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ProCompetencia se avoca a escoger presidente y aspirantes fueron entrevistado hoy por diputados.
Santo Domingo, RD.-Los aspirantes a sustituir a la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA), Yolanda Martínez, fueron entrevistados este miércoles por la Cámara de Diputados.
La actual presidente finaliza el próximo 16 de septiembre su período en la institución, por lo que el presidente de la República, Luis Abinader, sometió una terna compuesta de cinco nombres para que los legisladores evalúen su remplazo.
Este miércoles a las 4:00 de la tarde la comisión permanente de Presidencia de la República entrevistará a los cinco aspirantes al puesto de miembro de Pro-competencia.
A continuación hacemos una breve reseña de los 5 candidatos propuestos por el Presidente:
Es licencia en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU. Posee una maestría en Derecho Constitucional y Jurisdicción Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y está haciendo un doctorado en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en esta misma universidad, entre otras especialidades, según consta en su cuenta de Linkedin.
María Elena Vásquez
Es hija de Jesús Vásquez Martínez, ministro de Interior y Policía y dirigente del gobernante Partido Revolucionario Moderno.
Actualmente es directora de Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, posición que ocupa desde junio de este año. Es catedrática en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en la UNPHU.
En abril de este año la alcaldía de Nagua entregó el reconocimiento “Merito al Honor María Trinidad Sánchez”, una distinción que se otorga a las mujeres destacadas de la localidad.
Iónides de Moya Ruiz
De acuerdo a la información disponible en la página web de la firma Ulises Cabrera, de la cual es socio y gerente de División de Resolución de Conflictos, De Moya es licenciado en Derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y que posee una maestría en Derecho Procesal Civil.
Su experiencia se fundamenta en Litigios, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Tributario, y Derecho Penal.
Fior D’ Aliza Alduey Mercedes
Es abogada y mercadóloga. Posee una maestría en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), una especialidad en Justicia Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, entre otras.
Actualmente es abogada senior en funciones de coordinadora técnica de Dictámenes y Litigios ante las altas Cortes de la Procuraduría General de la República (PGR). Su experiencia consiste en gestión y manejo de proyectos en el ámbito legal y administrativo.
César Ariel Gómez
Es licenciado en Derecho con un máster en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); posee una especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, entre otros estudios. Se ha desempeñado como asistente de la Presidencia del Tribunal Constitucional.
Dangela Ramírez Guzmán
Es licenciada en Derecho, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Posee una maestría en Derecho Comparado e Internacional de los Negocios. También posee una especialidad en Justicia e Interpretación de la Constitución de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Trabajó en el Tribunal Constitucional y varias firmas de abogados. Actualmente es directora de Asuntos Internos en el Ministerio de Interior y Policía.
Sobre la elección
El Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estará integrado por cinco miembros nombrados por el Congreso Nacional.
La ley precisa que no podrán ser designados como Presidente o miembro del Consejo Directivo los miembros del Congreso Nacional; miembros activos del Poder Judicial; ni quienes desempeñaren cargos o empleos remunerados en cualesquiera de los organismos del Estado o de las municipalidades
Tampoco pueden formar parte del Consejo de ProCompetencia quienes tengan vínculo de consanguinidad hasta el cuarto grado, inclusive; o vínculo de afinidad hasta el segundo grado, inclusive; con el Presidente o Vicepresidente de la República, con los magistrados miembros de la Suprema Corte de Justicia o con los miembros directivos de los entes reguladores del mercado, entre otras.
Este organismo del Estado es el responsable de garantizar y velar por el funcionamiento de los mercados por efecto de la libre competencia, así como también de promover políticas públicas y una cultura de buenas prácticas en los diferentes ramos de la actividad económica nacional.
Santo Domingo, R.D.-Este jueves el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió el nivel de alerta verde para 13 provincias ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical.
- Las provincias bajo alerta son: Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, San Juan, Montecristi, El Seibo, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Dajabón, Hato Mayor y San Cristóbal.
De acuerdo con el último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la incidencia de estos fenómenos atmosféricos se presentarán aguaceros moderados a fuertes, posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y Sánchez Ramírez.
Según el COE, las precipitaciones disminuirán gradualmente hasta las primeras horas de la noche.
Debido a las condiciones meteorológicas, los organismos recomendaron a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas abstenerse de cruzar estos afluentes y no utilizar los balnearios ubicados en zonas bajo alerta.
- Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público identificó el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos de Santiago como los centros operativos de una estructura de ciber-extorsión que tenía ribetes internacionales y que estafó más de 400 ciudadanos estadounidenses, cuyos datos han sido validados por el Homeland Security de Estados Unidos.
Los integrantes de la red diseñaban y publicaban anuncios publicitarios en portales de citas y encuentros íntimos, ofreciendo servicios sexuales ficticios de supuestas mujeres.
Para mantener el anonimato de los operadores en República Dominicana, los anuncios incluían números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a proveedores en territorio americano, redirigiendo el tráfico de llamadas y mensajes de WhatsApp a los centros de operaciones en Santiago.
Una vez obtenido el número telefónico real del usuario, el tirador realizaba capturas de pantalla y las transfería a otros miembros de la red, quienes ejecutaban búsquedas exhaustivas en plataformas de recopilación de registros públicos de EE. UU.
De este modo, la red obtenía nombres de familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales exactas y edades de sus objetivos.
