Análisis Noticiosos
Corrupción e impunidad alientan la delincuencia
Por Juan Bolívar Díaz
Con nota de 32 puntos sobre 100, la República Dominicana vuelve a quemarse en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Los niveles de corrupción e impunidad que se registran en el país son un aliento permanente a la delincuencia en los jóvenes excluidos de las oportunidades de una vida digna pero también en los organismos llamados a combatirla como la Policía Nacional, la dirección de Control de Drogas y las Fuerzas Armadas.
La República Dominicana volvió a quemarse en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) publicado esta semana con una nota de 32 sobre 100, compartiendo con Ecuador el séptimo escalón más bajo entre 32 países americanos y en la posición 118 entre 176 de todos los continentes.
Con rampante corrupción
El Indice de Percepción de la Corrupción de TI entregado por Participación Ciudadana, que es su capítulo nacional, ratificó al país entre los más corruptos de América y del mundo, aunque no en los últimos escalones como quedó en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial de septiembre pasado.
El país aparece entre los que a juicio de la prestigiosa institución tienen niveles “rampantes” de corrupción, mayor al de 117 de los 176 países evaluados a nivel mundial. Entre 32 de América comparte con Ecuador la nota de 32 puntos en un escalafón de 100, lo que en la nomenclatura escolar dominicana equivale a quemadura absoluta.
Sólo seis de los países americanos incluidos en la evaluación registran un mayor índice de corrupción. Haití y Venezuela son los peores con nota de 19, seguidos por Paraguay, Honduras, Guyana y Nicaragua, que obtienen puntuación de 25, 28 y 29. Canadá, con 84 puntos y Estados Unidos con 73 encabezan la transparencia en el continente, seguidos de Chile, Uruguay, Puerto Rico, Costa Rica y Cuba, que registran entre 72 y 48 puntos. A nivel mundial los países mejor evaluados son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia, que alcanzan 90 puntos. Canadá tiene la mayor puntuación entre los americanos, con 84.
El Indice de TI data de 1995, pero este año tiene nueva metodología, por lo que no se pueden establecer comparaciones con los años anteriores. Refleja cómo son vistos los países en términos de transparencia por el mundo de los negocios, académicos y organismos internacionales.
Aunque en esta evaluación la República Dominicana resulta quemada, aparece relativamente mejor que en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial publicado en septiembre pasado, donde ocupó el escalón 144 tanto en despilfarro del gasto gubernamental como en favoritismo de los funcionarios públicos, y el 142 en desvío de los fondos públicos, entre 144 países evaluados.
Criminalidad y corrupción
El índice de TI, como también el del Foro Económico Mundial, marca una correlación entre criminalidad y corrupción, tanto a nivel universal como en América. Las naciones donde hay menor corrupción son a la vez las de menores niveles de criminalidad. A nivel internacional Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia, en América Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Costa Rica, encabezan tanto la transparencia como la seguridad ciudadana.
En cambio Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala y México, que encabezan la corrupción en ambos índices, tienen a su vez las más altas tasas de criminalidad del continente, aunque hay excepciones como El Salvador y Jamaica, cuya criminalidad es alta pero tienen más control de la corrupción.
Los profesionales de la conducta y los cientistas sociales suelen sustentar la correlación entre corrupción y criminalidad, mayor cuando las instituciones son débiles, ineficientes o parte de la corrupción misma y en consecuencia predomina la impunidad, que se convierte en el mejor caldo de cultivo de la criminalidad.
Si el sistema político y los funcionarios estatales están permeados por la malversación y la corrupción, sobre todo cuando es visible y no conlleva responsabilidad, en los demás estamentos sociales se relaja el concepto de la ley y de la honestidad, generalizándose y normalizándose la apropiación de lo ajeno y colectivo.
Esa apropiación se manifiesta de forma diferente en relación a la posición que ocupan los delincuentes en la sociedad. Los altos ejecutivos públicos y privados no tienen que apelar a las armas ni a la violencia física para acumular riquezas de forma ilegítima. En la base de la sociedad, los individuos tienden a utilizar la violencia a menudo para la simple subsistencia o para la acumulación en actividades ilegítimas como el narcotráfico.
