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Consulta peledeísta al margen de la ley no es definitiva ni vinculante con norma de régimen electoral.

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Por Elba García

La vocación de ilegalidad del sistema de partidos pesa más que cualquier interés en fortalecer la institucionalidad y el respeto a las normas jurídicas del régimen electoral y de otras que rigen la vida en sociedad.

Desde hace muchos meses que diferentes sectores de la vida nacional han advertido de la inclinación de los partidos tradicionales de violar la ley e incluso de no sentir vergüenza por el comportamiento de sus dirigentes, cuya conducta casi siempre es encaminada a no respetar a nada ni a nadie, lo cual ha quedado más evidenciado con una serie de acciones y con la intensa precampaña electoral que desarrollan extemporáneamente.

La irregularidad en que incurren los partidos constituye un cuestionamiento a la autoridad y la legalidad de la Junta Central Electoral (JCE), cuya violación a las leyes del régimen electoral ha provocado que el órgano en referencia haya hecho una serie de advertencias al respecto a las organizaciones que no sienten ningún respeto por el orden establecido.

La JCE aclara en un comunicado publicado recientemente que todavía no ha llegado el tiempo de que los partidos se involucren en el desarrollo de una precampaña que violenta las layes 33-18 y 15-19, y advierte que aplicará el régimen de sanciones que dispone la legislación dominicana, pero al propio tiempo busca ser liberada a través de las sugeridas modificaciones sometidas al Congreso Nacional  del control de las primarias que deberán celebrar los partidos para la escogencia de sus candidatos para la contienda del 2024.

Lo que no se entiende y que muy bien es atribuible al grave problema  de institucionalidad que padece el Estado dominicano,  es que el órgano comicial se desvincule de la consulta del PLD, pero al propio tiempo diga que le prestará equipos para el montaje de la misma, lo cual es contradictorio porque estimula en cierta forma la ilegalidad y contradictoriamente  aclara que no prestará ni gestionará para ese fin  los recintos que utiliza en las elecciones generales que se celebran en el país cada cuatro años, pero la organización política revela que cuenta con la autorización del Ministerio de Educación para la utilización de las escuelas  para  las votaciones en la referida contienda  al margen de la ley.

Todo ello dice claramente que el mayor problema del país es en lo referente a la institucionalidad, ya que la JCE se canta y se llora, pese a que no hay ser un experto ni un genio para darse cuenta que la consulta peledeísta se trata realmente de una primaria, cuyo fin es el mismo que tienen las que deben celebrar en el año 2023 todos los partidos políticos del país.

De manera, que está lo suficientemente claro que se trata de un asunto de autoridad y de institucionalidad, porque los partidos manipulan a su antojo la ley para el logro de sus fines, como por ejemplo lo ocurrido con la ley de extinción de  dominio, cuyos miembros de la comisión, conformada principalmente por perremeístas,  que estudiaba la pieza se inventaron la figura de la retrospectividad en sustitución de la retroactividad, lo cual no era otra cosa que una vulgar manipulación de un principio universal del derecho.

En este caso de la consulta peledeísta evidentemente que se pone en cuestionamiento el principio de igualdad que debe primar en cualquier actividad humana, ya que el hecho de que el PLD adelante la fecha de la escogencia de su candidato presidencial lo pone en condiciones de ventaja frente a los que tienen que esperar el próximo año para hacerlo, constituyéndose en una ingenuidad del Pleno de la Junta Central Electoral que no toma las medidas de lugar de inmediato para evitar mayores distorsiones del proceso electoral que se avecina y de la democracia nacional.

El artículo 41 de la 33-18 establece claramente  que la precampaña es el periodo durante el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular y que el mismo  será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos, cuyo mandato choca con la actividad programada para octubre de este año 2022 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

Y en ese contexto el órgano comicial llamó a los partidos políticos y a la sociedad para que den cumplimiento a la ley, a fin de garantizar la integridad electoral que debe prevalecer en un Estado social y democrático de derecho.

El Pleno de la JCE se refirió particularmente a las declaraciones que dan cuenta de las características de la consulta que realizará el Partido de la Liberación Dominicana en el mes de octubre, la cual no administra, no organiza, ni actúa como árbitro y que la misma no es vinculante con la precampaña que deberá iniciarse a mediados del mes de julio del próximo año 2023.

