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Corrupción y tráfico influencia marcan gobiernos RD

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Por Freddy Matos

Trujillo recibido como «Dios» en el Congreso

La historia reciente de República Dominicana ha estado marcada por gobiernos en los cuales familiares y allegados de los presidentes de turno han acumulado grandes riquezas y han usado el tráfico de influencia para beneficios personales, mientras la población sigue padeciendo las carencias en sus servicios básicos: educación, salud, alimentación, energía eléctrica, transporte y vivienda.

En ellos han servido de plataforma dirigentes de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), Revolucionario Dominicano (PRD), y de la Liberación Dominicana (PLD), quienes han tenido la responsabilidad y el deber histórico de hacer la diferencia de la dictadura que durante por 31 años (1930-1961), encabezó Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Al referirse a Trujillo, los conocedores del tema expresaron que fue un hombre que manejó los destinos del país como un “Señor feudal, dueño de todo lo existente en el país”, lo que buscaba justificar con la percepción de un alto nivel de patriotismo.
Trujillo era fue un gobernante muy ostentoso, quien en torno a su figura concentraba todo.
Se benefició del país, favoreció a sus familiares y allegados. Luego de su madre, Altagracia Julia Molina Chevalier (Doña Julia), a quienes más privilegió con la práctica del nepotismo fue a sus hermanos Héctor Bienvenido Trujillo (Negro), y José Arismendy Trujillo (Petán). Otras figuras que sacaron provecho con posiciones y posibilidad de negocios en la tiranía fue Virgilio Álvarez Pina –( Cucho Álvarez), Manuel Moya Alonso, Paino Pichardo, Johnny Abbes, jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), y Porfirio Rubirosa Fermín, esposo de Flor de Oro, hija mayor del autócrata.
También: Rafael Vidal Torres, secretario de la Presidencia; Elías Brache hijo, secretario de Institución Pública y Bellas Artes; Roberto Despradel, secretario de Finanzas; Jacinto Bienvenido Peynado, secretario de Interior y Policía; Rafael César Tolentino, secretario de Agricultura y Comercio, y José Manuel Jiménez, secretario de Fomentos y Obras Públicas, entre otros.
Sin embargo, quienes más se quedaron con el dinero del patrimonio público dominicano durante la era fueron sus hijos: Ramfis, Flor de Oro y Angelita, quienes de acuerdo a los biógrafos eran sus debilidades.
Dentro de los derroches que más se conocen de familiares del opresor saltan a la vista el vestido de 80 mil dólares que Angelita Trujillo vistió para la “Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre”, evento que tuvo lugar el 20 de diciembre del 1955 para celebrar los 25 años de Rafael Leónidas Trujillo en el poder. El acto costó al Estado dominicano más de 30 millones de dólares, casi un tercio del presupuesto nacional en aquel tiempo. Trujillo se adueñaba de todo y veía a la República Dominicana, básicamente, como un feudo privado, suyo, de su familia y allegados.
Joaquín Balaguer
En cuanto a los gobiernos de Joaquín Balaguer (períodos 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996), testimonios exteriorizan que aunque se caracterizó por una vida totalmente austera y sin ambición de acumulación de riquezas -contrario a Trujillo-, sus adversarios lo cuestionan por haber sido demasiado permisivo con familiares y amigos cercanos, lo cual fue caldo de cultivo para el enriquecimiento ilícito, abuso de poder y tráfico de influencia, prácticas más evidentes entre policías y militares de alto rango.
Informes indican que Balaguer manejaba su relación con familiares y la gente cercana con mucha discrecionalidad; pero, tenía como principal vulnerabilidad la relación con sus hermanas, a quienes les permitía una serie de actuaciones, para muchos irregulares, como fue el caso de Doña Emma, quien dirigió la Cruzada del Amor, una especie de fundación que ayudaba a personas de escasos recursos económicos, cuyos fondos lo recibía de quienes contribuían a su causa, los cuales a la vez se beneficiaban con el sólo hecho de que el Presidente de la República supiera que determinado nombre figurara dentro de los aportes. Estos individuos se sentían obligados a contribuir a la campaña de Balaguer, sin que éste se lo pidiera.
Se dice que un comentario en término irónico y despectivo sobre una de las hermanas de Balaguer, fue obstáculo para que el extinto líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, pudiera llegar a ser Presidente de la República. También se menciona a Polivio Díaz entre los pocos que gozaron de ciertas prerrogativas en el entorno del Doctor; incluso, el mandatario no firmaba nada sin el previo visto bueno de su íntimo amigo.
