Análisis Noticiosos
Corrupción e impunidad alientan la delincuencia
Por Juan Bolívar Díaz
Con nota de 32 puntos sobre 100, la República Dominicana vuelve a quemarse en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Los niveles de corrupción e impunidad que se registran en el país son un aliento permanente a la delincuencia en los jóvenes excluidos de las oportunidades de una vida digna pero también en los organismos llamados a combatirla como la Policía Nacional, la dirección de Control de Drogas y las Fuerzas Armadas.
La República Dominicana volvió a quemarse en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) publicado esta semana con una nota de 32 sobre 100, compartiendo con Ecuador el séptimo escalón más bajo entre 32 países americanos y en la posición 118 entre 176 de todos los continentes.
Con rampante corrupción
El Indice de Percepción de la Corrupción de TI entregado por Participación Ciudadana, que es su capítulo nacional, ratificó al país entre los más corruptos de América y del mundo, aunque no en los últimos escalones como quedó en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial de septiembre pasado.
El país aparece entre los que a juicio de la prestigiosa institución tienen niveles “rampantes” de corrupción, mayor al de 117 de los 176 países evaluados a nivel mundial. Entre 32 de América comparte con Ecuador la nota de 32 puntos en un escalafón de 100, lo que en la nomenclatura escolar dominicana equivale a quemadura absoluta.
Sólo seis de los países americanos incluidos en la evaluación registran un mayor índice de corrupción. Haití y Venezuela son los peores con nota de 19, seguidos por Paraguay, Honduras, Guyana y Nicaragua, que obtienen puntuación de 25, 28 y 29. Canadá, con 84 puntos y Estados Unidos con 73 encabezan la transparencia en el continente, seguidos de Chile, Uruguay, Puerto Rico, Costa Rica y Cuba, que registran entre 72 y 48 puntos. A nivel mundial los países mejor evaluados son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia, que alcanzan 90 puntos. Canadá tiene la mayor puntuación entre los americanos, con 84.
El Indice de TI data de 1995, pero este año tiene nueva metodología, por lo que no se pueden establecer comparaciones con los años anteriores. Refleja cómo son vistos los países en términos de transparencia por el mundo de los negocios, académicos y organismos internacionales.
Aunque en esta evaluación la República Dominicana resulta quemada, aparece relativamente mejor que en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial publicado en septiembre pasado, donde ocupó el escalón 144 tanto en despilfarro del gasto gubernamental como en favoritismo de los funcionarios públicos, y el 142 en desvío de los fondos públicos, entre 144 países evaluados.
Criminalidad y corrupción
El índice de TI, como también el del Foro Económico Mundial, marca una correlación entre criminalidad y corrupción, tanto a nivel universal como en América. Las naciones donde hay menor corrupción son a la vez las de menores niveles de criminalidad. A nivel internacional Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia, en América Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Costa Rica, encabezan tanto la transparencia como la seguridad ciudadana.
En cambio Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala y México, que encabezan la corrupción en ambos índices, tienen a su vez las más altas tasas de criminalidad del continente, aunque hay excepciones como El Salvador y Jamaica, cuya criminalidad es alta pero tienen más control de la corrupción.
Los profesionales de la conducta y los cientistas sociales suelen sustentar la correlación entre corrupción y criminalidad, mayor cuando las instituciones son débiles, ineficientes o parte de la corrupción misma y en consecuencia predomina la impunidad, que se convierte en el mejor caldo de cultivo de la criminalidad.
Si el sistema político y los funcionarios estatales están permeados por la malversación y la corrupción, sobre todo cuando es visible y no conlleva responsabilidad, en los demás estamentos sociales se relaja el concepto de la ley y de la honestidad, generalizándose y normalizándose la apropiación de lo ajeno y colectivo.
