Editorial
Diferencia entre Corrupción Parcial y General
Los países con bajo nivel de institucionalidad toleran y en consecuencia permiten que se vuelva general un mal como la corrupción que constituye una retranca para el desarrollo social, económico y político.
Esa, sin lugar a dudas, es la gran diferencia entre las naciones con un alto nivel de institucionalidad y aquella con un Estado con deficits en cuestiones tan importantes, como por ejemplo tener tolerancia con el mal uso del patrimonio público.
Los presupuestos de los países de escasos desarrollos capitalistas son destinados en un por ciento muy alto en corrupción administrativa, lo cual va en detrimento de una buena inversión en la satisfacción de necesidades sociales.
Es común escuchar de mucha gente que no tiene la menor idea de lo que dice que en los Estados Unidos hay tanta corrupción como en la República Dominicana o cualquier otro país latinoamericano, lo cual no se corresponde con la verdad, porque en la potencia del norte hay un régimen de consecuencias, no por un capricho, sino por razones socio-económicas que explican del por qué de la existencia del mismo.
Los mejores ejemplos de lo que decimos son los aparentes enjuiciamientos de personas involucradas en hechos de corrupción como son los casos Odebrecht y Súper Tucanos, pero nadie en su sano juicio puede confiar que de ahí realmente vaya a surgir una condena.
Esto así, porque en el país cuando no es una cosa es otra para justificar un régimen de impunidad que estimula los actos reñidos con el manejo honesto de los recursos del patrimonio público, dado que la clase política y empresarial han hecho como una especie de sociedad para depredar el Estado, todo como consecuencia de la carencia de la conciencia social necesaria para entender que la tolerancia con lo mal hecho es como amolar cuchillos para su propia garganta.
Ese comportamiento es la principal razón para que a la corta o a la larga el país explote por las cuatro esquinas, lo cual no ha ocurrido porque el pueblo también adolece de la conciencia social necesaria para reclamar por los medios pacíficos y democráticos sus derechos y sobre todo el manejo transparente de los dineros del erario nacional.
Sin embargo, cuando se evalúa la comisión de cualquier acto de corrupción en una nación altamente desarrollada como los Estados Unidos, las consecuencias son otras porque las distintas instancias están educadas para entender que eso no debe pasar jamás, en virtud de que pone en peligro la propia estabilidad de un sistema que privilegia a los que tienen mucho.
Tómese de ejemplo, el enjuiciamiento del senador Robert Meléndez, quien se arriesgó no sólo de ser expulsado del cargo, sino también a terminar en la cárcel por un hecho que ni remotamente se parece al cometido por legisladores y otros personajes de la política vernácula dominicana.
Mientras en los Estados Unidos procesan y casi seguro condenan un senador por una irregularidad que entra más que nada en el campo ético, en la República Dominicana se excluye de un expediente a un legislador de igual categoría con un peor comportamiento en lo que respecta a un robo multimillonario en dólares en contra del Estado.
Todo esto nos dice que estamos frente a dos sistemas de justicia totalmente diferentes, porque en uno se siente la conciencia social y en consecuencia su eficiencia, mientras que en el otro se puede palpar lo contrario, donde incluso se premia y se promueve lo mal hecho, cuya explicación está en su desarrollo social y económico, lo cual ha permitido que el problema se haya generalizado y sus protagonistas aparezcan en todos los escenarios, públicos y privados.
De manera, que la corrupción es un verdadero peligro para la democracia, sobre todo cuando la misma es estimulada por la impunidad, mientras que este problema se combate con eficiencia en aquellas sociedades donde se entiende que ese flagelo genera desconfianza, inestabilidad política y social y principalmente pobreza relativa y extrema.
No es lo mismo hablar de corrupción generalizada, que es la que ocurre en un país como la República Dominicana, que la que se produce de manera parcial o individual en una nación altamente desarrollada como los Estados Unidos, la cual está sustentada en idóneas y poderosas herramientas para combatirla.
El año 2026 ha entrado con el surgimiento de grandes desafíos y amenazas que sólo el tiempo puede indicar con certeza su curso.
Lo ocurrido en Venezuela, si bien muchos lo ven como positiva la sacada del poder de Nicolás Maduro, lo cierto es que ha sido una especie de antesala que ha cambiado la regla del juego de los imperios con las naciones sometidas a su dominio o neocoloniales.
Es un cuadro que pone al mundo a caminar sin reglas claras fundamentadas en derechos, lo que explica que la administración Trump vaya en contra de lo poco o de lo mucho logrado a través del derecho público internacional.
Pero ese panorama sólo puede ser detenido con la movilización del propio concierto de naciones de la comunidad internacional para evitar que en el mundo prevalezca el caos en el se impone el más grande sobre el más pequeño.
De cualquier modo la lección que deja la conducta avasallante del imperio en el mundo es de que el mundo multipolar parece ser una historia de ciencia ficción, ya que ante el proceder incontrolable de la administración Trump nadie dice esta boca es mía, ni siquiera Rusia y China que son las más llamadas a hacerlo para preservar un equilibrio que garantice las paz en el mundo.
Por ahora EE.UU actúa a sus anchas mediante amenazas y creación de tensiones universales sin que aparezca algún mecanismo que lo detenga.
La estrategia de la administración Trump es acabar con la credibilidad de todos los organismos internacionales que podrían servir para la contención de acciones ilegales y de ese modo evitar que nadie que cuestione su proceder a los fines de evitar la preservación del derecho internacional y de ese modo trastornar la convivencia pacífica entre los pueblos.
Sin embargo, no parece tan fácil que la administración Trump logre su fin, aunque naturalmente el desenlace va depender de cómo lo interpreten los demás Estados, sobre todo aquellos que no negocian ni con la muerte su soberanía, autodeterminación e independencia nacionales.
Estos desafíos y retos representan el aspecto más peligroso y preocupante del año que apenas se inicia.
El problema está planteado y en consecuencia si el miedo se sobreponerse a la vergüenza, la razón y la dignidad de los pueblos del mundo, entonces se podrán producir resultados muy lamentables.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.