El efecto demostración
Desde los años sesenta los teóricos de la comunicación abundaron sobre el efecto demostración de la riqueza a través de la televisión y los impresos en los sectores depauperados. Ello cobra mayor vigencia cuando se trata de la riqueza mal habida y acelerada que exhiben los funcionarios y dirigentes políticos. Es tanto que en países donde se ha disparado la delincuencia, los grupos de altos ingresos tienden a ocultar los llamados “signos exteriores de riqueza” para reducir sus riesgos.
El aliento a la delincuencia se produce también de forma directa a través de los choferes, vigilantes, guardaespaldas, empleados domésticos, mensajeros, mozos y otros trabajadores cuando contactan directamente el derroche en que viven sectores privilegiados, sobre todo cuando se dan cuenta de que no ha sido fruto del trabajo, sino de la corrupción. Afecta especialmente a los llamados “ninis”, los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que no tienen mayores razones para respetar las reglas de una sociedad que no les da oportunidades de alcanzar un nivel de vida digno y que permite o auspicia la concentración de los bienes por vía de la apropiación de lo colectivo.
El mismo efecto se reproduce entres militares y policías que en el caso dominicano reciben salarios de hambre que los inducen a “buscárselas” como puedan, incluso asociándose a la delincuencia común, para sostener a sus familias. Los que se deslumbran con las riquezas fáciles obtenidas por los funcionarios y políticos con los que están en contacto, dan el salto a actividades más lucrativas como el narcotráfico.
Estudiosos como la antropóloga Tahíra Vargas sostienen que la asociación de fuerzas policiales son la delincuencia ha alcanzado tasas tan altas que implican una total restructuración de las fuerzas policiales para hacer frente a la creciente criminalidad, cuyos niveles reales no se miden más allá de los homicidios, porque la desconfianza en la policía determina que muchos de los asaltos, robos y violaciones no se denuncien. El país apareció también en el último escalón del índice del Foro Económico Mundial en el renglón confianza en la institución policial entre 144 países.
La ejecución como respuesta
En estos días como cada vez que la delincuencia comete una barbaridad como el atentado que ha dejado en agonía visual a la joven ingeniera Francina Hungría, cobra vigor la pretensión de que el problema se resuelve con ejecuciones sumarias de delincuentes o endurecimiento de las penas, como si la máxima de 30 años fuera poca.
Esta semana se llegó al extremo de que en una sesión oficial, varios diputados dieron recomendaciones al Jefe de la Policía Nacional sobre la forma de eliminar delincuentes y hubo alguno que hasta le recriminó por haber capturado vivo a uno de los asaltantes de la joven Hungría, lo que dejó en evidencia el primitivismo con que se pretende controlar la delincuencia.
La ejecución sumaria, en supuestos “intercambios de disparos”, se generalizó en las últimas dos décadas. En 1999 hubo alarma cuando se llegó a contar 250 muertos a manos de la policía, en el 2001 descendieron a 171, pero ya para el 2005 fueron 437 y 455 en el 2008, según estadísticas de la Procuraduría General. Luego han oscilado entre 200 y 300, promediando sobre 250 por año, lo que totalizaría más de tres mil, pero en vez de contener la delincuencia y la inseguridad estas han aumentado.
Esa política policial ha barbarizado la sociedad dominicana cobrando centenares de vidas de inocentes, por ejemplo la del padre José Antonio Tineo en 1999, la jovencita Arlene Pérez, asesinada un disparo policial en el 2004 la noche en que su novio la dejaba en su casa de Arroyo Hondo, el comerciante y pastor evangélico de Jarabacoa Manuel Adalberto Jiménez, y los cinco choferes asesinados por una patrulla en el parque Mirador del Sur el 30 de diciembre del 2012.
Inversión para la seguridad
En más o menos medida todos los gobiernos han auspiciado el primitivo método de la ejecución sumaria como forma de enfrentar la delincuencia, contribuyendo a una institución policial al margen de la ley, donde no han faltado quienes han degenerado al sicariato. Todos han planteado, ahora también, una reforma policial que ha quedado en papeles o en la superficialidad
Ni siquiera han podido abordar el problema fundamental de unos sueldos que no incentivan la función policial y la honestidad y que no atraen a miles que quisieran un empleo decoroso. La tabla anexa muestra los irrisorios niveles de salarios de la PN, que no se diferencian de los de las Fuerzas Armadas y de la Dirección de Control de Drogas.
