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Consulta peledeísta al margen de la ley no es definitiva ni vinculante con norma de régimen electoral.
Por Elba García
La vocación de ilegalidad del sistema de partidos pesa más que cualquier interés en fortalecer la institucionalidad y el respeto a las normas jurídicas del régimen electoral y de otras que rigen la vida en sociedad.
Desde hace muchos meses que diferentes sectores de la vida nacional han advertido de la inclinación de los partidos tradicionales de violar la ley e incluso de no sentir vergüenza por el comportamiento de sus dirigentes, cuya conducta casi siempre es encaminada a no respetar a nada ni a nadie, lo cual ha quedado más evidenciado con una serie de acciones y con la intensa precampaña electoral que desarrollan extemporáneamente.
La irregularidad en que incurren los partidos constituye un cuestionamiento a la autoridad y la legalidad de la Junta Central Electoral (JCE), cuya violación a las leyes del régimen electoral ha provocado que el órgano en referencia haya hecho una serie de advertencias al respecto a las organizaciones que no sienten ningún respeto por el orden establecido.
La JCE aclara en un comunicado publicado recientemente que todavía no ha llegado el tiempo de que los partidos se involucren en el desarrollo de una precampaña que violenta las layes 33-18 y 15-19, y advierte que aplicará el régimen de sanciones que dispone la legislación dominicana, pero al propio tiempo busca ser liberada a través de las sugeridas modificaciones sometidas al Congreso Nacional del control de las primarias que deberán celebrar los partidos para la escogencia de sus candidatos para la contienda del 2024.
Lo que no se entiende y que muy bien es atribuible al grave problema de institucionalidad que padece el Estado dominicano, es que el órgano comicial se desvincule de la consulta del PLD, pero al propio tiempo diga que le prestará equipos para el montaje de la misma, lo cual es contradictorio porque estimula en cierta forma la ilegalidad y contradictoriamente aclara que no prestará ni gestionará para ese fin los recintos que utiliza en las elecciones generales que se celebran en el país cada cuatro años, pero la organización política revela que cuenta con la autorización del Ministerio de Educación para la utilización de las escuelas para las votaciones en la referida contienda al margen de la ley.
Todo ello dice claramente que el mayor problema del país es en lo referente a la institucionalidad, ya que la JCE se canta y se llora, pese a que no hay ser un experto ni un genio para darse cuenta que la consulta peledeísta se trata realmente de una primaria, cuyo fin es el mismo que tienen las que deben celebrar en el año 2023 todos los partidos políticos del país.
De manera, que está lo suficientemente claro que se trata de un asunto de autoridad y de institucionalidad, porque los partidos manipulan a su antojo la ley para el logro de sus fines, como por ejemplo lo ocurrido con la ley de extinción de dominio, cuyos miembros de la comisión, conformada principalmente por perremeístas, que estudiaba la pieza se inventaron la figura de la retrospectividad en sustitución de la retroactividad, lo cual no era otra cosa que una vulgar manipulación de un principio universal del derecho.
En este caso de la consulta peledeísta evidentemente que se pone en cuestionamiento el principio de igualdad que debe primar en cualquier actividad humana, ya que el hecho de que el PLD adelante la fecha de la escogencia de su candidato presidencial lo pone en condiciones de ventaja frente a los que tienen que esperar el próximo año para hacerlo, constituyéndose en una ingenuidad del Pleno de la Junta Central Electoral que no toma las medidas de lugar de inmediato para evitar mayores distorsiones del proceso electoral que se avecina y de la democracia nacional.
El artículo 41 de la 33-18 establece claramente que la precampaña es el periodo durante el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular y que el mismo será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos, cuyo mandato choca con la actividad programada para octubre de este año 2022 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Y en ese contexto el órgano comicial llamó a los partidos políticos y a la sociedad para que den cumplimiento a la ley, a fin de garantizar la integridad electoral que debe prevalecer en un Estado social y democrático de derecho.
