Editorial
Diferencia entre Corrupción Parcial y General
Los países con bajo nivel de institucionalidad toleran y en consecuencia permiten que se vuelva general un mal como la corrupción que constituye una retranca para el desarrollo social, económico y político.
Esa, sin lugar a dudas, es la gran diferencia entre las naciones con un alto nivel de institucionalidad y aquella con un Estado con deficits en cuestiones tan importantes, como por ejemplo tener tolerancia con el mal uso del patrimonio público.
Los presupuestos de los países de escasos desarrollos capitalistas son destinados en un por ciento muy alto en corrupción administrativa, lo cual va en detrimento de una buena inversión en la satisfacción de necesidades sociales.
Es común escuchar de mucha gente que no tiene la menor idea de lo que dice que en los Estados Unidos hay tanta corrupción como en la República Dominicana o cualquier otro país latinoamericano, lo cual no se corresponde con la verdad, porque en la potencia del norte hay un régimen de consecuencias, no por un capricho, sino por razones socio-económicas que explican del por qué de la existencia del mismo.
Los mejores ejemplos de lo que decimos son los aparentes enjuiciamientos de personas involucradas en hechos de corrupción como son los casos Odebrecht y Súper Tucanos, pero nadie en su sano juicio puede confiar que de ahí realmente vaya a surgir una condena.
Esto así, porque en el país cuando no es una cosa es otra para justificar un régimen de impunidad que estimula los actos reñidos con el manejo honesto de los recursos del patrimonio público, dado que la clase política y empresarial han hecho como una especie de sociedad para depredar el Estado, todo como consecuencia de la carencia de la conciencia social necesaria para entender que la tolerancia con lo mal hecho es como amolar cuchillos para su propia garganta.
Ese comportamiento es la principal razón para que a la corta o a la larga el país explote por las cuatro esquinas, lo cual no ha ocurrido porque el pueblo también adolece de la conciencia social necesaria para reclamar por los medios pacíficos y democráticos sus derechos y sobre todo el manejo transparente de los dineros del erario nacional.
Sin embargo, cuando se evalúa la comisión de cualquier acto de corrupción en una nación altamente desarrollada como los Estados Unidos, las consecuencias son otras porque las distintas instancias están educadas para entender que eso no debe pasar jamás, en virtud de que pone en peligro la propia estabilidad de un sistema que privilegia a los que tienen mucho.
Tómese de ejemplo, el enjuiciamiento del senador Robert Meléndez, quien se arriesgó no sólo de ser expulsado del cargo, sino también a terminar en la cárcel por un hecho que ni remotamente se parece al cometido por legisladores y otros personajes de la política vernácula dominicana.
Mientras en los Estados Unidos procesan y casi seguro condenan un senador por una irregularidad que entra más que nada en el campo ético, en la República Dominicana se excluye de un expediente a un legislador de igual categoría con un peor comportamiento en lo que respecta a un robo multimillonario en dólares en contra del Estado.
Todo esto nos dice que estamos frente a dos sistemas de justicia totalmente diferentes, porque en uno se siente la conciencia social y en consecuencia su eficiencia, mientras que en el otro se puede palpar lo contrario, donde incluso se premia y se promueve lo mal hecho, cuya explicación está en su desarrollo social y económico, lo cual ha permitido que el problema se haya generalizado y sus protagonistas aparezcan en todos los escenarios, públicos y privados.
De manera, que la corrupción es un verdadero peligro para la democracia, sobre todo cuando la misma es estimulada por la impunidad, mientras que este problema se combate con eficiencia en aquellas sociedades donde se entiende que ese flagelo genera desconfianza, inestabilidad política y social y principalmente pobreza relativa y extrema.
No es lo mismo hablar de corrupción generalizada, que es la que ocurre en un país como la República Dominicana, que la que se produce de manera parcial o individual en una nación altamente desarrollada como los Estados Unidos, la cual está sustentada en idóneas y poderosas herramientas para combatirla.