Con 32 mil 947 miembros 52 generales, a octubre pasado, el jefe de la PN ganaba 74 mil pesos, los coronales de 20 a 21 mil, los tenientes de 11 a 12 mil, sargentos de 7 a 9 mil y cabos y rasos apenas sobre 6 mil pesos mensuales. La primera inversión tendría que ser en salarios, pero eso parece difícil de entender en una sociedad donde abunda la hipocresía y la ficción.
Caracas.- Norellys Marrero dejó un ejemplar del libro Vida, de Paulo Coelho, en la mesa de noche de su hija Liz el día antes de abandonar Los Ángeles. Viajaba de vuelta a Venezuela luego de vivir tres años con ella y esperar la respuesta de una solicitud de asilo que le fue negada. “Te lo dejo aquí para que nunca te olvides de que, pase lo que pase, uno nunca puede perder la esperanza de vivir hasta el final”, le dijo. Dos meses después, Norellys murió junto a su otra hija y su nuero en La Guaira, durante el doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela.
Pero, a diferencia de otras historias, Liz vivió la tragedia por videollamada. Estaba a punto de ir a dar clases a la academia de baile donde trabaja desde hace 11 años cuando su mejor amigo —que también es artista y vive en Turquía— la llamó para decirle que había habido un terremoto catastrófico y que llamara a su familia. “Aparecieron todos, excepto mi núcleo familiar. Y ahí, cuando yo veo que todo el mundo contesta, que todo el mundo escribe y no escucho a los míos y llamo, llamo, llamo… ahí yo, automáticamente, ya sabía”, dice Liz.
La bailarina contactó desde Los Ángeles a motorizados en La Guaira para que fueran a ver el estado del edificio; también a su canosa tía Maribel, que perdió carro y casa pero se fue a participar en las labores de rescate, e incluso le mostraron las manos del cadáver de su hermana para que las reconociera. “¿Pero para qué iba a reconocer unas manos? Quería ver el cuerpo completo de mi hermana, que apareció debajo de su esposo. Yo creo que ellos quedaron vivos y con la fuerza que les quedaba empujaron a su hijo para que pudiera salir, porque los encontraron impulsando los brazos hacia arriba y Samuel estaba encima de ellos”, describe Liz.
Sus sobrinos sobrevivieron. Sebastián, de 16 años, estaba en la playa de Macuto celebrando la fiesta de San Juan y vio cómo todo se desplomaba a su paso. Samuel, de 11, quedó atrapado junto a su familia, y un turista lo rescató 24 horas después tras ver cómo su cabeza sobresalía entre los escombros. Ahora Samuel tiene cuatro fracturas y una parálisis facial. “Está en el hospital, todavía muy delicado. No habla, no puede mover la cara, tiene que hacer terapia de lenguaje, terapia ocupacional, y lo atienden entre fisioterapeutas, neurocirujanos e intensivistas. Lo acompaña una enfermera las 24 horas, y no se le puede dar de alta porque, cuando lo intentaron, convulsionó”, explica Liz.
Fue ella quien organizó cómo decirle a su otro sobrino que sus padres habían muerto. De nuevo, por videollamada: “Contacté a un psiquiatra y fue mi sobrino con toda la familia a su consultorio. El abuelo le dio a Sebastián la noticia y ese fue el momento más difícil de mi vida: ver a Sebastián tirándose al piso y gritando, a través de la pantalla. Porque ese dolor también lo tengo yo, yo también perdí a mi mamá en el mismo momento que él”, recuerda Liz.
Desde entonces, sus sobrinos están bajo la custodia de su abuelo paterno, mientras Liz ha organizado una campaña en GoFundMe a beneficio de su futuro como beisbolistas profesionales, carrera de la que sueña ser manager. “Gracias a la danza he reunido más de 70 mil dólares en un mes. Ya tengo 13 ciudades confirmadas donde se van a hacer talleres de danza para donar a los niños. También en la ciudad hacen un festival que se llama Next Fest LA y, gracias a las redes, vieron lo que estoy haciendo y me llamaron para patrocinar un escenario a beneficio de mi familia”, explica.
Los vecinos al rescate de supervivientes
El caso de Crismar Chacín es similar. Su vida transcurre en Los Ángeles desde 2021, cuando consiguió una beca para The American Academy of Dramatic Arts. Desde entonces, no ha vuelto a La Guaira. Su papá se suicidó hace cuatro años, cuando ya Crismar vivía en el extranjero, y su hermano Cristian, de 19 años, murió atrapado en uno de los edificios que se derrumbó en Los Corales el día del terremoto.
