Derecho. El pasado proceso electoral del 2016 llevó a las urnas a los dominicanos, que se expresaron en favor del candidato de su preferencia, alcanzando el actual presidente Danilo Medina el 62 por ciento de los votos, mientras su más cercano contendor, Luis Abinader, logró el 35 por ciento de los votos.
Santo Domingo.-“Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”.
Ese mandato está contenido en el artículo 208 de la Constitución dominicana, que establece que “es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos”.
La Carta Magna señala, además, que “el voto es personal, libre, directo y secreto”.
En ese texto constitucional se apoyan el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y los presidentes de las fundaciones Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini; y Prensa y Derecho, Namphy Rodríguez para expresar su desacuerdo con la propuesta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que se establezca la obligatoriedad del voto en la ley electoral, como parte de las reformas que se discuten en el Congreso.
Al ser cuestionado sobre esa propuesta, el presidente del Tribunal Constitucional expresó que el voto es un derecho y que a nadie se le puede obligar a ejercerlo.
“Los derechos no son obligatorios”, precisó Ray Guevara. Advirtió que a nadie se le puede obligar a ejercer un derecho, porque a partir de ese momento deja de serlo y se convierte en algo obligatorio. Dijo que los derechos se ejercen o no.
De su lado, los abogados constitucionalistas Trajano Potentini y Namphy Rodríguez coincidieron en afirmar que establecer el sufragio obligatorio sería inconstitucional. Al mismo tiempo, expresaron su rechazo a una posible reforma de la Carta Magna para constreñir a que los ciudadanos, mediante imposición constitucional, acudan a las urnas el día de las elecciones.
Potentini señaló que el voto es una expresión libérrima de la voluntad de los ciudadanos, y el ejercicio de un derecho y deber fundamental, como está previsto en el artículo 208 de la Constitución.
“Sería un contrasentido democrático que por un problema interno, de clientela política, de vicios que tiene nuestro sistema político, se esté planteando buscar una solución que venga a coartar derechos y facultades constitucionales”, expresó.
Planteó, además, que si la Constitución se va a modificar para plantear la obligatoriedad de un derecho fundamental, como el voto, habría que convocar un referendo.
Mientras, Rodríguez manifestó que elegir y ser elegido es un derecho constitucional y que si se consagra la obligatoriedad, estableciendo sanciones por no ejercer el sufragio, se estarían violando derechos a los ciudadanos. Planteó que lo ideal es que en los sistemas políticos exista una alta participación, pero sin llevar a los ciudadanos bajo un sistema de obligatoriedad del que se deriven sanciones. Insistió en que sería inapropiado ese sistema y contravendría la Carta Magna. Objetó, igualmente, que se reforme la Constitución para esos fines.
“Esos son temas estructurales, no creo que se deba estar tocando la Constitución para cuestiones momentáneas o cuestiones coyunturales”, expuso.
Según el vocero del bloque de diputados del PRM, Alfredo Pacheco, la propuesta para que se incluya el voto obligatorio en la ley electoral busca evitar la venta de cédulas.
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Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.
