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Su Reglamento de Control Interno es aprobado por el Consejo del Poder Judicial.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un sistema de escalafón judicial, la agilización de los casos pendientes en los tribunales, el ascenso y el traslado de jueces fueron, entre otras, las medidas aprobadas por el Consejo del Poder Judicial.
El Reglamento de Control Administrativo Interno contempla y dispone que la la Dirección General de Administración y Carrera Judicial gestione la implementación de los puntos mencionados y de ese modo mejorar la operatividad y administración de justicia en la República Dominicana.
La resolución (número 009/2019) destaca que el accionar del Consejo se fundamenta en “los principios de juridicidad, ética, servicio objetivo a las personas, racionalidad, igualdad de trato, eficacia, seguridad jurídica, proporcionalidad, ejercicio normativo del poder, imparcialidad e independencia, entre otros”.
El Consejo del Poder Judicial lo preside el magistrado Luis Henry Molina Peña y lo integran los magistrados Nancy Salcedo Fernández, Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo, cada uno de ellos en representación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los de la Corte de Apelación, de Primera Instancia y de Paz, respectivamente.
En la nota de prensa que informó de los detalles del Reglamento también reveló que este dispone que los consejeros están obligados a guardar el secreto de las deliberaciones y rendir al Consejo informe trimestral de su gestión.
En cuanto a la labor del Consejo como órgano, ordena que “tanto la agenda de sus reuniones como el acta resultante de las mismas sean públicas y su contenido informado en el portal web del Poder Judicial, a excepción de los puntos que pudieren vulnerar la privacidad, dignidad, honor, imagen pública de la persona y la presunción de inocencia”.
Los directores de órganos de apoyo tienen entre sus funciones proponer proyectos para alcanzar los objetivos establecidos por el Consejo y ejercer las competencias que le sean delegadas.
De forma particular, establece que la Secretaría General es el órgano de apoyo operativo encargado de servir de enlace entre el Consejo y los demás órganos y en adición a las atribuciones (conferidas mediante Ley núm. 28-11) asistirá a la Presidencia en la supervisión de la ejecución de las decisiones emanadas del Consejo y de las respectivas Comisiones.
La Dirección General de Administración y Carrera Judicial asistirá al Consejo en la formulación de programas, normas, políticas y estrategias de la carrera judicial y de la carrera administrativa judicial.
También administrará y monitoreará la gestión de recursos humanos del poder Judicial, conociendo las licencias, vacaciones y permisos; procesará las suplencias de titulares de los órganos de apoyo operativo, aplicaár la evaluación de desempeño de los jueces, funcionarios y empleados administrativos y gestionará las solicitudes de agilización de casos pendientes en los tribunales, presentadas por los usuarios y rendirá un informe periódico al Consejo.
En cuanto a la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial deberá formular, ejecutar y evaluar el programa anual de auditorías y de acciones de control y someterlo a la aprobación del Consejo.
La Inspectoría General tendrá a su cargo investigar las denuncias presentadas por los usuarios del sistema que les fueran remitidas por el Consejo, o de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Disciplinario.
La Dirección General Técnica tiene dentro de sus atribuciones formular y presentar al Consejo el proyecto de presupuesto anual en coordinación con la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, así como diseñar e implementar nuevos modelos de gestión en los despachos judiciales.
Este nuevo reglamento deroga la Resolución 03-14 de fecha 19 de mayo de 2014, así como toda otra resolución dictada por dicho órgano administrativo y disciplinario que le sea contraria.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-Celso Juan Marranzini Esteva, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), aseguró que, más que “ansiedad” ante la crisis internacional derivada del conflicto en Medio Oriente, en la República Dominicana predomina una preocupación normal que debe traducirse en medidas concretas para proteger la estabilidad económica.
Marranzini planteó que el país necesita equilibrar el presupuesto, mitigar los efectos inflacionarios y, al mismo tiempo, impulsar el dinamismo de la economía, en un escenario donde el alza de los combustibles presiona a consumidores, empresas y al propio Estado.
“Lo que existe es una preocupación normal que debe traducirse en enfoque y acción”, indicó, al insistir en que el momento requiere decisiones orientadas a sostener la actividad productiva sin descuidar la disciplina fiscal.
El presidente del CONEP también abogó por focalizar los subsidios y reorientar el gasto público, evitando que el gasto corriente continúe incrementándose como resultado de la acumulación de crisis recientes.