Esa apropiación se manifiesta de forma diferente en relación a la posición que ocupan los delincuentes en la sociedad. Los altos ejecutivos públicos y privados no tienen que apelar a las armas ni a la violencia física para acumular riquezas de forma ilegítima. En la base de la sociedad, los individuos tienden a utilizar la violencia a menudo para la simple subsistencia o para la acumulación en actividades ilegítimas como el narcotráfico.
El efecto demostración
Desde los años sesenta los teóricos de la comunicación abundaron sobre el efecto demostración de la riqueza a través de la televisión y los impresos en los sectores depauperados. Ello cobra mayor vigencia cuando se trata de la riqueza mal habida y acelerada que exhiben los funcionarios y dirigentes políticos. Es tanto que en países donde se ha disparado la delincuencia, los grupos de altos ingresos tienden a ocultar los llamados “signos exteriores de riqueza” para reducir sus riesgos.
El aliento a la delincuencia se produce también de forma directa a través de los choferes, vigilantes, guardaespaldas, empleados domésticos, mensajeros, mozos y otros trabajadores cuando contactan directamente el derroche en que viven sectores privilegiados, sobre todo cuando se dan cuenta de que no ha sido fruto del trabajo, sino de la corrupción. Afecta especialmente a los llamados “ninis”, los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que no tienen mayores razones para respetar las reglas de una sociedad que no les da oportunidades de alcanzar un nivel de vida digno y que permite o auspicia la concentración de los bienes por vía de la apropiación de lo colectivo.
El mismo efecto se reproduce entres militares y policías que en el caso dominicano reciben salarios de hambre que los inducen a “buscárselas” como puedan, incluso asociándose a la delincuencia común, para sostener a sus familias. Los que se deslumbran con las riquezas fáciles obtenidas por los funcionarios y políticos con los que están en contacto, dan el salto a actividades más lucrativas como el narcotráfico.
Estudiosos como la antropóloga Tahíra Vargas sostienen que la asociación de fuerzas policiales son la delincuencia ha alcanzado tasas tan altas que implican una total restructuración de las fuerzas policiales para hacer frente a la creciente criminalidad, cuyos niveles reales no se miden más allá de los homicidios, porque la desconfianza en la policía determina que muchos de los asaltos, robos y violaciones no se denuncien. El país apareció también en el último escalón del índice del Foro Económico Mundial en el renglón confianza en la institución policial entre 144 países.
La ejecución como respuesta
En estos días como cada vez que la delincuencia comete una barbaridad como el atentado que ha dejado en agonía visual a la joven ingeniera Francina Hungría, cobra vigor la pretensión de que el problema se resuelve con ejecuciones sumarias de delincuentes o endurecimiento de las penas, como si la máxima de 30 años fuera poca.
Esta semana se llegó al extremo de que en una sesión oficial, varios diputados dieron recomendaciones al Jefe de la Policía Nacional sobre la forma de eliminar delincuentes y hubo alguno que hasta le recriminó por haber capturado vivo a uno de los asaltantes de la joven Hungría, lo que dejó en evidencia el primitivismo con que se pretende controlar la delincuencia.
La ejecución sumaria, en supuestos “intercambios de disparos”, se generalizó en las últimas dos décadas. En 1999 hubo alarma cuando se llegó a contar 250 muertos a manos de la policía, en el 2001 descendieron a 171, pero ya para el 2005 fueron 437 y 455 en el 2008, según estadísticas de la Procuraduría General. Luego han oscilado entre 200 y 300, promediando sobre 250 por año, lo que totalizaría más de tres mil, pero en vez de contener la delincuencia y la inseguridad estas han aumentado.
Esa política policial ha barbarizado la sociedad dominicana cobrando centenares de vidas de inocentes, por ejemplo la del padre José Antonio Tineo en 1999, la jovencita Arlene Pérez, asesinada un disparo policial en el 2004 la noche en que su novio la dejaba en su casa de Arroyo Hondo, el comerciante y pastor evangélico de Jarabacoa Manuel Adalberto Jiménez, y los cinco choferes asesinados por una patrulla en el parque Mirador del Sur el 30 de diciembre del 2012.