Este comportamiento del PLD es como una especie de ratificación de su amor y pasión por lo mal hecho, lo cual también se puede medir a través de sus propios aspirantes presidenciales, cuya mayoría, en algún momento, ha sido citada como parte de una agresividad partidaria de enriquecerse apropiándose de lo que no es suyo a una velocidad realmente impresionante.

El órgano comicial  ha recibido tres comunicaciones en las que se le requiere su colaboración para realizar la indicada consulta y en las que exponen  los fundamentos bajo los cuales se habría de realizar la misma, precisando textualmente que: “El proceso de la consulta es una iniciativa organizativa y electoral que tiene el propósito de que el Partido tenga una información precisa sobre el nivel de simpatías que tienen cada una de las personas que han manifestado hasta el momento sus aspiraciones. Esta actividad es solo consultiva y no constituye un proceso de elección ni de definición de precandidatos y no tendrá un carácter vinculante”, indica la organización.

Naturalmente, a este respecto tampoco se pueden sacar los demás partidos del sistema, como la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), los cuales se manejan como si fueran grandes corporaciones económicas e instrumentos para burlarse del ordenamiento jurídico nacional, porque ellos también han estado en una permanente campana electoral a destiempo.

La Junta Central Electoral ha establecido que la consulta del PLD para escoger su candidato presidencial no es vinculante con las primarias que deberán tener lugar a mediados del próximo año 2023, pero nadie entiende por qué esta organización tiene que violentar el calendario electoral, lo que provoca que, aunque se elija uno en octubre, cualquier otro puede presentar su candidatura para las elecciones del 2024.

Esa sola razón constituye un elemento que puede provocar distorsión en el próximo proceso electoral, porque ni la disciplina partidaria podría impedir que a alguien se le ocurra convertirse en aspirante presidencial después de su organización haber escogido uno al margen de la ley.

Otro escenario preocupante podría ser que en el PLD surja otra división como resultado de la consulta de octubre, bajo el alegato de que hubo fraude o que se ha impuesto a uno de los aspirantes, cuyo escenario también plantea un cuadro preocupante para esa organización y para toda la sociedad.

La realidad es que este tema ha estado sobre la mesa en diferentes debates que se han suscitado al respecto en el país, pero parece estar muy lejos que los partidos se acojan al mandato de la ley, ya que han desarrollado toda una cultura de hacer las cosas como a ellos más les conviene sin tomar en cuenta a la ley y a la sociedad.

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El Ministerio Público exhibe altos niveles de deficiencia que promueven impunidad en el pais.

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Por Elba García

La crisis institucional de la República Dominicana se expresa en algunos niveles con mayor crudeza que en otros, lo cual es observable en el Ministerio Público.

El asunto resulta tan grave que no hay forma de que las cosas caminen aceptablemente en un órgano con tanta importancia en la persecución del crimen y el delito.

La función del Ministerio Público se queda en una pretensión que nunca se cumple, dado que su personal, principalmente los fiscales, nunca se interesan en darles la respuesta esperada o adecuada a las víctimas de los hechos delincuenciales que se producen regularmente en el país.

En el marco de esta deficiencia parece existir una cierta complacencia por parte de los jueces de instrucción, quienes generalmente siguen las mismas líneas del Ministerio Público en los casos de delitos y crímenes que se les presentan.

Es una crisis de una dimensión insospechada, ya que de la gran cantidad de denuncias y querellas que se presentan muy pocas tienen el seguimiento que garantiza el sistema.

Los únicos casos que tienen un cierto seguimiento son aquellos que tienen un profundo componente político, como los que se inscriben en el marco de la corrupción administrativa.

Ahora no hay forma de que los accidentes automovilísticos tengan la respuesta que debe corresponderse cuando hay pérdidas de vidas humanas, los cuales quedan generalmente impune porque casi siempre la recomendación del Ministerio Público es que el caso se quede en la instancia civil.

La explicación de esta conducta del Ministerio Público tiene que ver con el hecho de que los conductores responsables de los accidentes que han provocado muertes reciben inexplicablemente una especie de protección que raya en lo inconcebible.

