Latinoamericanas
Continúan bloqueos y represión policial durante Paro Nacional en Colombia
El conflicto social que atraviesa Colombia continúa con un Paro Nacional, encabezado por sectores que protestan contra las políticas antiobreras, arriba este viernes a 19 días en los que la represión policial por parte de las fuerzas de seguridad colombianas ha dejado decenas de heridos.
Los bloqueos continúan en el sur de Colombia, donde la represión dejó más de 30 heridos.
El estallido social sigue latente en Colombia con un Paro Nacional que cumple 19 días. (foto: Archivo)
Los bloqueos continúan en el sur de Colombia, donde la represión dejó más de 30 heridos. (foto: Archivo)
El estallido social sigue latente en Colombia con un Paro Nacional que cumple 19 días. (foto: Archivo)
El conflicto social que atraviesa Colombia sigue latente con un Paro Nacional Agrario y Popular que cumple este viernes 19 días sin soluciones contundentes para los sectores que protestan en rechazo a las políticas neoliberales del Gobierno de Juan Manuel Santos.
Mientras el Gobierno intenta buscar alternativas que en su mayoría no han convencido del todo a los gremios en la mesa de negociaciones, en las últimas horas la situación se ha complicado en el sur del país, sobre todo en el departamento del Cauca, donde la represión policial dejó este jueves un saldo de 36 heridos, según reportes de la prensa local.
Preacuerdos con indígenas de Nariño, convenios con parte de los mineros y con los transportistas, y algunos avances en los diálogos con los productores de Boyacá, Nariño y Cundimarca (centro), han logrado levantar algunos de los bloqueos; sin embargo, en otros departamentos el panorama es complejo.
En Huila, Putumayo, Nariño y Cauca el paro continúa con miles de campesinos dispuestos a permanecer en las carreteras hasta tener soluciones que permitan sacarlos del abandono gubernamental, que ha aumentado en los últimos años producto de las políticas neoliberales promovidas por el Ejecutivo.
Esas mismas políticas que «promueven la extranjerización de la tierra, disminuyen la producción nacional a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC), encarecen los precios de la canasta familiar y elevan los de combustibles», como manifiestan los líderes de la protesta.
La víspera, a través de un comunicado los representantes de la Mesa Agraria de Interlocución y Acuerdo ratificaron que insistirán en la movilización hasta que sean escuchadas y tramitadas sus propuestas.
«No cederemos ante la presión mediática ni la represión militar», señalaron los voceros gremiales que insisten en una mesa de interlocución en la que estén presentes todos los sectores, incluidos los maestros, obreros, estudiantes y trabajadores de la salud.
En busca de detener la difícil situación en el sur colombiano, el vicepresidente Angelino Garzón anunció una cumbre extraordinaria el sábado en Popayán con gobernadores de Cauca, Nariño, Putumayo, Tolima, Huila y Caquetá.
El propio Garzón ha reconocido que la gente está cansada de vivir tan pobremente. Los derechos humanos tienen que partir de tratar a la gente dignamente y los acuerdos que se firmen deben cumplirse y no deben ser para dilatar las soluciones, expresó en una reciente alocución.
Las manifestaciones han dejado 303 heridos, 11 de ellos con armas de fuego, 247 detenciones arbitrarias y nueve fallecidos, de acuerdo a cifras divulgadas por la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo.
El reclamo colectivo de obreros, campesinos, estudiantes, médicos, mineros, maestros y demás trabajadores agrarios es de carácter indefinido y busca rechazar las políticas antiobreras y antipopulares que coartan y limitan derechos, privatizan instituciones y entregan recursos naturales a las transnacionales.
Además, los pequeños agricultores buscan garantías para el acceso a la propiedad de la tierra, la constitución de zonas de reserva campesinas, una política favorable a los mineros artesanales y mejoras en las zonas rurales, especialmente en cuanto a salud y acceso al agua potable.
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
Latinoamericanas
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Latinoamericanas
Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.