Durante sus mandatos, Balaguer hizo suya la práctica de lo que se conoce como “ración del Boa”, que consistía en -hacerse de la vista gorda-, cuando funcionarios y aliados derrochaban el erario, al punto que el mandatario llegó a decir: “La corrupción se detiene en la puerta de mi despacho”, lo cual se interpretó como que en su administración podría haber ciertos dolos; pero, él personalmente no participaba.
“Balaguer aplicó una forma artesanal de manejo de la economía y ejemplo de ello es que los titulares de carteras recaudadoras, todos los lunes, tenían que llevarle físicamente el dinero recolectado en la semana, para distribuirlo a obras, gastos sociales y ahorros.
“Era un hombre intrínseco y lo poco que exteriorizaba lo hacía con cierta malicia”, narró Alfonso Cochón, proveniente empresario de la época, quien cuenta con amplio conocimiento sobre las actuaciones de los gobiernos que ha tenido el país en su historia reciente.
Entre las acciones anormales que practicó Balaguer estuvo el incidente que se presentó en un pueblo donde inauguraba una obra y de repente un campesino se le acercó delante de todos y denunció que un general le había arrebatado unas tierras, conflicto que el Jefe de Estado resolvió compensando al campesino y dejándoselas al oficial.
Antonio Guzmán
El gobierno encabezado por Antonio Guzmán (período 1978-1982), se caracterizó por el hecho de que antes de cumplir 60 días en el poder promulgó la Ley de amnistía, poniendo en libertad a centenares de presos políticos que Balaguer había mantenido como mecanismo de represión, permitiendo el regreso de decenas de exiliados del régimen anterior.
Sin embargo, Guzmán precipitó el final de su mandato cuando 43 días antes de entregar el poder se suicidó pegándose un tiro en la cabeza en el Palacio Nacional, la madrugada del domingo 4 de julio de 1982, pasadas las 12 de la noche, supuestamente agobiado por asomos graves de corrupción, donde, de acuerdo con versiones, estaban involucradas gente de su extrema confianza.
Salvador Jorge Blanco
Jorge Blanco (gobierno 1982-1986), al concluir su mandato, el gobierno de Joaquín Balaguer lo acusó de desfalco, por lo que fue condenado a 20 años de prisión, en abril del 1987.
Dentro de las principales imputaciones que se le hicieron a Jorge Blanco estaban las compras de bienes para las Fuerzas Armadas (FF.AA), a unas empresas vinculadas a sí mismo, por valor de RD$25 millones, vendiéndoles bienes sobrevaluados a militares.
En el expediente de malversación se incluyó al entonces secretario de las FF.AA., Manuel Antonio Cuervo Gómez. En el documento figuraban 38 imputaciones penales que se le venían encima: estafa, robo, prevaricación, abuso de confianza, entre otras.
Otras de las “cargas pesadas” del gobierno de Jorge Blanco fue el caso de Leonel Almonte, quien jugaba una especie de rol de asesor económico del Poder Ejecutivo, el cual en pocos años pasó de vender enciclopedias a propietario de bancos, periódicos y cadenas de radio y televisión, bajo la protección del Presidente de la República.
Se le acusa de haber quebrado el Banco Universal, de quien era presidente, autoprestándose el 83.7% de los activos corrientes de la entidad, según informes publicados por la Superintendencia de Bancos. El banquero fue condenado a 15 años de cárcel y al pago de RD$ 90 millones de dólares a los ahorrantes por la defraudación de que fueron objeto.
En 2001 y después de 10 años de apelación, Jorge Blanco consiguió la anulación de la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Santo Domingo. En septiembre, el presidente Hipólito Mejía retiró las acusaciones en su contra, lo que se interpretó como una especie de indulto.
Hipólito Mejía
Durante el gobierno de Rafael Hipólito Mejía Domínguez (período 2000-2004), el país fue afectado por una de las peores crisis económicas en su historia, generada por la quiebra de tres de los principales bancos comerciales (Intercontinental -Baninter-, Nacional de Crédito –Bancrédito-, y el Mercantil).
Las consecuentes medidas tomadas para enfrentar esas dificultades generaron un deterioro progresivo de los indicadores económicos, que trajo como consecuencia altas tasas de inflación, devaluación de la moneda y aumento de la pobreza local a partir de 2003. Sólo el Baninter dejó al país un hoyo fiscal de alrededor de RD$55 mil millones.
