Editorial
Control sí, exclusión financiera no
Las asociaciones sin fines de lucro cumplen una función que muchas veces pasa inadvertida hasta que una comunidad necesita asistencia, un joven requiere una oportunidad, una familia necesita apoyo o un proyecto social busca recursos para convertirse en realidad.
En la República Dominicana, estas organizaciones están sometidas a normas que regulan su constitución, funcionamiento, obligaciones fiscales y transparencia. Por tanto, resulta razonable que las entidades bancarias verifiquen quiénes las dirigen, de dónde proceden sus recursos y cuál será el destino del dinero que manejarán.
Lo que no resulta razonable es que la necesaria debida diligencia se transforme en una carrera interminable de requisitos, documentos adicionales, verificaciones sucesivas y prolongados períodos de espera que dificulten a una entidad legítimamente constituida acceder a una cuenta bancaria.
La prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo constituye una responsabilidad ineludible del sistema financiero. Los bancos no solamente tienen derecho a conocer a sus clientes: tienen la obligación de hacerlo.
Pero esa responsabilidad tampoco debería convertirse en una justificación automática para tratar a todas las asociaciones sin fines de lucro como si representaran, por su propia naturaleza, una amenaza para el sistema financiero.
Controlar no significa excluir.
Ahí radica precisamente el equilibrio que debe procurar el sistema bancario dominicano.
Una asociación que presenta su documentación constitutiva, Registro Nacional de Contribuyentes, estatutos, nómina de miembros, autoridades vigentes, identificación de sus representantes, autorización para abrir la cuenta y documentación razonable sobre el origen y destino de sus fondos debe ser evaluada conforme a criterios objetivos y proporcionales a su verdadero nivel de riesgo.
No debería resultar normal que, después de entregar un expediente, aparezca un nuevo requisito; y después de cumplir ese requisito, otro más, sin que la organización tenga certeza sobre cuándo concluirá el proceso.
Tampoco parece coherente exigir formalización y transparencia a las organizaciones sociales mientras simultáneamente se dificulta su incorporación al principal mecanismo existente para garantizar precisamente esa transparencia: el sistema bancario.
Una cuenta institucional permite identificar ingresos y egresos, establecer quién realizó una transferencia, conocer quién recibió determinados recursos y mantener registros financieros susceptibles de fiscalización.
En otras palabras, bancarizar una asociación legítima también contribuye a combatir la informalidad y el lavado de activos.
Obligarla indirectamente a manejar determinadas operaciones fuera del sistema financiero produciría exactamente el efecto contrario.
Existe, además, una cuestión de proporcionalidad.
No puede evaluarse de la misma manera una pequeña asociación comunitaria que recibe aportes modestos para actividades sociales que una organización que administra grandes cantidades de recursos procedentes de diferentes jurisdicciones internacionales.
El riesgo debe evaluarse.
No presumirse.
Las entidades bancarias necesitan protegerse y proteger al país frente a operaciones ilícitas. Eso es indiscutible. Pero las organizaciones legalmente constituidas también necesitan seguridad jurídica, procedimientos previsibles y respuestas dentro de períodos razonables.
Cuando una cuenta bancaria se retrasa injustificadamente, detrás del expediente puede quedar detenido un programa educativo, una ayuda médica, una donación internacional, un proyecto deportivo, una iniciativa cultural o una asistencia destinada a ciudadanos vulnerables.
Por eso este problema trasciende la relación privada entre una ONG y una entidad financiera.
Tiene una dimensión social.
La Superintendencia de Bancos y las instituciones correspondientes deberían continuar procurando que los mecanismos de debida diligencia sean rigurosos, pero también suficientemente claros y proporcionales para evitar que el cumplimiento regulatorio termine produciendo exclusión financiera.
Sería conveniente avanzar hacia procedimientos en los que las asociaciones conozcan desde el principio cuáles son los documentos fundamentales que deberán presentar, qué información adicional puede requerirse dependiendo de su perfil de riesgo y cuáles son los mecanismos disponibles cuando el proceso se prolonga excesivamente.
También las asociaciones deben asumir su responsabilidad.
Ser una entidad sin fines de lucro no significa estar exenta de controles. Deben mantener actualizados sus registros, identificar correctamente a sus directivos y beneficiarios finales cuando corresponda, documentar sus fuentes de financiamiento, conservar comprobantes y garantizar que cada peso recibido pueda ser explicado.
La transparencia debe exigirse en ambas direcciones.
Las organizaciones deben transparentar sus recursos y los bancos deben procurar que sus procedimientos sean claros, objetivos y proporcionales.
La República Dominicana necesita un sistema financiero fuerte frente al lavado de activos, pero también necesita una sociedad civil fuerte.
Una cosa no debe construirse sacrificando la otra.
La debida diligencia debe identificar riesgos reales, no levantar barreras generales.
Porque cuando una organización cumple con la ley, demuestra quiénes son sus responsables, acredita la procedencia legítima de sus recursos y explica el propósito de sus operaciones, el sistema debería facilitar su incorporación formal, sometiéndola a la vigilancia que corresponda, en lugar de empujarla hacia la exclusión.
La lucha contra el dinero ilícito requiere controles.
La democracia y el desarrollo social requieren organizaciones capaces de funcionar.
El verdadero desafío consiste en garantizar ambas cosas.
