Derecho. El pasado proceso electoral del 2016 llevó a las urnas a los dominicanos, que se expresaron en favor del candidato de su preferencia, alcanzando el actual presidente Danilo Medina el 62 por ciento de los votos, mientras su más cercano contendor, Luis Abinader, logró el 35 por ciento de los votos.
Santo Domingo.-“Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”.
Ese mandato está contenido en el artículo 208 de la Constitución dominicana, que establece que “es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos”.
La Carta Magna señala, además, que “el voto es personal, libre, directo y secreto”.
En ese texto constitucional se apoyan el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y los presidentes de las fundaciones Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini; y Prensa y Derecho, Namphy Rodríguez para expresar su desacuerdo con la propuesta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que se establezca la obligatoriedad del voto en la ley electoral, como parte de las reformas que se discuten en el Congreso.
Al ser cuestionado sobre esa propuesta, el presidente del Tribunal Constitucional expresó que el voto es un derecho y que a nadie se le puede obligar a ejercerlo.
“Los derechos no son obligatorios”, precisó Ray Guevara. Advirtió que a nadie se le puede obligar a ejercer un derecho, porque a partir de ese momento deja de serlo y se convierte en algo obligatorio. Dijo que los derechos se ejercen o no.
De su lado, los abogados constitucionalistas Trajano Potentini y Namphy Rodríguez coincidieron en afirmar que establecer el sufragio obligatorio sería inconstitucional. Al mismo tiempo, expresaron su rechazo a una posible reforma de la Carta Magna para constreñir a que los ciudadanos, mediante imposición constitucional, acudan a las urnas el día de las elecciones.
Potentini señaló que el voto es una expresión libérrima de la voluntad de los ciudadanos, y el ejercicio de un derecho y deber fundamental, como está previsto en el artículo 208 de la Constitución.
“Sería un contrasentido democrático que por un problema interno, de clientela política, de vicios que tiene nuestro sistema político, se esté planteando buscar una solución que venga a coartar derechos y facultades constitucionales”, expresó.
Planteó, además, que si la Constitución se va a modificar para plantear la obligatoriedad de un derecho fundamental, como el voto, habría que convocar un referendo.
Mientras, Rodríguez manifestó que elegir y ser elegido es un derecho constitucional y que si se consagra la obligatoriedad, estableciendo sanciones por no ejercer el sufragio, se estarían violando derechos a los ciudadanos. Planteó que lo ideal es que en los sistemas políticos exista una alta participación, pero sin llevar a los ciudadanos bajo un sistema de obligatoriedad del que se deriven sanciones. Insistió en que sería inapropiado ese sistema y contravendría la Carta Magna. Objetó, igualmente, que se reforme la Constitución para esos fines.
“Esos son temas estructurales, no creo que se deba estar tocando la Constitución para cuestiones momentáneas o cuestiones coyunturales”, expuso.
Según el vocero del bloque de diputados del PRM, Alfredo Pacheco, la propuesta para que se incluya el voto obligatorio en la ley electoral busca evitar la venta de cédulas.
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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
