Conecta con nosotros

Análisis Noticiosos

Corrupción y tráfico influencia marcan gobiernos RD

Published

on

Por Freddy Matos

Trujillo recibido como «Dios» en el Congreso

La historia reciente de República Dominicana ha estado marcada por gobiernos en los cuales familiares y allegados de los presidentes de turno han acumulado grandes riquezas y han usado el tráfico de influencia para beneficios personales, mientras la población sigue padeciendo las carencias en sus servicios básicos: educación, salud, alimentación, energía eléctrica, transporte y vivienda.

En ellos han servido de plataforma dirigentes de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), Revolucionario Dominicano (PRD), y de la Liberación Dominicana (PLD), quienes han tenido la responsabilidad y el deber histórico de hacer la diferencia de la dictadura que durante por 31 años (1930-1961), encabezó Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Al referirse a Trujillo, los conocedores del tema expresaron que fue un hombre que manejó los destinos del país como un “Señor feudal, dueño de todo lo existente en el país”, lo que buscaba justificar con la percepción de un alto nivel de patriotismo.
Trujillo era fue un gobernante muy ostentoso, quien en torno a su figura concentraba todo.
Se benefició del país, favoreció a sus familiares y allegados. Luego de su madre, Altagracia Julia Molina Chevalier (Doña Julia), a quienes más privilegió con la práctica del nepotismo fue a sus hermanos Héctor Bienvenido Trujillo (Negro), y José Arismendy Trujillo (Petán). Otras figuras que sacaron provecho con posiciones y posibilidad de negocios en la tiranía fue Virgilio Álvarez Pina –( Cucho Álvarez), Manuel Moya Alonso, Paino Pichardo, Johnny Abbes, jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), y Porfirio Rubirosa Fermín, esposo de Flor de Oro, hija mayor del autócrata.
También: Rafael Vidal Torres, secretario de la Presidencia; Elías Brache hijo, secretario de Institución Pública y Bellas Artes; Roberto Despradel, secretario de Finanzas; Jacinto Bienvenido Peynado, secretario de Interior y Policía; Rafael César Tolentino, secretario de Agricultura y Comercio, y José Manuel Jiménez, secretario de Fomentos y Obras Públicas, entre otros.
Sin embargo, quienes más se quedaron con el dinero del patrimonio público dominicano durante la era fueron sus hijos: Ramfis, Flor de Oro y Angelita, quienes de acuerdo a los biógrafos eran sus debilidades.
Dentro de los derroches que más se conocen de familiares del opresor saltan a la vista el vestido de 80 mil dólares que Angelita Trujillo vistió para la “Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre”, evento que tuvo lugar el 20 de diciembre del 1955 para celebrar los 25 años de Rafael Leónidas Trujillo en el poder. El acto costó al Estado dominicano más de 30 millones de dólares, casi un tercio del presupuesto nacional en aquel tiempo. Trujillo se adueñaba de todo y veía a la República Dominicana, básicamente, como un feudo privado, suyo, de su familia y allegados.
Joaquín Balaguer
En cuanto a los gobiernos de Joaquín Balaguer (períodos 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996), testimonios exteriorizan que aunque se caracterizó por una vida totalmente austera y sin ambición de acumulación de riquezas -contrario a Trujillo-, sus adversarios lo cuestionan por haber sido demasiado permisivo con familiares y amigos cercanos, lo cual fue caldo de cultivo para el enriquecimiento ilícito, abuso de poder y tráfico de influencia, prácticas más evidentes entre policías y militares de alto rango.
Informes indican que Balaguer manejaba su relación con familiares y la gente cercana con mucha discrecionalidad; pero, tenía como principal vulnerabilidad la relación con sus hermanas, a quienes les permitía una serie de actuaciones, para muchos irregulares, como fue el caso de Doña Emma, quien dirigió la Cruzada del Amor, una especie de fundación que ayudaba a personas de escasos recursos económicos, cuyos fondos lo recibía de quienes contribuían a su causa, los cuales a la vez se beneficiaban con el sólo hecho de que el Presidente de la República supiera que determinado nombre figurara dentro de los aportes. Estos individuos se sentían obligados a contribuir a la campaña de Balaguer, sin que éste se lo pidiera.
Se dice que un comentario en término irónico y despectivo sobre una de las hermanas de Balaguer, fue obstáculo para que el extinto líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, pudiera llegar a ser Presidente de la República. También se menciona a Polivio Díaz entre los pocos que gozaron de ciertas prerrogativas en el entorno del Doctor; incluso, el mandatario no firmaba nada sin el previo visto bueno de su íntimo amigo.
Durante sus mandatos, Balaguer hizo suya la práctica de lo que se conoce como “ración del Boa”, que consistía en -hacerse de la vista gorda-, cuando funcionarios y aliados derrochaban el erario, al punto que el mandatario llegó a decir: “La corrupción se detiene en la puerta de mi despacho”, lo cual se interpretó como que en su administración podría haber ciertos dolos; pero, él personalmente no participaba.
“Balaguer aplicó una forma artesanal de manejo de la economía y ejemplo de ello es que los titulares de carteras recaudadoras, todos los lunes, tenían que llevarle físicamente el dinero recolectado en la semana, para distribuirlo a obras, gastos sociales y ahorros.
“Era un hombre intrínseco y lo poco que exteriorizaba lo hacía con cierta malicia”, narró Alfonso Cochón, proveniente empresario de la época, quien cuenta con amplio conocimiento sobre las actuaciones de los gobiernos que ha tenido el país en su historia reciente.
