Editorial
Control sí, exclusión financiera no
Published
2 meses agoon
By
LA REDACCIÓN
Las asociaciones sin fines de lucro cumplen una función que muchas veces pasa inadvertida hasta que una comunidad necesita asistencia, un joven requiere una oportunidad, una familia necesita apoyo o un proyecto social busca recursos para convertirse en realidad.
En la República Dominicana, estas organizaciones están sometidas a normas que regulan su constitución, funcionamiento, obligaciones fiscales y transparencia. Por tanto, resulta razonable que las entidades bancarias verifiquen quiénes las dirigen, de dónde proceden sus recursos y cuál será el destino del dinero que manejarán.
Lo que no resulta razonable es que la necesaria debida diligencia se transforme en una carrera interminable de requisitos, documentos adicionales, verificaciones sucesivas y prolongados períodos de espera que dificulten a una entidad legítimamente constituida acceder a una cuenta bancaria.
La prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo constituye una responsabilidad ineludible del sistema financiero. Los bancos no solamente tienen derecho a conocer a sus clientes: tienen la obligación de hacerlo.
Pero esa responsabilidad tampoco debería convertirse en una justificación automática para tratar a todas las asociaciones sin fines de lucro como si representaran, por su propia naturaleza, una amenaza para el sistema financiero.
Controlar no significa excluir.
Ahí radica precisamente el equilibrio que debe procurar el sistema bancario dominicano.
Una asociación que presenta su documentación constitutiva, Registro Nacional de Contribuyentes, estatutos, nómina de miembros, autoridades vigentes, identificación de sus representantes, autorización para abrir la cuenta y documentación razonable sobre el origen y destino de sus fondos debe ser evaluada conforme a criterios objetivos y proporcionales a su verdadero nivel de riesgo.
No debería resultar normal que, después de entregar un expediente, aparezca un nuevo requisito; y después de cumplir ese requisito, otro más, sin que la organización tenga certeza sobre cuándo concluirá el proceso.
Tampoco parece coherente exigir formalización y transparencia a las organizaciones sociales mientras simultáneamente se dificulta su incorporación al principal mecanismo existente para garantizar precisamente esa transparencia: el sistema bancario.
Una cuenta institucional permite identificar ingresos y egresos, establecer quién realizó una transferencia, conocer quién recibió determinados recursos y mantener registros financieros susceptibles de fiscalización.
En otras palabras, bancarizar una asociación legítima también contribuye a combatir la informalidad y el lavado de activos.
Obligarla indirectamente a manejar determinadas operaciones fuera del sistema financiero produciría exactamente el efecto contrario.
Existe, además, una cuestión de proporcionalidad.
No puede evaluarse de la misma manera una pequeña asociación comunitaria que recibe aportes modestos para actividades sociales que una organización que administra grandes cantidades de recursos procedentes de diferentes jurisdicciones internacionales.
El riesgo debe evaluarse.
No presumirse.
Las entidades bancarias necesitan protegerse y proteger al país frente a operaciones ilícitas. Eso es indiscutible. Pero las organizaciones legalmente constituidas también necesitan seguridad jurídica, procedimientos previsibles y respuestas dentro de períodos razonables.
Cuando una cuenta bancaria se retrasa injustificadamente, detrás del expediente puede quedar detenido un programa educativo, una ayuda médica, una donación internacional, un proyecto deportivo, una iniciativa cultural o una asistencia destinada a ciudadanos vulnerables.
Por eso este problema trasciende la relación privada entre una ONG y una entidad financiera.
Tiene una dimensión social.
La Superintendencia de Bancos y las instituciones correspondientes deberían continuar procurando que los mecanismos de debida diligencia sean rigurosos, pero también suficientemente claros y proporcionales para evitar que el cumplimiento regulatorio termine produciendo exclusión financiera.
Sería conveniente avanzar hacia procedimientos en los que las asociaciones conozcan desde el principio cuáles son los documentos fundamentales que deberán presentar, qué información adicional puede requerirse dependiendo de su perfil de riesgo y cuáles son los mecanismos disponibles cuando el proceso se prolonga excesivamente.
También las asociaciones deben asumir su responsabilidad.
Ser una entidad sin fines de lucro no significa estar exenta de controles. Deben mantener actualizados sus registros, identificar correctamente a sus directivos y beneficiarios finales cuando corresponda, documentar sus fuentes de financiamiento, conservar comprobantes y garantizar que cada peso recibido pueda ser explicado.
