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MP dice que en Conani se estableció la misma “estructura delictiva” del Cestur y el Cusep

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Santo Domingo, R.D.-En Conani, Consejo Nacional para Niñez y la Adolescencia, durante la gestión de la esposa del general Juan Carlos Torres Robiu, se reprodujo la misma estructura delictiva que existía en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), según el Ministerio Público.

Esto de acuerdo a la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados de la Operación Coral 5G, en la que los fiscales piden 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

Dicho documento señala que Cuello, esposa del exdirector del Cestur e implicado en la operación, Juan Carlos Torres Robiou, intentó por varios medios instalar a un grupo de militares en el Conani, encabezados por Rafael Núñez de Aza.

Núñez de Aza, quien actualmente cumple con prisión preventiva por el Caso Coral, se desempeñaba como director financiero del Cestur, y es visto por las autoridades como una de las piezas principales en este supuesto entramado de corrupción militar.

Según los fiscales la exfuncionaria le escribió al entonces ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, para que los agentes favorecidos llenen las vacantes encargado del departamento financiero, de la sección de compras, del departamento administrativo y un director para la dirección administrativa y financiera.

La misma, de acuerdo al Ministerio Público, fue aprobada por Peralta, pero desestimada por Contraloría y el Ministerio de Administración Pública, alegando que personal militar no puede ocupar puestos administrativos en una institución civil.

Sin embargo, esto llevó a Cuello a reintroducir las designaciones de Núñez de Aza, Roberto Acevedo Tejada, José Javier Rosario Pimentel y Rafael Arturo Vargas de Aza para que estas sean compatibles con el servicio militar.

Pero, los fiscales aseguran que las funciones que estaban supuestos a realizar eran falsas, ya que estos desempeñaron las tareas correspondientes a los nombramientos originales. 

Como prueba de lo anterior destacaron que en los registros de los pagos de viáticos de los meses de julio y agosto del 2020 se puede constar que Núñez de Aza, Acevedo Tejada y Rosario Pimentel, recibieron viáticos percibidos como director administrativo y financiero, encargado de finanzas y encargado administrativo respectivamente, a pesar de estar nombrados como miembros de la seguridad.

“Con estas designaciones, el imputado Juan Carlos Torres Robiou, en componenda con su conyugue Greybby María Cuello Coste de Torres buscaban, replicar la misma estructura financiera de corrupción que este mantenía en el Cestur”, indicó el Ministerio Público.


“Máxima autoridad”
En el referido documento estipuló que Núñez de Aza fue reconocido como el que encabezó al comité de compras del Conani, entre abril y agosto del año pasado, “en representación de la máxima autoridad”.

Uso indebido
Asimismo, indicaron que durante una entrevista con un capitán de la Policía Nacional, identificado como David Agustín Abreu Padilla que en varias ocasiones la tarjeta de crédito de Cuello fue pagada con fondos del Cestur.


¿Quién es Greibby Cuello?
Greybby Cuello fue designada como directora del Conani por el expresidente Danilo Medina mediante el decreto 146-20, en sustitución de Kenia Lora Abreu.

Es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y laboró como a directora de eventos en el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), cargo desde el cual coordinaba y supervisaba las actividades relacionadas con la organización de eventos que realiza la Presidencia y Vicepresidencia de la República en el Palacio Nacional.

Cuello fue destituida el 27 de agosto del 2020 por el presidente de la República, Luis Abinader, siendo sustituida por Paula Disla, quien ya tampoco ocupa el cargo. 

¿Cómo funcionaba el supuesto esquema delictivo?
En el mencionado documento los fiscales describen un supuesto esquema de distracción de fondos del Cestur y del Cusep, basado en el reclutamiento de militares asignados a otras instituciones.

Una vez seleccionados, estos eran integrados a las nóminas, devengando salarios entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, monto que debía ser devuelto en su totalidad, salvo en excepciones de algunos militares que tenían la autorización de quedarse con una fracción del sueldo que cobraba, que podía ser de 2 mil pesos o hasta 10 mil.

Lo devuelto era posteriormente recolectado por otros miembros del presunto entramado, que luego lo entregaban para que este sea repartido entre un grupo reducido de personas.

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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos

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Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.

De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.

“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.

La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.

Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.

El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.

El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.

Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.

Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.

Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.

Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.

Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.

“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.

El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.

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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa

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Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.

Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.

En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.

«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna

y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.

incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.

Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.

El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.

De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.

Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.

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Aplazan otra vez audiencia de Wander Franco y Vanessa Chevalier

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Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.

La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.

Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual lavado de activos.

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