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Presentan Reglamento Disciplinario aplicable a Oficiales Públicos
Santo Domingo.- Las sanciones disciplinarias de conformidad con la Constitución de la República, las leyes y normas complementarias están contenidas en el Reglamento aplicable a oficiales públicos por el Consejo del Poder Judicial.
Mediante la resolución número 02-2023 se regula el procedimiento disciplinario sancionador aplicable a alguaciles de estrado, ordinarios, intérpretes judiciales, venduteros públicos y agrimensores habilitados(as) como oficiales públicos, estos últimos, al tenor de las disposiciones de los artículos 5, 25 y 116 Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario.
De su lado, el inspector general del Poder Judicial, Jacinto Castillo, al presentar dicha resolución destacó que los oficiales públicos son la base fundamental sobre la que se erige la justicia, ya que a través de ellos se convoca a las partes, se traduce al idioma español, identifican y deslindan los terrenos sujetos a propiedad, entre otros papeles imprescindibles que estos realizan.
En la actividad estuvieron presentes, además, la consejera Bionni Zayas Ledesma y la doctora Gervasia Valenzuela, secretaria general del CPJ; la magistrada María Antonia Díez García, jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, España y consejera residente del proyecto Twinning; así como representantes de los gremios de alguaciles, oficiales públicos e intérpretes judiciales, entre otros.
“La acción disciplinaria es pública y procura garantizar la efectividad de las reglas, fines y principios previstos en la Constitución y en la ley para el ejercicio de la función pública imponiendo las sanciones legales correspondientes a quienes cometan irregularidades o faltas previstas en la ley”, estable el artículo 5 de dicha resolución.
Asimismo, indica que la investigación a un oficial público inicia por imputación, denuncia o queja de cualquier persona, autoridad o institución que realice de manera directa o a través de cualquier organismo del Poder Judicial, cuya investigación recae bajo responsabilidad de la Inspectoría General del Consejo, quien también tiene la facultad de proceder de oficio, según lo estipulado en el reglamento.
La denuncia debe contener como requisitos básicos la identidad, domicilio y contacto del denunciante; la relación circunstanciada y precisa de los hechos, los elementos probatorios que fundamentan la denuncia, si el(la) denunciante tuviere acceso a ellos o la indicación de dónde se encuentran o provienen.
Asimismo, nombre del oficial público denunciado(a), identificación del o de los inmuebles que están involucrados en la denuncia, si aplica, en el caso de los oficiales habilitados. De igual manera, se podrá acompañar la denuncia con la documentación y referencias que se consideren necesarias o de utilidad para fundamentarla.
El reglamento ofrece a todo(a) oficial público que sea denunciado(a) públicamente de la comisión de una falta disciplinaria a comparecer directamente ante la Inspectoría General y solicitar la investigación correspondiente; así como interponer recurso de reconsideración de su caso ante el Consejo del Poder Judicial.
La Inspectoría General deberá realizar las investigaciones que resulten procedentes de acuerdo con el principio de objetividad, recolectando elementos probatorios, tanto de cargo como de descargo en un plazo de ocho meses para concluir la investigación y enviar su acto conclusivo conteniendo su propuesta de archivo o acusación a la Comisión Disciplinaria Administrativa y de Oficiales Públicos.
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Abinader es felicitado por presidente de Honduras por organización de Santo Domingo 2026
Nasry Asfura, presidente de Honduras, felicitó a su homólogo dominicano, Luis Abinader, por la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que concluyen este sábado en la capital dominicana.
Durante un encuentro celebrado en Cali, Colombia, Asfura explicó que dirigentes deportivos hondureños que participan en los Juegos le manifestaron estar gratamente impresionados con la organización, las instalaciones deportivas, la villa destinada a los atletas y el trato recibido.
Ambos gobernantes se reunieron en un hotel de la ciudad colombiana, donde asistieron a la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella.
Durante la conversación, el mandatario hondureño solicitó el respaldo y la colaboración de República Dominicana para organizar los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos para celebrarse en Honduras en 2029.
Asfura afirmó que Santo Domingo 2026 ha representado un ejemplo para la región por la calidad organizativa de un evento que reúne a más de 6,200 atletas y representantes de organizaciones deportivas.