Entre las acciones anormales que practicó Balaguer estuvo el incidente que se presentó en un pueblo donde inauguraba una obra y de repente un campesino se le acercó delante de todos y denunció que un general le había arrebatado unas tierras, conflicto que el Jefe de Estado resolvió compensando al campesino y dejándoselas al oficial.
Antonio Guzmán
El gobierno encabezado por Antonio Guzmán (período 1978-1982), se caracterizó por el hecho de que antes de cumplir 60 días en el poder promulgó la Ley de amnistía, poniendo en libertad a centenares de presos políticos que Balaguer había mantenido como mecanismo de represión, permitiendo el regreso de decenas de exiliados del régimen anterior.
Sin embargo, Guzmán precipitó el final de su mandato cuando 43 días antes de entregar el poder se suicidó pegándose un tiro en la cabeza en el Palacio Nacional, la madrugada del domingo 4 de julio de 1982, pasadas las 12 de la noche, supuestamente agobiado por asomos graves de corrupción, donde, de acuerdo con versiones, estaban involucradas gente de su extrema confianza.
Salvador Jorge Blanco
Jorge Blanco (gobierno 1982-1986), al concluir su mandato, el gobierno de Joaquín Balaguer lo acusó de desfalco, por lo que fue condenado a 20 años de prisión, en abril del 1987.
Dentro de las principales imputaciones que se le hicieron a Jorge Blanco estaban las compras de bienes para las Fuerzas Armadas (FF.AA), a unas empresas vinculadas a sí mismo, por valor de RD$25 millones, vendiéndoles bienes sobrevaluados a militares.
En el expediente de malversación se incluyó al entonces secretario de las FF.AA., Manuel Antonio Cuervo Gómez. En el documento figuraban 38 imputaciones penales que se le venían encima: estafa, robo, prevaricación, abuso de confianza, entre otras.
Otras de las “cargas pesadas” del gobierno de Jorge Blanco fue el caso de Leonel Almonte, quien jugaba una especie de rol de asesor económico del Poder Ejecutivo, el cual en pocos años pasó de vender enciclopedias a propietario de bancos, periódicos y cadenas de radio y televisión, bajo la protección del Presidente de la República.
Se le acusa de haber quebrado el Banco Universal, de quien era presidente, autoprestándose el 83.7% de los activos corrientes de la entidad, según informes publicados por la Superintendencia de Bancos. El banquero fue condenado a 15 años de cárcel y al pago de RD$ 90 millones de dólares a los ahorrantes por la defraudación de que fueron objeto.
En 2001 y después de 10 años de apelación, Jorge Blanco consiguió la anulación de la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Santo Domingo. En septiembre, el presidente Hipólito Mejía retiró las acusaciones en su contra, lo que se interpretó como una especie de indulto.
Hipólito Mejía
Durante el gobierno de Rafael Hipólito Mejía Domínguez (período 2000-2004), el país fue afectado por una de las peores crisis económicas en su historia, generada por la quiebra de tres de los principales bancos comerciales (Intercontinental -Baninter-, Nacional de Crédito –Bancrédito-, y el Mercantil).
Las consecuentes medidas tomadas para enfrentar esas dificultades generaron un deterioro progresivo de los indicadores económicos, que trajo como consecuencia altas tasas de inflación, devaluación de la moneda y aumento de la pobreza local a partir de 2003. Sólo el Baninter dejó al país un hoyo fiscal de alrededor de RD$55 mil millones.
Un elementó que causó grandes “ronchas” al gobierno de Mejía Domínguez fue la famosa “Pepe Card”, una tarjeta de crédito que la administración del Baninter había otorgado a la Presidencia para pagar los gastos del entonces mandatario, la cual era manejada por el coronel Pedro Goico Guerrero (Pepe), quien se desempeñaba como jefe de la Guardia Presidencial.
Un cable de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, del 16 de febrero del 2005 -publicado por Weakelead-, reveló que dentro de los gastos desproporcionados del coronel Pepe Goico con la tarjeta de Baninter, que le había suministrado Ramón Báez Figueroa, presidente de esa entidad financiera (quien guarda 10 años de prisión en la cárcel de Najayo), estaba la compra de un helicóptero a Quirino Ernesto Paulino, encarcelado en EE.UU, acusado de enviar drogas a esa nación.
Leonel Fernández
Los tres mandatos encabezados por Leonel Antonio Fernández Reyna (períodos 1996-2000; 2004-2008; 2008-2012), estuvieron “salpicados” de denuncias por malversación del dinero, privilegios, tráfico de influencia y contratos ilícitos.
De los casos más relevantes de corrupción administrativa durante el primer gobierno de Fernández fue el Programa de Empleos Mínimos Eventuales (PEME o Amansa Tigueres), dirigido por Luis Incháusti, que involucró RD$1,400 millones y donde unas 3,178 personas, alegadamente, recibían dinero mediante cédulas de identidad falsas, con el fin de mantenerse “tranquilos” y no hacer huelgas en los barrios.
El otro caso que dejó muy mal parado a Fernández fue la estafa de mediante el contrato que hizo con la empresa Sun Land, el entonces director de la Oficina Supervisora del Estado, Félix Bautista, para la construcción de varias obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que envolvió US$130 millones.
Otro escándalo fue el que generaron las denominadas “nominillas”, pago que la administración de Fernández hacía a militantes del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sin que trabajaran, mediante el cual se gastaron unos RD$18 millones al año, los cuales eran sacados del presupuesto de diferentes instituciones del Estado.
