Análisis Noticiosos
Corrupción e impunidad alientan la delincuencia
Por Juan Bolívar Díaz
Con nota de 32 puntos sobre 100, la República Dominicana vuelve a quemarse en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Los niveles de corrupción e impunidad que se registran en el país son un aliento permanente a la delincuencia en los jóvenes excluidos de las oportunidades de una vida digna pero también en los organismos llamados a combatirla como la Policía Nacional, la dirección de Control de Drogas y las Fuerzas Armadas.
La República Dominicana volvió a quemarse en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) publicado esta semana con una nota de 32 sobre 100, compartiendo con Ecuador el séptimo escalón más bajo entre 32 países americanos y en la posición 118 entre 176 de todos los continentes.
Con rampante corrupción
El Indice de Percepción de la Corrupción de TI entregado por Participación Ciudadana, que es su capítulo nacional, ratificó al país entre los más corruptos de América y del mundo, aunque no en los últimos escalones como quedó en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial de septiembre pasado.
El país aparece entre los que a juicio de la prestigiosa institución tienen niveles “rampantes” de corrupción, mayor al de 117 de los 176 países evaluados a nivel mundial. Entre 32 de América comparte con Ecuador la nota de 32 puntos en un escalafón de 100, lo que en la nomenclatura escolar dominicana equivale a quemadura absoluta.
Sólo seis de los países americanos incluidos en la evaluación registran un mayor índice de corrupción. Haití y Venezuela son los peores con nota de 19, seguidos por Paraguay, Honduras, Guyana y Nicaragua, que obtienen puntuación de 25, 28 y 29. Canadá, con 84 puntos y Estados Unidos con 73 encabezan la transparencia en el continente, seguidos de Chile, Uruguay, Puerto Rico, Costa Rica y Cuba, que registran entre 72 y 48 puntos. A nivel mundial los países mejor evaluados son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia, que alcanzan 90 puntos. Canadá tiene la mayor puntuación entre los americanos, con 84.
El Indice de TI data de 1995, pero este año tiene nueva metodología, por lo que no se pueden establecer comparaciones con los años anteriores. Refleja cómo son vistos los países en términos de transparencia por el mundo de los negocios, académicos y organismos internacionales.
Aunque en esta evaluación la República Dominicana resulta quemada, aparece relativamente mejor que en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial publicado en septiembre pasado, donde ocupó el escalón 144 tanto en despilfarro del gasto gubernamental como en favoritismo de los funcionarios públicos, y el 142 en desvío de los fondos públicos, entre 144 países evaluados.
Criminalidad y corrupción
El índice de TI, como también el del Foro Económico Mundial, marca una correlación entre criminalidad y corrupción, tanto a nivel universal como en América. Las naciones donde hay menor corrupción son a la vez las de menores niveles de criminalidad. A nivel internacional Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia, en América Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Costa Rica, encabezan tanto la transparencia como la seguridad ciudadana.
En cambio Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala y México, que encabezan la corrupción en ambos índices, tienen a su vez las más altas tasas de criminalidad del continente, aunque hay excepciones como El Salvador y Jamaica, cuya criminalidad es alta pero tienen más control de la corrupción.
Los profesionales de la conducta y los cientistas sociales suelen sustentar la correlación entre corrupción y criminalidad, mayor cuando las instituciones son débiles, ineficientes o parte de la corrupción misma y en consecuencia predomina la impunidad, que se convierte en el mejor caldo de cultivo de la criminalidad.
Si el sistema político y los funcionarios estatales están permeados por la malversación y la corrupción, sobre todo cuando es visible y no conlleva responsabilidad, en los demás estamentos sociales se relaja el concepto de la ley y de la honestidad, generalizándose y normalizándose la apropiación de lo ajeno y colectivo.
Esa apropiación se manifiesta de forma diferente en relación a la posición que ocupan los delincuentes en la sociedad. Los altos ejecutivos públicos y privados no tienen que apelar a las armas ni a la violencia física para acumular riquezas de forma ilegítima. En la base de la sociedad, los individuos tienden a utilizar la violencia a menudo para la simple subsistencia o para la acumulación en actividades ilegítimas como el narcotráfico.
El efecto demostración
Desde los años sesenta los teóricos de la comunicación abundaron sobre el efecto demostración de la riqueza a través de la televisión y los impresos en los sectores depauperados. Ello cobra mayor vigencia cuando se trata de la riqueza mal habida y acelerada que exhiben los funcionarios y dirigentes políticos. Es tanto que en países donde se ha disparado la delincuencia, los grupos de altos ingresos tienden a ocultar los llamados “signos exteriores de riqueza” para reducir sus riesgos.