Inversión para la seguridad
En más o menos medida todos los gobiernos han auspiciado el primitivo método de la ejecución sumaria como forma de enfrentar la delincuencia, contribuyendo a una institución policial al margen de la ley, donde no han faltado quienes han degenerado al sicariato. Todos han planteado, ahora también, una reforma policial que ha quedado en papeles o en la superficialidad
Ni siquiera han podido abordar el problema fundamental de unos sueldos que no incentivan la función policial y la honestidad y que no atraen a miles que quisieran un empleo decoroso. La tabla anexa muestra los irrisorios niveles de salarios de la PN, que no se diferencian de los de las Fuerzas Armadas y de la Dirección de Control de Drogas.
Con 32 mil 947 miembros 52 generales, a octubre pasado, el jefe de la PN ganaba 74 mil pesos, los coronales de 20 a 21 mil, los tenientes de 11 a 12 mil, sargentos de 7 a 9 mil y cabos y rasos apenas sobre 6 mil pesos mensuales. La primera inversión tendría que ser en salarios, pero eso parece difícil de entender en una sociedad donde abunda la hipocresía y la ficción.
Análisis Noticiosos
Una posible amnistía tiene en vilo a los presos políticos venezolanos tras la salida del poder de Maduro
Cúcuta / Caracas .-Las últimas 72 horas han sido electrizantes para el mundo entero, especialmente para todos los venezolanos. Pero hay unos que han vivido aún con más intensidad el desarrollo de los acontecimientos desde que un comando de fuerzas especiales detuviera la madrugada del sábado a Nicolás Maduro en Caracas y se lo llevara a Nueva York, donde va a ser procesado ante un tribunal. Los familiares de los presos políticos, e incluso ellos mismos desde la celda, se encuentran esperanzados de que la nueva situación política sirva para conseguir su liberación.
Una amnistía general vuelve a tomar fuerza en este contexto. La sensación es que las cosas no van a volver a ser como apenas hace unos días, cuando el derrocado presidente de Venezuela se encontraba al mando. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, asegura que su administración se encuentra a “cargo” del país, sin que haya quedado claro de qué forma se traducirá eso en la operatividad del Estado. Por lo pronto, Delcy Rodríguez, la antigua vicepresidente y alguien de la máxima confianza de Maduro, ha juramentado este lunes como presidenta interina.
La situación resulta confusa, pero a la vez esperanzadora. A estas horas se realizan gestiones al más alto nivel para tratar de poner este tema encima de la mesa. Se suceden llamadas de presidentes, ministros, exmandatarios, personas con influencia, según as fuentes consultadas. Las familias de los presos también a su vez contactan con estos para agilizar los trámites. Por un momento, ven que se ha abierto una ventana de oportunidad. El primero en alzar la voz, a las pocas horas de la caída de Maduro, fue Edmundo González, el candidato que, según los observadores electorales y organismos internacionales, ganó las últimas elecciones presidenciales, las de julio de 2024. “La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución”, dijo Edmundo.
Una de las presas más conocidas es Rocío San Miguel, una prestigiosa analista experta en el ejército bolivariano. Fue detenida en febrero de 2024 acusada de formar parte de un plan para asesinar a Maduro -las organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de una acusación falsa-. “Sí, estamos muy esperanzados”, dice al otro lado del teléfono Mini Díaz Paruta, su cuñada. “Esperamos que pronto sea liberada. Todo es un poco confuso, pero creemos que es un buen momento para que ocurra”. La misma ilusión cunde en el entorno de Enrique Márquez, un opositor venezolano, candidato a las presidenciales de julio de 2024, que fue apresado tras negarse a reconocer la victoria en las urnas de Maduro. Con cautela, esperan que este tema tan sensible, en el que suele imperar la discreción, pase a un primer plano con la nueva situación.