Bajo un guion agresivo, le reclamaba haberle hecho perder tiempo y dinero a la joven, alegando que supuestamente está rechazó otros clientes por su culpa y exigiéndole el pago inmediato de una multa o compensación económica. Si la víctima se resistía a pagar, la red ejecutaba su maniobra más violenta: la intimidación con fines de coacción.
“Los imputados enviaban mensajes de texto, audios y videos afirmando pertenecer a organizaciones criminales de extrema violencia como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas”.
Desesperadas por el terror, las víctimas cedían y realizaban los depósitos. La red facilitaba canales digitales de pago como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay, Chime o transferencias en Bitcoin.
Para burlar los controles antiblanqueo, las cuentas receptoras en EE. UU. pertenecían a intermediarios, identificados en la red como colectores, que movían el dinero de inmediato.
El Ministerio Público prueba el modus operandi a través de la incorporación de transcripciones de interceptaciones telefónicas, informes forenses y análisis periciales en el documento oficial, así como recibos de los envíos y otras evidencias de las transacciones.
El Ministerio Público incautó decenas de teléfonos móviles, máquinas de contar dinero, sellos de financieras falsas y barras de oro ocupados a los implicados.
El voluminoso expediente del caso detalla como un grupo de jóvenes de una zona suburbana de Santiago, utilizaron la tecnología de la información, combinada con la manipulación del terror psicológico, para crear una estafa transnacional altamente rentable y estructurado por la delincuencia organizada local.
Será el próximo lunes cuando la juez del juzgado de Atención Permanente evalúe las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción de la llamada Operación XL 526 para quienes están solicitando prisión preventiva y declaratoria del caso complejo por la multiplicidad de imputados.
El órgano acusador también aportó los movimientos de cuentas bancarias por decenas de millones de pesos dominicanos, los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que prueban que los imputados no tenían empleos lícitos, y los listados de terrenos e inmuebles adquiridos para el lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Fue variada por la Corte de Apelación de Santo Domingo la medida de coercion que pesaba en contra de la interprete de musica urbna Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida popularmente como «Masha«, quien se encuentra acusada de porte ilegal de armas de fuego.
El tribunal de alzada dispuso la libertad de la artista, tras imponerle el pago de una garantía económica de RD$5,000 pesos y la obligación de comparecer ante las autoridades mediante presentación periódica.
Con esta decisión, la corte revoca la medida dictada previamente por el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, cuya magistrada, la jueza Karen Casado Minyety, había impuesto tres meses de prisión preventiva a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres. En el mismo expediente también figuran los jóvenes Alexander Martínez Nolasco y Karla Julisa Rodríguez, de 18 y 19 años respectivamente, quienes fueron enviados a Najayo-Hombres y Najayo-Mujeres por el mismo período.
A la salida del tribunal ubicado en la Ciudad Judicial, el consejo de defensa de la imputada —integrado por los abogados Randy Banks, Jenrry Romero y Amaury Oviedo— expresó que este fallo confirma que el proceso continuará conforme a las garantías establecidas por la ley.
«A partir de este momento, nuestra representada deberá cumplir con las medidas impuestas mientras se desarrolla el curso de la investigación», manifestó el jurista Randy Banks.
Banks aprovechó la ocasión para agradecer a quienes mantuvieron la confianza en el sistema de justicia durante el proceso y reafirmó el compromiso del equipo legal de seguir defendiendo los derechos de su protegida dentro del marco legal correspondiente. Al concluir, recordó un principio fundamental del derecho penal dominicano: «La libertad es la regla; la prisión preventiva, la excepción».
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, «Masha» y los otros dos justiciables fueron arrestados durante una inspección vehicular en el municipio de Boca Chica. Las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9MM marca Glock sin documentación, las cuales se encontraban dentro de una yipeta marca Honda CRV, color blanco, conducida por Karla Julisa Rodríguez.
El informe detalla que: La primera arma contenía su cargador con 4 cápsulas. y la segunda arma no tenía cargador.
En medio de la palanca de cambios se halló un cargador extendido (tipo «cohete») con capacidad para 30 municiones, el cual contenía 10 cápsulas en su interior.
La fiscal Zayra Soto, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona, formuló la acusación inicial provisional por el delito de porte ilegal de armas de fuego, ilícito penal tipificado y sancionado en los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. En la audiencia inicial, la solicitud fue litigada por el fiscal Tito Osea González Ramírez.
Un historial rodeado de controversias y violencia
El entorno de la joven artista urbana ha estado marcado por constantes conflictos de carácter judicial y policial en los últimos meses:
Octubre de 2025: La Policía Nacional detuvo a «Masha» en el sector de Villa Francisca, Distrito Nacional, tras ocupársele dos paquetes de un vegetal que presumiblemente correspondía a marihuana.
Enero: Su pareja sentimental, Jhakomo Hernández de la Rosa, fue enviado a prisión preventiva por tres meses, acusado de la muerte de un joven en el referido sector de Villa Francisca.
Febrero: Desconocidos tirotearon el vehículo en el que se desplazaba la artista junto a su amiga Dominique Natalia Gómez Cabrera (22 años), quien lamentablemente resultó muerta a causa de las heridas de bala. Días más tarde, agentes de la Policía Nacional abatieron a dos hombres señalados como los presuntos responsables de dicho atentado.