El Pleno de la JCE se refirió particularmente a las declaraciones que dan cuenta de las características de la consulta que realizará el Partido de la Liberación Dominicana en el mes de octubre, la cual no administra, no organiza, ni actúa como árbitro y que la misma no es vinculante con la precampaña que deberá iniciarse a mediados del mes de julio del próximo año 2023.
Este comportamiento del PLD es como una especie de ratificación de su amor y pasión por lo mal hecho, lo cual también se puede medir a través de sus propios aspirantes presidenciales, cuya mayoría, en algún momento, ha sido citada como parte de una agresividad partidaria de enriquecerse apropiándose de lo que no es suyo a una velocidad realmente impresionante.
El órgano comicial ha recibido tres comunicaciones en las que se le requiere su colaboración para realizar la indicada consulta y en las que exponen los fundamentos bajo los cuales se habría de realizar la misma, precisando textualmente que: “El proceso de la consulta es una iniciativa organizativa y electoral que tiene el propósito de que el Partido tenga una información precisa sobre el nivel de simpatías que tienen cada una de las personas que han manifestado hasta el momento sus aspiraciones. Esta actividad es solo consultiva y no constituye un proceso de elección ni de definición de precandidatos y no tendrá un carácter vinculante”, indica la organización.
Naturalmente, a este respecto tampoco se pueden sacar los demás partidos del sistema, como la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), los cuales se manejan como si fueran grandes corporaciones económicas e instrumentos para burlarse del ordenamiento jurídico nacional, porque ellos también han estado en una permanente campana electoral a destiempo.
La Junta Central Electoral ha establecido que la consulta del PLD para escoger su candidato presidencial no es vinculante con las primarias que deberán tener lugar a mediados del próximo año 2023, pero nadie entiende por qué esta organización tiene que violentar el calendario electoral, lo que provoca que, aunque se elija uno en octubre, cualquier otro puede presentar su candidatura para las elecciones del 2024.
Esa sola razón constituye un elemento que puede provocar distorsión en el próximo proceso electoral, porque ni la disciplina partidaria podría impedir que a alguien se le ocurra convertirse en aspirante presidencial después de su organización haber escogido uno al margen de la ley.
Otro escenario preocupante podría ser que en el PLD surja otra división como resultado de la consulta de octubre, bajo el alegato de que hubo fraude o que se ha impuesto a uno de los aspirantes, cuyo escenario también plantea un cuadro preocupante para esa organización y para toda la sociedad.
La realidad es que este tema ha estado sobre la mesa en diferentes debates que se han suscitado al respecto en el país, pero parece estar muy lejos que los partidos se acojan al mandato de la ley, ya que han desarrollado toda una cultura de hacer las cosas como a ellos más les conviene sin tomar en cuenta a la ley y a la sociedad.
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Qué se espera de un país endeudado, con una burocracia atrofiada y con una democracia de cartón
Por Elba García
La vía más fácil para buscar recursos en la República Dominicana es mediante una política de endeudamiento que cada día sumerge la nación en una incertidumbre que nadie sabe dónde parará la cosa.
El agravante y también la razón del endeudamiento del país es la débil institucionalidad que lo caracteriza, cuya aprobación de la avalancha de préstamos está explicada en el hecho de lo que nadie pone en duda de que el Congreso Nacional es un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo.
Es mucho lo que se ha hablado de la política de endeudamiento desarrollada por el Gobierno de Luis Abinader, pero nadie atina a advertir hacia el callejón sin salida que llevará el Partido Revolucionario Moderno (PRM) a los dominicanos.
El país no había alcanzado nunca los niveles de endeudamientos que ahora mismo tiene, sin esperanza del que el cuadro en este aspecto pueda cambiar.
No bien se aprueba uno, llega el otro, como si la parasitación arropara a los sectores productivos nacionales, donde se simula una buena situación económica, pero en medio de un déficit que sólo se puede cubrir con más endeudamientos.
El asunto es tan automático que mientras aumentan los prestamos también se dispara la carestía de los productos de la canasta básica y de los servicios vitales como el de energía eléctrica y de agua potable, entre otros, como si en la práctica se aplicara la tradicional reforma fiscal regresiva.