Un elementó que causó grandes “ronchas” al gobierno de Mejía Domínguez fue la famosa “Pepe Card”, una tarjeta de crédito que la administración del Baninter había otorgado a la Presidencia para pagar los gastos del entonces mandatario, la cual era manejada por el coronel Pedro Goico Guerrero (Pepe), quien se desempeñaba como jefe de la Guardia Presidencial.
Un cable de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, del 16 de febrero del 2005 -publicado por Weakelead-, reveló que dentro de los gastos desproporcionados del coronel Pepe Goico con la tarjeta de Baninter, que le había suministrado Ramón Báez Figueroa, presidente de esa entidad financiera (quien guarda 10 años de prisión en la cárcel de Najayo), estaba la compra de un helicóptero a Quirino Ernesto Paulino, encarcelado en EE.UU, acusado de enviar drogas a esa nación.
Leonel Fernández
Los tres mandatos encabezados por Leonel Antonio Fernández Reyna (períodos 1996-2000; 2004-2008; 2008-2012), estuvieron “salpicados” de denuncias por malversación del dinero, privilegios, tráfico de influencia y contratos ilícitos.
De los casos más relevantes de corrupción administrativa durante el primer gobierno de Fernández fue el Programa de Empleos Mínimos Eventuales (PEME o Amansa Tigueres), dirigido por Luis Incháusti, que involucró RD$1,400 millones y donde unas 3,178 personas, alegadamente, recibían dinero mediante cédulas de identidad falsas, con el fin de mantenerse “tranquilos” y no hacer huelgas en los barrios.
El otro caso que dejó muy mal parado a Fernández fue la estafa de mediante el contrato que hizo con la empresa Sun Land, el entonces director de la Oficina Supervisora del Estado, Félix Bautista, para la construcción de varias obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que envolvió US$130 millones.
Otro escándalo fue el que generaron las denominadas “nominillas”, pago que la administración de Fernández hacía a militantes del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sin que trabajaran, mediante el cual se gastaron unos RD$18 millones al año, los cuales eran sacados del presupuesto de diferentes instituciones del Estado.
También se acusa al presidente Leonel Fernández de favorecer amigos y allegados con enriquecimiento ilícito mediante fondos del Estado. Por ejemplo: la sobrevaluación en la compra de vagones para el metro de Santo Domingo; al igual que el Proyecto Portal Electrónico Dominicano, que se ejecutó por US$13 millones, cuando técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo cotizaron en no más de US$2 millones. Nunca hubo acción judicial en ninguno de estos casos.
Similar situación sucedió con los equipos para tecnificar a la Policía Nacional, con un préstamo de US$132 millones, a ser provistos por la Sun Land. Cada computadora se cotizó en más de US$30 mil.
Abultamiento del precio de los aviones Tucanos, ocho en total, comprados por US$9.5 millones cada uno, cuando naves similares en rendimiento y eficiencia probados costaban un promedio de US$5 millones.
Asimismo, el otorgamiento de los permisos de importación en beneficio relacionados y parientes de Estanislao Pérez (mejor conocido como Danilo Pérez), asistente personal y hombre de confianza del presidente Fernández.
Sin olvidar, el escándalo de RD$2,112 millones que se pagarían por comisiones en el contrato con la empresa china Sichuan para instalar una planta de generación eléctrica. Más los escándalos del Programa para Erradicación de los Apagones (PRA), de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), y del Promypyme, cuyos incumbentes fueron destituidos y algunos llevados a la justicia.
El revuelo que causó el hinchamiento, dispendio, malversaciones y desvío de recursos cometidos durante la gestión de Héctor Rodríguez Pimentel en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
Participación Ciudadana
En su libro “Veinte años de Impunidad, Investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003”, Participación Ciudadana (PC), sostiene que este flagelo en la administración pública y privada de República Dominicana es un lastre que afecta y retrasa el desarrollo de la sociedad.
Indica que ha sido uno de los factores que más ha contribuido con el creciente desprestigio de la actividad política y las funciones públicas. La determinación de los gobiernos para hacerle frente a la corrupción queda plasmada cada cuatro años en los programas que los candidatos presentan al electorado.
Precisa, finalmente, que esos programas, al llegar los líderes de los partidos y sus allegados a las funciones públicas, quedan relegados desde temprano, y al pasar la primera mitad del período son sepultados casi en forma absoluta.