Las ONG de derechos humanos contabilizan cerca de 1.000 presos políticos y han exigido la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos como un gesto primario para iniciar una transición política. También se ha pedido garantizar la libertad plena de más de 9.000 personas que todavía enfrentan procesos judiciales policiales. Aunque Hugo Chávez tuvo presos políticos, como el comisario Iván Simonovis —exiliado luego de escapar del arresto domiciliario— o la jueza Lourdes Afiuni, los calabozos venezolanos se llenaron de presos políticos en la última década, la de mayores fricciones políticas durante el Gobierno de Maduro. Las grandes oleadas de manifestaciones de 2014, 2017, 2019 y 2024 dejaron centenares de detenidos por protestar, en la más reciente están incluidos adolescentes.
Pero la persecución contra opositores se convirtió en una política represiva, para la que el chavismo más radical ha reforzado los cuerpos de inteligencia y sus formas intimidatorias como la llamada Operación Tun Tun (violentos allanamientos sin órdenes judiciales) o la detención de familiares para presionar a los verdaderos objetivos. Los últimos años, Maduro ha estado soportado por un sistema policial represivo con un aparato judicial alineado. Así ha logrado arrinconar y censurar a la sociedad civil. Los expertos de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas han documentado torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, persecución y violencia sexual en prisión, casos que también están soportados en la investigación por crímenes de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional, la primera que ocurre en un país de América Latina.
Por ello, tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos para ser juzgado por cargos de narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas, el organismo de la ONU ha señalado la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por su Gobierno. En un comunicado difundido el fin de semana advierten que si bien el largo historial de violaciones de Maduro no justifica una intervención militar por parte de Estados Unidos, la ilegalidad de la operación no disminuye su responsabilidad en esos delitos.
Entre los presos de Maduro más emblemáticos está los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda -además de San Miguel-. También figuran políticos como Nicmer Evans, vuelto a encarcelar hace unas semanas. Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa, cercanos colaboradores de María Corina Machado, se encuentran apresados junto a los más de 130 de sus militantes de esa formación. También está el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares, apresado a principios de 2025 y condenado a 30 años sin haber recibido visita de sus familias ni asistencia de sus abogados. También 174 son militares, que son una huella de las fisuras en la Fuerza Armada Nacional que ha tenido que contener el chavismo estos años.
La ONG Justicia Encuentro y Perdón ha señalado que ante la coyuntura actual, “que podría abrir paso a un proceso de transición en Venezuela”, un punto de partida para redemocratización del país sería la liberación plena de todas las personas presas por motivos políticos, civiles y militares. Los bombardeos de Estados Unidos del fin de semana tomaron a varias familias de detenidos a la espera de un centenar de excarcelaciones que se concedieron en Navidad y fin de año.
El chavismo ha usado estas medidas de gracia como válvulas para liberar presión. Los defensores lo han llamado “la puerta giratoria”: salen unos, pero siempre entran otros. En las últimas semanas, ha rechazado la selectividad con la que se conceden, siempre a media noche, por goteo y en total incertidumbre para sus familiares.
Desde Provea, una de las ONG con más trayectoria en defensa de derechos humanos en Venezuela, que ha pedido garantías para Nicolás Maduro y Cilia Flores y han condenado los ataques de Estados Unidos, también han señalado que “la única hoja de ruta legítima para superar más de una década de violaciones masivas de derechos humanos y el estrangulamiento de la institucionalidad” debe enmarcarse en un Estado democrático que garantice la vigencia de la justicia. “Un paso importante es proceder a la liberación de los más de 900 presos políticos y garantizar libertad plena a quienes están sometidos a regímenes de presentación”.