En esa dirección sólo se observa que los aumentos en los precios de los artículos de consumo diario no paran, como si se produjera una especie de impuestos sin decírselo a nadie, como si fuera de «palo acechao”.
Lo que habría que preguntarse es hasta cuándo se podrá manejar una situación que se vuelve incontrolable para el Gobierno y poco manejable para los amplios sectores nacionales, donde el desempleo tiene una presencia demoledora.
Pero mientras las cosas ocurren de esa manera, el Congreso Nacional se suma, más que como un contrapeso del Ejecutivo, como un sirviente para que el endeudamiento se coma vivo a los dominicanos, para decirlo con una expresión muy propia del país.
La pregunta del millón es y hacia dónde van a parar los miles y miles de millones de pesos que se han tomado prestado binacional y multilateralmente que hoy tienen por el cuello al país.
El detalle más gracioso de la desgracia del endeudamiento público es que aquel que se preocupaba por el problema cuando estaba en la oposición, ahora lo justifica con palabras que hasta parecen creíbles.
No obstante, los dominicanos que pueden estar preocupados por lo que ocurre con la política de endeudamiento del Gobierno, son los que en menor o mayor medida acudieron a las urnas y depositaron sus votos para que hoy tengan deudas impagables con algunos países y con instituciones crediticias buitres que sólo creen en su dinero.
tanto es así que para poder cumplir con la deuda hay que seguir con la política de endeudamiento, aunque lo tomado prestado ahora ha creado una cadena para que ese dinero sólo sirva para pagar los intereses y si sobre algo destinarlo a un gasto público de muy mala calidad.
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Biden pasa la pelota a Kamala Harris para candidatura presidencial en elecciones de noviembre en E.U.
Abogada, fiscal general de California y senadora, la hasta ahora ‘número dos’ del Gobierno ha batallado por el derecho al aborto
New York.-Desde la etapa de Adams y los padres fundadores, el puesto de vicepresidente ha ganado en sustancia: Harris, la exitosa abogada californiana ―demasiado californiana, es decir, liberal, para los republicanos―, ha asumido parte de la política migratoria de la Administración de Biden desde 2021, hasta el punto de ser ridiculizada por la oposición como “zarina de la inmigración”. También se convirtió a partir de la revocación, en junio de 2022, de la doctrina Roe vs Wade, que consagraba la protección constitucional del derecho al aborto, en abanderada de la salud sexual y reproductiva de sus congéneres, una baza política que permitió a los demócratas salvar los muebles, e incluso el decorado, en las elecciones de medio mandato de noviembre de ese año. Feminista confesa, su gesto de vestir de blanco en la noche de la celebración de la victoria demócrata en Wilmington (Delaware) recordó el papel de las sufragistas.
Kamala, pura élite demócrata, llegó a la Casa Blanca como número dos de Biden tras haberle retado en las primarias. La respaldaban una legislatura en la Cámara baja (2017-2021) y, previamente, una experiencia de seis años como fiscal general de California (2011-2017). Fiscalía y Senado, en ese orden: la pautada escalera hacia el poder en EE UU; el remate de años de fogueo como, primero, ayudante del fiscal de distrito (1990-98) en Oakland, un puesto que le granjeó especial fama de dura en casos de violencia de bandas, tráfico de drogas y abusos sexuales, y fiscal de distrito (2004), el trampolín a la fiscalía general del Estado.
Eran los tiempos del demócrata Barack Obama, y la resaca de la gran crisis de 2008, con su historial de bancarrotas, y Harris demostró su independencia política, rechazando, por ejemplo, las presiones del Gobierno para que llegara a un acuerdo en una demanda nacional contra prestamistas hipotecarios por prácticas desleales (el agujero de las hipotecas basura o subprime aún no se había cerrado). Perseverante y correosa, Harris insistió en el ejemplo de California y en 2012 logró una sentencia cinco veces superior a la que Washington le invitaba a cerrar. Especial mérito suyo fue anular en 2013 la proposición 8 (2008), que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Estado de California. Su libro Smart on Crime, publicado en 2009, fue considerado un modelo para abordar el problema de la reincidencia delictiva.
