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Su Reglamento de Control Interno es aprobado por el Consejo del Poder Judicial.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un sistema de escalafón judicial, la agilización de los casos pendientes en los tribunales, el ascenso y el traslado de jueces fueron, entre otras, las medidas aprobadas por el Consejo del Poder Judicial.
El Reglamento de Control Administrativo Interno contempla y dispone que la la Dirección General de Administración y Carrera Judicial gestione la implementación de los puntos mencionados y de ese modo mejorar la operatividad y administración de justicia en la República Dominicana.
La resolución (número 009/2019) destaca que el accionar del Consejo se fundamenta en “los principios de juridicidad, ética, servicio objetivo a las personas, racionalidad, igualdad de trato, eficacia, seguridad jurídica, proporcionalidad, ejercicio normativo del poder, imparcialidad e independencia, entre otros”.
El Consejo del Poder Judicial lo preside el magistrado Luis Henry Molina Peña y lo integran los magistrados Nancy Salcedo Fernández, Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo, cada uno de ellos en representación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los de la Corte de Apelación, de Primera Instancia y de Paz, respectivamente.
En la nota de prensa que informó de los detalles del Reglamento también reveló que este dispone que los consejeros están obligados a guardar el secreto de las deliberaciones y rendir al Consejo informe trimestral de su gestión.
En cuanto a la labor del Consejo como órgano, ordena que “tanto la agenda de sus reuniones como el acta resultante de las mismas sean públicas y su contenido informado en el portal web del Poder Judicial, a excepción de los puntos que pudieren vulnerar la privacidad, dignidad, honor, imagen pública de la persona y la presunción de inocencia”.
Los directores de órganos de apoyo tienen entre sus funciones proponer proyectos para alcanzar los objetivos establecidos por el Consejo y ejercer las competencias que le sean delegadas.
De forma particular, establece que la Secretaría General es el órgano de apoyo operativo encargado de servir de enlace entre el Consejo y los demás órganos y en adición a las atribuciones (conferidas mediante Ley núm. 28-11) asistirá a la Presidencia en la supervisión de la ejecución de las decisiones emanadas del Consejo y de las respectivas Comisiones.
La Dirección General de Administración y Carrera Judicial asistirá al Consejo en la formulación de programas, normas, políticas y estrategias de la carrera judicial y de la carrera administrativa judicial.
También administrará y monitoreará la gestión de recursos humanos del poder Judicial, conociendo las licencias, vacaciones y permisos; procesará las suplencias de titulares de los órganos de apoyo operativo, aplicaár la evaluación de desempeño de los jueces, funcionarios y empleados administrativos y gestionará las solicitudes de agilización de casos pendientes en los tribunales, presentadas por los usuarios y rendirá un informe periódico al Consejo.
En cuanto a la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial deberá formular, ejecutar y evaluar el programa anual de auditorías y de acciones de control y someterlo a la aprobación del Consejo.
La Inspectoría General tendrá a su cargo investigar las denuncias presentadas por los usuarios del sistema que les fueran remitidas por el Consejo, o de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Disciplinario.
La Dirección General Técnica tiene dentro de sus atribuciones formular y presentar al Consejo el proyecto de presupuesto anual en coordinación con la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, así como diseñar e implementar nuevos modelos de gestión en los despachos judiciales.
Este nuevo reglamento deroga la Resolución 03-14 de fecha 19 de mayo de 2014, así como toda otra resolución dictada por dicho órgano administrativo y disciplinario que le sea contraria.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.