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Naciones que solicitan prueba de Covid-19 y otros requisitos antes de viajar.

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Santo Domingo, RD.-Muchos países han incrementado las restricciones para la entrada de viajeros a sus territorios para evitar la propagación del coronavirus.
La mayoría exige a los viajantes que presenten una prueba con resultado negativo de test para SARS-CoV-2, como también se le llama al virus, la cual debe haberse realizado dentro de los 3 días previos a su viaje.

Otros países van más allá y someten a los viajeros a una cuarentena completa y obligatoria durante 14 días o le dan seguimiento dentro del país durante ese período e incluso algunos requieren a los extranjeros un seguro de salud que cubra las prestaciones asociadas a la Covid-19 por el tiempo de estadía en su territorio.

A continuación le presentamos las exigencias, que aplican para República Dominicana  y otras naciones, de varios países que debe tener en cuenta antes de viajar a los mismos:

Desde ayer 26 de enero este país requiere a todos los pasajeros que presenten una prueba con resultado negativo de test para SARS-CoV-2 realizada dentro de los 3 días previos al embarque. Las pruebas permitidas son las moleculares (ejemplo: RT-PCR, NAAT, LAMP) y de antígenos.

El certificado debe ser emitido con los datos del documento de identidad de viaje (nombre y apellido). Es recomendable que el certificado esté en inglés, español o portugués y que lleve una copia en caso de que la autoridad la exija al arribo.

Los menores de 2 años están exentos de realizar la prueba. Los pasajeros que no cumplan este requisito no podrán viajar hacia territorio estadounidense.

Recién ayer este país informó que a partir del 1 de febrero exigirá una prueba PCR con resultado negativo efectuada en las 72 horas previas a su llegada a España a los viajeros procedentes de países de riesgo. La lista la conforman una gran cantidad de países, entre los que se incluye República Dominicana.

Desde el 7 de enero Chile requiere a todas las personas que ingresen a su territorio que presenten un test PCR negativo tomado 72 horas antes de embarcar. También deben someterse a una cuarentena obligatoria por diez días.

Además los viajeros tienen que completar un pasaporte sanitario y el formulario de seguimiento por 14 días. Los extranjeros deben tener contratado un seguro de salud que cubra prestaciones asociadas al a Covid-19 durante su estadía, con un monto mínimo de cobertura de US$30.000.

4) Colombia

Desde el 7 de enero todas las personas que tengan previsto viajar a este país deben presentar en el aeropuerto de origen la prueba PCR con resultado negativo expedida en un término no mayor a 96 horas antes del embarque.

Para ingresar y salir de Colombia necesita un formulario migratorio o seguro médico. Cada viajero que llegue al país será objeto de rastreo por parte de su asegurador o la Secretaría de Salud del lugar donde permanecerá durante los siguientes 1?4 días.

Antes de ingresar a territorio peruano desde el extranjero, todos los pasajeros deben presentar una prueba molecular (RT-PCR, NAAT, LAMP) negativa o prueba de antígenos, cuyo resultado debe hacer sido emitido máximo 72 horas previo a la salida del vuelo.

También tienen que completar un formulario de declaración jurada de salud dentro de las 72 horas previas al viaje y cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días en su domicilio declarado, hospedajes (previa coordinación) o residencias sanitarias dispuestas por las autoridades.

Los viajeros que ingresan a este país también pueden ser sometidos a una cuarentena por 14 días; deben mostrar un resultado negativo de un test de COVID-19 que deberá haberse realizado como máximo 72 horas antes de la salida del último vuelo directo hacia territorio canadiense. Además se les puede requerir un seguro médico.

El Gobierno informó que aumentará aún más los esfuerzos de vigilancia para garantizar que los viajeros que ingresen a Canadá completen el período de cuarentena obligatorio de 14 días según la Ley de Cuarentena y advirtió que la violación de estas instrucciones se considera un delito que podría implicar una multa económica o hasta seis meses de prisión.

Los pasajeros deben tener un certificado médico con un resultado de coronavirus (COVID-19) negativo emitido a más tardar 72 horas antes de la llegada y están sujetos a exámenes médicos y a al autoaislamiento.

Desde el 13 de enero todos los pasajeros que ingresan a Ecuador deben presentar de manera obligatoria una prueba negativa de RT-PCR realizada máximo diez (10) días antes de la fecha de arribar al país. Sin esta prueba el pasajero no pueden embarcar en el aeropuerto de origen.

Al llegar a Ecuador la autoridad realizará pruebas aleatorias de COVID-19 (antígenos) y si un pasajero presenta síntomas relacionados a la Covid-19 estará sujeto a un testeo obligatorio por parte de la autoridad.

Este país también requiere un resultado negativo de un test de COVID-19 con un máximo de 72 de haberse realizado. El resultado debe estar en español, inglés o portugués y esto aplica para todos los pasajeros, incluso para los que están en tránsito o haciendo conexión. Aunque estos no tengan previsto ingresar al país tienen que presentar la prueba. Sin este documento el embarque será negado en origen.

Además deben completar la declaración de Salud del Viajero, que debe ser completada de forma online por todos los pasajeros. Hasta el momento no se requiere una cuarentena formal para entrar a Brasil.

Para ir a este país hay que presentar un test negativo de PCR, realizado hasta 72 horas previo a la salida del vuelo. El embarque será negado en el punto de origen a pasajeros que no cumplan con este requisito.

Todos los pasajeros deben realizar una cuarentena obligatoria de 10 días desde que les fuera efectuada la prueba PCR, exceptuando, con autorización de la Dirección Nacional de Migraciones, a los diplomáticos y funcionarios exclusivamente para cumplir una misión oficial, deportistas solo en caso de eventos deportivos, extranjeros no residentes que desarrollen una actividad laboral o comercial y pasajeros en tránsito.

Otros países de América Latina que tienen requisitos similares son Paraguay, Bolivia y Uruguay. Otros, en cambio, como México, Costa Rica y otros no son tan exigentes.

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Lanzan nueva política de anonimato de datos en Poder Judicial.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).

La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.

Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).

El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.

En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.

Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).

La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.

Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.

La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.

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Sigue política irracional de préstamos del Gobierno.

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SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.

sp-am

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Desvinculan de Educación a más de 600 docentes por faltas graves y cobrar sin trabajar.

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Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del  Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos

  • El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.

«Profunda investigación»

El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

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