Opinión
Conmoción Nacional: ¿Hemos Cambiado Nuestra Libertad a Cambio de una Falsa Seguridad?
Por Isaías Ramos
«La metáfora de los cerdos salvajes» es una vívida representación de cómo los pueblos, adormecidos por la comodidad, sacrifican su libertad más preciada. La historia de los cerdos salvajes, seducidos por el maíz gratuito hasta quedar atrapados sin escape, es un espejo alarmante de nuestra realidad. Hoy, bajo el disfraz de la seguridad nacional, estamos cediendo nuestra libertad y nuestra dignidad humana. Nuestro sistema politico, maestro en el arte de la manipulación y el engaño, nos ofrece migajas mientras saquea nuestro futuro y el de nuestros hijos.
¿Qué le estamos permitiendo a este sistema corrupto y traicionero? ¿Que se transforme de una dictadura clientelar, establecida hace 28 años, a una tiranía absoluta, donde no solo serán pisoteados los derechos sociales, sino también los derechos fundamentales, otorgándole al sistema características similares a las de algunas naciones vecinas?
En la semana que acaba de transcurrir, se aprobó la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta establece una serie de atribuciones en relación con la seguridad. Hasta ahí, todo parece genial. Sin embargo, al leer y analizar la ley, comienzan las preocupaciones. Primero, su artículo 9, cuyas atribuciones sobrepasan los deberes y derechos establecidos en nuestra Carta Magna. Algo aún más preocupante es su numeral 19, que determina que esta dependencia estará dirigida a los criterios del ejecutivo y no a las agencias e instituciones creadas para resguardar la seguridad nacional, como están consignados en los artículos 169, 252 y 261 de la Constitución.
Esta Ley 1-24 no es solo un documento más; es un lobo vestido de oveja, listo para devorar la esencia de nuestra democracia. El poder otorgado al presidente para investigar y actuar contra ‘amenazas’ sin control alguno es una puerta abierta a los abusos de poder, una amenaza que politiza nuestra seguridad nacional y pone en riesgo nuestra soberanía.
Recordemos: los sistemas de tiranía siempre se disfrazan de legalidad antes de aplastar la voluntad del pueblo. Este 16 de agosto marcará el inicio de una era sombría, donde la élite política, sin importar su color, se ha revelado como la verdadera enemiga del pueblo.
Hoy, más que nunca, es crucial despertar. Esta ley, en su artículo 11, no solo viola de manera flagrante múltiples artículos de nuestra constitución, tales como los artículos: 5, 7, 8, 38, 40 #1, 44 #1, 2, 3, 38, 49 #3, 69 #8, 10 y 74 #2, 4, sino que atenta contra nuestra dignidad y nuestros derechos más básicos. Son más de 12 artículos de nuestra Constitución los que son violentados y afectados por esta aberración jurídica llamada Ley 1-24. Por lo tanto, a esta no debería quedar ninguna escapatoria que no sea el mandato que rige en la propia Constitución en su artículo 6, que dicta: “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, reglamento o acto contrario a esta Constitución”. Y si aún persisten en pisotear la Carta Magna, este atropello no puede quedar sin respuesta.
Estamos en un punto de no retorno. La promulgación de esta ley y el llamado a un ‘diálogo’ vacío por parte del presidente no son más que estrategias para distraernos de la verdad: estamos presenciando un golpe de estado contra nuestra democracia.
Desde el Frente Cívico y Social, afirmamos con vehemencia: ¡No a la Ley 1-24! No necesitamos diálogos vacíos; exigimos respeto y cumplimiento de nuestra Constitución. Cualquier atentado contra ella es un atentado contra todos nosotros.
En el FCS nos inspiramos en las palabras de José Martí: “La libertad es un bien precioso y frágil, cuya pérdida es un trauma profundo y cuya recuperación no es sencilla. Es un bien por el que se debe luchar y pagar su alto precio, en lugar de resignarse a vivir sin ella”.
En el Frente Cívico y Social entendemos que el momento de actuar es ahora. Unamos nuestras voces, nuestras fuerzas y nuestro coraje para defender nuestra nación y nuestra libertad.
¡Despierta, RD!
Por Isaías Ramos
Hoy, más que nunca, el pueblo dominicano se encuentra en una encrucijada crítica. Después de casi tres décadas marcadas por el despilfarro y el endeudamiento, nuestra élite política y económica parece estar preparando una segunda oleada de saqueo sin precedentes. Estas castas insensibles a la justicia social han tejido un entramado legal diseñado para expropiar sistemáticamente lo que pertenece al pueblo, dejando tras de sí un legado de injusticia y desigualdad que amenaza con perpetuarse en el tiempo.