En estos momentos el país está frente al caso de la joven venezolana Skarle Valentina Mujica Zapata, quien es señalada como la responsable de causarle la muerte al hijo del presidente de una organización que lucha en contra de la corrupción en el país.

En este caso se ha determinado que la joven extranjera no tiene documentos migratorios en el país y que además no tiene licencia de conducir, aunque tiene un vehículo registrado a su nombre.

Pero igual situación han tenido familiares de personas que han sido víctimas de accidentes de tránsito en Santiago y en otros lugares del territorio nacional, donde los miembros del Ministerio Público mantienen un pulso con los familiares de los fallecidos para que los casos no se conozcan en un tribunal penal, sino a nivel civil, a fin de que el responsable de la desgracia no reciba la sanción que establece la ley, aparentemente por haber recibido alguna compensación para exhibir esa conducta.

La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial establece sanciones muy claras y contundentes en lo que respecta a la conducción de un vehículo de motor sin licencia y seguro, entre otros requerimientos en esta materia, pero en realidad esta norma no surte el efecto esperado y los fiscales están más atentos al dinero que reciben de paga para su inacción que a cumplir con su rol en la sociedad.

 Skarle Valentina Mujica Zapata, de 27 años, es acusada de violar varios artículos de la Ley 63-17  de República Dominica, de acuerdo al documento de solicitud de medida de coerción contra la imputada que entregaron las fiscales Minerva Batista y Carmen Espinal Geo, adscritas a la Fiscalía de la Casa del Conductor, aunque se había producido una denuncia del padre de la víctima de algún tipo de componenda.

A Mujica Zapata, de 27 años, la acusan de ocasionar la muerte del ciudadano Julio César de la Rosa Peralta y de violar el artículo 303, numeral 5, que está contenido en la norma, según las fiscales.

El Ministerio Público también le imputa conducir de manera temeraria o descuidada, cuyo agravio está consignado en el artículo 220 de la Ley 63-17.

Asimismo, las fiscales le imputan la violación al artículo 207 y 208, sobre licencia extranjera y no cumplimiento con la obtención de una licencia en el país, respectivamente.

El artículo 207 establece que “los titulares de una licencia de conducir extranjera que residan en el país podrán solicitar la expedición de una acreditación nacional cuando el documento extranjero mantenga su vigencia, así como  previo cumplimiento de las formalidades que mediante el reglamento correspondiente establezca el Intrant”.

Mujica Zapata también es acusada, de acuerdo al documento, de violar el artículo 306 sobre responsabilidad del conductor frente a un accidente.

“El conductor de un vehículo implicado en un accidente del cual resulten personas lesionadas, daños a otro vehículo, a la propiedad pública o privada, detendrá inmediatamente su vehículo en el lugar del accidente de manera que no obstruya el tránsito, y dará cumplimiento a todas las obligaciones que esta ley dispone, sin arriesgar su seguridad”, establece la ley en el artículo 306.

MP acusa a la extranjera que atropelló a Julio César de Rosa Peralta de mentir y abandonar a la víctima y consideró una medida de coerción como una forma de garantizar la presencia de la imputada en el proceso.

El órgano argumentó que la coerción es necesaria por el comportamiento de la imputada después de la ocurrencia de los hechos, además, porque la joven venezolana no tiene arraigo en el país, debido a que se su pasaporte está vencido.

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Constitucionalismo contemporáneo en contraposición con justicia ordinaria por inaplicación de doctrinas y jurisprudencias.

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Por Elba García

El constitucionalismo contemporáneo se apoya en valores, principios y derechos fundamentales y cuya visión fortalece una serie de teorías sobre la interpretación, tanto jurídica como constitucional, la ponderación y la argumentación que, si bien es cierto que todas estas figuras han impactado a las altas cortes, máxime a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Constitucional, lo cierto es que la corriente resulta ajena al derecho ordinario, es decir, a los jueces inferiores y hasta aquellos de las cortes de apelación.

En ese contexto es muy poco lo asimilado por los jueces dominicanos de los tribunales inferiores, cuyas decisiones se circunscriben a una interpretación medalaganaria de las normas, sin detenerse a pensar que los tiempos demandan decisiones en función del neo-constitucionalismo que parte de los valores, principios y derechos fundamentales.

