Análisis Noticiosos
Corrupción e impunidad alientan la delincuencia
Por Juan Bolívar Díaz
Con nota de 32 puntos sobre 100, la República Dominicana vuelve a quemarse en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Los niveles de corrupción e impunidad que se registran en el país son un aliento permanente a la delincuencia en los jóvenes excluidos de las oportunidades de una vida digna pero también en los organismos llamados a combatirla como la Policía Nacional, la dirección de Control de Drogas y las Fuerzas Armadas.
La República Dominicana volvió a quemarse en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) publicado esta semana con una nota de 32 sobre 100, compartiendo con Ecuador el séptimo escalón más bajo entre 32 países americanos y en la posición 118 entre 176 de todos los continentes.
Con rampante corrupción
El Indice de Percepción de la Corrupción de TI entregado por Participación Ciudadana, que es su capítulo nacional, ratificó al país entre los más corruptos de América y del mundo, aunque no en los últimos escalones como quedó en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial de septiembre pasado.
El país aparece entre los que a juicio de la prestigiosa institución tienen niveles “rampantes” de corrupción, mayor al de 117 de los 176 países evaluados a nivel mundial. Entre 32 de América comparte con Ecuador la nota de 32 puntos en un escalafón de 100, lo que en la nomenclatura escolar dominicana equivale a quemadura absoluta.
Sólo seis de los países americanos incluidos en la evaluación registran un mayor índice de corrupción. Haití y Venezuela son los peores con nota de 19, seguidos por Paraguay, Honduras, Guyana y Nicaragua, que obtienen puntuación de 25, 28 y 29. Canadá, con 84 puntos y Estados Unidos con 73 encabezan la transparencia en el continente, seguidos de Chile, Uruguay, Puerto Rico, Costa Rica y Cuba, que registran entre 72 y 48 puntos. A nivel mundial los países mejor evaluados son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia, que alcanzan 90 puntos. Canadá tiene la mayor puntuación entre los americanos, con 84.
El Indice de TI data de 1995, pero este año tiene nueva metodología, por lo que no se pueden establecer comparaciones con los años anteriores. Refleja cómo son vistos los países en términos de transparencia por el mundo de los negocios, académicos y organismos internacionales.
Aunque en esta evaluación la República Dominicana resulta quemada, aparece relativamente mejor que en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial publicado en septiembre pasado, donde ocupó el escalón 144 tanto en despilfarro del gasto gubernamental como en favoritismo de los funcionarios públicos, y el 142 en desvío de los fondos públicos, entre 144 países evaluados.
Criminalidad y corrupción
El índice de TI, como también el del Foro Económico Mundial, marca una correlación entre criminalidad y corrupción, tanto a nivel universal como en América. Las naciones donde hay menor corrupción son a la vez las de menores niveles de criminalidad. A nivel internacional Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia, en América Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Costa Rica, encabezan tanto la transparencia como la seguridad ciudadana.
En cambio Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala y México, que encabezan la corrupción en ambos índices, tienen a su vez las más altas tasas de criminalidad del continente, aunque hay excepciones como El Salvador y Jamaica, cuya criminalidad es alta pero tienen más control de la corrupción.
Los profesionales de la conducta y los cientistas sociales suelen sustentar la correlación entre corrupción y criminalidad, mayor cuando las instituciones son débiles, ineficientes o parte de la corrupción misma y en consecuencia predomina la impunidad, que se convierte en el mejor caldo de cultivo de la criminalidad.
Si el sistema político y los funcionarios estatales están permeados por la malversación y la corrupción, sobre todo cuando es visible y no conlleva responsabilidad, en los demás estamentos sociales se relaja el concepto de la ley y de la honestidad, generalizándose y normalizándose la apropiación de lo ajeno y colectivo.
Esa apropiación se manifiesta de forma diferente en relación a la posición que ocupan los delincuentes en la sociedad. Los altos ejecutivos públicos y privados no tienen que apelar a las armas ni a la violencia física para acumular riquezas de forma ilegítima. En la base de la sociedad, los individuos tienden a utilizar la violencia a menudo para la simple subsistencia o para la acumulación en actividades ilegítimas como el narcotráfico.
El efecto demostración
Desde los años sesenta los teóricos de la comunicación abundaron sobre el efecto demostración de la riqueza a través de la televisión y los impresos en los sectores depauperados. Ello cobra mayor vigencia cuando se trata de la riqueza mal habida y acelerada que exhiben los funcionarios y dirigentes políticos. Es tanto que en países donde se ha disparado la delincuencia, los grupos de altos ingresos tienden a ocultar los llamados “signos exteriores de riqueza” para reducir sus riesgos.
