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MP dice que en Conani se estableció la misma “estructura delictiva” del Cestur y el Cusep
Santo Domingo, R.D.-En Conani, Consejo Nacional para Niñez y la Adolescencia, durante la gestión de la esposa del general Juan Carlos Torres Robiu, se reprodujo la misma estructura delictiva que existía en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), según el Ministerio Público.
Esto de acuerdo a la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados de la Operación Coral 5G, en la que los fiscales piden 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
Dicho documento señala que Cuello, esposa del exdirector del Cestur e implicado en la operación, Juan Carlos Torres Robiou, intentó por varios medios instalar a un grupo de militares en el Conani, encabezados por Rafael Núñez de Aza.
Núñez de Aza, quien actualmente cumple con prisión preventiva por el Caso Coral, se desempeñaba como director financiero del Cestur, y es visto por las autoridades como una de las piezas principales en este supuesto entramado de corrupción militar.
Según los fiscales la exfuncionaria le escribió al entonces ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, para que los agentes favorecidos llenen las vacantes encargado del departamento financiero, de la sección de compras, del departamento administrativo y un director para la dirección administrativa y financiera.
La misma, de acuerdo al Ministerio Público, fue aprobada por Peralta, pero desestimada por Contraloría y el Ministerio de Administración Pública, alegando que personal militar no puede ocupar puestos administrativos en una institución civil.
Sin embargo, esto llevó a Cuello a reintroducir las designaciones de Núñez de Aza, Roberto Acevedo Tejada, José Javier Rosario Pimentel y Rafael Arturo Vargas de Aza para que estas sean compatibles con el servicio militar.
Pero, los fiscales aseguran que las funciones que estaban supuestos a realizar eran falsas, ya que estos desempeñaron las tareas correspondientes a los nombramientos originales.
Como prueba de lo anterior destacaron que en los registros de los pagos de viáticos de los meses de julio y agosto del 2020 se puede constar que Núñez de Aza, Acevedo Tejada y Rosario Pimentel, recibieron viáticos percibidos como director administrativo y financiero, encargado de finanzas y encargado administrativo respectivamente, a pesar de estar nombrados como miembros de la seguridad.
“Con estas designaciones, el imputado Juan Carlos Torres Robiou, en componenda con su conyugue Greybby María Cuello Coste de Torres buscaban, replicar la misma estructura financiera de corrupción que este mantenía en el Cestur”, indicó el Ministerio Público.
“Máxima autoridad”
En el referido documento estipuló que Núñez de Aza fue reconocido como el que encabezó al comité de compras del Conani, entre abril y agosto del año pasado, “en representación de la máxima autoridad”.
Uso indebido
Asimismo, indicaron que durante una entrevista con un capitán de la Policía Nacional, identificado como David Agustín Abreu Padilla que en varias ocasiones la tarjeta de crédito de Cuello fue pagada con fondos del Cestur.
¿Quién es Greibby Cuello?
Greybby Cuello fue designada como directora del Conani por el expresidente Danilo Medina mediante el decreto 146-20, en sustitución de Kenia Lora Abreu.
Es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y laboró como a directora de eventos en el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), cargo desde el cual coordinaba y supervisaba las actividades relacionadas con la organización de eventos que realiza la Presidencia y Vicepresidencia de la República en el Palacio Nacional.
Cuello fue destituida el 27 de agosto del 2020 por el presidente de la República, Luis Abinader, siendo sustituida por Paula Disla, quien ya tampoco ocupa el cargo.
¿Cómo funcionaba el supuesto esquema delictivo?
En el mencionado documento los fiscales describen un supuesto esquema de distracción de fondos del Cestur y del Cusep, basado en el reclutamiento de militares asignados a otras instituciones.
Una vez seleccionados, estos eran integrados a las nóminas, devengando salarios entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, monto que debía ser devuelto en su totalidad, salvo en excepciones de algunos militares que tenían la autorización de quedarse con una fracción del sueldo que cobraba, que podía ser de 2 mil pesos o hasta 10 mil.
Lo devuelto era posteriormente recolectado por otros miembros del presunto entramado, que luego lo entregaban para que este sea repartido entre un grupo reducido de personas.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.