Recordemos cómo la «Ley de Capitalización», implementada el 30 de abril de 1997, arrasó con nuestro patrimonio colectivo. Esta ley no solo destruyó a CORDE —que incluía más de 30 empresas estatales— sino que también dejó a miles de trabajadores enfrentando la incertidumbre laboral. Las pérdidas acumuladas por el desmantelamiento del sector eléctrico superan los 25 mil millones de dólares en subsidios; recursos que hoy podrían haber sido invertidos en educación, salud y bienestar social para todos los dominicanos.
A pesar del sufrimiento visible causado por estas decisiones erradas y lesivas, nuevos mecanismos como las alianzas público-privadas intentan disfrazar esta depredación como progreso o modernización. Nuestros aeropuertos han sido entregados bajo condiciones peores que las del primer escándalo registrado en 1999; proyectándose esta situación hasta el año 2060 sin ningún beneficio claro para el pueblo dominicano. Este usufructo ha generado ya más de 4 mil millones para unos pocos privilegiados mientras nosotros seguimos mendigando dignidad y acceso a servicios básicos.
El caso del “peaje sombra” ilustra esta voracidad insaciable: más de 2 mil millones pagados sin consecuencias ni rendición de cuentas para sus autores intelectuales resaltan una alarmante realidad donde los grupos privilegiados buscan despojar nuestras infraestructuras mediante concesiones similares o nuevas figuras legales bajo la ley 46-20 sobre «alianzas público-privadas».
Además, hemos sido testigos del uso opaco e irresponsable de fideicomisos públicos; figuras como RDVIAL han comprometido nuestras carreteras destinando más del 50%de sus ingresos solo al pago exorbitante de intereses, mientras nuestras vías continúan deteriorándose por falta mantenimiento adecuado e inversión real. Nos preocupa seriamente si algún acreedor termina interviniendo nuestras carreteras hasta cubrir sus préstamos; esto podría ser similar a lo ocurrido con Buenaventura Báez frente a Hartmont Brothers and Co., resultando décadas después en intervenciones extranjeras que arruinaron aún más nuestra soberanía.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS) hacemos un llamado urgente al pueblo dominicano: despierten antes que sea demasiado tarde; no queremos ser protagonistas trágicos como aquella fábula sobre la rana hervida, donde cada día nos adaptamos lentamente a la injusticia hasta perderlo todo sin darnos cuenta. La historia nos observa atentamente; no permitamos ser comparsas ante este saqueo sistemático orquestado desde las esferas del poder.
Juntos tenemos la fuerza necesaria para revertir este rumbo destructivo: denunciemos con firmeza e integridad cada acto injusto cometido contra nuestros derechos fundamentales y proponemos alternativas viables centradas en la defensa colectiva del bien común y nuestro futuro compartido.
La hora del despertar ha llegado; hagámoslo no solo por nosotros mismos sino también por aquellos que vendrán después: nuestros hijos e hijas merecen vivir en un país justo, equitativo y digno. Que resuene nuestra voz fuerte ante quienes han hecho su propio juego con nuestros recursos naturales y nuestro trabajo arduo.
Despierta RD!
Por Miguel Guerrero
A la larga todos resultan iguales tan pronto como alcanzan el poder. Al principio muestran diferencias de matices. Nadie, sin embargo, quiere ya parecer distinto o establecer una distancia razonable de lo que hacían los otros. Ni los que llegaron con otras banderas resultaron ser una excepción a la regla.
Escuchando esta reflexión, alguien me preguntó si creía que el sistema político nacional era básica y esencialmente corrupto. Le respondí que hiciéramos un listado de dirigentes políticos que hayan ocupado cargos públicos importantes en los últimos veinte años y comparemos después cómo vivían antes con su estatus actual. La conclusión, con pocas excepciones, produciría un gran espasmo nacional.
Hay un acuerdo, obviamente tácito, de la clase política para protegerse mutuamente y eso es lo que ha permitido que detrás de unos lleguen los otros. Con idénticos resultados. Intentemos algunos ejemplos patéticos. Las ciudades están hechas verdaderos desastres, con grandes acumulaciones de basura. Los servicios públicos elementales no funcionan y el gasto del Gobierno no responde a prioridades nacionales, sino a intereses de grupos o de partidos.
