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Señalan a ProCompetencia poca supervisión de fondos e incumplimiento de procedimientos
Santo Domingo.- Un informe que abarca desde el primero de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021, llevó a la Contraloría General de la República, tras una auditoría realizado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), a detectar irregularidades en la distribución de combustibles a sus empleados.
También detectaron faltas en la supervisión del fondo de caja chica y expedientes incompletos de empleados.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, la Contraloría comprobó que “los presupuestos entregados de forma física y digital concuerdan con los presupuestos subidos al portal” y que la entidad elabora sus estados financieros de conformidad con las normas sin que se observen desviaciones de control interno.
En cambio, en la estructura de control interno, el informe de auditoría sí advierte de debilidades que “incurren en un riesgo sumamente alto”. Según el documento, los casos en que sí se han establecido controles no están siendo monitoreados por los entes responsables por lo que, “no garantiza la veracidad de las informaciones financieras de la institución”.
FONDO DE CAJA CHICA
Al analizar el fondo de caja chica, Contraloría acotó en su informe que ProCompetencia “no realiza oportunamente los arqueos de los cuales se evidencian solo seis realizados durante el periodo sujeto a evaluación”.
Este hecho va contra las normas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) las cuales señalan que “el arqueo de caja chica debe ser tomado sin previo aviso dos veces al mes”, lo que significa que la dependencia dejó de realizar unos 18 arqueos entre septiembre de 2020 y agosto de 2021.
Contraloría también detectó irregularidades en las conciliaciones bancarias de la institución, específicamente porque, según advirtieron, ProCompetencia utiliza para estos fines un formato o formulario elaborado de forma interna que “tiende a crear confusión” y que es distinto al formato diseñado, aprobado y autorizado por la Digecog.
En cuanto al manejo del inventario y a la concordancia con el monto de los activos fijos, el informe de auditoría concluyó en que ambos aspectos financieros están debidamente registrados y conformes a la ley. Tampoco observaron desviaciones de control interno con relación a las cuentas por pagar.
En el informe, Contraloría denuncia que el 40% de los expedientes físicos de los empleados de ProCompetencia se encuentran en estatus incompleto. Algunos, incluso, carecen de los documentos esenciales que deben conformar el expediente de los servidores públicos.
“En nuestro análisis de los expedientes del personal, se observó que en el proceso de incorporación de los servidores a la entidad no se completan los expedientes con los documentos requeridos al momento del ingreso, evidenciándose que son completados en fechas posteriores”, dictó el documento de auditoría.
Además de los expedientes de empleados, la evaluación incluyó el control de asistencia del personal militar. Aunque la supervisión de este personal no le corresponde directamente a ProCompetencia, el informe indicó que “no se pudieron constatar las evidencias que justifiquen las entradas y salidas” corriendo el riesgo de que exista personal militar que no asista a desempeñar sus funciones siendo aún remunerados.
Una de las principales irregularidades que señala el documento de auditoría realizado a ProCompetencia por Contraloría es el incumplimiento de las normas al establecer las políticas de procedimientos de entrega de combustible.
En la evaluación se determinó la entrega de RD$1,320,000.00, por concepto de asignación de combustible a personal no autorizado.
“La Entidad en sus políticas contempla asignar combustible a profesionales especializados, asistentes ejecutivas y algunas posiciones técnicas, de acuerdo con su rol y jerarquía, en contraposición a lo establecido en la ley 105-13”, explicó el informe.
Según advierte Contraloría, la entrega de combustible a colaboradores que no ostentes cargos de alto nivel viola ley No. 105-13 sobre regulación salarial del Estado; la Ley No. 41-08 de Función Pública y las propias normas de la Contraloría.
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
Al evaluar las cuentas de gastos de ProCompetencia, Contraloría evidenció la entrega de RD$1,366,667.44, por concepto de Gastos de Representación, autorizados por las Políticas de Beneficios y Compensaciones Laborales de la Institución, en franca inobservancia de las normativas vigentes.
No obstante, en la auditoría se aclara que “esta práctica fue descontinuada a partir del mes de abril de 2021” luego de una circular emitida por el Ministerio de Administración Pública.
Entre otras disposiciones, esa circular advierte que cobrar viáticos, sueldos, dietas, gastos de representación, bonificaciones u otros tipos de compensaciones por servicios no realizados, o por un lapso mayor al realmente utilizado en la realización del servicio” se considera una falta grave.
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Cedulación para extranjeros es suspendida temporalmente por la JCE en tres demarcaciones del país.
Santo Domingo, R.D.-Este jueves la Junta Central Electoral (JCE) informó de la suspensión temporal de los servicios en los Centros de Cedulación para Extranjeros ubicados en Santo Domingo, Verón y Santiago de los Caballeros.
La institución explicó que la medida responde a un proceso de actualización del sistema, el cual forma parte de la implementación de un nuevo proceso de cedulación dirigido a extranjeros residentes legales en el país.
La JCE aseguró que esta iniciativa busca modernizar y optimizar los servicios ofrecidos, garantizando mayor eficiencia en la emisión de documentos.
Asimismo, indicó que anunciará oportunamente la fecha de reanudación de los servicios una vez concluya el proceso de actualización.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henru Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), aseguró este jueves que el sistema judicial dominicano se ha fortalecido con el uso de plataformas digitales, con más de 33,000 usuarios registrados y la emisión de más de cinco millones de documentos con firma digital, como parte del proceso de modernización de la justicia.
Molina explicó que la digitalización, establecida mediante una nueva ley, permitió a ciudadanos y operadores del sistema acceder a los tribunales de manera remota a través de un portal, lo que facilita los trámites y mejora el acceso a la justicia en todo el país.
El magistrado ofreció estas declaraciones durante una visita al Congreso Nacional, donde presentó a los legisladores los avances, retos y proyecciones del sistema judicial dominicano en el período 2019-2025.
Además de la transformación tecnológica, el presidente de la SCJ destacó que las reformas implementadas han contribuido a mejorar la eficiencia del sistema judicial.
Agregó que esta cultura de eficiencia se ha extendido a nivel nacional, lo que ha permitido que más del 80 % de los tribunales del país se encuentren al día en el conocimiento de los casos, reduciendo procesos que antes tomaban años a solo días.
Durante el encuentro, el juez presidente informó que actualmente se trabaja junto al Congreso en otras iniciativas legislativas, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley de simplificación de procesos judiciales, la actualización de la normativa de Registro Inmobiliario y la eliminación de tasas judiciales, con el objetivo de agilizar los trámites y facilitar el acceso a la justicia.
Santo Domingo, R.D.-El segundo Consejo de Gobierno tuvo lugar en el Palacio Nacional, el cual fue encabezado por el presidente Luis Abinader acompanado de la vicepresidenta Raquel Pena.
- Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los puntos específicos que serán abordados durante la sesión.
Se espera que al finalizar el encuentro se emita información oficial que permita conocer los temas tratados y las medidas acordadas.
El primer Consejo de Gobierno se realizó el pasado mes de enero, donde se definió un paquete de entre 40 y 50 acciones estratégicas que serán priorizadas dentro de los más de 650 programas y productos presupuestarios contemplados en el Plan Operativo del Gobierno para 2026, con el objetivo de impactar directamente las 10 metas prioritarias de la actual gestión.