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Análisis Noticiosos

Corrupción y tráfico influencia marcan gobiernos RD

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Por Freddy Matos

Trujillo recibido como «Dios» en el Congreso

La historia reciente de República Dominicana ha estado marcada por gobiernos en los cuales familiares y allegados de los presidentes de turno han acumulado grandes riquezas y han usado el tráfico de influencia para beneficios personales, mientras la población sigue padeciendo las carencias en sus servicios básicos: educación, salud, alimentación, energía eléctrica, transporte y vivienda.

En ellos han servido de plataforma dirigentes de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), Revolucionario Dominicano (PRD), y de la Liberación Dominicana (PLD), quienes han tenido la responsabilidad y el deber histórico de hacer la diferencia de la dictadura que durante por 31 años (1930-1961), encabezó Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Al referirse a Trujillo, los conocedores del tema expresaron que fue un hombre que manejó los destinos del país como un “Señor feudal, dueño de todo lo existente en el país”, lo que buscaba justificar con la percepción de un alto nivel de patriotismo.
Trujillo era fue un gobernante muy ostentoso, quien en torno a su figura concentraba todo.
Se benefició del país, favoreció a sus familiares y allegados. Luego de su madre, Altagracia Julia Molina Chevalier (Doña Julia), a quienes más privilegió con la práctica del nepotismo fue a sus hermanos Héctor Bienvenido Trujillo (Negro), y José Arismendy Trujillo (Petán). Otras figuras que sacaron provecho con posiciones y posibilidad de negocios en la tiranía fue Virgilio Álvarez Pina –( Cucho Álvarez), Manuel Moya Alonso, Paino Pichardo, Johnny Abbes, jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), y Porfirio Rubirosa Fermín, esposo de Flor de Oro, hija mayor del autócrata.
También: Rafael Vidal Torres, secretario de la Presidencia; Elías Brache hijo, secretario de Institución Pública y Bellas Artes; Roberto Despradel, secretario de Finanzas; Jacinto Bienvenido Peynado, secretario de Interior y Policía; Rafael César Tolentino, secretario de Agricultura y Comercio, y José Manuel Jiménez, secretario de Fomentos y Obras Públicas, entre otros.
Sin embargo, quienes más se quedaron con el dinero del patrimonio público dominicano durante la era fueron sus hijos: Ramfis, Flor de Oro y Angelita, quienes de acuerdo a los biógrafos eran sus debilidades.
Dentro de los derroches que más se conocen de familiares del opresor saltan a la vista el vestido de 80 mil dólares que Angelita Trujillo vistió para la “Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre”, evento que tuvo lugar el 20 de diciembre del 1955 para celebrar los 25 años de Rafael Leónidas Trujillo en el poder. El acto costó al Estado dominicano más de 30 millones de dólares, casi un tercio del presupuesto nacional en aquel tiempo. Trujillo se adueñaba de todo y veía a la República Dominicana, básicamente, como un feudo privado, suyo, de su familia y allegados.
Joaquín Balaguer
En cuanto a los gobiernos de Joaquín Balaguer (períodos 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996), testimonios exteriorizan que aunque se caracterizó por una vida totalmente austera y sin ambición de acumulación de riquezas -contrario a Trujillo-, sus adversarios lo cuestionan por haber sido demasiado permisivo con familiares y amigos cercanos, lo cual fue caldo de cultivo para el enriquecimiento ilícito, abuso de poder y tráfico de influencia, prácticas más evidentes entre policías y militares de alto rango.
Informes indican que Balaguer manejaba su relación con familiares y la gente cercana con mucha discrecionalidad; pero, tenía como principal vulnerabilidad la relación con sus hermanas, a quienes les permitía una serie de actuaciones, para muchos irregulares, como fue el caso de Doña Emma, quien dirigió la Cruzada del Amor, una especie de fundación que ayudaba a personas de escasos recursos económicos, cuyos fondos lo recibía de quienes contribuían a su causa, los cuales a la vez se beneficiaban con el sólo hecho de que el Presidente de la República supiera que determinado nombre figurara dentro de los aportes. Estos individuos se sentían obligados a contribuir a la campaña de Balaguer, sin que éste se lo pidiera.
Se dice que un comentario en término irónico y despectivo sobre una de las hermanas de Balaguer, fue obstáculo para que el extinto líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, pudiera llegar a ser Presidente de la República. También se menciona a Polivio Díaz entre los pocos que gozaron de ciertas prerrogativas en el entorno del Doctor; incluso, el mandatario no firmaba nada sin el previo visto bueno de su íntimo amigo.