 Aunque el asunto no parece ser tan sencillo, debe decirse que el principal problema para que el juzgador judicial se ajuste a la nueva corriente del pensamiento en materia jurídica es que el sistema está concebido a partir de los códigos napoleónicos que caracterizaban el derecho francés.

En esas condiciones resulta prácticamente imposible que los jueces fallen los casos sobre la base de la nueva concepción del derecho, que se apoya en el constitucionalismo contemporáneo, ya que hasta las sentencias de los tribunales superiores, las cuales se apoyan en las figuras de la interpretación, la ponderación y la argumentación no son aplicadas por los juzgadores que están colocados en la parte más baja de la pirámide judicial del país.

Dr. Juan Antonio García Amado

Manuel Atienza

Sin embargo, el debate sobre esta cuestión, que tiene una gran importancia, sólo está presente en la élite de la intelectualidad y de las academias o universidades, pero es prácticamente desconocido en la parte de la justicia que necesita mucho más digerirla y aplicarla para que en la República Dominicana no colapse el estado de derecho y la democracia.

La realidad es que, sin un mejoramiento de la institucionalidad, la cual debe impactar a los tres poderes del Estado, no se puede hablar del cambio del paradigma que necesita la justicia nacional, ya que todo ello es parte de un problema sistémico que una cosa no está desvinculada de la otra.

El año 2010 implicó el inicio de una etapa interesante en el marco del derecho porque fue cuando entró en vigencia la nueva Constitución, la cual, aunque con algunas falencias, ha marcado un antes y un después en lo que respecta a que el sistema de justicia nacional sea impactado por el neo-constitucionalismo fundamentado en valores, principios y derechos.

Sin embargo, como parte del gran abstáculo para tener mayores avances en esta materia está el hecho de que lo decidido por el Constitucional no parece ser digerido por los jueces de la parte más baja del sistema, quienes generalmente se resisten a aplicar los precedentes vinculantes de éste, a pesar de que tienen un efecto erga hommes, tal vez por no entenderlos, pero principalmente porque no hay un parámetro de lo que debe ser su comportamiento.

Hans Kelsen

En realidad, se trata de un desarrollo desigual, pese a que Hans Kelsen, filósofo del derecho de origen austriaco, dejó clara su tesis sobre la jerarquía de las normas jurídicas, cuya principalía la ocupa la carta magna, pero los jueces de primera instancia y de las cortes de apelación manejan el derecho en función de sus interpretación personales, cuyo resultado es  la evacuación de sentencias que se salen del propósito del neo-constitucionalismo y generalmente se resisten a acoger lo decidido por el Tribunal Constitucional.

El problema es tan grave en la mayoría de los Distritos Judiciales que mientras la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional se manejan en función de lo que consignan las figuras jurídicas de la interpretación, la ponderación y la argumentación, principalmente a partir de los postulados del constitucionalismo contemporáneo, el cual se apoya en valores, principios y derechos constitucionales, sus pares de los tribunales inferiores hacen lo contrario.

 Observadores de la distorsión con que se maneja la justicia en sus niveles más bajo, consideran que la gran cantidad de sentencias en este nivel en las que no se sopesa la importancia de poner en una balanza cuando un valor, principio o derecho colisiona con otros de su misma categoría y que requiere de una decisión a partir de la preponderancia de aquel que más peso tenga en el caso, no habrá un cambio sustantivo en el sistema de justicia nacional.

Pero ante la práctica que se arrastra del derecho francés napoleónico, el cual regía todo el sistema de justicia nacional desde el año 1865 cuando todas las leyes del país europeo fueron copiadas y aplicadas en el país a pesar de las diferencias sociales, económicas y políticas entre ambas naciones, lo cual todavía pesa en la vida nacional.

En ese orden, si la mejoría institucional permite iniciar un proceso de transformación del sistema de justicia nacional en el que prevalezca la visión y la tendencia que se observa en el Tribunal Constitucional, entonces hablarse de que las diferentes teorías clásicas y contemporáneas sobre el tema abordado en este reportaje interpretativo podrían surtir un efecto no solo teórico, sino también práctico en la sociedad dominicana.