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Extración minera en Perú: Deforestación y extremos daños ambientales

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El desastre ambiental que dejó la minería en la Amazonía peruana salta a la vista cuando uno revisa las fotos satelitales.

El desastre ambiental que dejó la minería en la Amazonía peruana salta a la vista cuando uno revisa las fotos satelitales.

En Madre de Dios, sureste de Perú, la extracción ilegal de oro dejó un paisaje lunar de cráteres, lagos de lodo y manchas cafés en medio del bosque verde de la Amazonía.

El aumento exponencial de los precios del oro y el descontrol territorial ha llevado a miles de mineros ilegales a invadir los ríos amazónicos de varias regiones peruanas.

Desde la región amazónica de Madre de Dios, epicentro de la minería ilegal, la veterinaria y científica Claudia Vega, del Centro de innovación científica Amazonia CINCIA calcula que 128.000 hectáreas fueron deforestadas por la minería formal e informal, desde 1985, una superficie que equivale a alrededor de 80.000 canchas de fútbol.

“El oro está en el subsuelo, entonces, los mineros van desforestando para llegar al área de subsuelo para poder buscar el oro en ese en ese substrato”, constata Vega.

A la deforestación, se suma otro impacto devastador: la contaminación por mercurio. Desde la organización sin fines de lucro CINCIA, basada en Puerto Maldonado, la científica monitorea en particular la contaminación por esta sustancia en la región.

“Los mineros colocan mercurio en el sustrato para que se una con el oro, forma una amalgama, se extrae, se quema, el oro se queda y el mercurio se libera. Cuando se hace este proceso, puede haber contaminación al ambiente y a los ríos”, explica Claudia Vega, en entrevista con RFI.

CONCENTRACIONES DE MERCURIO 5 VECES MÁS ALTAS DE LO NORMAL

A través de muestras en peces, murciélagos, aves, aire y agua, la científica ha demostrado que “cuando hay actividad minera, las concentraciones de mercurio aumentan significativamente.

En aves, estas concentraciones son por lo menos el doble y en ciertas especies que tienen capacidad de concentrar más mercurio, puede haber 5 veces más concentración de mercurio comparado con otros lugares”, detalla Claudia Vega.

La presencia de mercurio en los organismos de la población de la región de Madre de Dios ha sido comprobada en 2012 por un estudio de la Universidad de Duke a través de muestras de cabello. Sin embargo, no se ha medido aun el impacto en la salud de la población.

“Puede haber disminución de la respuesta inmunológica, de la capacidad de aprendizaje en las poblaciones humanas. Uno de los principales focos son las comunidades indígenas que pueden llegar a consumir más de 200 gramos de pescados diario”, explica Claudia Vega.

A lo largo del río Cenepa, un afluente del río Marañón en el departamento de Amazonas, fronterizo con Ecuador, la minería ilegal parece haber llegado para quedarse.

“Se vive esto desde el 2014 pero en pequeña proporción, con un par de dragas, y desde 2022 estamos prácticamente invadidos por los mineros ilegales, habiendo en cada comunidad 15 dragas como mínimo”, constata el líder autóctono. “Es ahí donde empieza el boom de la corrupción, pago, el consumo de alcohol, prostitución, consumo de marihuana y la división de los pobladores. Un caos total. [La minería] ha traído no solamente problemas sociales sino también altos índices del VIH, una enfermedad que es difícil de tratar”, alerta Dante Sejekam Espejo, en entrevista con RFI.

