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Señalan a ProCompetencia poca supervisión de fondos e incumplimiento de procedimientos
Santo Domingo.- Un informe que abarca desde el primero de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021, llevó a la Contraloría General de la República, tras una auditoría realizado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), a detectar irregularidades en la distribución de combustibles a sus empleados.
También detectaron faltas en la supervisión del fondo de caja chica y expedientes incompletos de empleados.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, la Contraloría comprobó que “los presupuestos entregados de forma física y digital concuerdan con los presupuestos subidos al portal” y que la entidad elabora sus estados financieros de conformidad con las normas sin que se observen desviaciones de control interno.
En cambio, en la estructura de control interno, el informe de auditoría sí advierte de debilidades que “incurren en un riesgo sumamente alto”. Según el documento, los casos en que sí se han establecido controles no están siendo monitoreados por los entes responsables por lo que, “no garantiza la veracidad de las informaciones financieras de la institución”.
FONDO DE CAJA CHICA
Al analizar el fondo de caja chica, Contraloría acotó en su informe que ProCompetencia “no realiza oportunamente los arqueos de los cuales se evidencian solo seis realizados durante el periodo sujeto a evaluación”.
Este hecho va contra las normas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) las cuales señalan que “el arqueo de caja chica debe ser tomado sin previo aviso dos veces al mes”, lo que significa que la dependencia dejó de realizar unos 18 arqueos entre septiembre de 2020 y agosto de 2021.
Contraloría también detectó irregularidades en las conciliaciones bancarias de la institución, específicamente porque, según advirtieron, ProCompetencia utiliza para estos fines un formato o formulario elaborado de forma interna que “tiende a crear confusión” y que es distinto al formato diseñado, aprobado y autorizado por la Digecog.
En cuanto al manejo del inventario y a la concordancia con el monto de los activos fijos, el informe de auditoría concluyó en que ambos aspectos financieros están debidamente registrados y conformes a la ley. Tampoco observaron desviaciones de control interno con relación a las cuentas por pagar.
En el informe, Contraloría denuncia que el 40% de los expedientes físicos de los empleados de ProCompetencia se encuentran en estatus incompleto. Algunos, incluso, carecen de los documentos esenciales que deben conformar el expediente de los servidores públicos.
“En nuestro análisis de los expedientes del personal, se observó que en el proceso de incorporación de los servidores a la entidad no se completan los expedientes con los documentos requeridos al momento del ingreso, evidenciándose que son completados en fechas posteriores”, dictó el documento de auditoría.
Además de los expedientes de empleados, la evaluación incluyó el control de asistencia del personal militar. Aunque la supervisión de este personal no le corresponde directamente a ProCompetencia, el informe indicó que “no se pudieron constatar las evidencias que justifiquen las entradas y salidas” corriendo el riesgo de que exista personal militar que no asista a desempeñar sus funciones siendo aún remunerados.
Una de las principales irregularidades que señala el documento de auditoría realizado a ProCompetencia por Contraloría es el incumplimiento de las normas al establecer las políticas de procedimientos de entrega de combustible.
En la evaluación se determinó la entrega de RD$1,320,000.00, por concepto de asignación de combustible a personal no autorizado.
“La Entidad en sus políticas contempla asignar combustible a profesionales especializados, asistentes ejecutivas y algunas posiciones técnicas, de acuerdo con su rol y jerarquía, en contraposición a lo establecido en la ley 105-13”, explicó el informe.
Según advierte Contraloría, la entrega de combustible a colaboradores que no ostentes cargos de alto nivel viola ley No. 105-13 sobre regulación salarial del Estado; la Ley No. 41-08 de Función Pública y las propias normas de la Contraloría.
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
Al evaluar las cuentas de gastos de ProCompetencia, Contraloría evidenció la entrega de RD$1,366,667.44, por concepto de Gastos de Representación, autorizados por las Políticas de Beneficios y Compensaciones Laborales de la Institución, en franca inobservancia de las normativas vigentes.
No obstante, en la auditoría se aclara que “esta práctica fue descontinuada a partir del mes de abril de 2021” luego de una circular emitida por el Ministerio de Administración Pública.
Entre otras disposiciones, esa circular advierte que cobrar viáticos, sueldos, dietas, gastos de representación, bonificaciones u otros tipos de compensaciones por servicios no realizados, o por un lapso mayor al realmente utilizado en la realización del servicio” se considera una falta grave.
Santo Domingo, R.D.-El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó, recibió a la embajadora de los Estados Unidos de América en el país, Leah Francis Campos, con quien sostuvo un encuentro orientado a continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales y la agenda de cooperación entre ambas naciones.
Una nota de prensa de la Cancillería señala que en la reunión, desarrollada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el canciller y la diplomática pasaron revista a temas de interés común y conversaron sobre las oportunidades para seguir ampliando una relación sustentada en vínculos históricos, económicos y humanos, así como en principios y valores compartidos.
La reunión fue efectuada en la sede de la cancillería.Fuente Externa
“República Dominicana y Estados Unidos mantienen una relación sólida, construida sobre el respeto mutuo, la amistad y una cooperación que ha generado importantes beneficios para nuestros pueblos. Compartimos valores fundamentales como la democracia, la libertad, la defensa de la soberanía, y tenemos la voluntad de continuar trabajando juntos en favor de la prosperidad y la estabilidad de nuestras naciones”, expresó el ministro, a través de un comunicado de prensa de la Cancillería dominicana.
“Estados Unidos constituye uno de los principales socios de la República Dominicana, con una relación que abarca importantes vínculos comerciales, de inversión, cooperación y una amplia conexión entre ambas sociedades. La reunión se desarrolló en un ambiente cordial y constructivo, reafirmando la disposición de ambos países de mantener un diálogo permanente y continuar impulsando una agenda bilateral basada en intereses compartidos, respeto recíproco y cooperación”, manifiesta el documento enviado a los medios de comunicación.
Bisonó fue designado como el nuevo canciller de la República el pasado domingo y en la mañana del lunes fue posesionado tras ser juramentado por la vicepresidenta Raquel Peña.
Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.
El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.
Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.
A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.
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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables
Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.
La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.
Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.
Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.
En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.
La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.
El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.