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Editorial

Diferencia entre Corrupción Parcial y General

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Los países con bajo nivel de institucionalidad toleran y en consecuencia permiten que se vuelva general un mal como la corrupción que constituye una retranca para el desarrollo social, económico y político.

Esa, sin lugar a dudas, es la gran diferencia entre las naciones con un alto nivel de institucionalidad y aquella con un Estado con deficits en cuestiones tan importantes, como por ejemplo tener tolerancia con el mal uso del patrimonio público.

Los presupuestos de los países de escasos desarrollos capitalistas son destinados en un por ciento muy alto en corrupción administrativa, lo cual va en detrimento de una buena inversión en la satisfacción de necesidades sociales.

Es común escuchar de mucha gente que no tiene la menor idea de lo que dice que en los Estados Unidos hay tanta corrupción como en la República Dominicana o cualquier otro país latinoamericano, lo cual no se corresponde con la verdad, porque en la potencia del norte hay un régimen de consecuencias, no por un capricho, sino por razones socio-económicas que explican del por qué de la existencia del mismo.

Los mejores ejemplos de lo que decimos son los aparentes enjuiciamientos de personas involucradas en hechos de corrupción como son los casos Odebrecht y Súper Tucanos, pero nadie en su sano juicio puede confiar que de ahí realmente vaya a surgir una condena.

Esto así, porque en el país cuando no es una cosa es otra para justificar un régimen de impunidad que estimula los actos reñidos con el manejo honesto de los recursos del patrimonio público, dado que la clase política y empresarial han hecho como una especie de sociedad para depredar el Estado, todo como consecuencia de la carencia de la conciencia social necesaria para entender que la tolerancia con lo mal hecho es como amolar cuchillos para su propia garganta.

Ese comportamiento es la principal razón para que a la corta o a la larga el país explote por las cuatro esquinas, lo cual no ha ocurrido porque el pueblo también adolece de la conciencia social necesaria para reclamar por los medios pacíficos y democráticos sus derechos y sobre todo el manejo transparente de los dineros del erario nacional.

Sin embargo, cuando se evalúa la comisión de cualquier acto de corrupción en una nación altamente desarrollada como los Estados Unidos, las consecuencias son otras porque las distintas instancias están educadas para entender que eso no debe pasar jamás, en virtud de que pone en peligro la propia estabilidad de un sistema que privilegia a los que tienen mucho.

Tómese de ejemplo, el enjuiciamiento del senador Robert Meléndez, quien se arriesgó no sólo de ser expulsado del cargo, sino también a terminar en la cárcel por un hecho que ni remotamente se parece al cometido por legisladores y otros personajes de la política vernácula dominicana.

Mientras en los Estados Unidos procesan y casi seguro condenan un senador por una irregularidad que entra más que nada en el campo ético, en la República Dominicana se excluye de un expediente a un legislador de igual categoría con un peor comportamiento en lo que respecta a un robo multimillonario en dólares en contra del Estado.

Todo esto nos dice que estamos frente a dos sistemas de justicia totalmente diferentes, porque en uno se siente la conciencia social y en consecuencia su eficiencia, mientras que en el otro se puede palpar lo contrario, donde incluso se premia y se promueve lo mal hecho, cuya explicación está en su desarrollo social y económico, lo cual ha permitido que el problema se haya generalizado y sus protagonistas aparezcan en todos los escenarios, públicos y privados.

De manera, que la corrupción es un verdadero peligro para la democracia, sobre todo cuando la misma es estimulada por la impunidad, mientras que este problema se combate con eficiencia en aquellas sociedades donde se entiende que ese flagelo genera desconfianza, inestabilidad política y social y principalmente pobreza relativa y extrema.

No es lo mismo hablar de corrupción generalizada, que es la que ocurre en un país como la República Dominicana, que la que se produce de manera parcial o individual en una nación altamente desarrollada como los Estados Unidos, la cual está sustentada en idóneas y poderosas herramientas para combatirla.

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Editorial

El impacto del triunfo de Donald Trump.

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Aunque ciertamente las elecciones de los Estados Unidos no constituyen un asunto de fondo, porque ya lo ha dicho este periódico, porque ambos candidatos representan prácticamente lo mismo en política exterior, aunque sí hay una cierta diferencia en asuntos internos como la inmigración.

Sin embargo, hay que ser realista y reconocer que no es lo mismo Trump que Harris, porque el primero tiene una posición ultraconservadora y de maltrato a los que provienen en los Estados Unidos de naciones pobres y subdesarrolladas.

Y eso visto desde los intereses de la región implica mucho, porque no hay quién se atreva a decir que la inmigración no ha sido una válvula de escape de la crisis eterna de las naciones del tercer mundo, máxime en sus economías que se manejan en medio de grandes déficits fiscales y deudas, cuya principal tabla de salvación es precisamente la remesa que procede de su gente en el exterior.

Entonces, a partir de cómo impactan las elecciones estos temas, tiene una importancia capital las elecciones que tuvieron lugar el pasado martes en los Estados Unidos y donde resultó elector Donald Trump.

Buscar eliminar la inmigración de la gente de Latinoamérica hacia los Estados Unidos representa una fórmula de agudizar sus crisis, incluida la política.

