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Legisladores acogen observaciones del Poder Ejecutivo a Ley del TSE
Santo Domingo, R.D.-El pasado 22 de mayo, el Congreso Nacional convirtió en ley un proyecto que tenía el objetivo de transformar el marco legislativo del Tribunal Superior Electoral, contenido en la Ley 29-11. Parte de las nuevas iniciativas de la propuesta legislativa consistía en otorgar potestad a la alta corte de conocer conflictos de carácter electivo que se produzcan en distintos gremios.
Sin embargo, la propuesta de modificación fue observada por el presidente Luis Abinader el pasado seis de junio, a través de una carta remitida al presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, en la cual recomendó la eliminación de ese atribución en modificación legislativa.
Este miércoles, la Cámara de Diputados terminó el procedimiento legislativo, permitiendo que las recomendaciones del Gobierno sean acogidas, luego de que la cámara alta aprobará el pasado 10 de junio, en una única lectura, la petición del jefe del Estado.
Para el mandatario, el TSE no debería conocer impugnaciones a elecciones de colegios gremiales profesionales, precisando que la “justificación jurídica” de esta atribución interpuesta por el Congreso Nacional resulta precaria.
“Los colegios gremiales no son organizaciones políticas, ni los derechos de sus miembros envueltos en sus elecciones gremiales constituyen derechos de ciudadanía políticos-electorales. Los colegios gremiales, resguardan el derecho a la asociación, a la reunión y al debido proceso, jamás equiparable a los derechos a la participación política”, afirmó el gobernante, recordando la sentencia TC/0307/17 emitida en junio de 2017 por el TC.
Ante esta situación, el Poder Ejecutivo entiende que la solución es eliminar del proyecto de ley aprobado el numeral 10 del artículo 12, donde adiciona esta competencia.
Sin embargo, en el marco de la discusión sobre la revisión de las candidaturas independientes y previendo que el procedimiento aprobado indique que las mismas sean presentadas a través de entidades civiles, el presidente sugirió al Poder Legislativo limitar el numeral dos del artículo 12 aprobado en el proyecto de ley, para que el TSE “solo y exclusivamente” pueda sesionar sobre aquellos conflictos internos registrados en las organizaciones cívicas en caso de afectarse derechos políticos-electorales.
La nueva ley que regulará esta figura electoral aún no ha sido aprobada por el Poder Legislativo. No obstante, cumplirá el dictamen del Tribunal Constitucional que ordena eliminar la necesidad de presentarse a través de una organización política.
Abinader por igual considera que la remuneración que devengarían los integrantes plenarios del TSE provocaría un “desnivel salarial entre los jueces del TSE y los miembros de la Junta Central Electoral (JCE)”.
Alegando que este incremento, “equivalente a un 46% del sueldo actual”, contradice los topes máximos de salarios en el sector público según el ámbito de actuación de los funcionarios públicos.
“En el caso del sector electoral, se establece en su artículo 12 numeral 4 de la (Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado), que el presidente del Tribunal Superior Electoral, presidente de la Junta Central Electoral, (pueden recibir) hasta RD$375,000”, indicó Abinader en la misiva.
El jefe del Estado aseguró que esta variedad en ingreso laboral implicaría “desconocer” fundamentos esenciales de la política salarial del Estado, como es el principio de equidad salarial.
“Los ajustes salariales deben beneficiar al universo de los servidores públicos de una institución, descartando cualquier excepción de manera exclusiva. El ajuste salarial excluye a los demás servidores del TSE”, afirmó, evidenciando que solo referiría un beneficio para los principales magistrados del Tribunal.
La Presidencia no alteró el derecho que tendrían los magistrados de recibir un arma corta de cualquier calibre, suministrada por el Estado, para su defensa personal, acompañado de una custodia y familiar con carácter permanente.
También, mantuvo que el permiso a los jueces del TSE de importar un vehículo de motor con exoneración, liberándolos del pago de impuestos arancelarios, tributos de primera placa y Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), «así como cualquier otro tipo de tasa, impuesto, carga o gravamen».
“Los jueces del Tribunal Superior Electoral tendrán derecho a placas oficiales rotuladas para el uso en los vehículos personales, durante sus años de servicio, así como también de los vehículos de motor a su cargo”, instruye el artículo 45.
Partidos Políticos
Aunque los partidos políticos no son entes administrativos, la determinación de un plazo de respuesta, tras el cual se habilite la vía jurisdiccional ante el TSE, constituiría una conveniente garantía al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva.
Es por esta razón que el presidente Abinader sugirió que la norma indique “la obligación de los partidos políticos” de establecer un plazo de 30 días para el conocimiento de impugnaciones en la dirigencia.