“Ya no podemos bañarnos ni consumir el pescado del río. Peor aún, ya no podemos consumir agua”, alerta el líder comunitario quien exige al estado peruano estudios de la calidad del agua.

El uso masivo de dragas ha perturbado también la circulación en el río.

“Hay pirámides de piedras en el río que impiden el paso”, denuncia Dante Sejekam. Y el desplazamiento de grandes masas de aluviones fragiliza las orillas y causa deslizamientos de tierras, reporta Sejekam.

REFORESTAR LAS ÁREAS DESTRUIDAS

En septiembre de 2023, la organización local ODECOFROC llevó a cabo un operativo, conjuntamente con el gobierno local y las fuerzas del orden, para expulsar a los mineros ilegales.

“Ha disminuido la cantidad de dragas, pero todavía están trabajando [los mineros] y generando caos, sin embargo, no tenemos presupuesto”, reconoce Dante Sejekam.

El líder autóctono llama ahora a las autoridades políticas a movilizarse para ofrecer alternativas económicas:

“Algunas comunidades pro mineras han dejado la minería y necesitan nuestro respaldo para encontrar alternativas productivas como la piscicultura, el cultivo del caco o la hortaliza”.

En algunas regiones peruana, la minería ha penetrado tanto el tejido económico que se ha convertido en un sustento económico para muchas familias. Y en algunos casos, las ONG buscan incentivar al menos practicas más sostenibles.

En la región de Madre de Dios, la ONG CINCIA apoya por ejemplo a las familias que practican la minería sin mercurio e incentiva la reforestación de parcelas degradadas por la minería.

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América Latina lidera la agenda ambiental en un mundo en crisis

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América Latina lidera la agenda ambiental en un mundo en crisis

Muy a menudo, cuando pensamos en el cambio climático, en la pérdida de biodiversidad, o la contaminación, estos grandes problemas se nos antojan abstractos, etéreos e incluso lejanos. Esto pasa en gran medida porque nosotras, como la mayoría de quienes nos leen, vivimos en áreas urbanas con poco contacto diario con la naturaleza. No obstante, esta distancia física con nuestro entorno natural no cambia el hecho de que la salud de la población y de nuestras economías dependa directamente de la salud de la naturaleza.

Esto lo estamos entendiendo en América Latina, por las malas, con las “guerras del agua” que nos embisten en diferentes latitudes, así como con señales alarmantes de que ecosistemas vitales para el equilibrio planetario se están acercando a un punto de no retorno ecológico. Por ejemplo, de continuar el índice actual de deforestación, la Amazonia podría convertirse en desierto, afectando a regiones como Los Andes, la Plata y los humedales en el Pantanal; e incluso induciendo cambios en los patrones de agua a nivel global, pérdidas irreparables de biodiversidad y liberación de carbono, lo que exacerbaría el cambio climático y pérdidas en los medios de vida de comunidades locales y pueblos indígenas.

En el otro lado de la moneda, hay algo positivo de estas interrelaciones. En nuestra región, presenciamos historias sorprendentes de quienes se han convertido en jardineros de corales en Colombia y creadores de guarderías bajo el mar para recuperar estos ecosistemas en Brasil. Los arrecifes de coral, seriamente afectados por el calentamiento de los océanos, pueden a su vez cuidar la salud de las personas proveyéndoles de alimento, protegiéndoles de tormentas, promoviendo el turismo basado en naturaleza y siendo fuente de componentes medicinales para combatir diversas enfermedades.

Este es el caso de la gran mayoría de nuestros ecosistemas naturales: son sumamente frágiles, están siendo afectados directamente por las actividades humanas con grandes riesgos hacia el futuro y la salud de estos ecosistemas, que también es la nuestra, invita a una responsabilidad de cuidado conjunta.

En 2024 y 2025, América Latina tiene la oportunidad de liderar acciones contundentes a nivel global en estos temas. Dos países latinoamericanos serán epicentro de los esfuerzos de Naciones Unidas para hacer frente a estas problemáticas: Colombia organizará la Cumbre de Biodiversidad en octubre de este año (COP16), mientras que Brasil albergará la Cumbre de Cambio Climático en noviembre de 2025 (COP30).

