Opinión
Conmoción Nacional: ¿Hemos Cambiado Nuestra Libertad a Cambio de una Falsa Seguridad?
Por Isaías Ramos
«La metáfora de los cerdos salvajes» es una vívida representación de cómo los pueblos, adormecidos por la comodidad, sacrifican su libertad más preciada. La historia de los cerdos salvajes, seducidos por el maíz gratuito hasta quedar atrapados sin escape, es un espejo alarmante de nuestra realidad. Hoy, bajo el disfraz de la seguridad nacional, estamos cediendo nuestra libertad y nuestra dignidad humana. Nuestro sistema politico, maestro en el arte de la manipulación y el engaño, nos ofrece migajas mientras saquea nuestro futuro y el de nuestros hijos.
¿Qué le estamos permitiendo a este sistema corrupto y traicionero? ¿Que se transforme de una dictadura clientelar, establecida hace 28 años, a una tiranía absoluta, donde no solo serán pisoteados los derechos sociales, sino también los derechos fundamentales, otorgándole al sistema características similares a las de algunas naciones vecinas?
En la semana que acaba de transcurrir, se aprobó la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta establece una serie de atribuciones en relación con la seguridad. Hasta ahí, todo parece genial. Sin embargo, al leer y analizar la ley, comienzan las preocupaciones. Primero, su artículo 9, cuyas atribuciones sobrepasan los deberes y derechos establecidos en nuestra Carta Magna. Algo aún más preocupante es su numeral 19, que determina que esta dependencia estará dirigida a los criterios del ejecutivo y no a las agencias e instituciones creadas para resguardar la seguridad nacional, como están consignados en los artículos 169, 252 y 261 de la Constitución.
Esta Ley 1-24 no es solo un documento más; es un lobo vestido de oveja, listo para devorar la esencia de nuestra democracia. El poder otorgado al presidente para investigar y actuar contra ‘amenazas’ sin control alguno es una puerta abierta a los abusos de poder, una amenaza que politiza nuestra seguridad nacional y pone en riesgo nuestra soberanía.
Recordemos: los sistemas de tiranía siempre se disfrazan de legalidad antes de aplastar la voluntad del pueblo. Este 16 de agosto marcará el inicio de una era sombría, donde la élite política, sin importar su color, se ha revelado como la verdadera enemiga del pueblo.
Hoy, más que nunca, es crucial despertar. Esta ley, en su artículo 11, no solo viola de manera flagrante múltiples artículos de nuestra constitución, tales como los artículos: 5, 7, 8, 38, 40 #1, 44 #1, 2, 3, 38, 49 #3, 69 #8, 10 y 74 #2, 4, sino que atenta contra nuestra dignidad y nuestros derechos más básicos. Son más de 12 artículos de nuestra Constitución los que son violentados y afectados por esta aberración jurídica llamada Ley 1-24. Por lo tanto, a esta no debería quedar ninguna escapatoria que no sea el mandato que rige en la propia Constitución en su artículo 6, que dicta: “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, reglamento o acto contrario a esta Constitución”. Y si aún persisten en pisotear la Carta Magna, este atropello no puede quedar sin respuesta.
Estamos en un punto de no retorno. La promulgación de esta ley y el llamado a un ‘diálogo’ vacío por parte del presidente no son más que estrategias para distraernos de la verdad: estamos presenciando un golpe de estado contra nuestra democracia.
Desde el Frente Cívico y Social, afirmamos con vehemencia: ¡No a la Ley 1-24! No necesitamos diálogos vacíos; exigimos respeto y cumplimiento de nuestra Constitución. Cualquier atentado contra ella es un atentado contra todos nosotros.
En el FCS nos inspiramos en las palabras de José Martí: “La libertad es un bien precioso y frágil, cuya pérdida es un trauma profundo y cuya recuperación no es sencilla. Es un bien por el que se debe luchar y pagar su alto precio, en lugar de resignarse a vivir sin ella”.
En el Frente Cívico y Social entendemos que el momento de actuar es ahora. Unamos nuestras voces, nuestras fuerzas y nuestro coraje para defender nuestra nación y nuestra libertad.
¡Despierta, RD!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.