Editorial
Diferencia entre Corrupción Parcial y General
Los países con bajo nivel de institucionalidad toleran y en consecuencia permiten que se vuelva general un mal como la corrupción que constituye una retranca para el desarrollo social, económico y político.
Esa, sin lugar a dudas, es la gran diferencia entre las naciones con un alto nivel de institucionalidad y aquella con un Estado con deficits en cuestiones tan importantes, como por ejemplo tener tolerancia con el mal uso del patrimonio público.
Los presupuestos de los países de escasos desarrollos capitalistas son destinados en un por ciento muy alto en corrupción administrativa, lo cual va en detrimento de una buena inversión en la satisfacción de necesidades sociales.
Es común escuchar de mucha gente que no tiene la menor idea de lo que dice que en los Estados Unidos hay tanta corrupción como en la República Dominicana o cualquier otro país latinoamericano, lo cual no se corresponde con la verdad, porque en la potencia del norte hay un régimen de consecuencias, no por un capricho, sino por razones socio-económicas que explican del por qué de la existencia del mismo.
Los mejores ejemplos de lo que decimos son los aparentes enjuiciamientos de personas involucradas en hechos de corrupción como son los casos Odebrecht y Súper Tucanos, pero nadie en su sano juicio puede confiar que de ahí realmente vaya a surgir una condena.
Esto así, porque en el país cuando no es una cosa es otra para justificar un régimen de impunidad que estimula los actos reñidos con el manejo honesto de los recursos del patrimonio público, dado que la clase política y empresarial han hecho como una especie de sociedad para depredar el Estado, todo como consecuencia de la carencia de la conciencia social necesaria para entender que la tolerancia con lo mal hecho es como amolar cuchillos para su propia garganta.
Ese comportamiento es la principal razón para que a la corta o a la larga el país explote por las cuatro esquinas, lo cual no ha ocurrido porque el pueblo también adolece de la conciencia social necesaria para reclamar por los medios pacíficos y democráticos sus derechos y sobre todo el manejo transparente de los dineros del erario nacional.
Sin embargo, cuando se evalúa la comisión de cualquier acto de corrupción en una nación altamente desarrollada como los Estados Unidos, las consecuencias son otras porque las distintas instancias están educadas para entender que eso no debe pasar jamás, en virtud de que pone en peligro la propia estabilidad de un sistema que privilegia a los que tienen mucho.
Tómese de ejemplo, el enjuiciamiento del senador Robert Meléndez, quien se arriesgó no sólo de ser expulsado del cargo, sino también a terminar en la cárcel por un hecho que ni remotamente se parece al cometido por legisladores y otros personajes de la política vernácula dominicana.
Mientras en los Estados Unidos procesan y casi seguro condenan un senador por una irregularidad que entra más que nada en el campo ético, en la República Dominicana se excluye de un expediente a un legislador de igual categoría con un peor comportamiento en lo que respecta a un robo multimillonario en dólares en contra del Estado.
Todo esto nos dice que estamos frente a dos sistemas de justicia totalmente diferentes, porque en uno se siente la conciencia social y en consecuencia su eficiencia, mientras que en el otro se puede palpar lo contrario, donde incluso se premia y se promueve lo mal hecho, cuya explicación está en su desarrollo social y económico, lo cual ha permitido que el problema se haya generalizado y sus protagonistas aparezcan en todos los escenarios, públicos y privados.
De manera, que la corrupción es un verdadero peligro para la democracia, sobre todo cuando la misma es estimulada por la impunidad, mientras que este problema se combate con eficiencia en aquellas sociedades donde se entiende que ese flagelo genera desconfianza, inestabilidad política y social y principalmente pobreza relativa y extrema.
No es lo mismo hablar de corrupción generalizada, que es la que ocurre en un país como la República Dominicana, que la que se produce de manera parcial o individual en una nación altamente desarrollada como los Estados Unidos, la cual está sustentada en idóneas y poderosas herramientas para combatirla.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, que no forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.