“He decidido que voy a apoyar con gran entusiasmo a Joe Biden para que sea presidente de Estados Unidos”, dijo entonces la senadora en un vídeo compartido en Twitter. “Creo en Joe. Creo realmente en él, y le conozco desde hace mucho tiempo”. Ya entonces su nombre aparecía con cierta frecuencia en las quinielas de vicepresidenciables, igual que ahora, desde el fatal debate del 27 de junio que mostró la decadencia de Biden, sonaba como candidata a la presidencia. Los republicanos, que esta semana bromeaban sobre el debate que enfrentará a los dos candidatos a la vicepresidencia al negarse a poner una fecha por “desconocer la identidad del vicepresidente” que hipotéticamente pudiera elegir Kamala Harris, posiblemente acertaron.
Matrimonio mixto
Las raíces de la posible candidata demócrata a la presidencia de EE UU hay que buscarlas en Jamaica y la India. Su padre, profesor de la Universidad de Stanford, procedía de la isla caribeña; su madre, hija de un diplomático indio, era investigadora del cáncer. Su hermana, Maya, a la que está muy unida, es experta en políticas públicas. La aspirante a la candidatura presidencial se licenció en Políticas y Economía en 1986 en la Universidad Howard y, tres años después, en Derecho en el Hasting College. Sus orígenes, por tanto, son los de una familia acomodada, demasiado intelectual para los estándares del nuevo populismo republicano.
Su carrera profesional también la instaló en la élite, igual que su matrimonio tardío, a punto de cumplir 50 años, con el abogado Douglas Emhoff, a quien conoció en una cita a ciegas y que en 2021 se convirtió en el primer segundo caballero de EE UU. Emhoff, que es judío, ha aparcado prácticamente su carrera para ejercer a tiempo completo esta función oficial, que conlleva la representación pública y actos frecuentes (en su caso, la participación en debates y actos contra el antisemitismo, un debate al alza a raíz de la guerra de Gaza). Cuando se casaron, hace diez años, Emhoff pisó una copa de cristal con el pie derecho, como marca la tradición judía, y Harris colocó al novio una guirnalda de flores al modo indio.
elpais.com
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La partidocracia y sus torpezas con decisiones como el Código Penal que cuestiona idoneidad de democracia representativa.
Por Elba García
El Código Penal es un conjunto sistematizado de normas jurídicas del derecho público interno que sanciona las infracciones, contempla las medidas de seguridad, seguimiento judicial, órdenes de protección y la responsabilidad penal, teniendo como principios fundamentales la protección de la persona humana y sus bienes, la preservación de la paz pública y del orden social, como garantía de la existencia de la Nación y del Estado.
Como se puede observar en sus enunciados el nuevo Código Penal es una herramienta de primer orden para la consecución de la armonía social y la conservación del estado de derecho, pero el nuevo proyecto ya aprobado en el Congreso constituye otra de la irracionalidad del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que forma parte de las estructuras partidarias tradicionales que incurren en grandes atropellos en contra de la sociedad y que de alguna manera deja claro que su torpeza forma parte de la característica fundamental y común de la partidocracia.
El nuevo Código Penal permite ver el trasfondo de los partidos que lo han corrompido todo, no sólo los recursos del patrimonio nacional, sino también las leyes y todo el ordenamiento jurídico que rige a la sociedad, porque recurren al peor de los engaños no para mejorar, sino para quitarle credibilidad y justificación a la democracia.
Los errores de los que detentan el poder no consiste sólo en negar lo que es una corriente en la mayoría de los países del mundo, como las tres causales, sino de imponer mediante la ley de supuestos derechos que lesionan la dignidad humana, que se contraponen con el derecho internacional y que chocan con la propia Constitución.
