Internacionales
Conmoción mundial por el ataque a un hospital de la ciudad de Gaza
PALESTINA.- El ataque que se produjo este martes contra el hospital Al-Ahli, ubicado en la ciudad de Gaza, dejó al menos 500 muertos, según informó Hassan Khalaf, director médico de otro hospital.
Desde Palestina acusaron a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de perpetrar el ataque contra el lugar. Tras la agresión, calificada por el vocero de la Defensa Civil de Palestina, Mahmoud Basal, de «sin precedentes en la historia» de la nación y «de equivalente a un genocidio», se declararon tres días de luto.
Por su parte, las FDI afirmaron que la explosión fue provocada por el fallido lanzamiento de un misil disparado por la Yihad Islámica palestina. Aseguraron que, tras una revisión adicional de sistemas de operaciones e inteligencia, «está claro que las FDI no atacaron el hospital en Gaza».
Varios países y organizaciones condenaron el ataque y pidieron a Israel que dejara de atacar a la población civil de la Franja de Gaza. Además, exigieron a la comunidad internacional que contribuya a poner fin a un conflicto que ya se ha cobrado miles de vidas.
TURQUIA
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, condenó el ataque israelí contra el hospital. «Atacar un hospital con mujeres, niños y civiles inocentes es el último ejemplo de los ataques de Israel, carentes de los valores humanitarios más básicos», escribió el líder turco en su cuenta de X (anteriormente Twitter).
El mandatario llamó a «toda la humanidad» a actuar para detener la «atrocidad sin precedentes» en la Franja de Gaza.
El Ministerio de Asuntos Exteriores turco calificó el ataque israelí de «barbárico». «Estamos profundamente indignados por el hecho de que cientos de palestinos hayan perdido la vida y muchos más hayan resultado heridos como consecuencia del ataque perpetrado hoy contra un hospital en Gaza», indicó en un comunicado.
El Ministerio subraya que es «inevitable» que los responsables de ordenar ataques directamente contra civiles, hospitales y escuelas tengan que «rendir cuentas ante el derecho internacional».
EGIPTO
El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio exigió que «Israel ponga fin de inmediato a sus políticas de castigo colectivo contra el pueblo de la Franja de Gaza».
«Egipto considera este bombardeo deliberado de instalaciones y objetivos civiles una grave violación de las disposiciones del derecho internacional y humanitario y de los valores más básicos de la humanidad», dice el comunicado.
El rey Abdalá II de Jordania culpó a Israel del ataque con cohetes contra el hospital de Gaza. El monarca considera que se trata de un «atroz crimen de guerra que no puede tolerarse».
Asimismo, indicó que Israel debe «poner fin de inmediato a su brutal agresión contra Gaza, que es incompatible con los valores humanitarios y morales, y constituye una flagrante violación de las normas del derecho internacional humanitario», dice una declaración de la Corte Real de Jordania.
IRAN
El presidente iraní, Ebrahim Raisi, condenó el ataque y declaró que «las llamas de las bombas estadounidense-israelíes lanzadas sobre las cabezas de los palestinos heridos oprimidos en el hospital de Gaza devorarán pronto a los sionistas». El mandatario iraní calificó el ataque de «crimen de guerra».
RUSIA
El expresidente de Rusia y actual vicejefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, declaró que el ataque «horrible» perpetrado este martes contra el hospital Al-Ahli de Gaza representa «sin duda un crimen de guerra».
«Y la responsabilidad final de ello recae sobre aquellos que cínicamente ganan [dinero] en guerras en diversos países y diversos continentes. Aquellos que reparten sin pensar colosales [cantidades de] dinero para armas, cargando de trabajo su complejo militar-industrial. Aquellos que hablan falsamente de su misión global para defender valores democráticos. Estados Unidos», escribió en su canal de Telegram.
CANADA
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, condenó el ataque y subrayó la importancia de respetar las leyes de la guerra. «Las noticias que llegan de Gaza son horribles y absolutamente inaceptables. El derecho internacional debe respetarse en este y en todos los casos. Hay normas en las guerras y no es aceptable atacar un hospital», declaró.
CATAR
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar emitió un comunicado en que condenó el ataque aéreo israelí y calificó de «peligrosa escalada» la ampliación de los ataques israelíes a hospitales, escuelas y otros centros de población en la Franja de Gaza.
Catar señaló que considera el bombardeo como «una masacre brutal, un crimen atroz contra civiles indefensos y una violación flagrante de las disposiciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario».
ARABIA SAUDITA
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita calificó de «crimen abominable» el ataque de las FDI contra el hospital.
CUBA
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, también se pronunció sobre el ataque mortífero al hospital.
«Condenamos en los términos más enérgicos el criminal bombardeo de Israel vs. Hospital Al Ahli en Gaza, que ha provocado al menos 600 muertos y cientos de heridos», escribió Rodríguez en la red social X. «Este repudiable hecho constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario», subrayó.
