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Correcciones al Código Penal buscan desactivar choque con libertad de expresión.
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LA REDACCIÓN
Santo Domingo, R.D.-Un giro importante se ha producido en el proyecto de ley que modifica varios artículos del nuevo Código Penal, lo que mas habia generado resistencia entre periodistas, juristas y organizaciones de la sociedad civil, consistene en los delitos contra el honor, pese a que la pieza legislativa no desmonta la protección penal de la reputación, pero el Congreso intenta ahora delimitar con mayor claridad el espacio reservado al ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de prensa.
Las modificaciones aprobadas en la Cámara de Diputados y, ayer, en el Senado parten del reconocimiento implícito de que el texto original dejaba abiertas zonas de incertidumbre que podían traducirse en un efecto inhibidor sobre el debate público. La preocupación abarcaba la amplitud de algunas definiciones y la ausencia de exclusiones suficientemente precisas para proteger el periodismo de investigación y la crítica a los funcionarios.
Uno de los cambios más relevantes aparece en el artículo 123 sobre acoso cibernético. La nueva redacción establece que no constituye acoso la difusión de informaciones, opiniones, investigaciones o reportajes realizados en ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a informar o del escrutinio social y político, siempre que exista relación con hechos comprobables y de interés público. Es una cláusula de salvaguarda que reconoce que la crítica severa no puede equipararse automáticamente con una conducta delictiva.
Todavía más importante resulta la reformulación del artículo 211, dedicado a los actos considerados no difamatorios ni injuriosos. El proyecto enumera expresamente una serie de supuestos excluidos de responsabilidad penal: las intervenciones en las cámaras legislativas; los informes, memorias y documentos oficiales; las publicaciones periodísticas cuando versen sobre asuntos de interés público y se haya actuado con diligencia razonable en la verificación de la información; las actuaciones producidas dentro de procesos judiciales; y las denuncias o críticas relacionadas con corrupción, función pública y manejo de recursos estatales.
La inclusión de estas exclusiones constituye probablemente el cambio de mayor trascendencia constitucional. En la práctica, acerca el Código Penal a los estándares desarrollados por la jurisprudencia interamericana, según los cuales el debate sobre asuntos públicos merece la máxima protección y los funcionarios deben soportar un umbral más elevado de crítica que los particulares.
El proyecto también modifica el delito de difamación extorsiva. La nueva redacción exige que exista un propósito concreto de obtener un beneficio mediante la amenaza de divulgar información. Con ello procura diferenciar con mayor nitidez el chantaje de la investigación periodística. Parte de que una denuncia sustentada en hechos verificables no puede confundirse con una exigencia ilícita dirigida a obtener dinero o cualquier otra ventaja.
La pieza mantiene la criminalización de la difamación y conserva penas privativas de libertad. Ese aspecto seguirá siendo objeto de discusión, pues diversos organismos internacionales han sostenido durante años que las controversias sobre honor y reputación deberían resolverse preferentemente mediante mecanismos civiles y no penales, salvo circunstancias excepcionales.
- En otras palabras, la reforma corrige varios de los aspectos que despertaron mayor preocupación, pero no elimina completamente el debate sobre la compatibilidad del derecho penal con una sociedad democrática.
Otro elemento digno de atención es el criterio de la «diligencia razonable». El concepto fortalece la protección del periodismo responsable, pero también traslada a los tribunales la tarea de definir qué constituye una verificación suficiente. La interpretación judicial será decisiva para determinar si la garantía termina consolidándose o si vuelve a convertirse en una fuente de incertidumbre.
Desde una perspectiva periodística, el cambio revela además un hecho político. El Congreso y el Poder Ejecutivo optaron por revisar artículos ya aprobados antes de la entrada en vigor del Código. Es una decisión poco frecuente que refleja el peso que adquirieron las observaciones formuladas por gremios periodísticos, juristas, universidades y organizaciones defensoras de derechos fundamentales.
Otros cambios
Probablemente el cambio de mayor impacto sea la nueva regulación de la responsabilidad penal de las empresas y demás personas jurídicas.
El texto original imponía un régimen de responsabilidad que preocupaba al sector empresarial por la amplitud de sus alcances y por la escasa preparación para implementarlo. La reforma incorpora ahora un elemento fundamental del derecho penal económico moderno: los programas de cumplimiento (compliance).
