Latinoamericanas
Congreso guatemalteco frena avance de polémicas reformas a favor de políticos
Congreso guatemalteco frena avance de polémicas reformas a favor de políticos
AP
CIUDAD DE GUATEMALA. Las reformas al Código Penal realizadas por el Congreso de Guatemala, y que despertaron la ira de miles de guatemaltecos porque al tratar de quitar responsabilidad a políticos que cometieran financiamiento electoral ilícito también librarían de prisión a quienes cometieran al menos unos 400 delitos tipificados en ley, fueron derogadas el viernes.
Con 130 votos (el total de los asistentes) a favor de 158 diputados, los legisladores aprobaron suspender en definitiva la reforma de tres artículos del Código Penal. Los cambios a la ley se hicieron unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder en 2016.
Miles de manifestantes rodearon durante 12 horas las instalaciones del Congreso y no permitieron la salida de los diputados del palacio legislativo tras la sesión de revocatoria de las reformas, exigiendo que renunciaran por los cambios hechos a la ley. A la media noche del viernes, nueve horas después de finalizada la sesión, un grupo de 200 policías antimotines evacuó a los diputados, lanzando gas pimienta contra los manifestantes que aún permanecían en el lugar.
A su salida, la diputada Alejandra Carrillo del partido Movimiento Reformador, hizo señas obscenas a manifestantes, encendiendo la ira de éstos.
Los bomberos atendieron a varios civiles intoxicados con el gas lanzado por la policía.
El mecanismo para derogar se conoce como Precedente Legislativo y sirve para regular los procedimientos que pueden aplicarse a decretos que reciban objeciones. En este caso, según el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, varios diputados objetaron el decreto.
Las manifestaciones de miles de guatemaltecos y la rabia expresada por ellos logró no solo que los diputados dieran marcha atrás, sino que además varios de ellos pidieran disculpas públicas “por el error” cometido. Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), uno de los partidos impulsores de la reforma, fue una de las legisladoras que aseguró que aprobó las reformas con conocimiento de causa.
“Por eso pido perdón”, dijo.
“¡No nos vamos hasta que renuncien!” y “¡Depuremos el Congreso!” eran algunas de las frases que miles de manifestantes gritaban el viernes a las afueras del Congreso.
La diputada de oposición, Nineth Montenegro, quién voto en contra de las polémicas reformas dijo al pleno: “Ojala que desde hoy, si es que nos dejan terminar el periodo, leamos bien las iniciativas para evitar el descontento que ahora hay”.
Antes de que las reformas fueran derogadas por el Congreso, la Corte de Constitucionalidad ya había hecho una suspensión provisional de las mismas con un recurso legal aduciendo que los cambios ponían en riesgo el sistema de justicia del país.
Los legisladores habían acordado reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurriera en el delito de financiamiento ilícito y en paralelo aprobaron que una sentencia de una década de cárcel pueda ser conmutada por una multa.
La indignación de la población evoca a la suscitada en 2015 cuando miles de personas pidieron la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de actos de corrupción. Ambos renunciaron a sus cargos y están presos a la espera de saber si irán a juicio.
Tras la convulsión política llegó al poder el presidente Jimmy Morales, que con poca experiencia política y después de ser un comediante de televisión ganó popularidad con el lema “Ni corrupto, ni ladrón”. El partido que lo apoyó —el Frente de Convergencia Nacional (FCN), fundado por exmilitares, algunos acusados de crímenes de lesa humanidad— fue uno de los impulsores de los cambios legales.
Las reformas fueron aprobadas unos días después de que la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaran a Morales de financiamiento electoral ilícito durante la campaña política que lo llevó al poder en 2016.
Tras la acusación, el mandatario ordenó la expulsión del titular de ésta última, lo que lo volvió blanco de críticas dentro y fuera del país ante lo que varios consideraron un intento de protegerse. Finalmente, la Corte Constitucional detuvo la salida del país del comisionado.
Esta semana también se conoció que el mandatario recibió durante nueve meses un sobresueldo de 61.000 dólares de parte del ejército. La Contraloría General de Cuentas, que investiga el pago, lo obligó a devolver el dinero.
CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, experimenta una creciente soledad diplomática en América Latina tras las derrotas electorales de dos de sus principales aliados regionales: los oficialismos en Honduras y San Vicente y las Granadinas, en un contexto en el que persiste la tensión con Estados Unidos debido al despliegue militar en el Caribe.
En Honduras, los resultados preliminares de los comicios del domingo pasado muestran que Rixi Moncada, apoyada por la presidenta Xiomara Castro -aliada de Maduro-, cayó al tercer lugar sin posibilidades de revertir la tendencia. El conteo está centrado entre dos candidatos de derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura, este último respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos prometieron romper relaciones con el régimen de Maduro.
CAMBIO DE MANDO EN SAN VICENTE
En San Vicente y las Granadinas, el primer ministro Ralph Gonsalves, reconocido por su respaldo a Venezuela, perdió el poder tras casi un cuarto de siglo. El gobierno del país pasó a manos de Godwin Friday, político de centroderecha cuyo partido logró 14 de los 15 escaños parlamentarios.