El aliento a la delincuencia se produce también de forma directa a través de los choferes, vigilantes, guardaespaldas, empleados domésticos, mensajeros, mozos y otros trabajadores cuando contactan directamente el derroche en que viven sectores privilegiados, sobre todo cuando se dan cuenta de que no ha sido fruto del trabajo, sino de la corrupción. Afecta especialmente a los llamados “ninis”, los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que no tienen mayores razones para respetar las reglas de una sociedad que no les da oportunidades de alcanzar un nivel de vida digno y que permite o auspicia la concentración de los bienes por vía de la apropiación de lo colectivo.
El mismo efecto se reproduce entres militares y policías que en el caso dominicano reciben salarios de hambre que los inducen a “buscárselas” como puedan, incluso asociándose a la delincuencia común, para sostener a sus familias. Los que se deslumbran con las riquezas fáciles obtenidas por los funcionarios y políticos con los que están en contacto, dan el salto a actividades más lucrativas como el narcotráfico.
Estudiosos como la antropóloga Tahíra Vargas sostienen que la asociación de fuerzas policiales son la delincuencia ha alcanzado tasas tan altas que implican una total restructuración de las fuerzas policiales para hacer frente a la creciente criminalidad, cuyos niveles reales no se miden más allá de los homicidios, porque la desconfianza en la policía determina que muchos de los asaltos, robos y violaciones no se denuncien. El país apareció también en el último escalón del índice del Foro Económico Mundial en el renglón confianza en la institución policial entre 144 países.
La ejecución como respuesta
En estos días como cada vez que la delincuencia comete una barbaridad como el atentado que ha dejado en agonía visual a la joven ingeniera Francina Hungría, cobra vigor la pretensión de que el problema se resuelve con ejecuciones sumarias de delincuentes o endurecimiento de las penas, como si la máxima de 30 años fuera poca.
Esta semana se llegó al extremo de que en una sesión oficial, varios diputados dieron recomendaciones al Jefe de la Policía Nacional sobre la forma de eliminar delincuentes y hubo alguno que hasta le recriminó por haber capturado vivo a uno de los asaltantes de la joven Hungría, lo que dejó en evidencia el primitivismo con que se pretende controlar la delincuencia.
La ejecución sumaria, en supuestos “intercambios de disparos”, se generalizó en las últimas dos décadas. En 1999 hubo alarma cuando se llegó a contar 250 muertos a manos de la policía, en el 2001 descendieron a 171, pero ya para el 2005 fueron 437 y 455 en el 2008, según estadísticas de la Procuraduría General. Luego han oscilado entre 200 y 300, promediando sobre 250 por año, lo que totalizaría más de tres mil, pero en vez de contener la delincuencia y la inseguridad estas han aumentado.
Esa política policial ha barbarizado la sociedad dominicana cobrando centenares de vidas de inocentes, por ejemplo la del padre José Antonio Tineo en 1999, la jovencita Arlene Pérez, asesinada un disparo policial en el 2004 la noche en que su novio la dejaba en su casa de Arroyo Hondo, el comerciante y pastor evangélico de Jarabacoa Manuel Adalberto Jiménez, y los cinco choferes asesinados por una patrulla en el parque Mirador del Sur el 30 de diciembre del 2012.
Inversión para la seguridad
En más o menos medida todos los gobiernos han auspiciado el primitivo método de la ejecución sumaria como forma de enfrentar la delincuencia, contribuyendo a una institución policial al margen de la ley, donde no han faltado quienes han degenerado al sicariato. Todos han planteado, ahora también, una reforma policial que ha quedado en papeles o en la superficialidad
Ni siquiera han podido abordar el problema fundamental de unos sueldos que no incentivan la función policial y la honestidad y que no atraen a miles que quisieran un empleo decoroso. La tabla anexa muestra los irrisorios niveles de salarios de la PN, que no se diferencian de los de las Fuerzas Armadas y de la Dirección de Control de Drogas.
Con 32 mil 947 miembros 52 generales, a octubre pasado, el jefe de la PN ganaba 74 mil pesos, los coronales de 20 a 21 mil, los tenientes de 11 a 12 mil, sargentos de 7 a 9 mil y cabos y rasos apenas sobre 6 mil pesos mensuales. La primera inversión tendría que ser en salarios, pero eso parece difícil de entender en una sociedad donde abunda la hipocresía y la ficción.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.