Derecho. El pasado proceso electoral del 2016 llevó a las urnas a los dominicanos, que se expresaron en favor del candidato de su preferencia, alcanzando el actual presidente Danilo Medina el 62 por ciento de los votos, mientras su más cercano contendor, Luis Abinader, logró el 35 por ciento de los votos.
Santo Domingo.-“Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”.
Ese mandato está contenido en el artículo 208 de la Constitución dominicana, que establece que “es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos”.
La Carta Magna señala, además, que “el voto es personal, libre, directo y secreto”.
En ese texto constitucional se apoyan el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y los presidentes de las fundaciones Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini; y Prensa y Derecho, Namphy Rodríguez para expresar su desacuerdo con la propuesta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que se establezca la obligatoriedad del voto en la ley electoral, como parte de las reformas que se discuten en el Congreso.
Al ser cuestionado sobre esa propuesta, el presidente del Tribunal Constitucional expresó que el voto es un derecho y que a nadie se le puede obligar a ejercerlo.
“Los derechos no son obligatorios”, precisó Ray Guevara. Advirtió que a nadie se le puede obligar a ejercer un derecho, porque a partir de ese momento deja de serlo y se convierte en algo obligatorio. Dijo que los derechos se ejercen o no.
De su lado, los abogados constitucionalistas Trajano Potentini y Namphy Rodríguez coincidieron en afirmar que establecer el sufragio obligatorio sería inconstitucional. Al mismo tiempo, expresaron su rechazo a una posible reforma de la Carta Magna para constreñir a que los ciudadanos, mediante imposición constitucional, acudan a las urnas el día de las elecciones.
Potentini señaló que el voto es una expresión libérrima de la voluntad de los ciudadanos, y el ejercicio de un derecho y deber fundamental, como está previsto en el artículo 208 de la Constitución.
“Sería un contrasentido democrático que por un problema interno, de clientela política, de vicios que tiene nuestro sistema político, se esté planteando buscar una solución que venga a coartar derechos y facultades constitucionales”, expresó.
Planteó, además, que si la Constitución se va a modificar para plantear la obligatoriedad de un derecho fundamental, como el voto, habría que convocar un referendo.
Mientras, Rodríguez manifestó que elegir y ser elegido es un derecho constitucional y que si se consagra la obligatoriedad, estableciendo sanciones por no ejercer el sufragio, se estarían violando derechos a los ciudadanos. Planteó que lo ideal es que en los sistemas políticos exista una alta participación, pero sin llevar a los ciudadanos bajo un sistema de obligatoriedad del que se deriven sanciones. Insistió en que sería inapropiado ese sistema y contravendría la Carta Magna. Objetó, igualmente, que se reforme la Constitución para esos fines.
“Esos son temas estructurales, no creo que se deba estar tocando la Constitución para cuestiones momentáneas o cuestiones coyunturales”, expuso.
Según el vocero del bloque de diputados del PRM, Alfredo Pacheco, la propuesta para que se incluya el voto obligatorio en la ley electoral busca evitar la venta de cédulas.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.