La transparencia debe exigirse en ambas direcciones.
Las organizaciones deben transparentar sus recursos y los bancos deben procurar que sus procedimientos sean claros, objetivos y proporcionales.
La República Dominicana necesita un sistema financiero fuerte frente al lavado de activos, pero también necesita una sociedad civil fuerte.
Una cosa no debe construirse sacrificando la otra.
La debida diligencia debe identificar riesgos reales, no levantar barreras generales.
Porque cuando una organización cumple con la ley, demuestra quiénes son sus responsables, acredita la procedencia legítima de sus recursos y explica el propósito de sus operaciones, el sistema debería facilitar su incorporación formal, sometiéndola a la vigilancia que corresponda, en lugar de empujarla hacia la exclusión.
La lucha contra el dinero ilícito requiere controles.
La democracia y el desarrollo social requieren organizaciones capaces de funcionar.
El verdadero desafío consiste en garantizar ambas cosas.
Control sí. Transparencia, toda la necesaria. Pero exclusión financiera injustificada, no
Editorial
El fraude de las recargas telefónicas sin respuesta del Estado.
Published
5 horas agoon
noviembre 17, 2026Millones de dominicanos dependen de las recargas telefónicas para comunicarse, pero las denuncias sobre la desaparición inexplicable del saldo ponen sobre la mesa un problema que no puede continuar sin una respuesta contundente de las autoridades.
En la República Dominicana existe una situación que merece ser investigada con urgencia, la cual consiste en las reiteradas quejas de consumidores que adquieren recargas telefónicas y observan cómo su dinero desaparece después de realizar apenas una o dos llamadas, sin recibir una explicación clara sobre el costo real del servicio utilizado.
Se trata de una problemática particularmente preocupante porque afecta a quienes utilizan teléfonos móviles bajo la modalidad de prepago, sin tarifas mensuales fijas, entre los cuales se encuentran trabajadores informales, estudiantes, amas de casa, pequeños comerciantes y ciudadanos de escasos recursos que necesitan administrar cuidadosamente cada peso de sus ingresos.
Resulta difícil justificar que una persona compre una recarga de cien pesos y que, después de realizar una primera llamada, descubra que ha perdido una proporción considerable de su balance, mientras que una segunda comunicación podría dejarla prácticamente sin crédito.
Aunque situaciones como estas requieren investigaciones técnicas para determinar si obedecen a tarifas aplicadas, consumo de datos móviles, servicios adicionales o cobros indebidos, lo verdaderamente inaceptable es que el usuario no tenga una explicación sencilla, inmediata y verificable sobre el destino de su dinero.
Ninguna empresa debe beneficiarse de la falta de información del consumidor, ya que la prestación de un servicio de telecomunicaciones tiene que sustentarse en reglas transparentes, tarifas comprensibles y mecanismos que permitan comprobar cada descuento realizado.
El problema adquiere mayor dimensión cuando se considera la enorme cantidad de líneas móviles existentes en el país, porque si bien debe verificarse cuántos usuarios se encuentran específicamente bajo la modalidad de prepago y cuántos experimentan descuentos injustificados, estamos ante un mercado de gran alcance social, donde incluso pequeñas cantidades cobradas indebidamente podrían representar sumas importantes.
La cuestión fundamental no consiste únicamente en determinar cuánto dinero pierde un ciudadano en una recarga, sino en establecer qué sucede cuando una práctica cuestionable se repite sistemáticamente y afecta a una población que muchas veces desconoce los mecanismos legales para reclamar.
La Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98 y las disposiciones regulatorias del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) establecen un marco de protección de los usuarios y asimismo, la Resolución 062-17 contempla derechos relacionados con los balances pagados y no consumidos, mientras que la Resolución 091-2020 regula los procedimientos para resolver controversias entre usuarios y prestadoras.
Por consiguiente, no estamos frente a un escenario carente de normas jurídicas, sino que lo que corresponde determinar es si estas disposiciones se cumplen efectivamente y si los mecanismos de supervisión resultan suficientes para proteger al consumidor más vulnerable.
El INDOTEL tiene la responsabilidad de ejercer sus facultades regulatorias y de fiscalización., dado que ante las denuncias, corresponde promover auditorías técnicas independientes que permitan establecer cómo se descuentan los balances, qué tarifas se aplican, cuáles servicios generan cargos automáticos y si existen prácticas contrarias a los derechos de los usuarios.