elpaos.com
Madrid.-Cuando Blanca Frías conoció a un hombre en una aplicación de citas en 2014 no se imaginaba que aquel encuentro acabaría en una relación marcada por la manipulación emocional. Él le dedicaba palabras bonitas y afecto, mientras se ganaba su confianza con un objetivo claro: conseguir su dinero y desaparecer. Ella tardó cuatro años en ponerle nombre a lo que le había pasado porque entonces nadie hablaba de “estafas del amor”. Consciente de la existencia de otras víctimas, en 2023 utilizó su experiencia para crear la Asociación Nacional Contra la Estafa con Manipulación Emocional (ANCEME). Desde ahí acompaña a 300 mujeres y hombres que lidian con el silencio por “la vergüenza” y el “juicio social” que rodea a este tipo de engaños.
Las aplicaciones de citas, redes sociales y grupos de inversión en plataformas de mensajería se han convertido en terreno fértil para los timadores financieros. Desde la pandemia “ha aumentado mucho” su uso, explican fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El supervisor emitió recientemente una advertencia sobre estas estafas tras detectar más consultas de ciudadanos preocupados. “Es un fenómeno del que también nos han informado supervisores de otros países”.
Las cifras aportan una medida de la dimensión del problema. El año pasado se incoaron 22.614 procedimientos por estafas online, lo que supone un 83,43% del total de causas por cualquier clase de ciberdelito, según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado. El informe llama la atención sobre los fraudes de inversión en monedas virtuales dada su proliferación y “la complejidad que puede entrañar el seguimiento de las operaciones y la identificación de sus autores”. Para dificultar el rastreo, suelen invitar a las víctimas a trasladar las conversaciones de redes sociales a aplicaciones de mensajería encriptada.
La CNMV traza un patrón: “Buscan personas solas”, ya sean hombres o mujeres, “sin muchas relaciones sociales y que pasen tiempo conectadas”, aunque “cualquiera puede ser el objetivo” ya que no existe un perfil único. “Este tipo de estafas no atacan a la inteligencia”, sino a la vulnerabilidad emocional, recalca Frías, cuya formación como economista no la inmunizó frente a su timador. “Hablamos de personas con la mente secuestrada”. En ocasiones han pasado por una separación, un suceso traumático tras enviudar o se enfrentan a la soledad no deseada. Por eso, es necesario que dejen de ser “señaladas y revictimizadas”.
A la hora de actuar, los timadores también se valen de los sesgos cognitivos. Son “atajos mentales que usamos para simplificar decisiones complejas”, como “dar más peso a historias de gente que se hizo rica que a la estadística real, seguir lo que hacen otros sin evaluar riesgos o creer que yo controlo más de lo que realmente sé”, explica Francisco Rodríguez, director de Estudios Financieros de Funcas. El centro de análisis publicó este año una estadística que muestra “el papel crucial” de la educación financiera en la decisión de invertir en monedas digitales. Las personas con alta confianza en sus habilidades, pero con conocimientos reales limitados, tienen un 75,3% más de probabilidad de hacerlo, pudiendo asumir riesgos que no comprenden.
Para hacer frente a este problema, la educación financiera es clave, considera Blanca Narváez, directora general de Fundación Mutualidad. Según varios informes del Observatorio del Ahorro del que forma parte, los hogares españoles presentan un “déficit importante de conocimientos financieros”, tanto en lo que se refiere a conceptos básicos como la inflación o los tipos de interés, como sobre los productos de inversión. Por eso, llama los poderes públicos a “impulsar estos contenidos desde edades tempranas”.
La desregulación en el mundo de los criptoactivos, unida a la falta de alfabetización financiera y de herramientas de los supervisores para actuar sirvieron de catalizador para un cambio regulatorio que entró en vigor hace ahora justo un año: el reglamento MiCA. La Fiscalía señala que ya “está contribuyendo a mejorar las posibilidades de investigación” de los fraudes de inversión. La norma obliga a cualquier empresa o plataforma que preste servicios relacionados con criptoactivos en la Unión Europea a tener “una autorización previa de la CNMV”. También “impone el deber de identificación de los clientes, el registro de las operaciones y el establecimiento de mecanismos de supervisión”, explica la abogada Cristina Sánchez, asociada de Regulación Financiera de Garrigues.