Marranzini subrayó, además, que para aliviar al sector privado se requiere reducir burocracia y permisología, facilitando tanto la inversión extranjera como la local, esta última —recordó— responsable de la mayor parte de la inversión en el país.
El dirigente empresarial advirtió que eliminar trabas y agilizar procesos ayudaría a evitar costos adicionales para la industria y a favorecer la actividad productiva, especialmente en un contexto de presiones externas sobre precios y costos operativos.
El presidente del CONEP, dijo que esperan que para la próxima reunión con el gobierno se presenten propuestas concretas y cuidar de que las medidas no queden de forma permanente.
«En la próxima reunión nosotros lo que esperamos ya es que se haga como una presentación de ideas, de medidas concretas para nosotros poder opinar al respecto», expresó Marranzini
El empresario fue enfático en una de las principales preocupaciones del sector: que las decisiones que se adopten para enfrentar la coyuntura actual no se vuelvan estructurales. «Hemos sido muy vocales diciendo que hay que cuidar que las medidas no queden de forma permanente, porque venimos ya de varios conflictos y lo que está en riesgo es aumentar más el gasto corriente», advirtió.
En esa línea, Marranzini llamó a focalizar los subsidios y «enfocar los cañones al manejo y a la mitigación de la crisis», subrayó.
Santo Domingo, R.D.-Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología, advirtió que las lluvias continuarán debido a un sistema frontal y una vaguada sobre el territorio nacional.
“Las lluvias van a continuar. Tenemos un sistema frontal que se mantiene ahí estacionario al noreste del territorio nacional y una vaguada muy profunda que se manifiesta en todos los niveles de la tropósfera”, explicó.
Agregó que existe “mucha humedad, mucha inestabilidad atmosférica”, lo que provocará lluvias intensas especialmente en el norte y noreste del país, desplazándose hacia el este.
“Vamos a tener una semana en que seguirá lloviendo, tenemos ya suelo saturado, tenemos prácticamente 45 días lloviendo todos los días en algunas regiones del territorio nacional”, advirtió.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 26 provincias en alerta amarilla y dos en verde, recordó su director, Juan Méndez García, al tiempo que llamó a la población a ser prudente.
“Es importante que la población en sentido general se abstenga de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pies. Evitar las imprudencia es sumamente importante para usted preservar su vida”, afirmó.
También alertó sobre conductas de riesgo. “Hemos visto situaciones que han desbordado el ánimo de las personas y es producto de algunas imprudencias cometida con persona cruzando ríos o lanzándose a los ríos para bañarse. Hay que evitar este tipo de situaciones”, añadió.
Santo Domingo, R.D.-Los abogados del exprocurador Jean Alain Rodriguez y las empresas Jurinvest Abogados SRL e Inversiones M, solicitaron ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la nulidad total del proceso judicial que enfrenta sus representado.
Según dijo, el proceso ha estado viciado desde antes de su inicio formal. El jurista recordó incidentes previos, como los intentos de salida del país de Alain Rodríguez, los cuales fueron impedidos sin que existiera una medida de coerción judicial previa.
“Se está jugando con la dignidad y la presunción de inocencia de las personas. El Código establece un cerco para que la información en el marco de la investigación no sea debatida en la prensa”, afirmó el abogado.
La defensa argumenta que la exposición mediática de datos sensibles genera un «proceso paralelo» con consecuencias devastadoras, ya que los señalados llegan al tribunal con una condena social previa. Sostienen que los magistrados podrían verse influenciados por la presión mediática y la opinión pública antes de evaluar las pruebas en estrado.
Asimismo, el abogado sostuvo que la filtración constante «corroe de manera permanente» el derecho fundamental a ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Para sustentar su postura, De los Santos Coll presentó ante el tribunal jurisprudencia de cinco tribunales latinoamericanos que han dictado la nulidad de acusaciones debido a filtraciones a la prensa y ocultamiento de pruebas.
Aunque el jurista reconoció que no es común obtener este tipo de decisiones en la jurisdicción local, enfatizó que la ley lo ampara.
«Aspiramos a que algún día se rinda una decisión responsable hacia el futuro. Lo que pasa es que no es fácil asumir esa responsabilidad desde el ámbito jurisdiccional», acotó.