Análisis Noticiosos
Conviene restablecer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Bastaría con que el Congreso Nacional ratifique la competencia de la Corte, ya contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, acogiendo ese requisito de la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional dominicano.
Por Juan Bolívar Díaz
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-A la República Dominicana le convendría poner fin a los cuestionamientos internacionales derivados de dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC), pudiendo comenzar por someter al Congreso Nacional la ratificación de la Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejada en un limbo ya por seis años.
Un segundo paso para recuperar la imagen del país en los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional seria empeñarse en la plena aplicación de la Ley 169-14 que enmendó la desnacionalización producida por la sentencia del TC 169-13 de enorme repercusión universal y que dividió agriamente la sociedad dominicana.
En un limbo jurídico
Con su sentencia 256-14 de noviembre del 2014 el TC pretendió evadir las responsabilidades que le reclamó parte de la comunidad nacional y la internacional prácticamente a unanimidad, y específicamente la CIDH por haber dejado anulada la nacionalidad que ostentaban decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país (en gran parte haitianos), retroactivamente hasta el 1929, con su sentencia 169-13 del año anterior, pero sólo logró profundizar el descrédito.
El esfuerzo fue doblemente fallido porque arrojó nuevas condenas de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su similar de las Naciones Unidas, así como de numerosas instituciones que velan por los derechos humanos en el mundo, y también por haber dejado al país en un limbo respecto a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, que entró en vigor el 18 de julio de 1978.
RD suscribió la Convención el 7 de septiembre de 1977 siendo ratificada mediante la Resolución 739 del Congreso Nacional en diciembre del mismo año, y registrada el 21 de enero de 1978 ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos. La misma Convención instituyó la Corte Interamericana y dejó establecido que para aceptar su jurisdicción no se requería nueva convención, que bastaba la adscripción de un representante de los Estados suscribientes. Por eso el presidente Leonel Fernández aceptó la jurisdicción, como casi todos los países, sin otro protocolo que un escrito del 25 de marzo de 1999.
A raíz de la desvinculación de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA advirtió que esa decisión solo tendría efecto con la denuncia de la Convención sobre Derechos Humanos, lo que no se ha producido, dejando el país en un limbo, pero susceptible de seguir siendo objeto de sentencias de la CIDH.
Vergüenza internacional
La segunda sentencia del TC también apeló a la retroactividad para declarar inconstitucional la jurisdicción de la CIDH en la RD sobre la base de que el Congreso Nacional no la había ratificado, aunque lo “descubrió” 15 años después y tras una decena de eventos que la reconocían, incluyendo algunos del mismo tribunal.
La generalidad de los constitucionalistas dominicanos la rechazaron. Eduardo Jorge Prats con un artículo que tituló “¡Qué vergüenza!”. Con similares calificativos se expresaron otros como Cristóbal Rodríguez, Olivo Rodríguez Huerta, Flavio Darío Espinal, Carlos Salcedo, Nassef Perdomo y Ariel Gautreaux, y juristas de la categoría de Jorge Subero Isa y Francisco Alvarez Valdez. Las juezas del mismo tribunal Katia Jiménez y Ana Isabel Bonilla, y el juez Hermógenes Acosta, dieron votos disidentes en términos absolutos.
Se recordó que el Congreso Nacional ratificó la competencia de la CIDH al aprobar la Ley orgánica del TC 137-11, que la reconoce como la máxima instancia en materia de derechos humanos. Para colmo, el mismo TC en sus sentencias 0084-13 y 136-13 también había reconocido “el carácter vinculante de los dictámenes de la CIDH”. Y su presidente, Milton Ray Guevara había firmado, en noviembre del 2012, un “Acuerdo Marco de Colaboración” con la Corte que dos años después desconocían.
Algunos de los constitucionalistas opinaron que para el país salirse de la Convención, que es la única forma legítima de desconocer la jurisdicción de la CIDH, tendría que mediar una reforma constitucional, ya que el artículo 74.3 de la Constitución proclamada en el 2010, otorga jerarquía constitucional a los tratados y convenciones suscritos por el Estado. Para colmo, la RD logró en el 2006 que la jurista dominicana Rhadys Abréu de Polanco fuera electa como jueza de la CIDH, cargo que ejerció durante 6 años.