Durante sus mandatos, Balaguer hizo suya la práctica de lo que se conoce como “ración del Boa”, que consistía en -hacerse de la vista gorda-, cuando funcionarios y aliados derrochaban el erario, al punto que el mandatario llegó a decir: “La corrupción se detiene en la puerta de mi despacho”, lo cual se interpretó como que en su administración podría haber ciertos dolos; pero, él personalmente no participaba.
“Balaguer aplicó una forma artesanal de manejo de la economía y ejemplo de ello es que los titulares de carteras recaudadoras, todos los lunes, tenían que llevarle físicamente el dinero recolectado en la semana, para distribuirlo a obras, gastos sociales y ahorros.
“Era un hombre intrínseco y lo poco que exteriorizaba lo hacía con cierta malicia”, narró Alfonso Cochón, proveniente empresario de la época, quien cuenta con amplio conocimiento sobre las actuaciones de los gobiernos que ha tenido el país en su historia reciente.
Entre las acciones anormales que practicó Balaguer estuvo el incidente que se presentó en un pueblo donde inauguraba una obra y de repente un campesino se le acercó delante de todos y denunció que un general le había arrebatado unas tierras, conflicto que el Jefe de Estado resolvió compensando al campesino y dejándoselas al oficial.
Antonio Guzmán
El gobierno encabezado por Antonio Guzmán (período 1978-1982), se caracterizó por el hecho de que antes de cumplir 60 días en el poder promulgó la Ley de amnistía, poniendo en libertad a centenares de presos políticos que Balaguer había mantenido como mecanismo de represión, permitiendo el regreso de decenas de exiliados del régimen anterior.
Sin embargo, Guzmán precipitó el final de su mandato cuando 43 días antes de entregar el poder se suicidó pegándose un tiro en la cabeza en el Palacio Nacional, la madrugada del domingo 4 de julio de 1982, pasadas las 12 de la noche, supuestamente agobiado por asomos graves de corrupción, donde, de acuerdo con versiones, estaban involucradas gente de su extrema confianza.
Salvador Jorge Blanco
Jorge Blanco (gobierno 1982-1986), al concluir su mandato, el gobierno de Joaquín Balaguer lo acusó de desfalco, por lo que fue condenado a 20 años de prisión, en abril del 1987.
Dentro de las principales imputaciones que se le hicieron a Jorge Blanco estaban las compras de bienes para las Fuerzas Armadas (FF.AA), a unas empresas vinculadas a sí mismo, por valor de RD$25 millones, vendiéndoles bienes sobrevaluados a militares.
En el expediente de malversación se incluyó al entonces secretario de las FF.AA., Manuel Antonio Cuervo Gómez. En el documento figuraban 38 imputaciones penales que se le venían encima: estafa, robo, prevaricación, abuso de confianza, entre otras.
Otras de las “cargas pesadas” del gobierno de Jorge Blanco fue el caso de Leonel Almonte, quien jugaba una especie de rol de asesor económico del Poder Ejecutivo, el cual en pocos años pasó de vender enciclopedias a propietario de bancos, periódicos y cadenas de radio y televisión, bajo la protección del Presidente de la República.
Se le acusa de haber quebrado el Banco Universal, de quien era presidente, autoprestándose el 83.7% de los activos corrientes de la entidad, según informes publicados por la Superintendencia de Bancos. El banquero fue condenado a 15 años de cárcel y al pago de RD$ 90 millones de dólares a los ahorrantes por la defraudación de que fueron objeto.
En 2001 y después de 10 años de apelación, Jorge Blanco consiguió la anulación de la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Santo Domingo. En septiembre, el presidente Hipólito Mejía retiró las acusaciones en su contra, lo que se interpretó como una especie de indulto.
Hipólito Mejía
Durante el gobierno de Rafael Hipólito Mejía Domínguez (período 2000-2004), el país fue afectado por una de las peores crisis económicas en su historia, generada por la quiebra de tres de los principales bancos comerciales (Intercontinental -Baninter-, Nacional de Crédito –Bancrédito-, y el Mercantil).
Las consecuentes medidas tomadas para enfrentar esas dificultades generaron un deterioro progresivo de los indicadores económicos, que trajo como consecuencia altas tasas de inflación, devaluación de la moneda y aumento de la pobreza local a partir de 2003. Sólo el Baninter dejó al país un hoyo fiscal de alrededor de RD$55 mil millones.
