Editorial
Diferencia entre Corrupción Parcial y General
Los países con bajo nivel de institucionalidad toleran y en consecuencia permiten que se vuelva general un mal como la corrupción que constituye una retranca para el desarrollo social, económico y político.
Esa, sin lugar a dudas, es la gran diferencia entre las naciones con un alto nivel de institucionalidad y aquella con un Estado con deficits en cuestiones tan importantes, como por ejemplo tener tolerancia con el mal uso del patrimonio público.
Los presupuestos de los países de escasos desarrollos capitalistas son destinados en un por ciento muy alto en corrupción administrativa, lo cual va en detrimento de una buena inversión en la satisfacción de necesidades sociales.
Es común escuchar de mucha gente que no tiene la menor idea de lo que dice que en los Estados Unidos hay tanta corrupción como en la República Dominicana o cualquier otro país latinoamericano, lo cual no se corresponde con la verdad, porque en la potencia del norte hay un régimen de consecuencias, no por un capricho, sino por razones socio-económicas que explican del por qué de la existencia del mismo.
Los mejores ejemplos de lo que decimos son los aparentes enjuiciamientos de personas involucradas en hechos de corrupción como son los casos Odebrecht y Súper Tucanos, pero nadie en su sano juicio puede confiar que de ahí realmente vaya a surgir una condena.
Esto así, porque en el país cuando no es una cosa es otra para justificar un régimen de impunidad que estimula los actos reñidos con el manejo honesto de los recursos del patrimonio público, dado que la clase política y empresarial han hecho como una especie de sociedad para depredar el Estado, todo como consecuencia de la carencia de la conciencia social necesaria para entender que la tolerancia con lo mal hecho es como amolar cuchillos para su propia garganta.
Ese comportamiento es la principal razón para que a la corta o a la larga el país explote por las cuatro esquinas, lo cual no ha ocurrido porque el pueblo también adolece de la conciencia social necesaria para reclamar por los medios pacíficos y democráticos sus derechos y sobre todo el manejo transparente de los dineros del erario nacional.
Sin embargo, cuando se evalúa la comisión de cualquier acto de corrupción en una nación altamente desarrollada como los Estados Unidos, las consecuencias son otras porque las distintas instancias están educadas para entender que eso no debe pasar jamás, en virtud de que pone en peligro la propia estabilidad de un sistema que privilegia a los que tienen mucho.
Tómese de ejemplo, el enjuiciamiento del senador Robert Meléndez, quien se arriesgó no sólo de ser expulsado del cargo, sino también a terminar en la cárcel por un hecho que ni remotamente se parece al cometido por legisladores y otros personajes de la política vernácula dominicana.
Mientras en los Estados Unidos procesan y casi seguro condenan un senador por una irregularidad que entra más que nada en el campo ético, en la República Dominicana se excluye de un expediente a un legislador de igual categoría con un peor comportamiento en lo que respecta a un robo multimillonario en dólares en contra del Estado.
Todo esto nos dice que estamos frente a dos sistemas de justicia totalmente diferentes, porque en uno se siente la conciencia social y en consecuencia su eficiencia, mientras que en el otro se puede palpar lo contrario, donde incluso se premia y se promueve lo mal hecho, cuya explicación está en su desarrollo social y económico, lo cual ha permitido que el problema se haya generalizado y sus protagonistas aparezcan en todos los escenarios, públicos y privados.
De manera, que la corrupción es un verdadero peligro para la democracia, sobre todo cuando la misma es estimulada por la impunidad, mientras que este problema se combate con eficiencia en aquellas sociedades donde se entiende que ese flagelo genera desconfianza, inestabilidad política y social y principalmente pobreza relativa y extrema.
No es lo mismo hablar de corrupción generalizada, que es la que ocurre en un país como la República Dominicana, que la que se produce de manera parcial o individual en una nación altamente desarrollada como los Estados Unidos, la cual está sustentada en idóneas y poderosas herramientas para combatirla.
En todo el mundo la televisión digital y los medios de comunicación en general han pasado a jugar, aun con sus falencias, un rol protagónico en los procesos democráticos que viven los pueblos, porque de alguna manera las redes sociales están abiertas a todas las corrientes del pensamiento político, social y económico.
Ha sido una forma de cumplir con el sueño de que los receptores de los mensajes puedan reaccionar en contra o en favor de aquellas cosas que rechazan o comparten, es decir, que se produzca el famoso feedback.
Los medios digitales son una herramienta que rompe con la comunicación vertical para convertirla en horizontal, lo que en pocas palabras no es otra cosa que democratizar el mensaje que llega a los lectores o televidentes.
Por esta y muchas más razones tiene que ser motivo de satisfacción que muchos medios surjan para fortalecer la corriente de la democratización de la información y la comunicación, sobre todo si ello implica una mejoría de su calidad.
