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MP dice que en Conani se estableció la misma “estructura delictiva” del Cestur y el Cusep
Santo Domingo, R.D.-En Conani, Consejo Nacional para Niñez y la Adolescencia, durante la gestión de la esposa del general Juan Carlos Torres Robiu, se reprodujo la misma estructura delictiva que existía en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), según el Ministerio Público.
Esto de acuerdo a la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados de la Operación Coral 5G, en la que los fiscales piden 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
Dicho documento señala que Cuello, esposa del exdirector del Cestur e implicado en la operación, Juan Carlos Torres Robiou, intentó por varios medios instalar a un grupo de militares en el Conani, encabezados por Rafael Núñez de Aza.
Núñez de Aza, quien actualmente cumple con prisión preventiva por el Caso Coral, se desempeñaba como director financiero del Cestur, y es visto por las autoridades como una de las piezas principales en este supuesto entramado de corrupción militar.
Según los fiscales la exfuncionaria le escribió al entonces ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, para que los agentes favorecidos llenen las vacantes encargado del departamento financiero, de la sección de compras, del departamento administrativo y un director para la dirección administrativa y financiera.
La misma, de acuerdo al Ministerio Público, fue aprobada por Peralta, pero desestimada por Contraloría y el Ministerio de Administración Pública, alegando que personal militar no puede ocupar puestos administrativos en una institución civil.
Sin embargo, esto llevó a Cuello a reintroducir las designaciones de Núñez de Aza, Roberto Acevedo Tejada, José Javier Rosario Pimentel y Rafael Arturo Vargas de Aza para que estas sean compatibles con el servicio militar.
Pero, los fiscales aseguran que las funciones que estaban supuestos a realizar eran falsas, ya que estos desempeñaron las tareas correspondientes a los nombramientos originales.
Como prueba de lo anterior destacaron que en los registros de los pagos de viáticos de los meses de julio y agosto del 2020 se puede constar que Núñez de Aza, Acevedo Tejada y Rosario Pimentel, recibieron viáticos percibidos como director administrativo y financiero, encargado de finanzas y encargado administrativo respectivamente, a pesar de estar nombrados como miembros de la seguridad.
“Con estas designaciones, el imputado Juan Carlos Torres Robiou, en componenda con su conyugue Greybby María Cuello Coste de Torres buscaban, replicar la misma estructura financiera de corrupción que este mantenía en el Cestur”, indicó el Ministerio Público.
“Máxima autoridad”
En el referido documento estipuló que Núñez de Aza fue reconocido como el que encabezó al comité de compras del Conani, entre abril y agosto del año pasado, “en representación de la máxima autoridad”.
Uso indebido
Asimismo, indicaron que durante una entrevista con un capitán de la Policía Nacional, identificado como David Agustín Abreu Padilla que en varias ocasiones la tarjeta de crédito de Cuello fue pagada con fondos del Cestur.
¿Quién es Greibby Cuello?
Greybby Cuello fue designada como directora del Conani por el expresidente Danilo Medina mediante el decreto 146-20, en sustitución de Kenia Lora Abreu.
Es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y laboró como a directora de eventos en el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), cargo desde el cual coordinaba y supervisaba las actividades relacionadas con la organización de eventos que realiza la Presidencia y Vicepresidencia de la República en el Palacio Nacional.
Cuello fue destituida el 27 de agosto del 2020 por el presidente de la República, Luis Abinader, siendo sustituida por Paula Disla, quien ya tampoco ocupa el cargo.
¿Cómo funcionaba el supuesto esquema delictivo?
En el mencionado documento los fiscales describen un supuesto esquema de distracción de fondos del Cestur y del Cusep, basado en el reclutamiento de militares asignados a otras instituciones.
Una vez seleccionados, estos eran integrados a las nóminas, devengando salarios entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, monto que debía ser devuelto en su totalidad, salvo en excepciones de algunos militares que tenían la autorización de quedarse con una fracción del sueldo que cobraba, que podía ser de 2 mil pesos o hasta 10 mil.
Lo devuelto era posteriormente recolectado por otros miembros del presunto entramado, que luego lo entregaban para que este sea repartido entre un grupo reducido de personas.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.