Derecho. El pasado proceso electoral del 2016 llevó a las urnas a los dominicanos, que se expresaron en favor del candidato de su preferencia, alcanzando el actual presidente Danilo Medina el 62 por ciento de los votos, mientras su más cercano contendor, Luis Abinader, logró el 35 por ciento de los votos.
Santo Domingo.-“Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”.
Ese mandato está contenido en el artículo 208 de la Constitución dominicana, que establece que “es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos”.
La Carta Magna señala, además, que “el voto es personal, libre, directo y secreto”.
En ese texto constitucional se apoyan el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y los presidentes de las fundaciones Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini; y Prensa y Derecho, Namphy Rodríguez para expresar su desacuerdo con la propuesta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que se establezca la obligatoriedad del voto en la ley electoral, como parte de las reformas que se discuten en el Congreso.
Al ser cuestionado sobre esa propuesta, el presidente del Tribunal Constitucional expresó que el voto es un derecho y que a nadie se le puede obligar a ejercerlo.
“Los derechos no son obligatorios”, precisó Ray Guevara. Advirtió que a nadie se le puede obligar a ejercer un derecho, porque a partir de ese momento deja de serlo y se convierte en algo obligatorio. Dijo que los derechos se ejercen o no.
De su lado, los abogados constitucionalistas Trajano Potentini y Namphy Rodríguez coincidieron en afirmar que establecer el sufragio obligatorio sería inconstitucional. Al mismo tiempo, expresaron su rechazo a una posible reforma de la Carta Magna para constreñir a que los ciudadanos, mediante imposición constitucional, acudan a las urnas el día de las elecciones.
Potentini señaló que el voto es una expresión libérrima de la voluntad de los ciudadanos, y el ejercicio de un derecho y deber fundamental, como está previsto en el artículo 208 de la Constitución.
“Sería un contrasentido democrático que por un problema interno, de clientela política, de vicios que tiene nuestro sistema político, se esté planteando buscar una solución que venga a coartar derechos y facultades constitucionales”, expresó.
Planteó, además, que si la Constitución se va a modificar para plantear la obligatoriedad de un derecho fundamental, como el voto, habría que convocar un referendo.
Mientras, Rodríguez manifestó que elegir y ser elegido es un derecho constitucional y que si se consagra la obligatoriedad, estableciendo sanciones por no ejercer el sufragio, se estarían violando derechos a los ciudadanos. Planteó que lo ideal es que en los sistemas políticos exista una alta participación, pero sin llevar a los ciudadanos bajo un sistema de obligatoriedad del que se deriven sanciones. Insistió en que sería inapropiado ese sistema y contravendría la Carta Magna. Objetó, igualmente, que se reforme la Constitución para esos fines.
“Esos son temas estructurales, no creo que se deba estar tocando la Constitución para cuestiones momentáneas o cuestiones coyunturales”, expuso.
Según el vocero del bloque de diputados del PRM, Alfredo Pacheco, la propuesta para que se incluya el voto obligatorio en la ley electoral busca evitar la venta de cédulas.
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Santo Domingo, R.D.-El pelotero Wander Franco se somete a nuevo juicio a partir de este viernes 20 en Puerto Plata por abuso sexual en perjuicio de una adolescente, tras un tribunal de alzada anulara la sentencia de primera instancia que lo había condenado a dos años de prisión suspendida.
La decisión fue adoptada por la Corte de Apelación de la Cámara Penal del distrito judicial de Puerto Plata, que ordenó la celebración de un nuevo proceso tras acoger los recursos interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.
El tribunal de alzada, integrado por los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, dispuso reiniciar el conocimiento del caso desde la etapa de juicio, para que nuevos magistrados valoren las pruebas y apliquen el derecho correspondiente.
En el nuevo proceso también participará Martha Vanessa Chavalier, madre de la víctima, cuya condena de 10 años de prisión fue igualmente anulada. En la sentencia original había sido declarada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos.