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Juventud biológica, pero vieja de pensamientos e intereses, busca con superficialidad continuar legado de padres y abuelos.

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Desde hace algunos años que los hijos y nietos de personajes siniestro para la historia nacional y de un pasado que marca muy negativamente a la República Dominicana buscan reeditar conductas y un legado que no augura nada bueno para el país.

En ese contexto hay una serie de jóvenes físicamente, pero muy viejo de pensamiento, ya que sólo saben repetir conceptos que no tienen nada que ver con sus reales sentimientos y conocimientos para tener un rol dirigencial en un país resquebrajado por la mala gestión de personajes siniestro para la historia nacional.

En esta tesitura habría que ubicar a Omar Fernández, quien es mencionado por algunos como posible futuro candidato presidencial, sobre todo después de haber triunfado en la senaduría del Distrito Nacional.

Omar, hijo de Leonel Fernández, parece incurrir en el mismo error de su padre de mantener una pose que  no tiene nada que ver con la verdad, ya que su progenitor gobernó a la República Dominicana durante tres periodos y con intenciones de volver a la administración de la cosa pública, quien no sólo tiene una deuda económica con el pueblo dominicano, sino también ética y moral porque fue la pieza clave para sumergir el país en el llamado neoliberalismo salvaje y de esa manera acabar con las riquezas económicas producto de la corrupción del dictador Rafael Leonídas Trujillo, entre otras.

 Este joven político, que parece moverse bien en las redes sociales, pero con poses e incluso simulaciones de que conoce la situación nacional, no es más que un muchacho seriamente comprometido con los intereses de su padre, que no son los mejores, el cual ha logrado embotellarse muy bien términos y conceptos que él no bien entiende.

Así lo hizo durante el debate con Guillermo Moreno, cuyo mal desempeño de este político, lo posesionó para derrotar al partido de gobierno en la tal vez la plaza más importante del Distrito Nacional, lo cual ahora usa como arma para continuar su marcha hacia una dirección del Estado que no augura nada nuevo por venir de un hombre como Leonel que si bien es un sofista, tiene además muchas cosas pendientes que explicarle al país.

Este periódico lo ha planteado en reiteradas ocasiones que los jóvenes viejos no garantizan el cambio, sobre todo institucional, amén de tampoco en lo ético y lo moral, porque tienen un compromiso con el pasado que los convierte en viejos de ideas y de compromisos con el futuro, porque no creen verdaderamente en el porvenir y sólo persiguen preservar el legado de sus ascendientes.

Todo el país recuerda el discurso de Leonel Fernández cuando asumió la presidencia de la República, pero que algunos años después asumió un compromiso irrenunciable con la corrupción, quien a nivel del discurso tiene solución para todos los problemas nacionales, aunque en realidad no resuelve nada.

Entonces, en ese espejo hay que ver a prácticamente todos los hijos de los que fueron a la administración y no sólo se enriquecieron desde el Estado, sino que además promovieron la creación de una casta política que constituye una continuación de la desgracia nacional.

El pueblo dominicano ha dejado claro con su precaria participación en las elecciones municipales, las presidenciales y las congresuales, caracterizadas por un  alto de nivel de abstención, de que el Estado debe ser un instrumento para mejorar los niveles de institucionales de la nación y para eliminar los bajos índices de pobreza, educación y salud de las amplias mayorías nacionales.

Los hijos de estos políticos, algunos ya en el ocaso de sus vidas, se apoyan en las redes sociales para vender una imagen que no tiene nada que ver con el mejor futuro del país, porque la realidad es que al final de la jornada pesan más los intereses que comprometen a sus padres y abuelos que los de la patria.

En ese contexto, no sólo se encuentra Omar Fernández, sino además otros jóvenes que han entrado al ruedo político para conseguir dinero fácil y continuar las andanzas de sus progenitores, los cuales tienen serios compromisos con la corrupción administrativa y podría decirse con el camino equivocado a que ha sido conducido el país.

En ese tenor, los dominicanos deben entender que juventud física o biológica no implica de ninguna manera una visión nueva de hacer política, sino muchas veces de darle continuidad a los vínculos dejados por sus padres y abuelos con lo mal hecho y la sustracción del patrimonio nacional.

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