En qué cabeza puede caber que los legisladores, cuya mayoría pertenece al PRM, pero que si fueran otros de sus iguales que gobernara no hubiera ninguna diferencia, porque esencialmente son todos parecidos, que buscan a través del nuevo Código Penal una impunidad y tolerancia con los delitos y el crimen que es un bochorno en cualquier nación relativamente civilizada.
Ello ocurre, por ejemplo, con el concepto aplicado a la violación sexual, la cual sólo se produce si ha habido penetración, pero no de otra forma y se tolera como si el país viviera todavía en los tiempos de las cavernas.
Otra aberración que se comete en el nuevo Código Penal es disponer que cualquier situación que se presente en el seno de los cuerpos castrenses del país debe conocerse en un tribunal administrativo militar, lo cual representa una negación de los avances que se producen en el mundo sobre el estado de derecho.
A pesar del que el nuevo Código Penal incorpora sanciones para figuras jurídicas que no tenían ninguna presencia en el mismo, como el sicariato, los feminicidios, entre otros, lo cierto es que el mismo es una representación del atraso a que está sometida la sociedad dominicana por la falta de raciocinio y por la torpeza de la partidocracia.
El nuevo Código Penal es una buena carta de presentación para que todo aquel que tiene una actitud beligerante con los que gobiernan tenga toda la legitimidad del mundo, porque sólo para los que no entienden que imponer esta norma representa una afrenta y una vergüenza en contra de los sectores más pensantes de la sociedad.
Es tan grande la torpeza que el nuevo Código legaliza telera y permite la violencia física y psicológica en contra de la niñez, lo cual ya ha sido erradicado a través del derecho internacional, del que es signatario el país, lo cual no parece entender el partido de gobierno.
Sin lugar a dudas que este tipo de comportamiento de los legisladores, principalmente del partido oficial, es la mejor forma de auto agredirse y que el gobierno termine con la peor de la credibilidad, porque no dejan dudas que son iguales o peores de los que han sido sacados del poder por su mal comportamiento.
Lo grave del asunto es que los que hoy critican ese comportamiento de los legisladores de un partido que durante su campaña electoral prometió mejorar la democracia dominicana, pero que actúan como si no tuvieran memoria, hacen turno para que cuando asciendan al control del Estado repetir la misma historia, ya que su única agenda valedera y respetada es buscar fortunas a través del patrimonio del pueblo dominicano.
El nuevo Código Penal se ha encargado, a partir de la visión plasmada en él por los congresistas, de que la corrupción administrativa es una aberración a la que no están dispuestos a renunciar, cuando consignan que la misma prescribe a los veinte años, pese a que en todas las legislaciones del mundo ese delito o crimen no expira nunca, es decir, que es imprescriptible.
El comportamiento oficial frente al nuevo Código Penal no es la excepción, sino que esa conducta es encontrada en todas y cada una de las acciones del Gobierno, como muy bien se puede mencionar el endeudamiento externo, el clientelismo y otras tantas que no dejan dudas de que la nación está frente a gente que no ama el país, sino sus intereses particulares y personales.
Otro asunto con el que pueblo dominicano no se llevará sorpresa es con la llamada reforma fiscal, la cual es un instrumento de llevarle más sufrimiento al sector más vulnerable y pobre de la sociedad, ya que la tendencia es a que la carga impositiva vaya dirigida a sobrecargar a las grandes mayorías nacionales, mediante un régimen tributario regresivo y menos progresivo, que consiste en gravar el consumo en vez de las grandes ganancias que tienen grupos muy concretos de la sociedad.
En lo que respecta al nuevo Código Penal, ya aprobado por ambas cámaras, sólo queda que pase al Poder Ejecutivo para que el mismo sea promulgado, observado o devuelto por el presidente Luis Abinader a las cámaras legislativas para su modificación, cuyo último recurso podría ser una arma del jefe de Estado a partir de que el PRM, que es un partido a la azar, sin una planificación estratégica, permite que cada legislador sea una isla aparte que plantea las cosas en función de su visión muy personal, pero que parece que el mandatario estimula ese tipo de desorden para al final quedar como el santo de la película, apoyándose en una demagogia que habla muy mal de su persona.