Un elementó que causó grandes “ronchas” al gobierno de Mejía Domínguez fue la famosa “Pepe Card”, una tarjeta de crédito que la administración del Baninter había otorgado a la Presidencia para pagar los gastos del entonces mandatario, la cual era manejada por el coronel Pedro Goico Guerrero (Pepe), quien se desempeñaba como jefe de la Guardia Presidencial.
Un cable de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, del 16 de febrero del 2005 -publicado por Weakelead-, reveló que dentro de los gastos desproporcionados del coronel Pepe Goico con la tarjeta de Baninter, que le había suministrado Ramón Báez Figueroa, presidente de esa entidad financiera (quien guarda 10 años de prisión en la cárcel de Najayo), estaba la compra de un helicóptero a Quirino Ernesto Paulino, encarcelado en EE.UU, acusado de enviar drogas a esa nación.
Leonel Fernández
Los tres mandatos encabezados por Leonel Antonio Fernández Reyna (períodos 1996-2000; 2004-2008; 2008-2012), estuvieron “salpicados” de denuncias por malversación del dinero, privilegios, tráfico de influencia y contratos ilícitos.
De los casos más relevantes de corrupción administrativa durante el primer gobierno de Fernández fue el Programa de Empleos Mínimos Eventuales (PEME o Amansa Tigueres), dirigido por Luis Incháusti, que involucró RD$1,400 millones y donde unas 3,178 personas, alegadamente, recibían dinero mediante cédulas de identidad falsas, con el fin de mantenerse “tranquilos” y no hacer huelgas en los barrios.
El otro caso que dejó muy mal parado a Fernández fue la estafa de mediante el contrato que hizo con la empresa Sun Land, el entonces director de la Oficina Supervisora del Estado, Félix Bautista, para la construcción de varias obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que envolvió US$130 millones.
Otro escándalo fue el que generaron las denominadas “nominillas”, pago que la administración de Fernández hacía a militantes del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sin que trabajaran, mediante el cual se gastaron unos RD$18 millones al año, los cuales eran sacados del presupuesto de diferentes instituciones del Estado.
También se acusa al presidente Leonel Fernández de favorecer amigos y allegados con enriquecimiento ilícito mediante fondos del Estado. Por ejemplo: la sobrevaluación en la compra de vagones para el metro de Santo Domingo; al igual que el Proyecto Portal Electrónico Dominicano, que se ejecutó por US$13 millones, cuando técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo cotizaron en no más de US$2 millones. Nunca hubo acción judicial en ninguno de estos casos.
Similar situación sucedió con los equipos para tecnificar a la Policía Nacional, con un préstamo de US$132 millones, a ser provistos por la Sun Land. Cada computadora se cotizó en más de US$30 mil.
Abultamiento del precio de los aviones Tucanos, ocho en total, comprados por US$9.5 millones cada uno, cuando naves similares en rendimiento y eficiencia probados costaban un promedio de US$5 millones.
Asimismo, el otorgamiento de los permisos de importación en beneficio relacionados y parientes de Estanislao Pérez (mejor conocido como Danilo Pérez), asistente personal y hombre de confianza del presidente Fernández.
Sin olvidar, el escándalo de RD$2,112 millones que se pagarían por comisiones en el contrato con la empresa china Sichuan para instalar una planta de generación eléctrica. Más los escándalos del Programa para Erradicación de los Apagones (PRA), de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), y del Promypyme, cuyos incumbentes fueron destituidos y algunos llevados a la justicia.
El revuelo que causó el hinchamiento, dispendio, malversaciones y desvío de recursos cometidos durante la gestión de Héctor Rodríguez Pimentel en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Participación Ciudadana
En su libro “Veinte años de Impunidad, Investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003”, Participación Ciudadana (PC), sostiene que este flagelo en la administración pública y privada de República Dominicana es un lastre que afecta y retrasa el desarrollo de la sociedad.
Indica que ha sido uno de los factores que más ha contribuido con el creciente desprestigio de la actividad política y las funciones públicas. La determinación de los gobiernos para hacerle frente a la corrupción queda plasmada cada cuatro años en los programas que los candidatos presentan al electorado.
Precisa, finalmente, que esos programas, al llegar los líderes de los partidos y sus allegados a las funciones públicas, quedan relegados desde temprano, y al pasar la primera mitad del período son sepultados casi en forma absoluta.

