Por Elba García
La vocación de ilegalidad del sistema de partidos pesa más que cualquier interés en fortalecer la institucionalidad y el respeto a las normas jurídicas del régimen electoral y de otras que rigen la vida en sociedad.
Desde hace muchos meses que diferentes sectores de la vida nacional han advertido de la inclinación de los partidos tradicionales de violar la ley e incluso de no sentir vergüenza por el comportamiento de sus dirigentes, cuya conducta casi siempre es encaminada a no respetar a nada ni a nadie, lo cual ha quedado más evidenciado con una serie de acciones y con la intensa precampaña electoral que desarrollan extemporáneamente.
La irregularidad en que incurren los partidos constituye un cuestionamiento a la autoridad y la legalidad de la Junta Central Electoral (JCE), cuya violación a las leyes del régimen electoral ha provocado que el órgano en referencia haya hecho una serie de advertencias al respecto a las organizaciones que no sienten ningún respeto por el orden establecido.
La JCE aclara en un comunicado publicado recientemente que todavía no ha llegado el tiempo de que los partidos se involucren en el desarrollo de una precampaña que violenta las layes 33-18 y 15-19, y advierte que aplicará el régimen de sanciones que dispone la legislación dominicana, pero al propio tiempo busca ser liberada a través de las sugeridas modificaciones sometidas al Congreso Nacional del control de las primarias que deberán celebrar los partidos para la escogencia de sus candidatos para la contienda del 2024.
Lo que no se entiende y que muy bien es atribuible al grave problema de institucionalidad que padece el Estado dominicano, es que el órgano comicial se desvincule de la consulta del PLD, pero al propio tiempo diga que le prestará equipos para el montaje de la misma, lo cual es contradictorio porque estimula en cierta forma la ilegalidad y contradictoriamente aclara que no prestará ni gestionará para ese fin los recintos que utiliza en las elecciones generales que se celebran en el país cada cuatro años, pero la organización política revela que cuenta con la autorización del Ministerio de Educación para la utilización de las escuelas para las votaciones en la referida contienda al margen de la ley.
Todo ello dice claramente que el mayor problema del país es en lo referente a la institucionalidad, ya que la JCE se canta y se llora, pese a que no hay ser un experto ni un genio para darse cuenta que la consulta peledeísta se trata realmente de una primaria, cuyo fin es el mismo que tienen las que deben celebrar en el año 2023 todos los partidos políticos del país.
De manera, que está lo suficientemente claro que se trata de un asunto de autoridad y de institucionalidad, porque los partidos manipulan a su antojo la ley para el logro de sus fines, como por ejemplo lo ocurrido con la ley de extinción de dominio, cuyos miembros de la comisión, conformada principalmente por perremeístas, que estudiaba la pieza se inventaron la figura de la retrospectividad en sustitución de la retroactividad, lo cual no era otra cosa que una vulgar manipulación de un principio universal del derecho.
En este caso de la consulta peledeísta evidentemente que se pone en cuestionamiento el principio de igualdad que debe primar en cualquier actividad humana, ya que el hecho de que el PLD adelante la fecha de la escogencia de su candidato presidencial lo pone en condiciones de ventaja frente a los que tienen que esperar el próximo año para hacerlo, constituyéndose en una ingenuidad del Pleno de la Junta Central Electoral que no toma las medidas de lugar de inmediato para evitar mayores distorsiones del proceso electoral que se avecina y de la democracia nacional.
El artículo 41 de la 33-18 establece claramente que la precampaña es el periodo durante el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular y que el mismo será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos, cuyo mandato choca con la actividad programada para octubre de este año 2022 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Y en ese contexto el órgano comicial llamó a los partidos políticos y a la sociedad para que den cumplimiento a la ley, a fin de garantizar la integridad electoral que debe prevalecer en un Estado social y democrático de derecho.
El Pleno de la JCE se refirió particularmente a las declaraciones que dan cuenta de las características de la consulta que realizará el Partido de la Liberación Dominicana en el mes de octubre, la cual no administra, no organiza, ni actúa como árbitro y que la misma no es vinculante con la precampaña que deberá iniciarse a mediados del mes de julio del próximo año 2023.
Este comportamiento del PLD es como una especie de ratificación de su amor y pasión por lo mal hecho, lo cual también se puede medir a través de sus propios aspirantes presidenciales, cuya mayoría, en algún momento, ha sido citada como parte de una agresividad partidaria de enriquecerse apropiándose de lo que no es suyo a una velocidad realmente impresionante.
El órgano comicial ha recibido tres comunicaciones en las que se le requiere su colaboración para realizar la indicada consulta y en las que exponen los fundamentos bajo los cuales se habría de realizar la misma, precisando textualmente que: “El proceso de la consulta es una iniciativa organizativa y electoral que tiene el propósito de que el Partido tenga una información precisa sobre el nivel de simpatías que tienen cada una de las personas que han manifestado hasta el momento sus aspiraciones. Esta actividad es solo consultiva y no constituye un proceso de elección ni de definición de precandidatos y no tendrá un carácter vinculante”, indica la organización.
Naturalmente, a este respecto tampoco se pueden sacar los demás partidos del sistema, como la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), los cuales se manejan como si fueran grandes corporaciones económicas e instrumentos para burlarse del ordenamiento jurídico nacional, porque ellos también han estado en una permanente campana electoral a destiempo.
La Junta Central Electoral ha establecido que la consulta del PLD para escoger su candidato presidencial no es vinculante con las primarias que deberán tener lugar a mediados del próximo año 2023, pero nadie entiende por qué esta organización tiene que violentar el calendario electoral, lo que provoca que, aunque se elija uno en octubre, cualquier otro puede presentar su candidatura para las elecciones del 2024.
Esa sola razón constituye un elemento que puede provocar distorsión en el próximo proceso electoral, porque ni la disciplina partidaria podría impedir que a alguien se le ocurra convertirse en aspirante presidencial después de su organización haber escogido uno al margen de la ley.
Otro escenario preocupante podría ser que en el PLD surja otra división como resultado de la consulta de octubre, bajo el alegato de que hubo fraude o que se ha impuesto a uno de los aspirantes, cuyo escenario también plantea un cuadro preocupante para esa organización y para toda la sociedad.
La realidad es que este tema ha estado sobre la mesa en diferentes debates que se han suscitado al respecto en el país, pero parece estar muy lejos que los partidos se acojan al mandato de la ley, ya que han desarrollado toda una cultura de hacer las cosas como a ellos más les conviene sin tomar en cuenta a la ley y a la sociedad.