Una empresa podrá atenuar o incluso excluir su responsabilidad si demuestra que contaba con mecanismos eficaces para prevenir delitos, detectar irregularidades y cooperar con las autoridades. Se trata de un incentivo para fortalecer los controles internos y la cultura de cumplimiento.
Igualmente importante es el aplazamiento de un año en la entrada en vigor de este capítulo, lo que permitirá a miles de empresas adecuar sus estructuras antes de enfrentar responsabilidades penales. Es una modificación con profundas implicaciones para la seguridad jurídica y la competitividad.
Delitos patrimoniales y económicos
El proyecto incorpora modalidades específicas de estafa inmobiliaria, redefine la bancarrota simple distinguiéndola de la fraudulenta y actualiza varios delitos económicos.
Son cambios menos visibles para la opinión pública, pero de enorme importancia para la seguridad jurídica y el funcionamiento del mercado.
Corrupción administrativa
La malversación de fondos públicos se redefine para precisar que constituye delito aplicar recursos públicos a fines distintos de los autorizados.
La modificación busca evitar interpretaciones restrictivas que pudieran dificultar la persecución de irregularidades en la administración pública.
Ajustes técnicos
El proyecto también corrige aspectos procesales y técnicos relacionados con el perjurio, la usurpación de funciones jurisdiccionales, la certificación falsa de salud y otros tipos penales cuya redacción original generaba dudas interpretativas.
Una reforma correctiva
Vista en conjunto, la iniciativa no modifica la arquitectura del Código Penal. Su propósito es corregir aquellas disposiciones que, durante el año de vacatio legis, revelaron problemas de técnica legislativa, riesgos constitucionales o dificultades prácticas de aplicación.
Las modificaciones más trascendentes pueden agruparse en tres grandes bloques: fortalecer las garantías de la libertad de expresión; hacer viable la responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante un régimen moderno de cumplimiento corporativo; y perfeccionar la tipificación de delitos vinculados con violencia, explotación sexual, protección de menores y criminalidad económica.
Violencia intrafamiliar
El proyecto abandona una concepción centrada casi exclusivamente en la violencia física. Ahora incorpora expresamente la violencia económica, patrimonial, psicológica, verbal y la ejercida mediante intimidación o persecución.La reforma también delimita un aspecto especialmente sensible, ya que aclara que la disciplina ejercida por los padres dentro del marco del interés superior del niño no constituye, por sí misma, violencia intrafamiliar.El objetivo parece ser ampliar la protección de las víctimas y, al mismo tiempo, evitar interpretaciones excesivamente expansivas del tipo penal.
Delitos sexualesLas modificaciones buscan cerrar vacíos detectados durante el debate público.Se redefinen aspectos relativos al exhibicionismo sexual, se precisan los plazos de prescripción para delitos sexuales cometidos contra menores y personas vulnerables y se amplían las circunstancias agravantes del acoso.Especialmente significativa resulta la exclusión del exhibicionismo cuando se trate de actos realizados entre adultos que no afecten bienes jurídicamente protegidos, con lo que se evita criminalizar conductas privadas carentes de relevancia penal.
Pornografía no consentida y violencia digitalEl Código endurece las sanciones contra la difusión no autorizada de imágenes íntimas. Las penas aumentan cuando exista chantaje, extorsión, abuso de autoridad o cuando la víctima sea un menor o una persona vulnerable.Es una respuesta al crecimiento de los delitos digitales, cuya regulación había quedado rezagada frente a la evolución tecnológica.
DiscriminaciónEl nuevo texto mantiene una protección robusta frente a la discriminación, pero incorpora excepciones para salvaguardar derechos constitucionales como la libertad religiosa y el ejercicio legítimo de determinadas facultades reconocidas por la Constitución.Con ello intenta reducir posibles conflictos entre derechos fundamentales que habían sido señalados por diversos sectores.
Proxenetismo y trata vinculada a la prostituciónLa reforma reorganiza el delito de proxenetismo, identifica con mayor precisión las conductas sancionables e incorpora nuevas agravantes.El objetivo parece ser concentrar la persecución penal sobre quienes obtienen beneficios mediante la explotación de terceros y no sobre las personas en situación de prostitución.
Protección de niños y adolescentesEl abandono de menores recibe un endurecimiento importante.Cuando del abandono resulten lesiones permanentes o la muerte, las penas aumentan considerablemente, reflejando una mayor protección penal de la infancia.