Fácil remedio diplomático
Ahora que se ha reducido el furor ultranacionalista de la pasada década y que se pone en vigencia una profesionalización de la diplomacia dominicana, empeñada en mejorar el posicionamiento de la República en el ámbito global, sería conveniente restablecer la jurisdicción de la CIDH y salir del limbo, porque al final ese organismo seguirá juzgando casos de violaciones de derechos humanos aunque aquí no la reconozcan, lo que en el ámbito latinoamericano sólo ocurre además con Venezuela, que en estos tiempos no parece la mejor compañía.
Cualquier legislador o bloque de legisladores, o el Poder Ejecutivo podría tomar la iniciativa con el simple procedimiento de retomar el protocolo enviado por Leonel Fernández en 1999 y someterlo a la ratificación del Congreso Nacional, atendiendo así la única objeción formulada por el TC. Seguro que ello sería celebrado en el ámbito de los organismos internacionales como parte de las rectificaciones que comenzaron con la Ley 169-14 que devolvió la nacionalidad a decenas de miles de afectados por la sentencia 169-13 del TC, que “muy a la dominicana” sostuvo que esta era de aplicación obligatoria, pero “se le buscó la vuelta” para enmendarla.
Poco después de la ley de mayo del 2014, la Junta Central Electoral publicó en dos diarios un listado de 55 mil personas que podían volver a procurar sus actas de nacimiento. Se estima que sólo 26 mil lo han hecho, y que casi la mitad no han podido, unos porque se habían muerto o marchado del país y muchos porque viven en la extrema pobreza y no han tenido los recursos para gestionar un documento ya de poca utilidad para su condición socio-económica.
Para salir de la apatridia
El país necesita reconciliarse con los organismos multilaterales e instituciones sociales internacionales que velan por los derechos humanos, pero también adoptar políticas efectivas que le permitan salir del estigma de auspiciador de apatridia. No basta con que se niegue, si hay señales tan objetivas como la de los que se acogieron al plan B de la Ley 169-14, que otorga la ciudadanía por naturalización a los descendientes de extranjeros nacidos en el país, pero que no hicieron, o no se les aceptó oportunamente la declaración de nacimiento. Se da el caso que en una misma familia hijos mayores obtuvieron el registro, pero no así los que llegaron cuando empezó la discriminación, y así unos son ciudadanos dominicanos y otros extranjeros indocumentados.
En un rígido plazo de apenas meses, 8 mil 768 personas se acogieron al plan de naturalización, pero seis años después, apenas 750 la han logrado, mediante el decreto 262-20 emitido por el presidente Danilo Medina el 16 de julio pasado, 11 días después que perdió las elecciones presidenciales. El 89 por ciento todavía espera un documento de identidad, porque aquí nacieron y aquí han vivido siempre y no tienen otra nacionalidad ni piensan ni pueden ir a buscarla en ningún otro país. Por eso los consideran apátridas.
Es posible que muchos de ellos no hayan completado el paquete de requisitos que se les impuso para ser reconocidos, comenzando por los documentos de identidad de sus padres, que en muchos casos no los tenían, desconocidos, o que hace años volvieron a Haití. Una buena proporción son de padre o madre dominicanos. Otros requisitos difíciles de cumplir para muchos son los testigos de su origen o las comadronas que los recibieron, o los certificados de los hospitales, que en muchos casos ni siquiera los registraban. Tampoco les resulta fácil obtener certificados de empleos. Son una proporción tan ínfima de la población que merece la mayor generosidad.
Hay que borrar el estigma
El país necesita quitarse de encima el estigma que lo mantiene junto a Myanmar, Costa de Marfil, Letonia y Estonia, a la cabeza de los mayores auspiciadores de apatridia en el mundo. El pasado 30 de septiembre al cumplirse el 66 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a reclamar a RD un esfuerzo por restañar las heridas de las sentencias del TC.
Tras reconocer y celebrar los efectos positivos de la Ley 169-14 que habría devuelto la nacionalidad a 26 mil personas, y el decreto de Medina que naturaliza a 750, la Comisión instó al Estado dominicano a “buscar medidas sostenibles, asequibles y duraderas” para la situación de unos 6 mil 400 que no han podido obtener la nacionalidad vía el proceso de naturalización, considerados en situación de apatridia. En el mismo sentido se pronunció la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Desde las sentencias del TC casi todos los años RD es evaluada en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia, Humans Rights y otras unen sus esfuerzos a la nacional Dominicanos por Derecho para mantener los cuestionamientos y reclamos de rectificaciones.