Por eso, antes de invertir en una plataforma recomendada por cualquiera, es importante “verificar” si la misma está autorizada por la CNMV, aconseja el abogado Enrique Nieto, socio de Mercado de Valores de Uría Menéndez. Y ello porque MiCA “no prevé mecanismos específicos de recuperación del dinero en caso de estafa en plataformas no autorizadas”. La víctima deberá acudir a la vía judicial, donde no es fácil obtener reparación a la comisión del delito. En este escenario en el que la manipulación emocional y el fraude financiero convergen, la mejor defensa es una ciudadanía informada y consciente de los riesgos.
Criminales organizados o solos
La Guardia Civil ha destapado el funcionamiento de organizaciones criminales por golpes como la operación Fake James, llevada a cabo este año. Las redes que actúan en España pueden hacerlo también en otros países de Europa o África. La estructura se reparte tareas: unos captan a las víctimas, otros devuelven el dinero estafado al circuito legal. No hay datos oficiales sobre el dinero que se mueve, aunque la operación mencionada es ilustrativa: 21 detenidos por la estafa de 1,5 millones a 70 personas. Individualmente, los agentes detuvieron en abril a una persona en León por un fraude de 350.000 euros.
elpais.com
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Años de investigación de una reserva para salvar al loro carirrojo de la extinción
Tras varios años sin avistamientos, se volvió a registrar la presencia de esta especie en peligro de extinción en la recién creada reserva Ridgely, al sur del país andino
La primera expedición fue en 2022. Visitaron casa por casa en un pueblo de la provincia austral de Loja, al sur del Ecuador. Los científicos cargaban un par de fotografías en busca de un loro con brillantes manchas rojas alrededor del pico. “Preguntamos a los habitantes si lo habían visto”, cuenta Patricio Mena, coordinador de especies de la Fundación Jocotoco. Por aquella época había registros de poco más de 20 ejemplares en la zona. “Muchos respondieron que no, sobre todo los más jóvenes”. Pero, mientras avanzaban por el camino, los habitantes mayores de Selva Alegre confirmaron haber visto y hasta escuchado al ave. “Una persona nos dijo: ‘Sí, ese periquito suele estar ahí”, mientras señalaba un parche de árboles. Aquella pista encendió la esperanza de proteger al loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops), tanto así que, tres años después, en marzo de este año, crearon la reserva Ridgely, en el mismo Loja, para cuidar a esta especie, cuya población no supera los 2.400 individuos en el mundo.
Tras aquella primera expedición de 2022, emprendieron nuevos recorridos por las montañas y cordilleras cercanas en busca de más ejemplares. Ornitólogos, observadores de aves y personas de la zona trabajaron para confirmar que Selva Alegre era el lugar indicado para cuidar al loro. Es una especie neotropical muy rara, que habita únicamente en los bosques montanos nublados del sur de Ecuador y el norte de Perú. En los últimos años, su población ha disminuido de manera preocupante. Ha sido catalogado como una especie en peligro de extinción por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que es muy sensible a las alteraciones en su hábitat. Estudios recientes advierten que su población está experimentando declives rápidos, en gran parte por la pérdida de su entorno.
Recuperar su hábitat
La reserva Ridgely es hoy prácticamente una isla de árboles nativos a más de 2.500 metros de altura. A su alrededor, predominan extensas hectáreas de pino —una especie introducida hace más de un siglo en Ecuador, y que ha desplazado a los árboles y plantas originarias. A esto, se suman actividades ganaderas y agrícolas, que han reducido aún más el hogar del loro, explica David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco, convirtiendo a la reserva en un sitio clave para la vida de las aves.