Pero además el hecho de que Trump haya sido el elegido en los comicios de la nación más poderosa del mundo indica que muchos antivalores serán asimilados por los políticos que están bajo su órbita, lo cual indica que  la mala conducta y corrupción es una opción mucho más viable en Latinoamérica.

De manera, con las elecciones recién concluidas en la nación mas poderosa del mundo también estaba echada  la suerte de los países latinoamericanos.

Ahora no queda duda de la preferencia del ciudadano estadounidense , cuya validación de una conducta supuestamente reprochable por el sistema norteamericano ha sido confirmada, lo que mucho gente no quería y en consecuencia la misma puede ser reproducida por todo aquel actor político que no cree en otra cosa que en eso, sobre todo en las naciones que están bajo su influencia.

Sin embargo, hay que decir que la decisión tomada por el votante en las pasadas elecciones es legitima en atención a sus derechos ciudadanos, pero la misma deja un mal sabor para el que propugna y aboga por verdaderos cambios.

De manera, que nadie ponga en tela de juicio la cuestión, que el voto en favor de Trump  tiene un impacto en la vida y el futuro de las familias de los inmigrantes que viven en los Estados Unidos y de los países de donde son originarios, porque el triunfo de este político podría implicar dañar la vida de los que venden sus fuerzas de trabajo en la unión americana y de la necesaria institucionalidad de las naciones de donde provienen.

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Editorial

El dilema de la violación y la defensa de la Constitución de la República.

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El Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no pegan una, actúan como si no tuvieran la menor idea de lo que quieren y de sus metas.

Buscan combatir la corrupción, pero al propio tiempo la promueven, cuyo mejor ejemplo de ese comportamiento es que ahora andan de las manos de los corruptos que hace poco fueron acusados de incurrir en este flagelo.

Porque la verdad es que Abinader y el PRM no tienen ninguna diferencia con el PLD, la Fuerza del Pueblo y otras crápulas de la política vernácula.

Puede asegurarse que la diferencia sólo tiene que ver con el nombre de los actores, tal vez el color de la piel u otros detalles de poca trascendencia, porque en el fondo tienen el mismo comportamiento ante el patrimonio público.

Aunque de alguna manera se cuidan de no exhibir su doble moral, pero su conducta los traiciona, como ocurre ahora que hablan de derechos constitucionales, pero los violan cuando entienden que deben hacerlo.

Hace prácticamente horas que en un acto solemne proclaman una nueva Constitución, pero luego viene la violación  de los derechos más sagrados del ser humano, el de la intimidad, el honor y el buen nombre.

La desfachatez es tan grande que a los pocos días repiten los mismos errores, aunque con una poderosa razón para incurrir en los mismos, como es la torpeza,  lo cual, incluso, va en contra de lo que proclaman, porque es que no saben diferenciar una cosa de otra.

Lo grave de todo esto es que Luis Abinader y el PRM con su comportamiento legitiman a una oposición que no tiene derecho hablar, porque es igual  que los que hoy ocupan el gobierno.

De manera, que los que buscan llegar al poder a través de sus críticas al Gobierno sólo tienen como consigna “quítate tú pa ponerme yo y nada más, pero lo propio hacen los que ahora están arriba y que luego se ven abajo.

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Editorial

La deuda pública, un arma de doble filo.

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El presidente Luis Abinader ha hecho un gobierno dependiente casi totalmente del endeudamiento público, cuya falta de planificación estratégica lo convierte en una víctima de esta peligrosa vía.

Su desenfrenada política de endeudamiento es una forma de irse por lo más fácil, siempre a partir de los ejemplos de países de la zona que también se apoyan en una opción que si no hay calidad del gasto sumerge la nación en una situación insostenible.

De acuerdo a economistas nacionales que se manejan al margen del partidarismo político, consideran que ya el país tiene comprometido de sus ingresos alrededor de un 72 o 74 por ciento.

Es decir, es una situación de coger más préstamos para cumplir con los ya asumidos, lo cual crea un circulo vicioso en la economía que conlleva grandes sacrificios para los dominicanos.

Ahora mismo el país se encamina a un endeudamiento público, tanto interno como externo, realmente insostenible, pero el peligro no para porque el Poder Ejecutivo sigue con un reforzamiento irracional de esa vía.

El Congreso Nacional no para de aprobar préstamos, lo cual ya ha preocupado hasta a los propios legisladores oficialistas, cuyo último en pronunciarse fue Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.

Evidentemente que no se miden las consecuencias de un endeudamiento público insostenible, máxime sin una reforma fiscal integral y que sea más progresiva que regresiva.

Parece que el Gobierno ha armado su propia trampa, la cual no luce que pueda ser superada, porque la escogencia de la vía más fácil del endeudamiento que procurar aumentar la producción nacional y en consecuencia mejorar los niveles de  las exportaciones el país se inclina por lo más peligroso.

El dominicano es bueno que entienda que así como resultada de peligroso un gobierno corrupto, igual ocurre cuando el mismo también es incapaz, porque es un riesgo doble, porque si bien una cosa es mala la otra todavía es peor.

Ojos pelaos.

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