La influencia de la política populista y del atropello del derecho internacional por parte del presidente del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, no ha dejado dudas del poder que otorga el presidencialismo en el mundo.
El caso de los Estados Unidos de América ha puesto a prueba el poder que tiene un presidente de la República frente a los que se suponen altos de niveles de institucionalidad logrados durante siglos de luchas y largas y complejas batallas jurídicas.
No ha sido difícil Trump hacer las cosas como le venga en gana, sin que nadie, absolutamente nadie, le ponga freno, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia, lo que genera un deterioro que durante muchas décadas difícilmente se pueda reponer.
Lo más preocupante de lo que ocurre es cómo daña la democracia ese comportamiento en el resto del mundo, principalmente en los países latinoamericanos, donde hay toda una historia de gobiernos dictatoriales y de una corrupción generalizada.
Por ejemplo, que temor puede tener Luis Abinader de violar la Constitución y el orden institucional cuando tiene como carta de presentación la imitación de lo que ocurre en la potencia del norte, la cual, incluso, se ha pasado la vida supervisando la conducta de los gobiernos de todo el planeta.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que supo engañar a todo el mundo cuando quiso ascender al gobierno, pero que ahora tanto su presidente y la propia organización que sustenta la fuerza que otorga el poder público, ha dado señales claras de que es más conservadora, corrupta y anti-democrática que sus antecesores.
A este comportamiento se suma que los dirigentes de esta entidad política no tienen una agenda y una visión de futuro, sino que se ciegan y no miran más allá del escritorito de la oficina que ocupan mediante el carguito en el que fueron designados.
En el país no existe la menor duda de que Luis Abinader es una extensión de las políticas arbitrarias e ilegales de Donald Trump, cuyo peso se vuelve irresistible para una democracia débil y de papel como la dominicana.
El fenómeno tiene otro agravante y es que la gran mayoría de los que buscan mantenerse en el poder mediante figuras sin ninguna formación para dirigir el Estado, implica unos peligros que puede llevar a la República Dominicana a la conversión de otro Haití, con un Estado que sólo exista de derecho, pero no de hecho, es decir, sólo en el papel.
El otro factor que pesa mucho en el proceso de deterioro de la democracia nacional es que la distribución de publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación, convencionales y digitales, es una herramienta para contrarrestar el nivel de criticidad a las acciones antijurídicas de las actuales autoridades nacionales.
Con toda legitimidad se puede pensar que podría hacerse muy tarde para salvar a la República Dominicana de una tendencia que procura hacer pedazos el Estado de Derecho y la democracia nacional.
La muerte de un chofer de un camión recolector de basura ha dejado al descubierto una situación que debe llamar a la alarma a las autoridades nacionales, dado que más de un cincuenta por ciento de las muertes violentas en el país provienen de conflictos sociales.
La fuente principal de este problema son el tránsito vehicular y los condominios, tanto de viviendas como comerciales, entre otros hechos que se vuelven violento, cuya Ley 5038 parece no encajar con la gravedad de la cuestión de las diferencias entre los que viven y trabajan en este tipo de complejo.
Puede asegurarse que la detonante de los conflictos en los condominios podría ser mucho peor de lo que ocurre con hechos como el del chofer que murió atacado por motoristas en Santiago.
La advertencia tiene que ver con la negligencia y la incapacidad que se observa en la fiscalía, la Policía y la justicia para afrontar esta problemática, ya que hay un alto nivel de tolerancia por parte de las autoridades que deja estupefacto a cualquiera.
El problema reviste tal gravedad que los fiscales no logran ver los ilícitos penales que se cometen en los condominios y se focalizan principalmente en lo que llaman un conflicto social sin profundizar en el intríngulis o la esencia de la situación.
Este periódico advierte que lo que ocurre con los condominios podría explotar con resultados preocupantes para la sociedad, ya que hay una acumulación de tensiones, cuyos resultados podrían ser lamentables para todos.
Hay que decir que la tragedia que ahora ha ocurrido con el chofer que genera el presente editorial, representa un llamado de alarma de una sociedad donde la violencia toma rebetes muy preocupantes.