Lo más deplorable de esa crisis moral es el cinismo que caracteriza algunas acciones, cuando se pretende justificar con falsas motivaciones morales lo que se criticaba al adversario o antecesor. Al final, terminan cometiendo el mismo pecado. Una clara evidencia de ese proceder es el otorgamiento de contratos de grado a grado, que se da a casi todos los niveles del sector público, en los gobiernos centrales como en los municipios. Tratando de justificar con ello una violación a las normas y al buen sentido, en el pretexto de solucionar un problema urgente o simplemente atender un reclamo de la población que se ha ido haciendo vieja con el paso del tiempo y la indiferencia de regímenes anteriores.
Por Rommel Santos Díaz
El derecho internacional requiere que todas las personas en cargos de autoridad estén obligados a prevenir que sus subordinados violen las reglas del derecho internacional humanitario. Los artículos 86 y 87 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra regularon este principio.
Así como lo estipula el Tribunal Penal Internacional en el caso Detali c, los comandantes militares de cada Estado Parte del Estatuto de Roma deberán instruir correctamente a sus soldados las reglas del derecho internacional humanitario, y asegurar que estas reglas se observen en la toma de decisiones en operaciones militares, y crear una red de comunicaciones que permita la rápida comunicación a los comandantes de cualquier violación a las leyes de guerra cometidas por sus soldados. Deberán también aplicar las medidas correctivas para cada violación del derecho internacional humanitario.
El artículo 28 del Estatuto de Roma describe la responsabilidad de los jefes y otros superiores , el cual se divide en dos secciones. El párrafo (a) trata la responsabilidad de los jefes militares. El párrafo (b) detalla la responsabilidad de los jefes civiles.
Los jefes militares pueden ser responsables por aquellos crímenes que cometan sus soldados, si los jefes conocían o deberían haber conocido que estos crímenes se estaban cometiendo, y si por negligencia no tomaron las medidas necesarias para prevenir o impedir la comisión de tales delitos.
La responsabilidad de los jefes militares esta constituida por estos tres elementos esenciales:
- La jefatura y control efectivos sobre las personas que cometan estos crímenes;
- El jefe conocía o debería haber conocido que el crimen estaba por cometerse o ya se había cometido;
- El jefe no tomó todas las medidas necesarias y razonables dentro de su poder para prevenir el crimen o sancionar a su autor.
Los superiores no militares podrán ser responsables por los crímenes que cometan sus subordinados cuando tenían el conocimiento o conscientemente eludieron la información que claramente indicaba que los subordinados estaban cometiendo o estaban por cometer un crimen de la CPI; cuando los crímenes estaban relacionados con las actividades bajo el control del superior; y cuando el superior negligentemente no tomó las medidas necesarias para prevenir o impedir los crímenes o para informar a las autoridades civiles competentes para investigar o iniciar el proceso judicial oportuno.
Los elementos de la ofensa son los mismos para los jefes militares con la excepción del elemento relacionado al conocimiento de la comisión del crimen. El artículo 28 (b) del Estatuto de Roma indica que en el caso de un jefe civil, la carga de la prueba para condenarlo es mayor que aquella requerida para condenar a un jefe militar.
Ya sea el conocimiento de la comisión del crimen o la negligencia deberán ser demostrados. En otras palabras, para establecer la intención culpable de un superior no militar, es necesario demostrar la disponibilidad de la información que indicaba la posibilidad de que los subordinados habían cometido o estaban por cometer un crimen, y la posesión de esta información por parte del superior , así como la decisión de este de no actuar al respecto.
Los civiles a quienes se refiere esta disposición son los líderes políticos, hombres de negocios y altos mandatarios. Los jefes militares están sujetos a estándares mas estrictos según el derecho internacional humanitario, debido a la estructura militar y la necesidad de mantener la disciplina militar que hacen esta medida necesaria y conveniente
La presencia de una jerarquía de poder es una condición necesaria para determinar la responsabilidad de un superior. Sin embargo, el poder no deriva solamente de la posición oficial de la persona acusada. El factor determinante es el ejercicio efectivo de autoridad y control sobre las acciones de los subordinados.
El control puede ser otorgado oficialmente o simplemente ejercido de hecho. Además, el poder legal sobre los subordinados no constituye una condición absoluta para establecer la responsabilidad de un jefe, quien puede ser en algunos casos parte de una línea indirecta de poder.
Por ejemplo, los líderes militares podrán ser responsables por actos cometidos por individuos que no estén oficialmente bajo su control dentro de la jerarquía de poder, pero sobre los cuales si hubiesen podido ejercer poder de hecho para prevenir o impedir la comisión del crimen.