Análisis Noticiosos
Conviene restablecer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Bastaría con que el Congreso Nacional ratifique la competencia de la Corte, ya contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, acogiendo ese requisito de la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional dominicano.
Por Juan Bolívar Díaz
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-A la República Dominicana le convendría poner fin a los cuestionamientos internacionales derivados de dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC), pudiendo comenzar por someter al Congreso Nacional la ratificación de la Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejada en un limbo ya por seis años.
Un segundo paso para recuperar la imagen del país en los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional seria empeñarse en la plena aplicación de la Ley 169-14 que enmendó la desnacionalización producida por la sentencia del TC 169-13 de enorme repercusión universal y que dividió agriamente la sociedad dominicana.
En un limbo jurídico
Con su sentencia 256-14 de noviembre del 2014 el TC pretendió evadir las responsabilidades que le reclamó parte de la comunidad nacional y la internacional prácticamente a unanimidad, y específicamente la CIDH por haber dejado anulada la nacionalidad que ostentaban decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país (en gran parte haitianos), retroactivamente hasta el 1929, con su sentencia 169-13 del año anterior, pero sólo logró profundizar el descrédito.
El esfuerzo fue doblemente fallido porque arrojó nuevas condenas de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su similar de las Naciones Unidas, así como de numerosas instituciones que velan por los derechos humanos en el mundo, y también por haber dejado al país en un limbo respecto a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, que entró en vigor el 18 de julio de 1978.
RD suscribió la Convención el 7 de septiembre de 1977 siendo ratificada mediante la Resolución 739 del Congreso Nacional en diciembre del mismo año, y registrada el 21 de enero de 1978 ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos. La misma Convención instituyó la Corte Interamericana y dejó establecido que para aceptar su jurisdicción no se requería nueva convención, que bastaba la adscripción de un representante de los Estados suscribientes. Por eso el presidente Leonel Fernández aceptó la jurisdicción, como casi todos los países, sin otro protocolo que un escrito del 25 de marzo de 1999.
A raíz de la desvinculación de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA advirtió que esa decisión solo tendría efecto con la denuncia de la Convención sobre Derechos Humanos, lo que no se ha producido, dejando el país en un limbo, pero susceptible de seguir siendo objeto de sentencias de la CIDH.
Vergüenza internacional
La segunda sentencia del TC también apeló a la retroactividad para declarar inconstitucional la jurisdicción de la CIDH en la RD sobre la base de que el Congreso Nacional no la había ratificado, aunque lo “descubrió” 15 años después y tras una decena de eventos que la reconocían, incluyendo algunos del mismo tribunal.
La generalidad de los constitucionalistas dominicanos la rechazaron. Eduardo Jorge Prats con un artículo que tituló “¡Qué vergüenza!”. Con similares calificativos se expresaron otros como Cristóbal Rodríguez, Olivo Rodríguez Huerta, Flavio Darío Espinal, Carlos Salcedo, Nassef Perdomo y Ariel Gautreaux, y juristas de la categoría de Jorge Subero Isa y Francisco Alvarez Valdez. Las juezas del mismo tribunal Katia Jiménez y Ana Isabel Bonilla, y el juez Hermógenes Acosta, dieron votos disidentes en términos absolutos.
Se recordó que el Congreso Nacional ratificó la competencia de la CIDH al aprobar la Ley orgánica del TC 137-11, que la reconoce como la máxima instancia en materia de derechos humanos. Para colmo, el mismo TC en sus sentencias 0084-13 y 136-13 también había reconocido “el carácter vinculante de los dictámenes de la CIDH”. Y su presidente, Milton Ray Guevara había firmado, en noviembre del 2012, un “Acuerdo Marco de Colaboración” con la Corte que dos años después desconocían.
Algunos de los constitucionalistas opinaron que para el país salirse de la Convención, que es la única forma legítima de desconocer la jurisdicción de la CIDH, tendría que mediar una reforma constitucional, ya que el artículo 74.3 de la Constitución proclamada en el 2010, otorga jerarquía constitucional a los tratados y convenciones suscritos por el Estado. Para colmo, la RD logró en el 2006 que la jurista dominicana Rhadys Abréu de Polanco fuera electa como jueza de la CIDH, cargo que ejerció durante 6 años.
