Latinoamericanas
Continúan bloqueos y represión policial durante Paro Nacional en Colombia
El conflicto social que atraviesa Colombia continúa con un Paro Nacional, encabezado por sectores que protestan contra las políticas antiobreras, arriba este viernes a 19 días en los que la represión policial por parte de las fuerzas de seguridad colombianas ha dejado decenas de heridos.
Los bloqueos continúan en el sur de Colombia, donde la represión dejó más de 30 heridos.
El estallido social sigue latente en Colombia con un Paro Nacional que cumple 19 días. (foto: Archivo)
Los bloqueos continúan en el sur de Colombia, donde la represión dejó más de 30 heridos. (foto: Archivo)
El estallido social sigue latente en Colombia con un Paro Nacional que cumple 19 días. (foto: Archivo)
El conflicto social que atraviesa Colombia sigue latente con un Paro Nacional Agrario y Popular que cumple este viernes 19 días sin soluciones contundentes para los sectores que protestan en rechazo a las políticas neoliberales del Gobierno de Juan Manuel Santos.
Mientras el Gobierno intenta buscar alternativas que en su mayoría no han convencido del todo a los gremios en la mesa de negociaciones, en las últimas horas la situación se ha complicado en el sur del país, sobre todo en el departamento del Cauca, donde la represión policial dejó este jueves un saldo de 36 heridos, según reportes de la prensa local.
Preacuerdos con indígenas de Nariño, convenios con parte de los mineros y con los transportistas, y algunos avances en los diálogos con los productores de Boyacá, Nariño y Cundimarca (centro), han logrado levantar algunos de los bloqueos; sin embargo, en otros departamentos el panorama es complejo.
En Huila, Putumayo, Nariño y Cauca el paro continúa con miles de campesinos dispuestos a permanecer en las carreteras hasta tener soluciones que permitan sacarlos del abandono gubernamental, que ha aumentado en los últimos años producto de las políticas neoliberales promovidas por el Ejecutivo.
Esas mismas políticas que «promueven la extranjerización de la tierra, disminuyen la producción nacional a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC), encarecen los precios de la canasta familiar y elevan los de combustibles», como manifiestan los líderes de la protesta.
La víspera, a través de un comunicado los representantes de la Mesa Agraria de Interlocución y Acuerdo ratificaron que insistirán en la movilización hasta que sean escuchadas y tramitadas sus propuestas.
«No cederemos ante la presión mediática ni la represión militar», señalaron los voceros gremiales que insisten en una mesa de interlocución en la que estén presentes todos los sectores, incluidos los maestros, obreros, estudiantes y trabajadores de la salud.
En busca de detener la difícil situación en el sur colombiano, el vicepresidente Angelino Garzón anunció una cumbre extraordinaria el sábado en Popayán con gobernadores de Cauca, Nariño, Putumayo, Tolima, Huila y Caquetá.
El propio Garzón ha reconocido que la gente está cansada de vivir tan pobremente. Los derechos humanos tienen que partir de tratar a la gente dignamente y los acuerdos que se firmen deben cumplirse y no deben ser para dilatar las soluciones, expresó en una reciente alocución.
Las manifestaciones han dejado 303 heridos, 11 de ellos con armas de fuego, 247 detenciones arbitrarias y nueve fallecidos, de acuerdo a cifras divulgadas por la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo.
El reclamo colectivo de obreros, campesinos, estudiantes, médicos, mineros, maestros y demás trabajadores agrarios es de carácter indefinido y busca rechazar las políticas antiobreras y antipopulares que coartan y limitan derechos, privatizan instituciones y entregan recursos naturales a las transnacionales.
Además, los pequeños agricultores buscan garantías para el acceso a la propiedad de la tierra, la constitución de zonas de reserva campesinas, una política favorable a los mineros artesanales y mejoras en las zonas rurales, especialmente en cuanto a salud y acceso al agua potable.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.