Control sí. Transparencia, toda la necesaria. Pero exclusión financiera injustificada, no
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.
La verdadera amenaza del narcotráfico no reside únicamente en las drogas que circulan por el territorio nacional, sino en los capitales ilícitos que pueden introducirse en la economía, distorsionar los mercados, corromper instituciones y comprometer el desarrollo del país.
La República Dominicana enfrenta un desafío que trasciende la persecución de los narcotraficantes y el decomiso de grandes cargamentos de sustancias prohibidas. Se trata de determinar hasta qué punto las ganancias del crimen organizado están encontrando espacios dentro de las actividades económicas formales, creando una apariencia de prosperidad que podría esconder profundas distorsiones.
El narcotráfico no representa solamente un problema de seguridad ciudadana. Constituye también una amenaza económica, social e institucional, porque el dinero que genera necesita circular, invertirse y, sobre todo, adquirir apariencia de legalidad.
Ese proceso puede involucrar operaciones inmobiliarias, establecimientos comerciales, compraventa de vehículos, proyectos empresariales y otras actividades susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos.
Esto no significa que las inversiones millonarias o el crecimiento de determinados sectores sean necesariamente producto de operaciones ilegales. Sin embargo, sería igualmente irresponsable ignorar que las organizaciones criminales buscan mecanismos para incorporar sus ganancias a los circuitos económicos legítimos.
Uno de los efectos más perjudiciales de esta práctica es la competencia desleal.
Mientras un empresario honesto debe enfrentar los costos de electricidad, salarios, impuestos, financiamiento, seguridad social y demás obligaciones, una estructura empresarial sostenida con capital ilícito puede soportar pérdidas, realizar inversiones aparentemente injustificables y competir bajo condiciones que distorsionan el mercado.
La consecuencia podría ser el desplazamiento de negocios legítimos y la concentración de actividades económicas en manos de quienes disponen de recursos cuyo origen no responde necesariamente a la productividad ni al esfuerzo empresarial.
El sector inmobiliario merece particular atención. La adquisición de propiedades mediante capitales ilícitos puede contribuir a presiones especulativas y dificultar el acceso a viviendas en determinadas zonas. No obstante, cualquier señalamiento concreto debe sustentarse en investigaciones, porque el aumento de los precios también responde a múltiples factores económicos legítimos.
Pero existe una consecuencia todavía más peligrosa: la capacidad del dinero del narcotráfico para penetrar las instituciones públicas y corromper las estructuras encargadas de combatirlo.
Cuando el poder económico criminal intenta comprar protección, influencias o impunidad, la amenaza deja de limitarse al mercado y alcanza directamente la credibilidad del Estado, la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática.
Por eso, resulta insuficiente presentar las toneladas de drogas decomisadas como el único indicador del éxito de la lucha contra el narcotráfico.
La sociedad dominicana también necesita conocer cuántas investigaciones financieras concluyen con resultados efectivos, qué patrimonio de origen criminal ha sido identificado, cuántas sentencias definitivas sancionan el lavado de activos y cómo se garantiza la recuperación legal de los bienes vinculados con estas actividades.
La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo proporciona instrumentos jurídicos para enfrentar este fenómeno. Sin embargo, la efectividad de una legislación no depende exclusivamente de su existencia, sino de la capacidad institucional para aplicarla de manera rigurosa, independiente y sin privilegios.
El Estado dominicano tiene la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de supervisión financiera, la transparencia sobre los beneficiarios reales de las empresas y la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar el crimen organizado.
También debe evitar que la lucha contra el lavado de activos se convierta en una persecución indiscriminada contra empresarios o inversionistas legítimos. La vigilancia debe sustentarse en evidencias, respetar el debido proceso y perseguir operaciones sospechosas mediante procedimientos legalmente establecidos.
No existen datos públicos suficientemente verificables que permitan establecer qué porcentaje de la economía dominicana depende de recursos procedentes del narcotráfico. Precisamente por ello, es necesario profundizar las investigaciones y producir información que permita dimensionar este riesgo sin recurrir a especulaciones.
Desde La República consideramos que el crecimiento económico pierde parte de su valor social cuando las instituciones no pueden garantizar que la riqueza se construya bajo reglas transparentes, competencia legítima y respeto a la ley.
Un país no alcanza el verdadero desarrollo simplemente porque aumenten las construcciones, circulen grandes cantidades de dinero o se multipliquen las inversiones. El progreso requiere que esas actividades generen bienestar, oportunidades, empleos dignos y confianza en las instituciones.
La República Dominicana no puede permitir que las ganancias del narcotráfico encuentren en la economía formal el refugio que las autoridades les niegan mediante la persecución penal.
Combatir el narcotráfico exige incautar drogas, pero también seguir la ruta del dinero, identificar sus beneficiarios y desarticular las estructuras económicas que permiten sostener las operaciones criminales.
Porque una economía puede aparentar prosperidad mientras el dinero ilícito debilita silenciosamente las bases sobre las cuales debe construirse el desarrollo nacional.
Y la gran pregunta que corresponde responder al Estado dominicano es inevitable:
¿Estamos combatiendo únicamente el tráfico de drogas o también el poder económico que permite al narcotráfico sobrevivir, multiplicarse y penetrar nuestra sociedad?