“El TSE no tiene potestad sobre Juntas Electorales”
En el proyecto de ley aprobado, los representantes también intentaron incluir dentro de la lista de competencias que tienen las Juntas Electorales otras que sean asignadas por el TSE.
Pero, según entiende la Presidencia, el TSE no debería atribuir competencias a otros órganos jurisdiccionales porque este es un tema de “configuración legislativa”, por lo que ordenaron su eliminación.
Santo Domingo, R.D.-Una medida precautoria solicitada por la Direccion General de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue acogida este lunes por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
- De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud presentada por la institución.
La acción judicial fue interpuesta por la DIDA luego de que Andeclip anunciara que suspendería los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben las clínicas privadas por parte de las administradoras de riesgos de salud.
Tras la decisión del tribunal, la DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a permanecer en la mesa de diálogo coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
- La institución reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y debe ser atendido, pero insistió en que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, sin afectar la atención de los afiliados.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión como una garantía para las familias dominicanas.
«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud. Reiteramos nuestro llamado al diálogo: el camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios», expresó.
El Tribunal Superior Administrativo fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 15 de julio, cuando continuará el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la DIDA.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada en el Gran Santo Domingo, las cuales son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.
En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.
Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.
La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.
Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.
Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.
Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan «RD Se Mueve», impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.
Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.
La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.
Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.
La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.
Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.
La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Santo Domingo.- La meta es aprobar el Codigo Penal antes de que la ley entre en vigor, cuya declaración fue ofrecida por el Presidente Luis Abinader, quien agregó que el Gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal.
“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, declaró en una entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo de Medios Corripio.
Definió el proyecto aprobado como un “punto de partida”. Recordó que el Código fue sancionado tras quince años en el Congreso Nacional y, al promulgarse, se le fijó una «vacatio legis» de un año precisamente para hacer ajustes. “Ese plazo es el que ahora corre”, dijo y sobre esa base el Poder Ejecutivo depositó en las càmaras legislativas un texto consensuado y los legisladores dieron plazo hasta el miércoles para recibir sugerencias de otros sectores.
Entre los puntos a modificar, Abinader destacó los artículos sobre expresión y difusión del pensamiento, los que más ruido generaron. Aclaró que no son los únicos: hay cambios “de forma y algunas también de fondo” que la consultoría jurídica ya había advertido hace meses.
El presidente hizo autocrítica por los tiempos. “En eso hacemos mea culpa”, admitió, y repartió la responsabilidad entre Gobierno y sociedad civil por no revisar la norma apenas fue aprobada. Aun así, defendió que el proceso no fue improvisado: los contactos con sectores llevan dos meses, las discusiones sobre modificaciones unas cinco semanas, y hace dos semanas conversa directo con comunicadores. “En esas modificaciones todos estamos de acuerdo”, aseguró.
Sobre la llamada “ley mordaza”, Abinader rechazó que el Ejecutivo busque limitar la libertad de expresión. Recordó que un proyecto anterior sobre difusión del pensamiento fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a especialistas, y el consenso salió de ellos “sin que yo le pusiera ni una coma”.
“Si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, sostuvo, y citó como prueba la reforma constitucional para impedir reelecciones indefinidas.
Reveló que él y su familia reciben calumnias a diario en redes, pero prefiere “poner una piel de cocodrilo” antes que prohibir. “Lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, sobre todo las que exponen problemas o corrupción. La fórmula que se discute busca proteger tanto la libre expresión como el honor de las personas. Afirmó que le interesa poder expresarse libremente cuando salga del gobierno en 2028.
Abinader señaló que la controversia actual no se vio cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, recordó. Los “puntos calientes” de entonces eran otros, como las tres causales. Destacó que la pieza aumentó penas contra el crimen organizado y la corrupción, y llenó “muchísimos vacíos” del viejo código, por eso tuvo respaldo amplio.
En lo económico, defendió el plan anticrisis como “progresivo”: elimina el anticipo mensual para pymes desde enero, quitó el impuesto a nuevas empresas, bajó el sucesoral de 27% a 3% y retiró el gravamen a seguros de vida en el exterior. Los aumentos, dijo, recaen en empresas que venden más de mil millones y salarios sobre 400 mil pesos, mientras que los sueldos menores tendrán indexación.
Descartó una reforma fiscal integral: “Aquí no hay condiciones”. Gobernó con pandemia, guerra en Ucrania y la crisis haitiana, y aun así el país crece más de 4%, solo detrás de Guyana.
Sobre combustibles, negó alzas fuertes: se movieron 16% cuando el crudo subió 80%. El subsidio anual “se agotó en mayo” porque el país importa 70% de los líquidos. Anunció que se publicará “la fórmula” para transparentar el cálculo y reiteró que hace dos semanas bajan gasolina, gasoil y GLP.
sp-am