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Poder Judicial nombra a Ramón Horacio González Pérez como nuevo inspector general
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15 mins agoon
noviembre 17, 2026El Consejo del Poder Judicial también designó a César Thomas Castillo como contralor general y a Gersy Medina al frente de Mensuras Catastrales, en el marco de una reorganización de importantes áreas institucionales.
Santo Domingo, República Dominicana.-El Consejo del Poder Judicial (CPJ) designó este martes al magistrado Ramón Horacio González Pérez como nuevo inspector general del Poder Judicial, una posición de especial relevancia para la supervisión del funcionamiento de los tribunales y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia dentro del sistema judicial dominicano.
La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria número 31-2026, celebrada el 17 de noviembre, en la que también fueron aprobados los nombramientos de César Thomas Castillo como contralor general y Gersy Medina como director nacional de Mensuras Catastrales.
Las nuevas designaciones forman parte de las medidas institucionales orientadas a fortalecer la administración judicial, los controles internos y la eficiencia de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Inspectoría General supervisa funcionamiento de los tribunales
La Inspectoría General desempeña una función fundamental dentro de la estructura del Poder Judicial, debido a que tiene entre sus responsabilidades vigilar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y recopilar información sobre la prestación de los servicios de justicia.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, esta dependencia actúa como órgano de apoyo investigativo y de vigilancia, con facultades para realizar diligencias relacionadas con las denuncias sometidas ante el Consejo.
Sus atribuciones incluyen contribuir al mejoramiento de la gestión judicial y verificar situaciones que puedan afectar el funcionamiento adecuado de los tribunales, respetando las competencias que corresponden a otras instituciones del Estado.
En consecuencia, la nueva responsabilidad de González Pérez lo coloca al frente de un organismo vinculado directamente con la supervisión institucional y la promoción de mejores prácticas en la administración de justicia.
Amplia trayectoria en la judicatura dominicana
El magistrado Ramón Horacio González Pérez cuenta con una extensa carrera profesional en el ámbito judicial, particularmente en materia penal, donde ha ocupado importantes posiciones durante varias décadas.
Es doctor en Derecho, egresado magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y realizó estudios de posgrado en Derecho Público e Internacional en Italia.
En el ámbito jurisdiccional, desempeñó funciones como juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional entre 2007 y 2019, período durante el cual también ejerció como segundo sustituto del presidente de esa jurisdicción.
Previamente, ocupó posiciones como juez presidente de tribunales de primera instancia y magistrado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
Su experiencia también comprende una importante participación en la formación académica de profesionales del Derecho.
González Pérez ha impartido docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), institución donde ejerció como director de la Escuela de Derecho y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Reconocimientos por su trayectoria y aportes a la ética judicial
La carrera del nuevo inspector general ha estado relacionada con iniciativas de promoción de la ética y los principios que deben orientar el ejercicio de la función jurisdiccional.
En 2021 recibió el Premio al Mérito Judicial Iberoamericano, concedido por unanimidad por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, como reconocimiento a su trayectoria y contribuciones al sistema de justicia.
También formó parte del jurado evaluador del Concurso de Ensayos sobre el Código Iberoamericano de Ética Judicial.
En 2020 fue presentado como candidato dominicano a juez de la Corte Penal Internacional, mediante una nominación respaldada por el Consejo del Poder Judicial y el Gobierno dominicano.
Estas experiencias forman parte de su perfil profesional al asumir una dependencia relacionada con la vigilancia institucional y el cumplimiento de las responsabilidades de los órganos judiciales.
Nuevas autoridades en Contraloría y Mensuras Catastrales
Durante la misma sesión, el Consejo del Poder Judicial dispuso el nombramiento de César Thomas Castillo como contralor general, una posición vinculada al fortalecimiento de los mecanismos de control interno de la institución.
Asimismo, designó a Gersy Medina como director nacional de Mensuras Catastrales, dependencia de especial importancia para el funcionamiento de la Jurisdicción Inmobiliaria y los procedimientos técnicos relacionados con los inmuebles.
Estos nombramientos buscan fortalecer áreas fundamentales para la gestión administrativa, la supervisión institucional y la prestación eficiente de los servicios judiciales.
Fortalecimiento de la confianza en la justicia
La designación de las nuevas autoridades se produce en un contexto en el que la transparencia, la eficiencia administrativa y la adecuada supervisión de los tribunales constituyen aspectos esenciales para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial.
En particular, la Inspectoría General tiene una responsabilidad significativa en la identificación de situaciones que puedan afectar la calidad de los servicios y en la realización de las investigaciones que correspondan dentro de sus atribuciones legales.