El aliento a la delincuencia se produce también de forma directa a través de los choferes, vigilantes, guardaespaldas, empleados domésticos, mensajeros, mozos y otros trabajadores cuando contactan directamente el derroche en que viven sectores privilegiados, sobre todo cuando se dan cuenta de que no ha sido fruto del trabajo, sino de la corrupción. Afecta especialmente a los llamados “ninis”, los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que no tienen mayores razones para respetar las reglas de una sociedad que no les da oportunidades de alcanzar un nivel de vida digno y que permite o auspicia la concentración de los bienes por vía de la apropiación de lo colectivo.
El mismo efecto se reproduce entres militares y policías que en el caso dominicano reciben salarios de hambre que los inducen a “buscárselas” como puedan, incluso asociándose a la delincuencia común, para sostener a sus familias. Los que se deslumbran con las riquezas fáciles obtenidas por los funcionarios y políticos con los que están en contacto, dan el salto a actividades más lucrativas como el narcotráfico.
Estudiosos como la antropóloga Tahíra Vargas sostienen que la asociación de fuerzas policiales son la delincuencia ha alcanzado tasas tan altas que implican una total restructuración de las fuerzas policiales para hacer frente a la creciente criminalidad, cuyos niveles reales no se miden más allá de los homicidios, porque la desconfianza en la policía determina que muchos de los asaltos, robos y violaciones no se denuncien. El país apareció también en el último escalón del índice del Foro Económico Mundial en el renglón confianza en la institución policial entre 144 países.
La ejecución como respuesta
En estos días como cada vez que la delincuencia comete una barbaridad como el atentado que ha dejado en agonía visual a la joven ingeniera Francina Hungría, cobra vigor la pretensión de que el problema se resuelve con ejecuciones sumarias de delincuentes o endurecimiento de las penas, como si la máxima de 30 años fuera poca.
Esta semana se llegó al extremo de que en una sesión oficial, varios diputados dieron recomendaciones al Jefe de la Policía Nacional sobre la forma de eliminar delincuentes y hubo alguno que hasta le recriminó por haber capturado vivo a uno de los asaltantes de la joven Hungría, lo que dejó en evidencia el primitivismo con que se pretende controlar la delincuencia.
La ejecución sumaria, en supuestos “intercambios de disparos”, se generalizó en las últimas dos décadas. En 1999 hubo alarma cuando se llegó a contar 250 muertos a manos de la policía, en el 2001 descendieron a 171, pero ya para el 2005 fueron 437 y 455 en el 2008, según estadísticas de la Procuraduría General. Luego han oscilado entre 200 y 300, promediando sobre 250 por año, lo que totalizaría más de tres mil, pero en vez de contener la delincuencia y la inseguridad estas han aumentado.
Esa política policial ha barbarizado la sociedad dominicana cobrando centenares de vidas de inocentes, por ejemplo la del padre José Antonio Tineo en 1999, la jovencita Arlene Pérez, asesinada un disparo policial en el 2004 la noche en que su novio la dejaba en su casa de Arroyo Hondo, el comerciante y pastor evangélico de Jarabacoa Manuel Adalberto Jiménez, y los cinco choferes asesinados por una patrulla en el parque Mirador del Sur el 30 de diciembre del 2012.
Inversión para la seguridad
En más o menos medida todos los gobiernos han auspiciado el primitivo método de la ejecución sumaria como forma de enfrentar la delincuencia, contribuyendo a una institución policial al margen de la ley, donde no han faltado quienes han degenerado al sicariato. Todos han planteado, ahora también, una reforma policial que ha quedado en papeles o en la superficialidad
Ni siquiera han podido abordar el problema fundamental de unos sueldos que no incentivan la función policial y la honestidad y que no atraen a miles que quisieran un empleo decoroso. La tabla anexa muestra los irrisorios niveles de salarios de la PN, que no se diferencian de los de las Fuerzas Armadas y de la Dirección de Control de Drogas.
Con 32 mil 947 miembros 52 generales, a octubre pasado, el jefe de la PN ganaba 74 mil pesos, los coronales de 20 a 21 mil, los tenientes de 11 a 12 mil, sargentos de 7 a 9 mil y cabos y rasos apenas sobre 6 mil pesos mensuales. La primera inversión tendría que ser en salarios, pero eso parece difícil de entender en una sociedad donde abunda la hipocresía y la ficción.
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.