No basta negarlo y el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene suficientes documentos para avalar la necesidad de borrar un estigma que distanció el país hasta de la comunidad de naciones del Caribe, con daños económicos, y lo dejó en las cuatro esquinas del mundo.-
Análisis Noticiosos
Elecciones en estado de México pone en el foco violencia contra políticos y candidatos
Ambos estados, en manos del PRI, eligen gobernador y diputados, en caso del primero. Las últimas campañas electorales han sido de las más sangrientas desde que hay registros
México.- Empieza un nuevo año y México se prepara para la penúltima campaña electoral del sexenio. Los bastiones que aún conserva el PRI, Coahuila y el Estado de México, eligen gobernador el 4 de junio. Coahuila vota además a sus nuevos diputados en el Congreso local. Desde hace más de 15 años, cada campaña electoral a nivel presidencial, pero también en el ámbito estatal y local, se ha caracterizado por la violencia y los ataques contra candidatos, precandidatos y cargos electos. Los comicios de este año suponen una nueva prueba para el Estado de derecho mexicano.
No ha habido elección tranquila durante las últimas tres Administraciones. Los altos índices de violencia en el país, que cuenta más de 30.000 asesinatos anuales en el último lustro, contagian campañas, votaciones y tomas de posesión. También los mismos periodos de Gobierno, tres años en el ámbito local y seis en el estatal y el federal. Según la consultora Etellekt, que monitorea la violencia política y electoral en México, al menos 220 alcaldes, regidores y síndicos han sido asesinados desde diciembre de 2006, inicio del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que sumó un total de 48 asesinatos.
A esos 220 asesinatos registrados en estos 16 años, hay que sumar ataques, fatales o no, contra políticos y expolíticos de ámbito estatal y federal, fueran o no en campaña electoral. Es el caso, por ejemplo, del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, asesinado en un bar de Puerto Vallarta hace poco más de dos años. O el del candidato a diputado federal por el PRI en Coahuila, Fernando Purón, ultimado en junio de 2018 en Piedras Negras, a la salida de un debate con otros candidatos.
En esta vorágine violenta, la campaña electoral de 2021, la más grande que el país ha organizado en su historia moderna, ha sido también la más sangrienta, solo por detrás de la de 2018. México elegía entonces 20.415 cargos públicos, entre gobernadores, alcaldes, regidores y diputados. El país contó alrededor de 800 agresiones contra candidatos y políticos, más que los registrados durante la última campaña presidencial, en 2018.
La magnitud de la oleada criminal es inversamente proporcional a la capacidad de las fiscalías para resolver crímenes, realidad que trasciende al tablero político. Según la organización Impunidad Cero, que en diciembre publicó un estudio sobre el grado de impunidad en los casos de asesinato y feminicidio en el país, solo siete de cada 100 casos se esclarecen. El resto quedan irresueltos.
En cuanto al resto de delitos, el panorama no es mucho mejor. La Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP) elabora periódicamente el Índice Global de Impunidad, que calcula la posibilidad de que un delito se resuelva a partir de una serie de indicadores, por ejemplo, la cantidad de fiscales o jueces por habitante, los delitos registrados o las sentencias logradas. Para 2022, la UDLAP calcula que el índice del país ascendió a 60 puntos sobre 100, teniendo en cuenta la media de los datos de los Estados. Caso por caso, hay algunos Estados que presentan un índice inferior y otro superior, como el Estado de México, el peor en la lista, con un puntaje de 75 sobre 100.
El empuje de Morena
El tamaño menor de las elecciones de este año implica que la violencia bajará respecto a 2021 o 2018, al menos en términos absolutos. Falta por ver si cambian o no las dinámicas. En Coahuila y el Estado de México, el PRI enfrenta el empuje de Morena y la posibilidad de perder el poder en territorios que nunca ha dejado de gobernar. En ambos casos, la contienda parece reñida, aunque el panorama es algo distinto.
En el Estado norteño, el partido de López Obrador llega dividido al año nuevo, con parte de la estructura regional negando la candidatura del senador Armando Guadiana. A finales del año pasado, Guadiana ganó la encuesta interna de Morena y se alzó con la candidatura a gobernador. Su rival, el actual subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía, desconoció en un primer momento el resultado de la encuesta, pero luego reculó. Parte del Consejo Estatal de Morena insiste, sin embargo, en negar la candidatura de Guadiana.