VENEZUELA
El Gobierno de Venezuela expresó su «más enérgica condena» al bombardeo del hospital Al-Ahli. En un comunicado difundido por la Cancillería, se calificó la acción como un «acto inhumano e injustificable, que se suma a la larga lista de crímenes cometidos en los últimos días contra la población civil en Gaza», consistente con «la política de ‘apartheid’, agresión y exterminio que el Estado de Israel ha venido perpetrando contra el pueblo palestino».
CHILE
El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó el ataque contra el hospital Al-Ahli en la Franja de Gaza.
«Quiero decir, como presidente de Chile, que los atentados inaceptables y brutales perpetrados por Hamás no justifican bajo ningún punto de vista la barbarie que el Estado de Israel está llevando adelante en Gaza», indicó el mandatario, citado por medios chilenos.
Asimismo, agregó que la ofensiva israelí está «afectando principalmente a población civil, desarmada, indefensa» en el enclave palestino.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile argumentó que el ataque al centro hospitalario «constituye una grave violación al derecho internacional y al derecho internacional humanitario», que «deben ser respetados sin excepción». «Este hecho puede constituir un crimen de guerra que debe ser investigado por las autoridades nacionales e internacionales competentes», precisó.
INDONESIA
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia condenó «enérgicamente el ataque israelí al hospital Al-Ahli en Gaza, que ha matado a cientos de civiles».
«El ataque viola claramente el derecho internacional humanitario», enfatizó la cartera diplomática en su cuenta de X, reclamando que «se abran inmediatamente corredores seguros para el acceso humanitario».
«Indonesia también insta a la comunidad internacional, especialmente al Consejo de Seguridad de la ONU, a tomar inmediatamente medidas concretas para detener los ataques y actos de violencia en Gaza», agregó. «Es hora de que el mundo dé prioridad a la creación de una paz justa para Palestina», concluyó.
LIGA DE ESTADOS ARABES
En respuesta al bombardeo israelí, el jefe de la Liga de los Estados Árabes, Ahmed Aboul Gheit, afirmó que los líderes internacionales deben «detener inmediatamente esta tragedia». «¿Qué mente diabólica bombardea intencionadamente un hospital y a sus indefensos habitantes? Los mecanismos árabes documentarán estos crímenes de guerra y los criminales no quedarán impunes», escribió en las redes sociales.
UNION AFRICANA
El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, aseveró que «no hay palabras» para expresar la condena por parte de la comunidad africana al bombardeo israelí contra el hospital. «Atacar un hospital, considerado un refugio seguro según el derecho internacional humanitario, es un crimen de guerra. La Comunidad Internacional debe actuar ya», enfatizó.
LA OMS
«La OMS condena enérgicamente el ataque contra el hospital Al-Ahli, en el norte de Gaza. Los primeros informes indican que hay cientos de muertos y heridos», escribió el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta de X.
Asimismo, el director general llamó a la «protección inmediata» de los civiles y de la asistencia sanitaria, así como también exigió que se cancelaran las órdenes de evacuación.
ONU
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó «enérgicamente» el ataque contra la instalación médica e indicó que está «horrorizado por la muerte de cientos de civiles palestinos». «Mi corazón está con las familias de las víctimas. Los hospitales y el personal médico están protegidos por el derecho internacional humanitario», agregó.
UNION EUROPEA
El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, instó a exigir responsabilidades a los perpetradores de la agresión.
El alto político escribió en una publicación en su cuenta de la red social X que la noticia sobre el ataque «añade horror a la tragedia que se está desarrollando ante nuestros ojos desde hace días». «Una vez más, los civiles inocentes pagan el precio más alto. La responsabilidad de este crimen debe establecerse claramente y los perpetradores deben rendir cuentas», declaró Borrell.
Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sostuvo que «un ataque contra una infraestructura civil no se ajusta al derecho internacional».
IGLESIA DE INGLATERRA
El jefe espiritual de la Iglesia de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, comunicó que el hospital atacado está dirigido por la Iglesia anglicana y afirmó que «se trata de una pérdida horrible y devastadora de vidas inocentes». «Reitero mi llamamiento a la protección de los civiles en esta guerra devastadora», escribió el arzobispo en su cuenta de X.
UNICEF
La directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Catherine Russell, afirmó que está «horrorizada por los muertos y los heridos entre niños y mujeres que se han producido en el ataque».
«Los ataques contra civiles e infraestructuras civiles, como hospitales, son inaceptables y deben cesar ya. Unicef reitera su petición urgente de un cese inmediato de las hostilidades, garantizando la protección de los niños contra cualquier daño y facilitando el acceso seguro y oportuno de la ayuda humanitaria a los niños necesitados», subrayó.
jt/am
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
Internacionales
Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.