Abinader prometió compartir la experiencia dominicana en todo lo relacionado con la organización y el montaje de la competencia.
Asimismo, puso en contacto al mandatario hondureño con el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, para iniciar un proceso de colaboración con las autoridades deportivas de Honduras.
En otra parte del encuentro, el presidente dominicano invitó a Asfura a visitar República Dominicana para continuar profundizando las relaciones comerciales, empresariales y culturales entre ambos países. La fecha de la visita será informada posteriormente.
En la reunión participaron también los cancilleres Roberto Álvarez, de República Dominicana, y Mireya Agüero, de Honduras, así como Jaqueline Foglia Sandoval, embajadora hondureña en Colombia, y Félix Aracena, embajador dominicano en ese país.
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Jueces reprograman para el 23 septiembre lectura íntegra de sentencia contra Adán Cáceres y coimputados
Santo Domingo, R.D.-La lectura integra de la sentencia número 249-02-2026 SSEN-00040 fue reprogramada para el 23 de septiembre a las dos de la tarde por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual condena a Adam Caceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robipu, acusados de corrupción y lavado de activos.
La decisión, contenida en el Auto núm. 249-02-2026-TFIJ-00052, busca concluir adecuadamente la redacción y revisión de la decisión motivada correspondiente al proceso núm. 062-2022-EPEN-00201, tras ponderar la complejidad del proceso y la amplitud del debate del juicio oral que se extendió por aproximadamente 658 días calendario.
En el proceso fueron juzgados 36 acusados, de los cuales 29 son personas físicas y 7 personas jurídicas, además de la participación de 18 intervinientes voluntarios.
El órgano jurisdiccional destacó que la explicación oral ofrecida al momento de pronunciar el dispositivo de la sentencia tuvo una duración aproximada de 11 horas, mientras que la parte dispositiva comprende 41 ordinales distribuidos en 88 páginas.
Aunque el tribunal informó que ha mantenido un trabajo constante en la redacción de la sentencia desde la emisión del dispositivo, indicó que aún restan aspectos cuya fundamentación demanda un análisis detallado.
La decisión también enfatiza que la motivación de las sentencias constituye una garantía esencial del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.
Al evaluar el cronograma procesal, el tribunal explicó que el plazo legal para la redacción de la sentencia concluía el 8 de septiembre de 2026. Sin embargo, consideró razonable otorgar una extensión adicional de 10 días hábiles, fijando la lectura íntegra para el 23 de septiembre de 2026.
Finalmente, el tribunal ordenó la notificación de esta decisión a todas las partes involucradas y reiteró que la lectura íntegra de la sentencia constituye el acto formal de notificación previsto por la normativa procesal penal.
BARAHONA.- Ciento nueve armas de fuego de diferentes marcas y calibres, además de municiones, drogas y objetos vinculados a actividades delictivas en las provincias de la region de Enriquillo, fueron ocupados por la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional.
Las autoridades indicaron que, como resultado de las labores de prevención, inteligencia e investigación, decenas de personas han sido apresadas en flagrante delito por su presunta vinculación con distintas infracciones.
Entre las armas ocupadas figuran ocho de alto calibre, incluidos cuatro fusiles, lo que, según la institución, representa un golpe a la circulación ilegal de armamentos y contribuye a reducir los riesgos asociados a hechos violentos en la zona.
La Policía informó que demás de las armas de fuego, durante operativos preventivos realizados desde el 21 de febrero hasta la fecha, también fueron incautadas sustancias narcóticas, armas cortopunzantes, balanzas, dinero en efectivo y otros artículos relacionados con actividades ilícitas.
La Policía atribuyó los resultados a las acciones estratégicas desplegadas por la Dirección Regional Sur en coordinación con sus departamentos operativos e investigativos, como parte de las medidas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos.
La institución aseguró que continuará ejecutando operativos focalizados y acciones conjuntas con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad del Estado para combatir el porte ilegal de armas, el microtráfico de drogas y otras manifestaciones delictivas que afectan a las comunidades de la región Enriquillo.
Asimismo, exhortó a los ciudadanos a colaborar con las autoridades mediante denuncias oportunas y garantizó la confidencialidad de las informaciones suministradas, como parte del esfuerzo para preservar el orden, la paz y la seguridad en la zona.
an/am