La región está bien posicionada para jugar un papel de líder y predicar con el ejemplo, pues aunque genera menos del 10% de las emisiones globales de los gases causantes del cambio climático, tiene uno de los más altos niveles de biodiversidad del planeta, con una increíble riqueza de especies, particularmente endémicas.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben, pues, demostrar un liderazgo responsable, que aborde de manera integral la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y asegure condiciones habilitantes para el desarrollo sostenible. En este sentido, es indispensable avanzar en procesos conjuntos de planificación, implementación y financiamiento, alrededor de las siguientes acciones:

  • Primero, garantizar que los procesos nacionales de planificación de políticas sobre clima y biodiversidad se integren en el desarrollo de estrategias sectoriales;
  • Segundo, priorizar y establecer estrategias financieras con participación de banca nacional de desarrollo, banca multilateral, sector privado y cooperación internacional de países desarrollados, con miras a implementar soluciones basadas en la naturaleza que puedan contribuir tanto a los objetivos climáticos como a los de biodiversidad y el ejercicio de los derechos humanos;
  • Tercero, aumentar la representación y recursos para que pueblos indígenas y comunidades locales afrodescendientes, campesinas, pesqueras, mujeres, jóvenes, niñas y niños y otros actores afectados desproporcionadamente por su vulnerabilidad o nivel de marginación, actúen sobre el cambio climático y la biodiversidad a través de enfoques holísticos;
  • Cuarto, apoyar las asociaciones público-privadas, junto con las iniciativas no estatales, como catalizadores clave para una acción integradora.

El futuro de Latinoamérica y del planeta depende de nuestra acción inmediata. Es obligación de los tomadores de decisión y líderes regionales seguir el ejemplo de proteger ecosistemas vitales para asegurar la salud de las personas en los acuerdos de la COP16, y la futura COP30, y posicionar una voz latinoamericana fuerte y sólida.

elpais.com

 

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Cuba, el país “más seguro del mundo” es cada vez más inseguro

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Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos y peleas callejeras

Cuba.-Decenas de jóvenes hacen fila cerca de la calzada de Santa Catalina, en La Habana. Se han anunciado actividades por la inauguración del verano este 8 de junio en La Finca de los Monos. En los videos que varios usuarios han compartido en redes sociales, se empieza a notar un alboroto. La gente corre de un lado a otro. Gritan. Varios se han ido a las manos. Un grupo de mujeres se jala del pelo. Lo que prometía ser un sábado de recreación ha terminado en una orquesta de golpes. Se divisan unos jóvenes caminando con machete y armas blancas. Hay personas heridas, tiradas en el suelo. En algún momento llegan los oficiales de la policía. La gente habla de varios muertos y heridos. El gobierno se resta responsabilidad y desmiente el hecho de que hubiera algún fallecido. La pelea tumultuaria de la Finca de los Monos, de la que incluso habló la prensa estatal cubana cuando la norma es que se haga silencio ante este tipo de sucesos, despertó una vez más el debate por la violencia que, según muchos, se está viviendo últimamente en las calles de Cuba.

Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos, peleas callejeras. Sobre un joven del municipio de Campechuela, al oriente del país, cuyo cuerpo destrozado han encontrado sus propios familiares y amigos ante la “ineptitud” de la policía, según dijeron en Facebook. Los dos jóvenes que planearon el asesinato de un señor en Camagüey para robarle su triciclo eléctrico. La sentencia a cadena perpetua de un ciudadano cubano por asesinar a un campesino para robarle sus reses. El saldo de un muerto y varios heridos durante un concierto del cantante Jerry La Bandera. Y otros.

En medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, la peor de su historia, según dijo en una reciente entrevista a EL PAÍS el economista cubano Carmelo Mesa-Lago, ha aumentado también la percepción de la violencia. “Es muy difícil acceder a las estadísticas, tener una referencia estadística para decir que sí ha aumentado el crimen. Ahora, es innegable que se percibe no solo el aumento de la criminalidad, sino también la naturaleza de la violencia”, asegura el abogado defensor Nelson González, con más de 30 años trabajando en el sistema judicial cubano. “Unos dirán que siempre han existido robos con violencia, asesinatos, homicidios, o cualquier otra manifestación de crimen violento, pero hoy en día se ven más esas expresiones. El país tiene un deterioro de todo. Un deterioro del sistema de valores, una crisis económica que impacta todas las áreas de la vida”.