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Análisis Noticiosos

El mensaje equivocado de la elección presidencial en Latinoamérica.

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Por José Cabral

La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.

Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.

Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.

Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,

En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.

Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.

Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.

En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.

El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.

Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.

Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.

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Análisis Noticiosos

CARTA ABIERTA A LA CLASE POLÍTICA DOMINICANA

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Por Nelson Valdez
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.
Cuando una minoría decide en las urnas el destino de la mayoría, el sistema pierde su legitimidad moral. Una sociedad donde más de la mitad del país prefiere el silencio y la ausencia no es una sociedad apática: es una sociedad frustrada, desconectada y al borde de la ruptura. Gobernar o hacer oposición sobre la base de un electorado menguante es un espejismo de poder.
El verdadero peligro no es solo el diagnóstico de hoy —la desconfianza profunda y la falta de fe en el voto—, sino a dónde nos lleva este camino mañana: al extremismo, al colapso institucional y a la fractura irrecuperable de la paz social. Ninguna victoria electoral es sólida si se edifica sobre las ruinas de la apatía popular.
No podemos construir un país sostenible si marginamos la fuerza activa de nuestra juventud ni si mantenemos a la diáspora dominicana como una simple fuente de remesas sin voz ni participación real.
Hoy asumo el compromiso y levanto la voz de alerta para decirles que hay otra vía:
Reconciliación real con el ciudadano: Superar la división y el pragmatismo hueco para edificar un proyecto donde la mayoría vuelva a sentirse representada.
Compromisos alcanzables, no promesas vacías: Erradicar definitivamente los males estructurales que sí tienen solución mediante metas claras, medibles y sin demagogia.
Voluntad genuina de cambio: Mostrar con hechos que la política puede ser una herramienta de servicio y no de beneficio corporativo.
Para esta tarea de reencantar a nuestra juventud, de integrar a la diáspora y de devolverle la dignidad a la participación ciudadana, cuentan conmigo. Pero para que esa voz tenga eco, ustedes —oficialismo y oposición— deben demostrar que están a la altura del momento histórico.
Aún estamos a tiempo de evitar el abismo. Reconstruyamos la confianza antes de que el silencio de la mayoría se convierta en una tormenta incontrolable.

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Análisis Noticiosos

La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.

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Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.

Por la redacción

La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y  la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.

Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.

Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.

En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.

Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana

El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.

La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.

Por eso, puede existir una aparente reducción  de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.

El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.

En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.

Los robos siguen siendo parte importante del problema

Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.

En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.

Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.

Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.

La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..

El reto no es solo detener, sino prevenir

Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.

La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.

Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.

Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.

También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.

La confianza ciudadana es parte de la seguridad

Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.

Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.

La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.

Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.

Una realidad con dos caras

Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.

Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.

Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.

La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.

El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles

La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.

Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.

Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.

Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.

Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.

La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances  en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero  el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.

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