Con estas decisiones, el Consejo del Poder Judicial busca reforzar sus estructuras de vigilancia y control, mientras las nuevas autoridades asumen el desafío de contribuir a una administración de justicia más eficiente, transparente y apegada a los principios institucionales.
La información fue confirmada mediante el comunicado oficial publicado por el Poder Judicial el 17 de noviembre de 2026, que ratifica los tres nombramientos aprobados en la sesión ordinaria número 31-2026.
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Nuevo aplazamiento retrasa proceso judicial por asesinato de chofer recolector de basura en Santiago
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noviembre 17, 2026El Segundo Juzgado de la Instrucción fijó para el 14 de diciembre la continuación de la audiencia preliminar contra siete imputados, luego de que uno de los abogados defensores renunciara a la representación de su cliente.
Santiago, República Dominicana.-El proceso judicial seguido contra siete personas acusadas de participar en la muerte de un conductor de un camión recolector de basura en Santiago sufrió un nuevo retraso, luego de que el Segundo Juzgado de la Instrucción decidiera posponer la audiencia preliminar hasta el próximo 14 de diciembre.
El expediente está relacionado con el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien perdió la vida en abril de 2026, tras un violento incidente en el que presuntamente participaron varios motociclistas.
La decisión del tribunal se produjo después de que uno de los abogados defensores renunciara a representar al imputado Miguel García Balbuena, circunstancia que hizo necesario gestionar la intervención de la Defensoría Pública para garantizar su asistencia legal.
Con este nuevo aplazamiento, suman dos las ocasiones en que la audiencia ha sido reprogramada, mientras los familiares de la víctima continúan esperando que el proceso avance hacia una decisión judicial.
Familiares cuestionan los constantes retrasos
El abogado José Martínez Brito, representante de los familiares del conductor fallecido, expresó su inconformidad con la suspensión de la audiencia y consideró que los incidentes procesales podrían estar siendo utilizados para prolongar el conocimiento del expediente.
El jurista calificó la situación como una posible estrategia dilatoria y aseguró que mantendrá sus esfuerzos para que los tribunales conozcan las acusaciones y determinen las responsabilidades correspondientes.
Martínez Brito sostuvo que la familia continuará reclamando justicia, independientemente de los obstáculos procesales que puedan surgir durante el desarrollo del caso.
Sin embargo, desde la representación legal de algunos imputados también se expresaron preocupaciones por las reiteradas suspensiones.
El abogado Roberto Pérez, quien defiende a dos de los procesados, manifestó que esperaba que la audiencia pudiera celebrarse, debido a que los aplazamientos afectan igualmente a sus representados.
Durante la jornada de este martes, el tribunal no llegó a examinar las pruebas audiovisuales ni otros elementos relacionados con la acusación.
Siete acusados enfrentan proceso preliminar
Entre los imputados vinculados al expediente figuran Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Las autoridades también señalan a Jhovanny de Jesús Mets Cruz, conocido como «Macho», como presunto autor material del homicidio.
Este último cumple prisión preventiva luego de haber sido repatriado desde Jamaica, país al que, según las autoridades, se trasladó después de los hechos investigados.
La acusación está relacionada con la muerte violenta del conductor, quien dejó cinco hijos en la orfandad, una tragedia que provocó consternación entre sus familiares y allegados.
Garantías procesales y derecho a una justicia oportuna
El nuevo aplazamiento pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los retrasos que afectan determinados procesos penales y sus consecuencias para las víctimas y las personas sometidas a la justicia.
Aunque la renuncia de un abogado puede hacer necesaria la suspensión de una audiencia para garantizar el derecho de defensa, también corresponde a los tribunales adoptar las medidas procesales pertinentes para evitar retrasos injustificados.
En la etapa preliminar, el órgano judicial debe examinar los elementos presentados por el Ministerio Público y determinar si existen fundamentos suficientes para disponer la apertura a juicio de fondo, sin que esta fase implique establecer anticipadamente la culpabilidad de los imputados.
En ese sentido, tanto los familiares de la víctima como los acusados tienen derecho a que el expediente sea conocido con respeto al debido proceso y dentro de un plazo razonable.
La próxima audiencia, programada para el 14 de diciembre, será determinante para establecer si finalmente puede avanzar la fase preliminar del proceso por la muerte de Abreu Quezada, un caso que continúa generando atención en Santiago.