Algo diferente ocurre en el Estado de México. Morena tiene en la región más poblada del país a una candidata de consenso, Delfina Gómez. La exsecretaria federal de Educación ya contendió a las elecciones a gobernador en 2017, comicios que ganó el candidato del PRI, Alfredo Del Mazo, primo del entonces presidente Peña Nieto. Gómez quedó cerca de ganar, victoria que parece más posible que nunca este año, dada la división de la oposición, que todavía no sabe si irá en coalición o no.
En contiendas anteriores, el crimen organizado ha influido en las campañas hasta el punto de forzar la retirada de candidatos, aunque los ataque y amenazas apuntaban al ámbito local. En 2021, por ejemplo, La Familia Michoacana amenazó supuestamente a la candidata de la coalición Va por México a la alcaldía de Valle de Bravo, Zudikey Rodríguez. La candidata renunció a la elección. En 2018, candidatas a diferentes alcaldías de Coahuila denunciaron igualmente amenazas en su contra.
elpais.com
Colombia, Brasil y Chile se han sumado a México, Argentina y Bolivia en esta segunda oleada de la izquierda latinoamericana.
Redacción América.-América Latina reafirmó su giro hacia la izquierda en 2022, dejando atrás el fantasma de Venezuela, de la mano de las victorias de Gustavo Petro en Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, dos pesos pesados que sin embargo no garantizan un entendimiento monolítico para el futuro de la región.Por primera vez, las potencias regionales están gobernadas por líderes vinculados al progresismo, pero los retos políticos, sociales y económicos hacen difícil una integración coordinada, con realidades diversas en un contexto lejos de la bonanza de comienzos de siglo.
Hay un hartazgo, una ruptura, y aunque en casos como Colombia “el proceso de paz ha hecho posible que Gustavo Petro sea presidente”, lo cierto es que “la izquierda se ha vacunado contra el ejemplo de Venezuela, que siempre el centroderecha había llevado a la mesa para tratar de asustar al electorado», agrega.
Colombia y Brasil, los recientes
El pasado 7 de agosto Petro se convirtió en el primer presidente colombiano de izquierdas, aunque con un discurso mucho más calmado y pragmático que cuando de joven militaba en la guerrilla del M-19.
En su dimensión internacional Petro aparece como el gran aglutinador de Latinoamérica, con banderas como el combate a la emergencia climática, la defensa del Amazonas y un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico, ideales que están en sintonía con otros gobiernos afines, como el que en breve asumirá en Brasil.
Consciente de que sin la derecha no podía gobernar, Petro se ha reunido con algunos de sus principales detractores y ha forjado una coalición donde tienen cabida distintas visiones, en línea con la praxis política de su amigo Luiz Inácio Lula da Silva.
El nuevo presidente brasileño asumirá el próximo 1 de enero tras una estrecha victoria sobre la ultraderecha de Jair Bolsonaro, para lo que forjó un variopinto frente político con una docena de partidos de izquierda, centro e incluso derecha.
Esto obligará a Lula a dar cabida en el Gobierno a grupos antagonistas e impondrá templanza tanto en lo económico como en lo político, en línea con la tendencia entre la mayoría de los nuevos gobernantes de la izquierda latinoamericana: la búsqueda del consenso y la moderación.
«Con la falta de crecimiento en América Latina se ha demostrado que los gobiernos de derecha no han funcionado y la mayoría de los países han elegido a líderes de una izquierda más mesurada, más comedida», explica Langer.
Perú o el desafío de la reconstrucción
La nota discordante en esta sintonía es Perú. La llegada al poder de Pedro Castillo en julio de 2021 dio acceso a un sector social tradicionalmente olvidado en la centralista Lima. Pero en año y medio de mandato ha sido una constante el enfrentamiento con el Congreso, escenario de la reacción contra un mandatario rechazado, en parte, por su origen.
“Esto demuestra la pobreza total de los partidos políticos en el Perú”, considera Eric Langer, quien hace mención también a la falta de liderazgo de Castillo, con cambios constantes en su gabinete y casos de corrupción investigados por la fiscalía.
Todo se ha empañado aún más con el fallido autogolpe de Estado que le ha llevado a prisión. En su reemplazo, la abogada Dina Boluarte ha asumido como la primera presidenta peruana de la historia, pero el movimiento que llevó a Castillo al poder afronta el difícil reto de la reconstrucción.
La “falta de legitimidad” que afecta a todo el espectro político peruano desde hace décadas también puede arrastrar a Boluarte, “que no tiene ningún apoyo político”, estima el americanista.
