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MP dice que en Conani se estableció la misma “estructura delictiva” del Cestur y el Cusep
Santo Domingo, R.D.-En Conani, Consejo Nacional para Niñez y la Adolescencia, durante la gestión de la esposa del general Juan Carlos Torres Robiu, se reprodujo la misma estructura delictiva que existía en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), según el Ministerio Público.
Esto de acuerdo a la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados de la Operación Coral 5G, en la que los fiscales piden 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
Dicho documento señala que Cuello, esposa del exdirector del Cestur e implicado en la operación, Juan Carlos Torres Robiou, intentó por varios medios instalar a un grupo de militares en el Conani, encabezados por Rafael Núñez de Aza.
Núñez de Aza, quien actualmente cumple con prisión preventiva por el Caso Coral, se desempeñaba como director financiero del Cestur, y es visto por las autoridades como una de las piezas principales en este supuesto entramado de corrupción militar.
Según los fiscales la exfuncionaria le escribió al entonces ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, para que los agentes favorecidos llenen las vacantes encargado del departamento financiero, de la sección de compras, del departamento administrativo y un director para la dirección administrativa y financiera.
La misma, de acuerdo al Ministerio Público, fue aprobada por Peralta, pero desestimada por Contraloría y el Ministerio de Administración Pública, alegando que personal militar no puede ocupar puestos administrativos en una institución civil.
Sin embargo, esto llevó a Cuello a reintroducir las designaciones de Núñez de Aza, Roberto Acevedo Tejada, José Javier Rosario Pimentel y Rafael Arturo Vargas de Aza para que estas sean compatibles con el servicio militar.
Pero, los fiscales aseguran que las funciones que estaban supuestos a realizar eran falsas, ya que estos desempeñaron las tareas correspondientes a los nombramientos originales.
Como prueba de lo anterior destacaron que en los registros de los pagos de viáticos de los meses de julio y agosto del 2020 se puede constar que Núñez de Aza, Acevedo Tejada y Rosario Pimentel, recibieron viáticos percibidos como director administrativo y financiero, encargado de finanzas y encargado administrativo respectivamente, a pesar de estar nombrados como miembros de la seguridad.
“Con estas designaciones, el imputado Juan Carlos Torres Robiou, en componenda con su conyugue Greybby María Cuello Coste de Torres buscaban, replicar la misma estructura financiera de corrupción que este mantenía en el Cestur”, indicó el Ministerio Público.
“Máxima autoridad”
En el referido documento estipuló que Núñez de Aza fue reconocido como el que encabezó al comité de compras del Conani, entre abril y agosto del año pasado, “en representación de la máxima autoridad”.
Uso indebido
Asimismo, indicaron que durante una entrevista con un capitán de la Policía Nacional, identificado como David Agustín Abreu Padilla que en varias ocasiones la tarjeta de crédito de Cuello fue pagada con fondos del Cestur.
¿Quién es Greibby Cuello?
Greybby Cuello fue designada como directora del Conani por el expresidente Danilo Medina mediante el decreto 146-20, en sustitución de Kenia Lora Abreu.
Es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y laboró como a directora de eventos en el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), cargo desde el cual coordinaba y supervisaba las actividades relacionadas con la organización de eventos que realiza la Presidencia y Vicepresidencia de la República en el Palacio Nacional.
Cuello fue destituida el 27 de agosto del 2020 por el presidente de la República, Luis Abinader, siendo sustituida por Paula Disla, quien ya tampoco ocupa el cargo.
¿Cómo funcionaba el supuesto esquema delictivo?
En el mencionado documento los fiscales describen un supuesto esquema de distracción de fondos del Cestur y del Cusep, basado en el reclutamiento de militares asignados a otras instituciones.
Una vez seleccionados, estos eran integrados a las nóminas, devengando salarios entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, monto que debía ser devuelto en su totalidad, salvo en excepciones de algunos militares que tenían la autorización de quedarse con una fracción del sueldo que cobraba, que podía ser de 2 mil pesos o hasta 10 mil.
Lo devuelto era posteriormente recolectado por otros miembros del presunto entramado, que luego lo entregaban para que este sea repartido entre un grupo reducido de personas.
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.