Fácil remedio diplomático
Ahora que se ha reducido el furor ultranacionalista de la pasada década y que se pone en vigencia una profesionalización de la diplomacia dominicana, empeñada en mejorar el posicionamiento de la República en el ámbito global, sería conveniente restablecer la jurisdicción de la CIDH y salir del limbo, porque al final ese organismo seguirá juzgando casos de violaciones de derechos humanos aunque aquí no la reconozcan, lo que en el ámbito latinoamericano sólo ocurre además con Venezuela, que en estos tiempos no parece la mejor compañía.
Cualquier legislador o bloque de legisladores, o el Poder Ejecutivo podría tomar la iniciativa con el simple procedimiento de retomar el protocolo enviado por Leonel Fernández en 1999 y someterlo a la ratificación del Congreso Nacional, atendiendo así la única objeción formulada por el TC. Seguro que ello sería celebrado en el ámbito de los organismos internacionales como parte de las rectificaciones que comenzaron con la Ley 169-14 que devolvió la nacionalidad a decenas de miles de afectados por la sentencia 169-13 del TC, que “muy a la dominicana” sostuvo que esta era de aplicación obligatoria, pero “se le buscó la vuelta” para enmendarla.
Poco después de la ley de mayo del 2014, la Junta Central Electoral publicó en dos diarios un listado de 55 mil personas que podían volver a procurar sus actas de nacimiento. Se estima que sólo 26 mil lo han hecho, y que casi la mitad no han podido, unos porque se habían muerto o marchado del país y muchos porque viven en la extrema pobreza y no han tenido los recursos para gestionar un documento ya de poca utilidad para su condición socio-económica.
Para salir de la apatridia
El país necesita reconciliarse con los organismos multilaterales e instituciones sociales internacionales que velan por los derechos humanos, pero también adoptar políticas efectivas que le permitan salir del estigma de auspiciador de apatridia. No basta con que se niegue, si hay señales tan objetivas como la de los que se acogieron al plan B de la Ley 169-14, que otorga la ciudadanía por naturalización a los descendientes de extranjeros nacidos en el país, pero que no hicieron, o no se les aceptó oportunamente la declaración de nacimiento. Se da el caso que en una misma familia hijos mayores obtuvieron el registro, pero no así los que llegaron cuando empezó la discriminación, y así unos son ciudadanos dominicanos y otros extranjeros indocumentados.
En un rígido plazo de apenas meses, 8 mil 768 personas se acogieron al plan de naturalización, pero seis años después, apenas 750 la han logrado, mediante el decreto 262-20 emitido por el presidente Danilo Medina el 16 de julio pasado, 11 días después que perdió las elecciones presidenciales. El 89 por ciento todavía espera un documento de identidad, porque aquí nacieron y aquí han vivido siempre y no tienen otra nacionalidad ni piensan ni pueden ir a buscarla en ningún otro país. Por eso los consideran apátridas.
Es posible que muchos de ellos no hayan completado el paquete de requisitos que se les impuso para ser reconocidos, comenzando por los documentos de identidad de sus padres, que en muchos casos no los tenían, desconocidos, o que hace años volvieron a Haití. Una buena proporción son de padre o madre dominicanos. Otros requisitos difíciles de cumplir para muchos son los testigos de su origen o las comadronas que los recibieron, o los certificados de los hospitales, que en muchos casos ni siquiera los registraban. Tampoco les resulta fácil obtener certificados de empleos. Son una proporción tan ínfima de la población que merece la mayor generosidad.
Hay que borrar el estigma
El país necesita quitarse de encima el estigma que lo mantiene junto a Myanmar, Costa de Marfil, Letonia y Estonia, a la cabeza de los mayores auspiciadores de apatridia en el mundo. El pasado 30 de septiembre al cumplirse el 66 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a reclamar a RD un esfuerzo por restañar las heridas de las sentencias del TC.
Tras reconocer y celebrar los efectos positivos de la Ley 169-14 que habría devuelto la nacionalidad a 26 mil personas, y el decreto de Medina que naturaliza a 750, la Comisión instó al Estado dominicano a “buscar medidas sostenibles, asequibles y duraderas” para la situación de unos 6 mil 400 que no han podido obtener la nacionalidad vía el proceso de naturalización, considerados en situación de apatridia. En el mismo sentido se pronunció la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Desde las sentencias del TC casi todos los años RD es evaluada en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia, Humans Rights y otras unen sus esfuerzos a la nacional Dominicanos por Derecho para mantener los cuestionamientos y reclamos de rectificaciones.
No basta negarlo y el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene suficientes documentos para avalar la necesidad de borrar un estigma que distanció el país hasta de la comunidad de naciones del Caribe, con daños económicos, y lo dejó en las cuatro esquinas del mundo.-
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.