Los movimiento sociales rurales base del voto castillista, enardecidos tras más de una veintena de muertos en las protestas, exigen en las calles una asamblea constituyente y denuncian el recalcitrante conservadurismo imperante, que ha bloqueado en el Congreso la despenalización del aborto en caso de violación o el avance en derechos LGTBI+, entre otros asuntos.
La izquierda latinoamericana, simbolizada por Gustavo Petro, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el boliviano Luis Arce y el argentino Alberto Fernández, se niega a reconocer a Boluarte como presidenta y sigue mostrando su apoyo a Pedro Castillo.
Boric, el baluarte de la nueva izquierda
Bregado en las luchas estudiantiles, con marcadas convicciones ecologistas, feministas y regionalistas, y aupado por los movimientos sociales, el chileno Gabriel Boric llegó al poder con la aspiración de desterrar el modelo neoliberal heredado de la dictadura.
El joven mandatario derrotó al candidato José Antonio Kast, de ultraderecha, moderando su discurso para convencer al electorado de centro y ahuyentar el miedo que generaba su alianza con los comunistas.
Su elección fue interpretada por muchos expertos como la irrupción de una nueva izquierda latinoamericana, alejada del bolivarianismo, como ha demostrado al condenar categóricamente los regímenes de Venezuela y Nicaragua.
Los pioneros
Colombia, Brasil y Chile se han sumado a México, Argentina y Bolivia en esta segunda oleada de la izquierda latinoamericana.
Andrés Manuel López Obrador ha hecho gala de un recatado liderazgo en diversas ocasiones, la última de ellas en noviembre, con la proyectada cumbre de la Alianza del Pacífico, de la que era anfitrión, pero que decidió cancelar en solidaridad con Pedro Castillo, a quien el Congreso peruano no dio permiso para viajar. A pesar de todo, los presidentes de Chile y Colombia (los otros socios de la Alianza) se reunieron con su colega en la capital mexicana.
Esa capacidad de convocatoria visibiliza “un pretendido liderazgo que en realidad no existe», en opinión de Jorge Márquez, profesor de historia política y globalización de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para quien «la izquierda latinoamericana no está unificada ni es homogénea».
En Argentina, la situación de la izquierda gobernante reviste características peculiares. Alberto Fernández accedió al poder en diciembre de 2019 como cabeza del Frente de Todos haciendo dupla con Cristina Fernández de Kirchner, la todopoderosa vicepresidenta.
Fernández y el “kirchnerismo”, en la actualidad abiertamente enfrentados, afrontan las elecciones presidenciales del próximo año en una complicada situación, especialmente tras la condena por corrupción de la vicepresidenta Cristina Fernández a seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El hecho de que la sentencia sea recurrible le permite presentarse a los comicios, aunque por el momento ha dicho que no lo hará.
Pero al igual que sucede en Argentina, el futuro de los gobiernos de izquierda en la región dependerá sobre todo del rumbo de la economía, en medio de un complicado escenario debido a la inflación, la baja productividad, los desfavorables términos de intercambio, la deuda externa y la depreciación de la mayoría de las monedas locales.
“Si no pueden hacer crecer la economía, van a perder popularidad» y llegarán tecnócratas prometiendo un futuro más halagüeño en vez de una mejora en la distribución de la riqueza, vaticina el profesor de Georgetown.
Análisis Noticiosos
Campesinas guatemaltecas que estudian ingeniería para llevar luz a sus comunidades.
La organización Barefoot College International abre su primera escuela en Latinoamérica para formar a mujeres que instalarán paneles solares en un país con un 35% de pobreza energética
En un rincón de Chajul, en el departamento de Quiché, hay un internado ocupado hoy por 10 campesinas guatemaltecas que están aprendiendo a crear paneles solares para llevar electricidad a sus comunidades. La mayoría no sabe ni leer ni escribir y viven en localidades dispersas y alejadas, incluso de la mano del Gobierno. Doña Julieta Fernanda Tzoy, de 69 años, es la mayor de todas y memorizó las vocales en el único año escolar que cursó seis décadas atrás. “A, e, i…”, presume tímida. Desde entonces, su trabajo ha sido cuidar a sus siete hijos y 30 nietos, en Exchimal, Huehuetenango. “Pensé que yo era demasiado mayor para aprender”, cuenta por videollamada. Unos minutos más tarde, soldará el tablero de componentes que irá dentro de las lámparas portátiles que están aprendiendo a hacer. “Quiero que donde yo vivo todos tengamos electricidad”, dice.
