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Opinión

Consecuencias de la anomia social

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Por Juan Bolívar Díaz

JUAN-BOLIVAR-DIAZ-2-300x199111-e1372603134555Obliga a una seria reflexión el hecho de que 9 de los 13 beisbolistas suspendidos esta semana por las Grandes Ligas de los Estados Unidos por el uso de substancias prohibidas para aumentar su rendimiento sean dominicanos, una proporción del 69 por ciento. Desde que en el 2005 prohibieron el dopaje, 18 de los 43 sancionados son dominicanos para un promedio de 42 por ciento.

Se trata de una proporción demasiado elevada si se tiene en cuenta que los peloteros dominicanos en esas ligas han venido representado en la última década entre 8 y 10 por ciento del total, lo que pone en tela de juicio el prestigio que se habían ganado en estos años con sobresalientes actuaciones. Es obvio que la mayoría de nuestros atletas se han ganado sus lauros sin volarse las vallas normativas, pero algunos de los más relevantes están contribuyendo al desprestigio.

La cuestión está lacerando el alma de los dominicanos, que durante muchos años han compensado en el éxito beisbolero nuestra incapacidad competitiva en cuestiones fundamentales y el liderazgo negativo del país en múltiples evaluaciones, índices y barómetros internacionales.

Con lo recién ocurrido debería ser suficiente para que los jóvenes beisbolistas, los de las ligas mayores y menores, y los que llenan las academias nacionales, comprendan que ya no será posible  seguir exportando la anomia social que carcome  el alma de la sociedad dominicana. Es obvio que en Estados Unidos el que no pueda jugar limpio, quedará fuera de toda oportunidad en una actividad generadora de cientos de millones de dólares anuales para centenares de jóvenes dominicanos, en su mayoría provenientes de la exclusión social.

La reflexión tiene que ser generalizada entre los ciudadanos más responsables y en el liderazgo político y social dominicano. Todos tenemos que preguntarnos cuál es el futuro que nos espera como sociedad si desde arriba transmitimos el mensaje de que aquí la Constitución y las leyes, los reglamentos y las normas de convivencia no son para cumplirlas sino para ser burladas.

Esta sociedad está urgida de una catarsis para proscribir la idea de que se puede incurrir en cualquier delito, incluso de consecuencias sociales, con la seguridad de que quedará bajo el manto de la impunidad, si el infractor es de las élites políticas, empresariales o sociales.

Hemos de recordar una y otra vez que en el último índice de competitividad del Foro Económico Mundial la República Dominicana lidera en la posición 144 de 144 naciones en los renglones “despilfarro en gastos gubernamentales” y “favoritismo de los funcionarios públicos, y que ocupamos la posición 142 en “desvío de fondos públicos”.

Hay que preguntarse cuál es el meta mensaje que estamos enviando a las nuevas generaciones, especialmente a ese tercio de los jóvenes dominicanos que ni estudian ni trabajan, según expresó esta semana el presidente Danilo Medina. Más aún cuando la impunidad genera una desvergonzada exhibición de la riqueza mal habida.

El sociólogo Cándido Mercedes, un profundo analista dominicano, reaccionó al terrible escándalo de nuestros beisbolistas, indicando que “una sociedad donde las instituciones casi no funcionan, donde no hay consecuencias, con pobreza material sin institucionalidad ni valores, produce la pobreza del alma. Es la crisis existencial que nos abate y acogota nuestra sociedad, una crisis de paradigmas y líderes modélicos”.

De manera que no seamos hipócritas atribuyendo toda la responsabilidad a esos beisbolistas. Ellos están siguiendo la partitura que le hemos enseñado. Su mayor error es no haber comprendido que nuestro desguañangue moral y ético ya no es aceptable en muchos países donde las normativas son para ser cumplidas y a quien atrapan fuera de base, queda excluido del juego.

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Opinión

«¡Salvemos la patria!»

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Por Isaías Ramos

Han transcurrido seis semanas desde la promulgación de la Ley 1-24, una normativa que socava el Estado Democrático de Derecho consagrado por nuestra Constitución, infringiendo los derechos fundamentales que esta establece.