Tal vez lo más aconsejable es que la Procuraduría General de la República entrene mejor a los fiscales que bregan con este problema, porque definitivamente hay que estar a la expectativa de la detonación de un problema social de grandes magnitudes.
Otra cosa que debe ocurrir es reformar la Ley 5038 para atribuir mayor responsabilidad a los funcionarios públicos, principalmente a fiscales y policías, a los fines de evitar un gran dolor de cabeza para la sociedad dominicana.
El problema está planteado y ahora falta ver cómo se afronta lo que podría ser una gran causa de desasosiego nacional, máxime cuando el país tiene un aumento impresionante de esta forma de vivienda en todo el territorio nacional.
La muerte del chofer lleva a poner el tema de la violencia social, la vía de hecho, hacer justicia con sus propias, sobre la mesa, a los fines, sino de lograr eliminar el mal o por lo menos disminuirlo a su más mínima expresion.
La muerte del chofer del camión recolector de basura en Santiago es un llamado para encender las alarmas, ya que la agresion en su contra se produjo en el mismo entorno donde los responsables de lo que ocurre operan, como lo es el Palacio de Justicia de Santiago, donde están localizados los fiscales, una dotacion politicial y donde se conocen las audiencias civiles y penales del distrito judicial de Santiago.
En este caso se impone recurrir a la expresion que dice: «No hay bien que por mal no venga», ya que tuvo que producirse una muerte cruel en el mismo entorno de la justicia para llamar a la atencion a la sociedad sobre el grave problema de la violencia social.
Los colegios profesionales, corporaciones de derecho público de carácter autónomos, con personalidad jurídica propia, sirven de ejemplo, de que no es suficiente la creación de leyes que no funcionan o que se crean con el propósito de organizar la sociedad.
La razón de ser de este tipo de modelo institucional es mejorar sectoriamente los niveles de institucionalidad de que adolecen los países del llamado tercer mundo, aunque la figura ya es encontrada también en los países desarrollados como los Estados Unidos de América e Inglaterra.
Ello deja claro que pese a que se creen los mecanismos idóneos para combatir el mal comportamiento, porque si el país como tal no anda bien, resulta difícil, por no decir imposible, disciplinarlo y llevarlo a un estándar de vida que se corresponda con una sociedad civilizada y respetuosa de las reglas establecidas.
Es ahí donde descansa el fracaso de los colegios profesionales en el país, ya que no importa que buena y perfecta sea la ley que les da soporte, si el Estado no tiene capacidad fiscalizadora y reguladora, lo cual implica que tenga un cierto nivel de institucionalidad.
Este periódico siempre ha sostenido que el Estado impone valores o antivalores, porque tiene la fuerza para ello, pero si quienes lo manejan se inclinan por violar la ley y hacer lo mal hecho es una forma de imponer falsos valores y todo lo que se derive de él difícilmente pueda caminar derecho.
Es el caso de los colegios profesionales y ahí está la explicación de que sean una réplica de una sociedad en la que ya no existen valores, sino antivalores, por lo que todo el que los controla procura que su gestión responde más que a otra cosa a sus intereses personales.
Este cuadro y los resultados dejados hasta ahora por la figura de los colegios profesionales, permite llegar a la conclusión que el país está ante otro gran fiasco nacional, así como lo han sido los partidos políticos y las cooperativas de ahorros y préstamos, pero podrían agregarse también el Congreso Nacional y el sistema de justicia.
Pero igual afirmación se puede hacer del Ministerio Público y de todo lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo por cuyo despecho de su principal titular, el presidente de la República, es por donde entra la corrupción, la cual se expande a un amplio sector del empresario e impacta a los medios de comunicación social y luego se convierte en un cometa, porque que no se sabe dónde termina.
Esa cadena de complicidad para incurrir en lo mal hecho es lo que explica que instituciones como los colegios profesionales también estén contaminados y que sean un fiasco nacional.