Nacionales
Desempeño de diputados vinculados al crimen organizado.
Ninguna de sus iniciativas se han aprobado
Santo Domingo, RD.-Solo 17 iniciativas legislativas han presentado los cinco diputados supuestamente vinculados al narcotráfico durante el tiempo que llevan en el Congreso Nacional.
Héctor Darío Féliz (Pirrín), Nelson Marmolejos y Faustina Guerrero (Grey Maldonado), diputados implicados en la Operación Falcón, y Miguel Gutiérrez y Rosa Amalia Pilarte, vinculados al narcotráfico, muestran una baja tendencia en la presentación de propuestas legislativas propias.
Según datos recopilados en el Sistema de Información Legislativa (SIL), entre estos cinco diputados han depositado 16 resoluciones, iniciativas que tienen carácter únicamente exhortativo, y un proyecto de ley para elevar la categoría de un distrito municipal.
No obstante, además de la baja cantidad de iniciativas, ninguna de las 17 ha sido aprobada.
Pirrín (vinculado a la Operación Falcón)
Héctor Darío Féliz, representante de Pedernales por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), es el único de los cinco legisladores con más de un período en el Congreso Nacional. Sin embargo, en los más de 10 años que lleva, el SIL sólo registra tres resoluciones a su nombre, siendo la más reciente depositada en el 2019.
Los proyectos depositados por Pirrín son:
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce al ingeniero Mayobanex Irvin Escoto Vásquez por sus aportes a favor de los más desposeídos en los momentos de mitigación de desastres al frente del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), normalizando en tiempo récord las condiciones de vida de la población afectada por los últimos fenómenos naturales.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados designa una comisión mixta del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial de la Cámara de Diputados para que realicen una investigación y rindan un informe de la situación actual del acueducto de la provincia de Pedernales.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados invita al director general de minería, señor Ing. Alexander Medina, para que explique al Hemiciclo sobre la explotación minera que en la actualidad lleva a cabo la empresa Dovemco en la provincia de Pedernales.
Pirrín aparece además como firmante de 10 resoluciones y ocho proyectos de ley.
Nelson Marmolejos (vinculado a Operación Falcón)
El diputado de Santiago en poco más de un año como legislador sólo ha depositado un proyecto de ley.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al presidente de la República instruir al ministro de Deportes y Recreación la construcción de un polideportivo bajo techo en el sector El Ensueño, municipio Santiago, provincia Santiago.
Además, Marmolejos es firmante en nueve proyectos de ley y 24 resoluciones.
La diputada de La Vega es la de mayor actividad legislativa en cuanto a propuestas, habiendo depositado hasta la fecha cinco resoluciones y un proyecto de ley.
Las iniciativas de Pilarte son:
Proyecto de ley que eleva el distrito municipal de Río Verde de la provincia La Vega a la categoría de Municipio con el nombre de Villa Cutupú, provincia La Vega.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual otorga un reconocimiento al Ingeniero César Arturo Abreu, por su destacada vida patriótica, deportiva, literaria, profesional y cultural en beneficio del pueblo dominicano, especialmente de la provincia La Vega.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita a la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hacer un levantamiento sobre el daño ambiental que está provocando la extracción ilegal de arena y grava del río Camú en la provincia La Vega.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual recomienda al señor presidente de la República instruir a los ministerios de Interior y Policía y de la Presidencia, y al Consejo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, la extensión del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, en el municipio de Jima Abajo, y los distritos municipales de Jima Arriba, Rincón Juan Rodríguez y Tavera, de la provincia La Vega.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados recomienda al señor presidente de la República instruir a los ministerios de Interior y Policía y de la Presidencia, así como a la Liga Municipal Dominicana, la instalación y equipamiento de un cuerpo de bomberos en Cutupú, distrito municipal Río Verde, provincia La Vega.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al presidente de la República, instruir al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la reconstrucción del puente Salto de Jimenoa, municipio Jarabacoa, provincia La Vega.
Sumado a estos proyectos, la diputada ha firmado tres proyectos de Ley y ocho resoluciones.
Miguel Gutiérrez (apresado en EEUU)
El legislador de Santiago, que se encuentra detenido en los Estados Unidos, presentó tres resoluciones antes de su apresamiento.
Los proyectos depositados por Gutiérrez son:
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al presidente de la República, la construcción de un puente vehicular y peatonal sobre el arroyo Gurabo, en la calle 18B, sección urbana Gurabo, en la ciudad de Santiago, provincia Santiago.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual recomienda al presidente de la República, instruir a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para la construcción de la ampliación de la avenida doctor Ambiorix Díaz Estrella, desde la calle Lucila Díaz, sección urbana, hasta la avenida Circunvalación Norte, provincia Santiago.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual le recomienda al presidente de la República la construcción de un hospital público de oncología en la provincia Santiago.
Faustina Guerrero Cabrera (nombre real), y última diputada en ser incluida en la lista de legisladores por los cuales el Ministerio Público solicitó la jurisdicción privilegiada, ha depositado cuatro resoluciones.
A la fecha las iniciativas depositadas por la representante de El Seibo son:
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual le solicita al presidente de la República, instruir a las autoridades competentes, para la reconstrucción de los destacamentos policiales en los distrito municipales de la Gina y el Cedro, municipio Miches, Provincia el Seibo.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al señor presidente de la República instruir a las autoridades competentes para la construcción de un cementerio en el municipio Santa Cruz de El Seibo, provincia El Seibo.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al señor presidente de la República instruir a las autoridades competentes para la construcción de un cementerio y una funeraria municipal en el municipio de Miches, provincia El Seibo.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al señor presidente de la República, asignar una partida económica en el presupuesto general del estado para el año 2021, los fondos para la construcción de un destacamento policial en el distrito municipal San Francisco Vicentillo, provincia El Seibo.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.