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Presentan Reglamento Disciplinario aplicable a Oficiales Públicos
Santo Domingo.- Las sanciones disciplinarias de conformidad con la Constitución de la República, las leyes y normas complementarias están contenidas en el Reglamento aplicable a oficiales públicos por el Consejo del Poder Judicial.
Mediante la resolución número 02-2023 se regula el procedimiento disciplinario sancionador aplicable a alguaciles de estrado, ordinarios, intérpretes judiciales, venduteros públicos y agrimensores habilitados(as) como oficiales públicos, estos últimos, al tenor de las disposiciones de los artículos 5, 25 y 116 Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario.
De su lado, el inspector general del Poder Judicial, Jacinto Castillo, al presentar dicha resolución destacó que los oficiales públicos son la base fundamental sobre la que se erige la justicia, ya que a través de ellos se convoca a las partes, se traduce al idioma español, identifican y deslindan los terrenos sujetos a propiedad, entre otros papeles imprescindibles que estos realizan.
En la actividad estuvieron presentes, además, la consejera Bionni Zayas Ledesma y la doctora Gervasia Valenzuela, secretaria general del CPJ; la magistrada María Antonia Díez García, jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, España y consejera residente del proyecto Twinning; así como representantes de los gremios de alguaciles, oficiales públicos e intérpretes judiciales, entre otros.
“La acción disciplinaria es pública y procura garantizar la efectividad de las reglas, fines y principios previstos en la Constitución y en la ley para el ejercicio de la función pública imponiendo las sanciones legales correspondientes a quienes cometan irregularidades o faltas previstas en la ley”, estable el artículo 5 de dicha resolución.
Asimismo, indica que la investigación a un oficial público inicia por imputación, denuncia o queja de cualquier persona, autoridad o institución que realice de manera directa o a través de cualquier organismo del Poder Judicial, cuya investigación recae bajo responsabilidad de la Inspectoría General del Consejo, quien también tiene la facultad de proceder de oficio, según lo estipulado en el reglamento.
La denuncia debe contener como requisitos básicos la identidad, domicilio y contacto del denunciante; la relación circunstanciada y precisa de los hechos, los elementos probatorios que fundamentan la denuncia, si el(la) denunciante tuviere acceso a ellos o la indicación de dónde se encuentran o provienen.
Asimismo, nombre del oficial público denunciado(a), identificación del o de los inmuebles que están involucrados en la denuncia, si aplica, en el caso de los oficiales habilitados. De igual manera, se podrá acompañar la denuncia con la documentación y referencias que se consideren necesarias o de utilidad para fundamentarla.
El reglamento ofrece a todo(a) oficial público que sea denunciado(a) públicamente de la comisión de una falta disciplinaria a comparecer directamente ante la Inspectoría General y solicitar la investigación correspondiente; así como interponer recurso de reconsideración de su caso ante el Consejo del Poder Judicial.
La Inspectoría General deberá realizar las investigaciones que resulten procedentes de acuerdo con el principio de objetividad, recolectando elementos probatorios, tanto de cargo como de descargo en un plazo de ocho meses para concluir la investigación y enviar su acto conclusivo conteniendo su propuesta de archivo o acusación a la Comisión Disciplinaria Administrativa y de Oficiales Públicos.
Santo Domingo, R.D.-Fue suspendida este jueves la docencia por el Ministerio de Educación (Minerd) en las provincias de Puerto Plata y Espaillat tras ser declaradas la tarde de estge miércoles en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las condiciones meteorológicas actuales.
La cartera educativa instruyó, además, a los directores regionales, distritales y de centros educativos a adoptar medidas preventivas en las siete provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución de las condiciones climáticas.
La entidad indicó que estas disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la potestad para suspender la docencia en áreas donde las condiciones climatológicas lo ameriten.
Asimismo, las autoridades educativas exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
El Ministerio recordó que el COE declara la alerta roja cuando existe un alto nivel de riesgo para la población, ante la inminente ocurrencia de fenómenos adversos o cuando estos ya están impactando de manera significativa, lo que requiere la adopción inmediata de medidas de protección.
El COE establece que la alerta amarilla indica una situación de riesgo moderado que puede escalar, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta y tomar precauciones.
De igual forma, la alerta verde se emite ante la posibilidad de un evento adverso, lo que implica condiciones de vigilancia y seguimiento, sin que represente un peligro inmediato.
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Alerta roja a Puerto Plata y Espaillat y otras 7 provincias están en amarilla y 13 en verde por lluvias
SANTO DOMINGO.- Fueron colocada en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) las provincias Puerto Plata y Espaillat, mientras que mantiene siete en amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a los efectos de una vaguada prefrontal y la interacción de los efectos del viento cálido del este/sureste .
Las provincias en alerta amarilla son: Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y San José de Ocoa.
Mientras que en verde están San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Santo Domingo, Valverde, Santiago, Rodríguez, Dajabón, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Distrito Nacional y Sánchez Ramírez.
De igual forma, en la costa atlántica exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento moderado y olas anormales.
De acuerdo al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) los campos nubosos del sistema frontal al norte del país y los efectos orográficos locales continuarán generando nublados esta noche y en el transcurso de la madrugada del jueves, acompañados de aguaceros intermitentes muy fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, sobre provincias del litoral costero Atlántico, el valle de Cibao, el sureste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.
Agregó que en la tarde, esta actividad de precipitaciones se extenderá sobre varios puntos del valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente hacia las provincias de: María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona y El Gran Santo Domingo.
Santo Domingo, R.D.-Jesus Castro Marte, obispo de la diócesis de La Altagracia, expresó su profunda preocupación por el acelerado desarrollo urbanístico en la zona de Verón-Punta Cana, señalando que muchos proyectos se están ejecutando sin cumplir con la debida planificación establecida en la Ley No. 0368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
El prelado dejó claro que no se opone al desarrollo, pero enfatizó la necesidad de que las autoridades competentes hagan cumplir estrictamente las normativas vigentes. En ese sentido, exhortó a que los desarrolladores inmobiliarios respeten las disposiciones legales tanto a nivel local como nacional y regional, con el fin de garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.
Asimismo, hizo un llamado urgente a proteger la inversión extranjera en el país, advirtiendo sobre la presencia de falsos desarrollistas que incurren en estafas inmobiliarias. Según indicó, estas prácticas afectan a ciudadanos que, con sacrificio, invierten sus ahorros o acceden a préstamos bancarios para adquirir una vivienda.
Castro Marte subrayó que la seguridad jurídica debe prevalecer para garantizar la confianza en el clima de inversión del país. “Mantener altos estándares en este aspecto es clave para preservar la imagen de la nación como una marca país confiable”, concluyó.