También resulta indispensable que las empresas telefónicas suministren informaciones detalladas sobre los consumos, de manera que cualquier ciudadano pueda conocer cuánto pagó por una llamada, por el uso de internet o por cualquier servicio adicional.
No basta con comunicarle al cliente que su balance se agotó, sino que es necesario demostrarle en qué fue consumido cada peso.
El Estado dominicano tampoco puede permanecer indiferente frente a una situación que, de comprobarse como una práctica generalizada de cobros indebidos, podría constituir una grave afectación económica y social.
La protección del consumidor no debe limitarse a declaraciones institucionales ni a campañas publicitarias, sino que tiene que traducirse en supervisión permanente, investigaciones oportunas, sanciones cuando legalmente correspondan y mecanismos efectivos de devolución de los valores cobrados irregularmente.
Las empresas prestadoras, por su parte, tienen derecho a recibir el pago correspondiente a los servicios efectivamente suministrados, pero el mismo lleva aparejada una obligación igualmente importante, que es respetar las condiciones contratadas, informar las tarifas y garantizar que los descuentos realizados puedan ser comprobados.
En una sociedad cada vez más dependiente de las comunicaciones digitales, el teléfono móvil dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta indispensable de trabajo, educación, seguridad y contacto familiar.
Una persona que pierde inesperadamente su balance no solamente pierde dinero, sino que puede quedar imposibilitada de comunicarse ante una emergencia, realizar una gestión laboral o contactar a un familiar que necesita asistencia.
Por eso, las denuncias sobre el agotamiento injustificado de las recargas no deben minimizarse como simples inconvenientes comerciales.
Desde este editorial reclamamos que el INDOTEL, en coordinación con las instituciones competentes de protección al consumidor, disponga las verificaciones necesarias, publique sus resultados y establezca medidas correctivas cuando se identifiquen irregularidades.
Asimismo, consideramos pertinente que se habiliten mecanismos de reclamación accesibles, gratuitos y comprensibles, especialmente para aquellos ciudadanos que carecen de conocimientos técnicos o recursos económicos para enfrentar procedimientos prolongados.
La modernización de las telecomunicaciones dominicanas no puede medirse exclusivamente por la expansión de la cobertura, la velocidad de internet o las ganancias empresariales, sino también que debe medirse por la transparencia y el respeto con que se trata al usuario.
Un país que aspira al desarrollo tecnológico tiene que garantizar que sus ciudadanos puedan comunicarse sin temor a perder inexplicablemente el dinero que depositan en una recarga.
No corresponde condenar anticipadamente a ninguna empresa sin pruebas técnicas suficientes, pero tampoco corresponde desestimar las denuncias de los consumidores ni permitir que la ausencia de información convierta los descuentos en operaciones imposibles de fiscalizar.
La transparencia no es una concesión voluntaria de las compañías telefónicas, sino una condición indispensable para una relación comercial justa.
La República Dominicana necesita respuestas, no explicaciones evasivas. Necesita controles efectivos, no simples promesas. Y, sobre todo, necesita que cada peso pagado por un usuario de telefonía móvil tenga un destino claro, legal y comprobable.
Porque cuando un ciudadano paga por comunicarse, tiene derecho a recibir exactamente el servicio contratado.
Y si su dinero desaparece sin una justificación verificable, el Estado tiene el deber de investigar y actuar.
Editorial
Los partidos políticos y su gran deuda con la democracia dominicana
Published
1 día agoon
noviembre 16, 2026
La proliferación de partidos políticos en la República Dominicana constituye una realidad que merece una profunda reflexión nacional, que lejos de representar necesariamente un fortalecimiento de la democracia, la multiplicación de organizaciones políticas plantea serias interrogantes sobre los verdaderos intereses que motivan su creación y permanencia dentro del sistema electoral.
Los partidos políticos nacieron para representar las aspiraciones de la ciudadanía, promover ideas, defender principios y construir proyectos de nación, pero resulta preocupante observar cómo algunas organizaciones parecen haber sustituido esas responsabilidades por una práctica orientada fundamentalmente a negociar alianzas, obtener posiciones en la administración pública y garantizar beneficios particulares.
La democracia no se fortalece simplemente porque aumente el número de partidos reconocidos por la Junta Central Electoral, sino que la misma depende de la calidad de la representación, la transparencia de sus instituciones y la capacidad de las organizaciones políticas para responder a las necesidades de la población.