También se acusa al presidente Leonel Fernández de favorecer amigos y allegados con enriquecimiento ilícito mediante fondos del Estado. Por ejemplo: la sobrevaluación en la compra de vagones para el metro de Santo Domingo; al igual que el Proyecto Portal Electrónico Dominicano, que se ejecutó por US$13 millones, cuando técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo cotizaron en no más de US$2 millones. Nunca hubo acción judicial en ninguno de estos casos.
Similar situación sucedió con los equipos para tecnificar a la Policía Nacional, con un préstamo de US$132 millones, a ser provistos por la Sun Land. Cada computadora se cotizó en más de US$30 mil.
Abultamiento del precio de los aviones Tucanos, ocho en total, comprados por US$9.5 millones cada uno, cuando naves similares en rendimiento y eficiencia probados costaban un promedio de US$5 millones.
Asimismo, el otorgamiento de los permisos de importación en beneficio relacionados y parientes de Estanislao Pérez (mejor conocido como Danilo Pérez), asistente personal y hombre de confianza del presidente Fernández.
Sin olvidar, el escándalo de RD$2,112 millones que se pagarían por comisiones en el contrato con la empresa china Sichuan para instalar una planta de generación eléctrica. Más los escándalos del Programa para Erradicación de los Apagones (PRA), de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), y del Promypyme, cuyos incumbentes fueron destituidos y algunos llevados a la justicia.
El revuelo que causó el hinchamiento, dispendio, malversaciones y desvío de recursos cometidos durante la gestión de Héctor Rodríguez Pimentel en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Participación Ciudadana
En su libro “Veinte años de Impunidad, Investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003”, Participación Ciudadana (PC), sostiene que este flagelo en la administración pública y privada de República Dominicana es un lastre que afecta y retrasa el desarrollo de la sociedad.
Indica que ha sido uno de los factores que más ha contribuido con el creciente desprestigio de la actividad política y las funciones públicas. La determinación de los gobiernos para hacerle frente a la corrupción queda plasmada cada cuatro años en los programas que los candidatos presentan al electorado.
Precisa, finalmente, que esos programas, al llegar los líderes de los partidos y sus allegados a las funciones públicas, quedan relegados desde temprano, y al pasar la primera mitad del período son sepultados casi en forma absoluta.

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Análisis Noticiosos

Se impone torpeza de Luis Abinader

Published

on

Por José Cabral

El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.

Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.

Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.

El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.

La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.

Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.

La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.

Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.

Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.

Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.

Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.

Continue Reading

Análisis Noticiosos

«Una papa caliente» para Luis Abinader.

Published

on

Por José Cabral

No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.

No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.

Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.

La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.

Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.

Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.

No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.

El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.

De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.

Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.

Continue Reading

Análisis Noticiosos

El pantano en que está sumergida la partidocracia.

Published

on

Por José Cabral.

La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso  que dice que:  «árbol que nació torcido nadie lo endereza».

La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.

Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.

Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana,  lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.

En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.

Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.

Entonces, todo el que busca fortunas fáciles  en el país tiene dos caminos para tenerlas y son  el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan  al juego de los que tienen mayor aceptación popular,  no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público  cuando se convierte en  bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.

El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el  bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.

Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.

Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.

Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario,  porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.

Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.

Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.

Continue Reading

Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
www.larepublicaonline.com  / Email: periodico@larepublicaonline.com
Copyright © 2021 Blue National Group