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Cámara de Diputados evaluará nuevo presupuesto complementario enviado por el Poder Ejecutivo
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3 horas agoon
noviembre 17, 2026Una comisión especial tendrá hasta el jueves 19 de noviembre para presentar su informe sobre la propuesta que busca modificar nuevamente el Presupuesto General del Estado correspondiente a 2026.
Santo Domingo, República Dominicana.-La Cámara de Diputados decidió este martes remitir a una comisión especial el proyecto de presupuesto complementario presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se procura introducir nuevas modificaciones a las disposiciones que regulan el Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio fiscal de 2026.
La propuesta legislativa contempla cambios en las leyes 99-25 y 43-26, relacionadas con la aprobación y posterior modificación del presupuesto vigente, y deberá ser examinada por los congresistas antes de iniciar formalmente el conocimiento del proyecto presupuestario para 2027.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó que resulta necesario concluir el trámite de esta iniciativa para avanzar posteriormente en la discusión de las asignaciones económicas previstas para el próximo año.
Recordó que el presupuesto correspondiente a 2026 fue aprobado en diciembre de 2025 y posteriormente recibió modificaciones mediante la Ley 43-26, por lo que el nuevo documento constituye otra propuesta de actualización de las disposiciones presupuestarias.
Comisión especial deberá rendir informe el jueves
Durante la sesión legislativa, el pleno conoció una comunicación remitida por el Poder Ejecutivo en la que se exponen los motivos de la propuesta.
Tras escuchar la lectura de la correspondencia, los diputados aprobaron dispensar la lectura íntegra del proyecto y enviarlo a una comisión especial, encargada de estudiar su contenido y presentar sus recomendaciones el próximo jueves 19 de noviembre.
El organismo estará presidido por el diputado Frank Paulino y contará con la participación de legisladores de distintas organizaciones políticas.
Entre sus integrantes figuran Ydenia Doñez, Charles Noé Mariotti Paz, Claudel Frías, Ramón Raposo, Jorge Manuel Zorrilla, Ángela Maruja Gregorina, Félix Hiciano, Delli Félix, Dorina Rodríguez, Abelardo Rutinel, Sergio Moya, Gregorio Domínguez, Enriqueta Rojas, Tobías Crespo, Danilo Díaz, Brenda Ogando, Margarita Tejeda, Amado Díaz y José David Báez.
La comisión tendrá la responsabilidad de examinar las modificaciones propuestas y determinar la pertinencia de recomendar su aprobación o introducir cambios durante el proceso legislativo.
Diputados conocen otras iniciativas
En la misma jornada, la Cámara Baja aprobó en segunda discusión una iniciativa que dispone designar con el nombre de Felipa Gómez Sarete una estación del Teleférico de Santo Domingo, ubicada en la calle Central del sector Buenos Aires.
El proyecto fue presentado por el diputado Ignacio Aracena.
Asimismo, los legisladores decidieron dejar sobre la mesa una propuesta que modifica varios artículos de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, con el propósito de retomarla durante la próxima semana.
Aprueban convenio para proteger recursos hídricos
Otro de los puntos abordados durante la sesión fue la aprobación del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, instrumento internacional adoptado en Helsinki, Finlandia, el 17 de marzo de 1992.
Este acuerdo procura fortalecer la cooperación entre los Estados para prevenir la contaminación y promover la conservación de las aguas superficiales y subterráneas compartidas.
Su finalidad incluye impulsar mecanismos de coordinación que permitan garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y reducir los riesgos ambientales asociados a su utilización.
Solicitudes de obras y homenajes
Durante los trabajos también fue aprobado el nonagésimo octavo grupo de resoluciones internas, mediante el cual diferentes diputados solicitan al Gobierno la ejecución de proyectos de infraestructura, reparación de instalaciones y mejoramiento de servicios públicos en sus respectivas comunidades.
La sesión incluyó, además, un minuto de silencio en memoria de Melvin López, mánager del Club Mauricio Báez; Lily Josefina Rodríguez, rectora de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), y Rafael Antonio Reyes Almonte, rector de la Universidad Evangélica.
Al concluir la jornada, Alfredo Pacheco convocó a los legisladores para una nueva sesión el jueves 19 de noviembre, a las 12:00 del mediodía.
La atención legislativa estará concentrada en el informe de la comisión especial sobre el presupuesto complementario, una iniciativa cuyo conocimiento resulta relevante para cerrar las modificaciones fiscales de 2026 y avanzar hacia la discusión del Presupuesto General del Estado de 2027.