En un afán de expandir las experiencias -que en un inicio solo se impartían en el país asiático- la entidad decidió apostar por Latinoamérica. Guatemala, con una pobreza energética que ronda el 35% (un término que se refiere a la incapacidad de sus habitantes de satisfacer las necesidades de energía), y con una de las poblaciones indígenas más grandes del continente (41%), fue de los primeros candidatos. Ajustarse a las necesidades locales ha sido siempre la prioridad: “Llevar a estas mujeres a la India tenía muchos beneficios, porque la mayoría no había salido de su país y era una experiencia muy enriquecedora”, cuenta París, quien es de origen colombiano, “pero queríamos estar cerca de los entornos de estas mujeres, de sus religiones, de sus saberes, sus etnias…”.
A Rosenda Francisca García López de García, 33 años, la escuela le queda bien cerca, en el departamento vecino. Esta madre de cuatro hijos vive en la comunidad Cumbre La Botija, en Huehuetenango. Los 10 vatios del panel chiquitito que tiene en su casa apenas le alcanzan para cargar el celular. Mucho menos para alumbrar a sus pequeños en la noche, cuando vuelven de rajar leña y quieren terminar las tareas. “Pero al menos algo hace”, dice. Es el panel que compró su marido, dos días antes de fallecer, hace apenas 10 meses. “Él estaría muy orgulloso de lo que estoy haciendo”, lamenta sin poder contener las lágrimas.
Julieta Fernanda Tzoy de Barrera, la mayor del grupo, aprende cómo instalar paneles solares en su comunidad, Exchimal, Guatemala.CASSIE PICCOLO
En las comunidades rurales, pocos son los hombres que no miran el proyecto con algo de recelo. Muchos no entienden por qué son las mujeres las responsables y no ellos. Bárbara Pérez, directora de programas, lo tiene claro: “Nosotros creemos que si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que suelen tener los hombres, viviríamos en un mundo mejor. Solo tenemos que darles las herramientas”.
Los paneles solares que ayudan a fabricar en la organización, financiada por el Gobierno indio, entidades privadas y fundaciones filantrópicas como la de Bill y Melinda Gates, poco tienen que ver con los de doña Rosenda. Son de 70 voltios y tienen una capacidad para cuatro focos que se pueden ubicar según las necesidades de la aldea. Además, las campesinas aprenden a fabricar lámparas portátiles en las que también se pueden recargar celulares y tienen una vida útil de dos décadas. Esta tecnología india viene acompañada de unos libros principalmente gráficos, adaptados a sus alumnas, ya que la mayoría no sabe leer ni escribir.
“Las clases se imparten al ritmo de ellas y manteniendo los métodos de estudios indios”, narra París. Sin embargo, hay formadoras de lujo guatemaltecas. Juana Emelia de León Marcos, de 27 años, fue alumna en la India, hace dos años y hoy es profesora remunerada en el centro. “Yo entiendo que ellas a veces se desanimen, a mí también me pasaba”, cuenta por videollamada al referirse al proceso de aprendizaje. “La educación en este país es toda privada y acceder a esta formación gratis es una suerte”, explica, “yo les ayudo a entender lo que es más complejo, traduzco algunas palabras en inglés… y siempre les digo: ‘Imaginen cuando ya tengan electricidad’”.
Luz para no dejar de estudiar
Las estudiantes vienen de pueblos diferentes, pero con realidades muy similares. Sobre todo las sombras. En cinco de los 22 departamentos del país, los más rurales y con mayor presencia indígena, la cobertura eléctrica no supera el 20%. Y pese a los planes que anunció el Gobierno para la vuelta a las aulas tras la pandemia, la estrategia quedó en papel mojado.
“En mi comunidad, el maestro viene dos veces a la semana”, cuenta doña Rosenda. Juana coincide: “Ya no tienen las horas completas, ven apenas dos o tres horas”. El miedo de todas es el mismo: que los niños dejen antes de tiempo la escuela. Las altísimas tasas de deserción escolar en el país, que ronda el 51% en adolescentes y jóvenes, según Unicef, avivan el temor. “Quiero que tengamos luz para que puedan hacer las tareas. Hoy en día, uno necesita electricidad”.
Y pronto llegará gracias a las manos de estas mujeres a las que la vida las ha hecho resilientes. Pérez se emociona al pensar en cómo unos paneles solares pueden ser una pequeña revolución en todas las esferas. “Sabemos que los retos son muchos, pero las ambiciones también. Igual que las ganas y las capacidades de ellas”.
elpais.com