Mientras el país enfrenta graves problemas relacionados con la educación, la seguridad ciudadana, el costo de la vida, el desempleo, la corrupción administrativa y las deficiencias de los servicios públicos, numerosas estructuras partidarias parecen concentrar sus mayores esfuerzos en asegurar su supervivencia electoral.
Esta contradicción resulta todavía más preocupante cuando se considera que los partidos reciben importantes recursos provenientes del presupuesto nacional, cuyos fondos son aportados por una sociedad que tiene pleno derecho a exigir resultados, transparencia y una rendición de cuentas rigurosa.
El financiamiento público de la actividad política debe contribuir al fortalecimiento institucional, la educación democrática y la participación ciudadana, nunca convertirse en un mecanismo de enriquecimiento personal ni en una fuente de privilegios familiares.
De igual manera, las alianzas electorales, legítimas dentro del sistema democrático, deberían sustentarse en coincidencias ideológicas y compromisos programáticos, en lugar de limitarse a negociaciones destinadas a distribuir candidaturas, cargos públicos y cuotas de influencia.
No se trata de cuestionar el derecho constitucional de los ciudadanos a organizarse políticamente, el cual constituye una conquista fundamental que debe preservarse, sino que corresponde examinar es si todas las organizaciones existentes cumplen una función real en beneficio de la sociedad o si algunas han convertido la política en una actividad económica particular.
La República Dominicana necesita partidos con identidad, principios, democracia interna y propuestas concretas, ademas de dirigentes que comprendan que el ejercicio político constituye una responsabilidad pública y no una oportunidad para disponer del patrimonio estatal como si fuera una propiedad privada.
Corresponde a los organismos electorales fortalecer los mecanismos de fiscalización y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el financiamiento, la transparencia y el funcionamiento institucional de las organizaciones políticas.
Pero también corresponde a la ciudadanía asumir una actitud más crítica frente a las ofertas electorales, rechazando aquellas estructuras cuya principal fortaleza parece descansar en el oportunismo y la negociación de beneficios.
La democracia dominicana no necesita más partidos para repartir el poder; sino para servir al pueblo, porque mientras la actividad política continúe siendo percibida como un negocio rentable para determinados grupos, seguirá profundizándose la desconfianza ciudadana hacia las instituciones representativas, por lo que el gran desafío consiste en rescatar la política como instrumento de transformación social, devolverle su dimensión ética y garantizar que los recursos públicos destinados a sostener el sistema partidario contribuyan efectivamente al desarrollo democrático.
Es de primer orden entender que una nación no construye una democracia sólida multiplicando organizaciones sin proyectos, sino fortaleciendo instituciones capaces de representar con dignidad los intereses colectivos y en esa virtud la politica debe volver a ser una vocacion de servicio y dejar de ser un negocio de supervivencia y de enriquecimiento personal.
Editorial
La pérdida de credibilidad de los partidos amenaza la democracia
Published
1 semana agoon
noviembre 9, 2026
La democracia representativa en América Latina enfrenta uno de sus mayores desafíos: la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos y las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio legítimo del poder.
La corrupción, el clientelismo, la falta de transparencia, el incumplimiento de las promesas electorales y la utilización de los recursos públicos para favorecer intereses particulares han contribuido al deterioro de la credibilidad de las organizaciones partidarias.
La República Dominicana no escapa a esta realidad, ya que la desconfianza ciudadana y el abstencionismo electoral constituyen señales que deben preocupar a quienes tienen la responsabilidad de preservar la institucionalidad democrática.
No basta con celebrar elecciones cada cuatro años, si no se exige respeto a la Constitución, independencia de los poderes públicos, justicia imparcial, transparencia administrativa y una auténtica vocación de servicio por parte de quienes gobiernan.
Los partidos políticos deben comprender que no son propietarios del Estado ni de la voluntad popular y que su función consiste en representar los intereses colectivos, promover la participación ciudadana y contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
Resulta indispensable democratizar las organizaciones políticas, transparentar su financiamiento, combatir la corrupción y la impunidad, garantizar investigaciones independientes y formar dirigentes comprometidos con los principios éticos y constitucionales.
La recuperación de la confianza ciudadana requiere hechos concretos, no discursos ni promesas que desaparecen después de las elecciones.
El mayor peligro para la democracia no es solamente que los ciudadanos pierdan la confianza en los partidos políticos, sino que terminen perdiendo la fe en el propio sistema democrático.
Preservar la democracia exige que gobernantes, partidos y ciudadanos comprendan que el poder es una responsabilidad temporal al servicio de la nación, jamás un patrimonio particular.