Nos encontramos ante un ataque directo a la democracia y a los derechos de los ciudadanos, ejecutado por aquellos congresistas de la partidocracia y miembros del ejecutivo que han traicionado su juramento de respetar, proteger y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Este acto no tiene precedentes desde 1978, cuando el PRD, bajo el liderazgo de Don Antonio Guzmán, devolvió al pueblo dominicano sus derechos fundamentales tras una larga lucha llena de sacrificios, lágrimas y sangre. Es una verdadera deshonra que hoy sean sus propios descendientes quienes lideren este acto reprochable, fallando así a la memoria de sus antepasados.

En estos momentos críticos para nuestra nación, y en plena campaña electoral donde se intenta ahogar a las voces disidentes, es provechoso recordar las palabras del profeta Isaías: «¡Ay de aquellos que dictan leyes injustas y prescriben tiranía…!»

Debemos señalar y responsabilizar a quienes están detrás de esta grave ofensa a la democracia. No podemos tolerar la impunidad cuando se atentan contra los derechos más elementales de los ciudadanos. Si permitimos que la corrupción y la injusticia se perpetúen, corremos el riesgo de sufrir el mismo destino que otras naciones sumidas en la miseria y el horror por décadas.

La advertencia no podría ser más clara: es urgente tomar medidas para evitar un futuro sombrío. Ha llegado el momento de despertar nuestras conciencias y movilizar acciones hacia una transformación profunda, basada en la justicia, la igualdad y el respeto por la dignidad humana.

Desde el Frente Cívico Social, convocamos al pueblo dominicano a unirse en estos tiempos de prueba, donde nuestra libertad se ve amenazada. Es crucial exigir la derogación inmediata de esta ley para restituir el Estado Democrático de Derecho, hoy vulnerado por esta partidocracia traidora.

De no revertirse este adefesio y participar en las elecciones legislativas y presidenciales, estaríamos legitimizando la anticonstitucionalidad que reviste a esta ley. A la vez, estaríamos abriendo las puertas a épocas de terror y miedo ya superadas.

Debemos prepararnos para, en caso de que no sea derogada antes de las elecciones, movilizarnos hacia una abstención máxima en el sufragio o el llamado al voto nulo.

El Frente Cívico y Social se erige como una luz de esperanza en medio de la oscuridad institucional, proponiendo un cambio radical para poner fin a la corrupción e impunidad que han plagado nuestro sistema durante décadas. Es esencial respaldar iniciativas que busquen restaurar el orden y construir una sociedad más justa y equitativa.

Nos enfrentamos a un desafío histórico: romper el ciclo de opresión y desesperanza al que hemos estado atados. La clave de nuestro éxito residirá en nuestra capacidad colectiva para organizarnos, resistir juntos y construir un futuro basado en valores éticos sólidos.

El llamado del FCS es a no permanecer indiferentes ante la injusticia que nos rodea. Es hora de levantar la voz contra el engaño político, la manipulación mediática y toda forma de opresión que amenace nuestros derechos fundamentales.

El tiempo apremia. La urgencia de actuar con determinación ante el desafío histórico que enfrentamos nos convoca. ¡Unámonos en este camino hacia una sociedad más justa e igualitaria! Es momento de despertar y actuar juntos para salvaguardar nuestra patria, nuestros derechos y nuestra democracia. La unión, la perseverancia y el compromiso de cada dominicano serán cruciales para superar esta encrucijada. La historia nos observa, y el futuro de nuestra nación descansa en nuestras manos.

Juntos, podemos revertir el curso de estos acontecimientos y asegurar que nuestra patria retome el camino de la justicia, la libertad y la prosperidad.

¡Despierta, RD!

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Opinión

Una  vía apropiada para recibir las solicitudes de la Corte Penal Internacional.

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Por Rommel Santos Díaz

Según el artículo 87 del Estatuto de Roma, las solicitudes de la Corte ¨se tramitarán por vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado  que haya designado cada Estado Parte a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ̈. Se podrán realizar cambios subsiguientes a este establecimiento, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Adicionalmente, cada Estado deberá indicar el idioma más apropiado para la correspondencia en el momento de ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al Estatuto.

Según el artículo 87, las solicitudes de la Corte Penal Internacional podrán ser tramitadas por medio de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) o de cualquier otra organización regional competente.