José Espinoza es el centinela del loro. Una mochila, unos binoculares y un teléfono son sus herramientas para contabilizarlos y proteger su hábitat. Espinoza fue uno de los primeros en lograr fotografiar al loro carirrojo, pocos meses después de la creación de la reserva. Todos los días patrullaba y abría camino en medio de la maleza. “Trataba de buscarlos y no los encontraba. Ya habían pasado más de dos meses”, dice este joven de 26 años mientras camina por los alrededores de la reserva.
En uno de sus patrullajes, en abril de este año, mientras recorría los senderos, llevaba un parlante que reproducía el canto del loro. “Cuando dejó de sonar, respondieron con el mismo sonido”, relata. Apenas los escuchó, alzó la mirada hacia las copas de los árboles y encontró un grupo de diez ejemplares entre las ramas. “Se quedaron varios minutos perchados, logré tomarles fotos. Estaba muy feliz porque rara vez se los logra ver”, cuenta ilusionado.
El siguiente paso es identificar si anidan o se desplazan en busca de comida en esta zona, explica Leovigildo Cabrera, administrador de las reservas del programa Chocó– Tumbes, una zona que combina las selvas tropicales del Chocó con los bosques secos de Tumbes, entre Ecuador y Perú, y de la que forma parte la reserva Ridgely. “Hay que entender cómo es su comportamiento, sus movimientos” y “para eso son necesarios los recorridos de monitoreo”, agrega. Hay que realizar largas horas de caminatas desde el amanecer, a las seis de la mañana, hasta entrada la tarde. Una tarea que exige paciencia, dedicación y constancia.
Pero el loro carirrojo no es único habitante de estos bosques. A más de 3.600 metros de altura, donde los pajonales y la vegetación de páramo domina el paisaje, vive el colibrí garganta azul (Lampornis clemenciae), en la reserva Cerro de Arcos que, junto con Ridgely, forman un corredor ecológico. “Las especies que habitan esta larga y delgada cordillera son muy móviles”, menciona Parra. Y, añade, estos ecosistemas “se comportan como islas porque guardan a especies únicas”.
Los vigilantes del colibrí son Ángel Macas y Norberto Ordóñez, dedicados a monitorear los nidos de esta especie única. En la aplicación de su celular llevan un registro exacto de cuántos colibríes habitan en la reserva. “Incluso identificamos los nidos con código y placas para diferenciarlos”, comenta Macas. Los recorridos los realizan en solitario por lo sensibles que pueden ser las aves. Pero su trabajo no se termina ahí, también participan en la reforestación con plantas nativas, como la chuquiragua, una especie de arbusto andino, que es el principal alimento del colibrí de garganta azul.
La meta de la nueva reserva Ridgely es aumentar su extensión. “Actualmente, tiene alrededor de 200 hectáreas y en el futuro se espera duplicar el área para crear un hábitat más grande que permita incrementar la población del loro carrirojo”, cuenta Mena. Proteger al loro crea un efecto paraguas: “Al conservar estos bosques, donde habita el loro, protegemos a muchas otras especies. La reserva empieza desde los 2.800 hasta los 3.500 metros, llegando casi el páramo. Al cuidar este ecosistema, preservamos fuentes hídricas y garantizamos la supervivencia de osos y aves, como el tucán andino, las pavas de monte, los colibríes o las ranas”, zanja el investigador.
La historia detrás del loro carirrojo y del colibrí garganta azul en Selva Alegre es también la de las personas que dedican su vida a protegerlos en medio de una región del Ecuador que está cada vez más amenazada por el impacto del cambio climático, además de la nueva presión que ha puesto en jaque a las áreas protegidas del país andino: la minería ilegal. La creación y expansión de la reserva Ridgely no solo busca salvar a una especie, sino preservar un bosque entero, sus ríos, su páramo y la increíble diversidad que habita en este ecosistema único.
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