En primera instancia, Franco fue condenado por violar el artículo 396, literales b y c, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, contenido en la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.
Tras la sentencia inicial, el Ministerio Público apeló al considerar insuficiente la pena impuesta a Franco, mientras que tanto el pelotero como Chavalier recurrieron el fallo por no estar conformes con la decisión. Como resultado, la Corte de Apelación dispuso la celebración de un nuevo juicio.
La audiencia está programada para comenzar a partir de las 9:00 de la mañana, conforme al calendario establecido por el tribunal.
Santo Domingo. –La defensa del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Solano Augusto, rechazaó las afirmaciones del Ministerio Público, que mediante una nota de prensa atribuyó a los abogados del imputado la presentación de incidentes con fines dilatorios en el proceso judicial que también involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
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Los juristas Manuel Sierra e Ybo René Sánchez Díaz aclararon que, durante la audiencia celebrada el pasado 18 de febrero, la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, no emitió reproches contra los abogados defensores, sino que exhortó a las partes a sintetizar sus exposiciones con el propósito de agilizar el conocimiento del caso, dada su complejidad y volumen.
“El Ministerio Público miente al denunciar supuestas tácticas dilatorias. Se trata de la exposición de medios de defensa que el propio tribunal autorizó mediante la resolución 00034/25 a favor de los acusados”, expresaron los togados.
La defensa recordó que la investigación fue iniciada el 20 de agosto de 2020 y que el caso ha atravesado diversas etapas judiciales desde entonces. Señalaron que la extensión del expediente, que supera las 12 mil páginas, ha incidido en la duración del juicio.
El Ministerio Público, por su parte, ha señalado en comunicaciones públicas que algunos incidentes presentados por las defensas han contribuido a retrasos en el desarrollo del proceso.
Asimismo, insistieron en que no se produjeron los alegados reproches por parte del tribunal y que la magistrada únicamente solicitó mayor síntesis en las exposiciones para facilitar el avance del juicio.
“Por tanto, no es cierto los alegados reproches para que los abogados organicen sus incidentes, y muchos los supuestos retrasos o dilaciones a cargo de los abogados. Se trata de una información distribuida mediante nota de parte del MP, de forma malintencionada con el fin de esconder sus fracasos en el caso Jean Alain Rodríguez”, expresaron Sierra y Sánchez.
Los juristas recordaron que, durante la audiencia preliminar celebrada en enero de 2023 ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el tribunal rechazó planteamientos similares sobre supuestas tácticas dilatorias atribuidas a la defensa.
El proceso continúa su curso ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conocen las acusaciones del Ministerio Público y los argumentos de las defensas. Hasta el momento, no se ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del caso.
Santo Domingo, R-D–Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó como prematuras las afirmaciones de la defensa de Gonzalo Castillo sobre una supuesta falta de pruebas y aseguró que el órgano persecutor «desmontará cada una de las falsedades» presentadas en el tribunal.
Puntualizó que el Ministerio Público aún no ha producido su réplica contra Castillo, proceso que tendrá lugar el próximo miércoles 25, ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas acusado de participar en entramado de corrupción durante su mandato. .Instagram
La magistrada señaló que, durante la jornada de este miércoles, el Ministerio Público presentó evidencias que detallan el entramado de corrupción que presuntamente operaba desde el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero.
Según Ortiz, el grupo de funcionarios bajo investigación utilizó una estructura, en parte dirigida por Ángel Lockward, para ejecutar pagos millonarios de forma irregular, los cuales superaban el 65 % de lo que supuestamente se adeudaba a los presuntos acreedores.
Para la Pepca, es evidente que el único objetivo de esta estructura era obtener dinero público de manera fácil y rápida a través de maniobras fraudulentas que, a juicio de Ortiz, han quedado plenamente demostradas con las evidencias presentadas ante el tribunal.
El proceso se reanudará el miércoles 25, fecha en la que el Ministerio Público presentará su réplica contra los alegatos de la defensa de Gonzalo Castillo.
