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Presentan Reglamento Disciplinario aplicable a Oficiales Públicos
Santo Domingo.- Las sanciones disciplinarias de conformidad con la Constitución de la República, las leyes y normas complementarias están contenidas en el Reglamento aplicable a oficiales públicos por el Consejo del Poder Judicial.
Mediante la resolución número 02-2023 se regula el procedimiento disciplinario sancionador aplicable a alguaciles de estrado, ordinarios, intérpretes judiciales, venduteros públicos y agrimensores habilitados(as) como oficiales públicos, estos últimos, al tenor de las disposiciones de los artículos 5, 25 y 116 Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario.
De su lado, el inspector general del Poder Judicial, Jacinto Castillo, al presentar dicha resolución destacó que los oficiales públicos son la base fundamental sobre la que se erige la justicia, ya que a través de ellos se convoca a las partes, se traduce al idioma español, identifican y deslindan los terrenos sujetos a propiedad, entre otros papeles imprescindibles que estos realizan.
En la actividad estuvieron presentes, además, la consejera Bionni Zayas Ledesma y la doctora Gervasia Valenzuela, secretaria general del CPJ; la magistrada María Antonia Díez García, jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, España y consejera residente del proyecto Twinning; así como representantes de los gremios de alguaciles, oficiales públicos e intérpretes judiciales, entre otros.
“La acción disciplinaria es pública y procura garantizar la efectividad de las reglas, fines y principios previstos en la Constitución y en la ley para el ejercicio de la función pública imponiendo las sanciones legales correspondientes a quienes cometan irregularidades o faltas previstas en la ley”, estable el artículo 5 de dicha resolución.
Asimismo, indica que la investigación a un oficial público inicia por imputación, denuncia o queja de cualquier persona, autoridad o institución que realice de manera directa o a través de cualquier organismo del Poder Judicial, cuya investigación recae bajo responsabilidad de la Inspectoría General del Consejo, quien también tiene la facultad de proceder de oficio, según lo estipulado en el reglamento.
La denuncia debe contener como requisitos básicos la identidad, domicilio y contacto del denunciante; la relación circunstanciada y precisa de los hechos, los elementos probatorios que fundamentan la denuncia, si el(la) denunciante tuviere acceso a ellos o la indicación de dónde se encuentran o provienen.
Asimismo, nombre del oficial público denunciado(a), identificación del o de los inmuebles que están involucrados en la denuncia, si aplica, en el caso de los oficiales habilitados. De igual manera, se podrá acompañar la denuncia con la documentación y referencias que se consideren necesarias o de utilidad para fundamentarla.
El reglamento ofrece a todo(a) oficial público que sea denunciado(a) públicamente de la comisión de una falta disciplinaria a comparecer directamente ante la Inspectoría General y solicitar la investigación correspondiente; así como interponer recurso de reconsideración de su caso ante el Consejo del Poder Judicial.
La Inspectoría General deberá realizar las investigaciones que resulten procedentes de acuerdo con el principio de objetividad, recolectando elementos probatorios, tanto de cargo como de descargo en un plazo de ocho meses para concluir la investigación y enviar su acto conclusivo conteniendo su propuesta de archivo o acusación a la Comisión Disciplinaria Administrativa y de Oficiales Públicos.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.