Entre los logros de los que siempre presumió la Revolución cubana estaba el de la seguridad social. En una ocasión, en un acto por el 45 aniversario del Ministerio del Interior (MININT), Fidel Castro aseguró que “Cuba es el país más seguro del mundo”, algo que repitió no pocas veces en muchos de sus discursos. Varios rankings mundiales siguen ubicando a Cuba entre los países más seguros. La plataforma Numbeo asegura que la isla tiene el más bajo índice de criminalidad en la región, junto a Panamá y Canadá.

A inicios de año, la politóloga española Arantxa Tirado expresó en X que Cuba era “el país más seguro de todo el hemisferio occidental”, luego de desmentir al gobernante Nayib Bukele, quien quiso reservar ese lugar para El Salvador. El comentario de la politóloga generó reacciones por parte de usuarios cubanos, quienes avivaron una vez más el debate sobre el sentimiento de inseguridad que, quizás por primera vez, se está experimentando de manera colectiva en el país.

Los resultados de una encuesta digital de la plataforma Cubadata, que midió la inseguridad ciudadana en la isla, muestran que el 61% de los encuestados aseguró haber sido víctima de algún tipo de violencia o delincuencia en Cuba en 2022. De ese grupo, solo el 14,6% dijo haber denunciado el hecho ante las autoridades del país.

Aun así, la posición del Gobierno cubano ha sido no solo la de silenciar, sino la de desmentir que realmente exista un aumento de la violencia. Hace unos días el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que en Cuba “no hay desaparecidos ni asesinatos”. El pasado marzo una funcionaria de la Fiscalía de la República aseguró que no hay un aumento de la criminalidad, sino que la apertura gradual de internet y el acceso de más cubanos a las redes sociales incrementa “la visibilidad” de este tipo de sucesos que antes quedaban a las sombras, y son “espacios donde también se distorsionan los acontecimientos”.

En medio de esta situación, no pocas veces el gobierno sale públicamente a desmentir que haya un aumento de la violencia en el país, y culpa a la prensa independiente o a las supuestas campañas orquestadas por los opositores a la Revolución de difundir este tipo de noticias. Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales, dijo en un programa estatal que solo el 9% de los delitos que se cometen en Cuba son violentos. Especificó además que solo el 1% son homicidios y el 3% son asesinatos, de los cuales el 89% están relacionados con problemas personales y un 11% se cometen por ánimo de lucro. Estas son cifras imposibles de verificar por la poca transparencia con que el Gobierno cubano maneja y publica sus datos. “En números, en cuantía, en proceso, no hay mayor cantidad de asesinatos”, dijo la funcionaria, quien también relaciona el acceso a internet con la percepción del aumento de la violencia.

A falta de espacios estatales para visibilizar este tipo de crímenes, y de una respuesta muchas veces ineficiente por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o el Ministerio del Interior, los cubanos han creado grupos en redes sociales para denunciar los crímenes. De manera independiente al Estado, los observatorios de género en Cuba también se han hecho cargo de llevar un registro de las víctimas por violencia feminicida, algo que las autoridades suelen esconder, pero que ha despertado las alarmas en los últimos tiempos.

En 2023, se registraron 89 feminicidios en Cuba, casi el triple de las que pudieron registrar cada uno de los dos años anteriores. En lo que va de 2024, las víctimas de feminicidio verificadas suman 23, de acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí te Creo en Cuba (YSTCC). Incluso en medio de este panorama, que supera las cifras de feminicidios de países con una población mayor como España (22 mujeres en 2023, según el Ministerio de Igualdad), el Gobierno cubano no solo no aprueba la tan aclamada Ley integral contra la violencia de género por parte de las activistas, o esconde las cifras de mujeres ultimadas por parejas o exparejas, sino que Díaz-Canel ha insistido en que los feminicidios son “una construcción mediática ajena por completo a la realidad cubana”.

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