En cuanto a las obligaciones el artículo 87 requiere que cada Estado, al ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al Estatuto de Roma designe:

  1. a)Una via para comunicarse, ya sea diplomática o no; y
  2. b)Un idioma de correspondencia, ya sea el idioma oficial del Estado o un idioma de trabajo de la Corte ( inglés o francés).

Respecto a la vía diplomática o cualquier otra vía apropiada, el Estado podría preferir la práctica ya establecida por ese Estado para el Tribunal Penal Internacional  de la Antigua Yugoslavia. Por ejemplo, muchos han recibido correspondencia  de este tribunal a través de sus embajadas con sede en La Haya. En los casos en que el Estado no tenga una práctica establecida  con el tribunal de referencia, este podría designar a una sección o departamento del Ministerio de Relaciones Exteriores o del Ministerio de Justicia para que tenga comunicación directa con la Corte Penal Internacional.

Respecto a la elección de un idioma para la comunicación con la Corte Penal Internacional, el Estado puede elegir uno de sus idiomas oficiales o uno de los idiomas de trabajo de la  Corte. Asimismo los Estados podrían seguir con la práctica de comunicación establecida con  el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Claramente, el Estado deberá tomar en cuenta cualquier legislación existente sobre el idioma oficial.

Finalmente, las solicitudes podrán tramitarse desde la Corte a la Organización Internacional de Policía Criminal  o cualquier organización regional competente. Respecto a los Estados, normalmente la Corte sólo tramitará las solicitudes a una organización regional cuando requiera la asistencia de cada Estado en esa organización o requiera asistencia de la misma organización regional. La organización regional deberá contar con una estructura para tramitar tales solicitudes los Estados miembros. Los Estados a su vez deberán garantizar la posibilidad de recibir y ejecutar las solicitudes  hechas por medio de organizaciones regionales y la Interpol.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

Elecciones y mucha tela para cortar

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Por Nelson Encarnación

El recién transcurrido proceso electoral del domingo 18 de febrero tiene tantas vertientes importantes para analizar que habría que dedicarles varias entregas para tratar de abordarlas lo más ampliamnente que podamos.

Por lo pronto, me voy a concentrar en dos aspectos que entiendo de mucha relevancia, sobre todo por la cercanía del evento mayor, o sea, las presidenciales y congresuales de mayo.

Uno de ellos se refiere al caso muy particular de las encuestas, y de estas uno tiene mucho más de particular aún.

Los días 6,7 y 8 de febrero, el Centro Económico del Cibao publicó tres entregas sucesivas en las cuales recogía las proyecciones de los resultados probables en los 25 municipios más poblados del país, en los que vaticinaba el triunfo de los respectivos candidatos.

Como suele ocurrir en cada evento electoral, esas proyecciones fueron atacadas como el producto de “la sastrería de Aguilera”, en obvia elucubración de que se trataba de muestras prefabricadas.

¿Qué ocurrió el domingo 18? De los 25 pronósticos, el CEC falló en dos con un acierto de 99.92%, algo sencillamente impresionante cuando se trata de un proceso tan complejo como son las elecciones municipales, debido a la elevada dispersión que dificulta la muestra estadística.

De modo que, del proceso recién culminado han salido dos claros ganadores: el PRM electoralmente, y la credibilidad de Leonardo Aguilera y el Centro Económico del Cibao.

El otro elemento que abordaré tiene que ver con la narrativa de la elevada abstención como factor determinante—o por lo menos muy relevante—para la debacle electoral de la alianza opositora.

Es un argumento falaz, pues si las estadísticas no han cambiado, es bastante probable que el incremento de la votación registrara la misma distribución en términos porcentuales de lo surgido de las urnas el domingo.

Es decir que, si la población que se abstuvo hubiese acudido, su votación se habría distribuido exactamente en la relación que conocemos.

¿O puede caberle a alguien en la cabeza que los abstencionistas fueron de un litoral específico y que de haber votado se irían todos a engrosar el caudal de ese hemisferio electoral?

Argumentar sobre ese desatino tiene la única intención de justificar un desenlace adverso y una forma de evadir la responsabilidad en una serie de costosos errores políticos. Volveremos.

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