Incluso las naciones gobernadas por líderes progresistas o de centroizquierda, como Brasil, Chile, México y Colombia, restringieron su relación con el régimen de Maduro. Y lo hicieron, fundamentalmente, tras los cuestionados comicios de 2024 en los que se proclamó su reelección pese a denuncias de irregularidades.
ARGENTINA
Los vínculos diplomáticos entre Venezuela y Argentina se cortaron casi por completo con el triunfo de Mauricio Macri en 2015 y quedaron prácticamente sin restablecer tras la llegada al poder del actual presidente, Javier Milei. A esto se suma el distanciamiento de otras naciones de la región que migraron hacia gobiernos de derecha en el último tiempo, entre ellas Ecuador, El Salvador y Bolivia.
BRASIL
En cuanto a Brasil, el lazo bilateral osciló entre etapas de cooperación durante los mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y graves tensiones bajo administraciones de derecha. El regreso de Lula al Palacio del Planalto reabrió el diálogo con Caracas, aunque sin alcanzar el nivel de cercanía anterior.
CUBA
Si la crisis en el Caribe se profundiza, Venezuela dispone de pocos aliados activos en el continente. El gobierno de Cuba continúa manifestando su respaldo a Maduro. El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, afirmó en diálogo con CNN a fines de septiembre que la isla “apoya de forma plena y completa” a Caracas.
Al ser consultado sobre una posible acción militar en apoyo a Venezuela, Rodríguez declaró que “es un escenario hipotético. Cuando me informen que ha ocurrido una intervención militar, le haré saber la respuesta”.
El régimen cubano enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia reciente, lo que limita su capacidad de asistencia efectiva.
NICARAGUA
El otro socio relevante que le queda a Venezuela es Nicaragua, encabezada por los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los mandatarios, que cargan con denuncias de atropellos a los derechos humanos, adoptaron una postura reservada y brindaron escaso soporte a Caracas. No obstante, en septiembre, Ortega denunció el incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y acusó a Washington de buscar “apoderarse del petróleo venezolano, fingiendo que la droga proviene de ese país”.
La posición de Estados Unidos ha determinado el marco actual. El Pentágono desplegó más de una docena de barcos de guerra y alrededor de 15.000 efectivos en la región bajo la operación conocida como “Lanza del Sur”.
jt-am
La Habana (EFE).- Un apagón masivo en la mitad occidental de Cuba dejó este miércoles a unos 3,5 millones de personas sin corriente eléctrica, incluida La Habana, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
El fallo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se produjo sobre las 5.00 de la mañana hora local (9.00 GMT) por motivos que por el momento no se han divulgado, después de días con tasas récord de déficit de generación que ya estaban provocando prolongados apagones diarios. De acuerdo con las autoridades, el corte masivo afecta a cuatro provincias: Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.
El lunes, el 59 % del país sufrió apagones de forma simultánea por el déficit en la generación. Se trató de la mayor tasa desde que se cuenta con registros diarios.
Profunda crisis energética
Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del país para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación con fueloil y diesel.
En el último año, el SEN ha sufrido cinco colapsos totales -en algunos de ellos, el restablecimiento tardó días en lograrse- y varios parciales, el último en octubre.
La delicada situación energética de la isla está provocando que los cortes diarios, un problema de años, se extiendan hasta más de 20 horas o más al día en extensas áreas del país.
Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.
an/am
Latinoamericanas
México reporta 23 defunciones y 5.231 casos asociadas al brote de sarampión desde febrero
Ciudad de México.-La Secretaría de Salud (SSa) de México reportó que hasta la fecha se registran 23 defunciones y 5.231 casos de sarampión en el país asociadas al primer brote que ocurrió en febrero.
En un comunicado, la dependencia indicó que del total de casos «sólo 64 permanecen activos al día de hoy y se distribuyen en seis estados: Chihuahua, Estado de México Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca».
Además, dijo que es importante señalar que «la curva de contagios ha mostrado descenso importante», resultado de las acciones intensivas de vigilancia epidemiológica, la búsqueda intencional de casos, el seguimiento de contactos y la aplicación de cercos vacunales en las zonas afectadas.
«Hasta la fecha, se han aplicado 9,76 millones dosis de la vacuna triple viral y SR, lo que ha permitido ampliar la protección de la población susceptible y fortalecer el control del brote», apuntó la SSa.
Además, dijo que se enviaron equipos de respuesta rápida a las zonas afectadas, se llevan a cabo visitas domiciliarias y se mantienen sesiones permanentes de los consejos estatales de vacunación.
El pasado 13 de noviembre, el epidemiólogo y especialista en vacunación Rodrigo Romero, advirtió que México enfrenta un “riesgo muy grande” de perder en febrero de 2026 la certificación de eliminación del sarampión, un reconocimiento que otorga la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuando una región demuestra la interrupción de la transmisión del virus durante doce meses.
En entrevista con EFE, el experto explicó que, para conservar la acreditación, el país no debe registrar contagios sostenidos hasta febrero próximo, un escenario que parece lejano tras el brote iniciado en Chihuahua en febrero de 2025, que acumula más de 5.000 casos confirmados de sarampión y 23 defunciones.
El especialista atribuyó la crisis a una “tormenta perfecta” provocada por más de una década de debilitamiento del programa nacional de inmunizaciones.