Todo el mundo sabe que antes del surgimiento o empoderamiento de las redes sociales los medios de comunicación tradicionales a través de las empresas periodísticas que son controladas por grupos económicos que manejan la información en función de los intereses que representan y por esa razón no se puede tener la certeza de que lo que dicen o dejan de decir obedezca a una verdad indiscutible.
La manipulación de la información no sólo tiene que ver con lo semiótico y semántico, sino también con la colocación o no de lo que ocurre, lo que ha provocado que los medios digitales hayan cambiado esa regla del juego.
De manera, que independientemente de la post verdad los medios digitales han traído más cosas buenas que malas, pero además en la medida en que lleguen propuestas en este campo que mejoren lo que no está bien, el papel de éstos será de mucho mayor importancia en favor de la sociedad.
Entonces, la llegada de los medios pertenecientes al Grupo Nacional Azul responde al propósito de sacarle el mayor provecho a la era digital y para que los medios de comunicación sean un instrumento para la mejoría de la democracia, ya que la República Dominicana atraviesa por un momento de una profunda crisis de credibilidad, lo cual ha dejado como consecuencia una falta de legitimidad, lo que desde cualquier perspectiva que se vea es una especie de bomba de tiempo.
Los dominicanos de aquí y los de allá, es decir, los que viven en el territorio nacional y los que están fuera del país pueden tener la seguridad de que seguiremos haciendo un periodismo que promueva el Estado Social Democrático de Derecho, exactamente como está consignado en el artículo 7 de la Constitución de la República.
Somos enemigos de la manipulación periodística para defender y proteger los intereses de grupos económicos que no ven más allá de la ganancia que obtienen y que representan, sin que les importe el dolor que causan a la sociedad dominicana, una retranca para el logro de una verdadera democracia.
En el país hay que revertir todo aquello que vende la idea de que las cosas tienen que verse desde una visión monetaria o material, sino que los medios como los de la Fundación Grupo Nacional Azul deben velar porque no prevalezca en la información un interés personal y grupal, porque al final los más indefensos son los que pierden, como las mujeres, los niños y los envejecientes.
Los feminicidios, los embarazos en adolescentes y la corrupción pública dejan huellas inborrables en la sociedad dominicana.
La consternación que ha traído consigo el asesinato de la joven modelo y locutora Shantal Jiménez es una expresión fiel del impacto de un fenómeno que deja heridas insanables en la sociedad dominicana.
Son heridas lacerantes que nadie podrá borrar del escenario nacional, porque la irracionalidad se ha apropiado de una buena parte de los hombres que se niegan a dejar volar libremente a la mujer que busca mejores horizontes.
Estos feminicidios se producen y dejan una estela de dolor, no sólo en el seno de los seres queridos de las mujeres asesinadas, sino también de las madres de los hombres que incurren en el error de eliminar físicamente a aquellas que también muchas de ellas son las progenitoras de sus hijos.
Es un drama que parece insuperable, que deja una secuela de heridas emocionales que difícilmente puedan superar los afectados en el curso de sus vidas.
Todo ello requiere que el Estado tome las medidas pertinentes para enfrentar el mal, pese a que se entiende que el esfuerzo demanda de la inversión de muchos sacrificios para contrarrestar un flagelo que daña a toda la sociedad.
El problema se expresa cuando ocurre con niñas que se embarazan sin todavía estar preparadas para tener hijos, cuyo futuro se vuelve incierto, amén de que el fenómeno causa daños terribles, porque hay expertos que consideran que los embarazos en adolescentes es una fuente generadora de delincuencia y de otros problemas sociales.
Pero podría asumirse que todo ello, es decir los tres flagelos de que se habla en este editorial, tienen su razón de ser, máxime su aumento, en la irresponsabilidad con que los partidos políticos manejan el presupuesto general de la nación, cuyo punto 1-a es la corrupción administrativa, la cual también alimenta el mal a nivel privado, ya que arruina oportunidades de crecimiento a las niñas que pasan por el drama de engendrar un hijo a temprana edad.
No no se puede ser muy optimista con las medidas que puedan surgir desde el sector público para enfrentar estos flagelos, porque una de las cosas que alimentan estas distorsiones es precisamente la falta de planificación y la poca formación de los que tienen el control del Estado.
Nadie puede negar que como se ven las cosas, el país podría entrar en una verdadera crisis de violencia con el camino que llevan los tres flagelos escogidos por la República para intentar hacer sentir su voz de alarma al respecto.
La verdad es que la gente de buena voluntad y que realmente quiere lo mejor para el país no puede dormir tranquila con los efectos que producen los tres flagelos que se abordan en el presente editorial, los cuales tienen como agravantes la falta de planificación y el desorden que caracteriza al Estado dominicano.
Cualquiera podría preguntarse si realmente el país está preparado para elaborar una receta que vaya más allá del diagnóstico para, sino solucionar, por lo menos disminuir, el impacto destructor de los flagelos de los feminicidios, los embarazos en adolescentes y la corrupción administrativa.
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.