Opinión
Continuidad histórica de la represión
Hamlet Hermann
Cuando alguien descubrió que controlar medios de comunicación garantizaba impunidad, la verdad perdió importancia para ser publicada.
A los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dominicanas les convendría que se airearan todos los abusos y crímenes cometidos desde esas organizaciones. Oponerse a que esos vejámenes se investiguen sugiere culpabilidad individual e institucional. No todos los militares y policías son culpables de cometer crímenes y abusos contra la población y contra sus propios compañeros de armas. Ahí dentro hay gente honesta y democrática, aunque sean los menos. Por el contrario, no puede liberarse de responsabilidad a las instituciones militares y policiales, organismos del Estado que nunca han defendido la soberanía nacional, ni aportado algo a favor de la verdadera democracia. Éstas han sido instrumentospolíticos y represivos del poder extranjero, de las tiranías y de la politiquería corrupta.
Revisando el desarrollo histórico de las instituciones represivas dominicanas descubriremos que siempre han seguido el patrón para el cual fueron creadas. Fundamentalmente, fueron cuerpos armados integrados por dominicanosque se comportarían como ejércitos de ocupación,asumiendo el rol de defensor de los intereses del poder extranjero. Al cuerpo de infantería de marina de Estados Unidos le tocó formar la Guardia Nacional Dominicana, a imagen y semejanza de quienes habían secuestrado la soberanía nacional, bandera e himno incluidos. La herencia que dejaron fue Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien oprimió la nación durante 31 años hasta que fue considerado un lastre inconveniente por sus propios creadores. Esas Fuerzas Armadas y Policía Nacional combinaron mentes y fuerzas para asesinar a miles de dominicanos y haitianos, y así satisfacer las ambiciones del tirano. Pero hubo militares que sí creían en la verdadera democracia y se rebelaron contra Trujillo.
Luego del ajusticiamiento del tirano, esos cuerpos castrenses entraron en relativo receso. En 1962 y parte de 1963, simularon democratizarse porque eso era lo que les exigía el momento histórico. No obstante, no podían irse en blanco. Asesinaron a los ajusticiadores de Trujillo y la matanza de Palma Sola mantendría la tradición de genocidio histórico que les arropaba.
Aquellas Fuerzas Armadas ejecutaron el golpe de Estado de 1963 y asumieron el asesinato de los jóvenes insurrectos del Movimiento 14 de Junio. Otro genocidio. Despreciaban una juventud que sólo pedía las libertades que soñaban pero nunca habían conocido.Pero de tanta inmundicia saldría la fragante flor del pantano. El teniente coronel Fernández Domínguez con sus ideas preparó el terreno para que la lucha del pueblo dominicano pariera un coronel Francis Caamaño que supo ponerle freno al imperio que pisoteaba el territorio nacional por tercera vez en el siglo veinte.
Desempeñando de nuevo el rol de tropa de ocupación bajo un gobierno “made in USA”encabezado por Joaquín Balaguer, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asesinaron y torturaron impunemente teniendo como como coartada la Doctrina de Seguridad Nacional que justificaba la guerra fría. Sin dudas, hubo durante esos 12 años balagueristas, más dominicanos muertos que durante los 31 años de la tiranía de Trujillo. Sus víctimas fueron, mayormente, jóvenes de clase media, estudiantes y profesionales, como si la patria sólo necesitara sicarios.
La social democracia llegó a puerto por un reclamo popular intenso que coincidió con un cambio de la dirección de los vientos en Washington. Pero la proclamada y nonata democracia no fue óbice para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional respondieran con rayos de muerte los reclamos de los jodidos de la tierra contra la aplicación de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. La dignidad castrense brilló por su ausencia y nunca se supo cuántos dominicanos fueron abatidos por las balas oficiales aquel 24 de abril de 1984.
Todavía en el siglo 21 predomina una doctrina de seguridad made in USA, continuación de la filosofía del tirano Trujillo, prolongada por Balaguer. La impunidad sigue estando garantizada para todo aquel militar o policía que abusa y mata.Hoy,como objetivos del aniquilamiento social, las armas gubernamentales han escogido a los más pobres de la tierra. Los “intercambios de disparos” se han convertido en mensajeros dela muerte que el ministerio público y la judicatura no se atreven a castigar cuando un ciudadano vivo se convierte, súbitamente, en un delincuente muerto.
A los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dominicanas les convendría que se airearan todos los abusos y crímenes cometidos desde esas organizaciones. Oponerse a que esto se investigue sugiere culpabilidad individual e institucional, garantizando la continuación del genocidio.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.