieron a varios civiles intoxicados con el gas lanzado por la policía.
El mecanismo para derogar se conoce como Precedente Legislativo y sirve para regular los procedimientos que pueden aplicarse a decretos que reciban objeciones. En este caso, según el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, varios diputados objetaron el decreto.
Las manifestaciones de miles de guatemaltecos y la rabia expresada por ellos logró no solo que los diputados dieran marcha atrás, sino que además varios de ellos pidieran disculpas públicas “por el error” cometido. Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), uno de los partidos impulsores de la reforma, fue una de las legisladoras que aseguró que aprobó las reformas con conocimiento de causa.
“Por eso pido perdón”, dijo.
“¡No nos vamos hasta que renuncien!” y “¡Depuremos el Congreso!” eran algunas de las frases que miles de manifestantes gritaban el viernes a las afueras del Congreso.
La diputada de oposición, Nineth Montenegro, quién voto en contra de las polémicas reformas dijo al pleno: “Ojala que desde hoy, si es que nos dejan terminar el periodo, leamos bien las iniciativas para evitar el descontento que ahora hay”.
Antes de que las reformas fueran derogadas por el Congreso, la Corte de Constitucionalidad ya había hecho una suspensión provisional de las mismas con un recurso legal aduciendo que los cambios ponían en riesgo el sistema de justicia del país.
Los legisladores habían acordado reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurriera en el delito de financiamiento ilícito y en paralelo aprobaron que una sentencia de una década de cárcel pueda ser conmutada por una multa.
La indignación de la población evoca a la suscitada en 2015 cuando miles de personas pidieron la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de actos de corrupción. Ambos renunciaron a sus cargos y están presos a la espera de saber si irán a juicio.
Tras la convulsión política llegó al poder el presidente Jimmy Morales, que con poca experiencia política y después de ser un comediante de televisión ganó popularidad con el lema “Ni corrupto, ni ladrón”. El partido que lo apoyó —el Frente de Convergencia Nacional (FCN), fundado por exmilitares, algunos acusados de crímenes de lesa humanidad— fue uno de los impulsores de los cambios legales.
Las reformas fueron aprobadas unos días después de que la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaran a Morales de financiamiento electoral ilícito durante la campaña política que lo llevó al poder en 2016.
Tras la acusación, el mandatario ordenó la expulsión del titular de ésta última, lo que lo volvió blanco de críticas dentro y fuera del país ante lo que varios consideraron un intento de protegerse. Finalmente, la Corte Constitucional detuvo la salida del país del comisionado.
Esta semana también se conoció que el mandatario recibió durante nueve meses un sobresueldo de 61.000 dólares de parte del ejército. La Contraloría General de Cuentas, que investiga el pago, lo obligó a devolver el dinero.
Latinoamericanas
Fuerzas de seguridad haitianas lanzan operación en el barrio del jefe pandillero haitiano Barbecue
Agencia Efe
Puerto Príncipe, Haití.-La Policía Nacional de Haití, apoyada por las tropas internacionales de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), está llevando a cabo una operación este miércoles en el barrio donde vive el conocido jefe de la banda criminal ‘Viv Ansanm‘, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, ubicada en el centro de Puerto Príncipe.
De acuerdo con un comunicado de la Policía de Haití, esta operación en Delmas 6 «tiene como objetivo desmantelar a los bandidos terroristas que ocupan este barrio, al fin de restablecer la paz».
Desde hace varias semanas las autoridades haitianas están realizando operaciones en el centro de la capital, en zonas controladas por las pandillas.
Jimmy Cherizier, alias Barbecue, por quien Estados Unidos elevó el pasado agosto la recompensa hasta los cinco millones de dólares, es el más notorio líder de las bandas armadas en Haití, donde han desencadenado el caos con miles de muertos.
Durante 14 años sirvió como agente de la Policía Nacional, institución a la que ingresó inicialmente por cuestiones meramente económicas, aunque también sentía vocación por el servicio, según ha dicho públicamente.
Estados Unidos considera a Barbecue «el líder pandillero responsable de odiosos abusos a los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití».
El país caribeño atraviesa desde hace años una grave crisis social y de seguridad, con más de 16.000 personas muertas a consecuencia de la violencia de las bandas armadas desde inicios de 2022.
Si bien los ataques de los grupos armados han disminuido en Puerto Príncipe, continúan en nuevas regiones, perpetrando masacres, robos y violaciones colectivas, llevando a miles de personas a huir de sus hogares para ir a vivir a campos de desplazados en condiciones inhumanas.
Todo esto a pesar de la presencia de tropas internacionales, primero de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS), ya extinta, y ahora de la GSF.
La GSF, aprobada el 30 de septiembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para un mandato inicial de 12 meses, contará con hasta un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares, asistidos por 50 civiles.
A pesar de la situación de inseguridad, tras casi cinco años sin un Gobierno electo en las urnas, en noviembre pasado, el Consejo Electoral Provisional de Haití aprobó que las elecciones generales se celebren el 30 de agosto de 2026 y que, en caso de una segunda vuelta, esta se realice el 6 de diciembre.
CARACAS.- La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha confirmado la excarcelación de otras cuatro personas presas en el país latinoamericano, por lo que ya son 16 las personas liberadas por el Gobierno de Venezuela en las últimas 48 horas.
El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha informado que los excarcelados este sábado son Diógenes Omar Angulo, Luis Fernando Junior Sánchez, Yanny Esther González –presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería en el estado de Barinas– y Luis Aquiles Rojas, que se suman a las otras personas liberadas este sábado.
«Excarcelada en Barinas la enfermera Yanny Esther González Terán, arbitrariamente detenida el 22 (de julio de 2025)», ha indicado Himiob en su cuenta de la red social X, emitiendo una aviso por cada preso liberado.
Este viernes la mencionada ONG anunció la puesta en libertad de nueve encarcelados, entre ellos cinco españoles, quienes ya se encuentran en territorio español.
Igualmente, el vicepresidente de Foro Penal ha indicado que «no es momento de pedir a los excarcelados, aunque no estén ya en Venezuela, que declaren», a pesar de que «se entiende la necesidad de información». Himiob ha remarcado que muchas personas se encuentran todavía encarceladas y que la prioridad deber ser su libertad.
Por su parte, el opositor Edmundo González Urrutia ha denunciado que no han sido liberados «ni el 1 por ciento» del total de presos políticos encarcelados en las prisiones de Venezuela.
Foro Penal estima que ahora mismo hay unos 804 presos en esta condición en las cárceles del país, entre ellos 86 extranjeros (17 con doble nacionalidad hispanovenezolana).
of-am
Agencia AFP
Caracas.-Delcy Rodríguez fue investida el lunes como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar.
«Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos», dijo Rodríguez en su juramento. «Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos».
Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.