“Hija, hubo un terremoto”, le dijo su mamá a través de una llamada mientras Crismar estaba en una biblioteca. “La primera persona que me contó fue mi mamá, que estaba en Caribe y me llamó para decirme que todo se había venido abajo. La llamada duró menos de cinco minutos y sentí que se estaba acabando el mundo. La escuché cuando logró llegar al edificio, gritar por Cristian y que no respondiera”, recuerda.
Al edificio no llegaron rescatistas hasta el día siguiente y, en ese momento, estaban priorizando el rescate solamente donde se escuchara vida: “Eran vecinos a mano limpia tratando de salvar gente. Mi tío se lanzó una travesía desde Catia La Mar hacia Los Corales porque la policía había dado la orden de que no se metieran a los edificios, y mi tío dijo que él sí iba a meterse. Así encontraron a Cristian y a otros vecinos el viernes 26 de junio”, explica.
Crismar estaba con su mamá en la llamada cuando identificaron a su hermano. “A pesar de estar en la distancia, algo me dijo que intentara llamarla a ver si entraba la señal, y fue justo en el momento en el que lo identificaron por su tatuaje”, dice. Sin embargo, ahí no lo pudieron extraer y tuvieron que echarle cal al cuerpo para preservarlo. “El piso tres quedó en planta baja y todo el peso del edificio estaba encima de nuestros familiares. Así que no fue posible sacarlos sin la ayuda correcta, que llegó cuatro días después gracias a los topos mexicanos”, explica.
Por eso Liz destaca el sentido de comunidad que ha vivido gracias a este momento: “Pasó lo peor en La Guaira, y la única razón por la que mis sobrinos están vivos es porque en ese momento había comunidad. El único que te puede salvar cuando no hay luz, no hay agua, no hay internet, es el que te quiere”, dice.
Crismar enfrenta una larga espera por la legalización de su estatus en Estados Unidos, lo que le impide salir del país para estar con su mamá, que ahora se quedó sola. “Lo peor ha sido estar pegada al teléfono hablando con mi mamá y sentirme completamente inútil porque no puedo ni ir para allá ni traérmela, porque ya los venezolanos venimos con ciertas limitaciones. No es la primera pérdida que vivo lejos después de haberme ido de Venezuela, y tampoco es la primera vez que no puedo ir y abrazar inmediatamente a mi mamá”, dice.
Liz, en cambio, está esperando una residencia permanente en Estados Unidos y el trámite no le permite salir del país. “Pero olvídate. En el momento en que se resuelva lo de mi green card, que debe ser en un par de meses, estaré volando a Venezuela a ver a mis sobrinos”, dice.
Liz Marrero y Crismar Chacín son ejemplo de los nueve millones de venezolanos que emigraron masivamente entre 2014 y 2024 debido a la crisis humanitaria compleja que vive el país. Ambas están tratando de entender cómo avanzar legalmente para estar más cerca de los suyos. “Tengo que validar ante Estados Unidos y Venezuela que soy una persona trabajadora de bien, que hace impacto en la comunidad, que siempre ha sido generosa, profesional y súper exitosa. Pero es muy difícil, porque uno tiene que lidiar con sus sentimientos y, a la vez, tienes que lidiar con trámites legales y frenar un poco el corazón”, dice Liz.
Ambas se hacen preguntas que las ayuden a aliviar la pena, pero las respuestas no llegan tan fácilmente. Crismar lo resume así: “No sé por qué a los venezolanos nos está tocando esto y es un sentimiento muy específico e indescriptible el que tú estés buscando un mejor futuro y trabajando por tu familia afuera pero no puedes estar ahí cuando estas cosas pasan”. Liz, por su parte, lo deja a la fe: “¿Por qué nos pasan estas cosas? Ya yo me molesté con Dios y lo perdoné. Ahora tengo que seguir”.
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Análisis Noticiosos
La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”
El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.
España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.
Cifras en millones de euros
“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.
Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.
En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales
Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.
Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros
“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.
Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.
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Por José Cabral
Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.
El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.
Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.
Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.
Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.
Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.
Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.
La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia, no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.
Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.