Corrupción y tráfico influencia marcan gobiernos RD

La historia reciente de República Dominicana ha estado marcada por gobiernos en los cuales familiares y allegados de los presidentes de turno han acumulado grandes riquezas y han usado el tráfico de influencia para beneficios personales, mientras la población sigue padeciendo las carencias en sus servicios básicos: educación, salud, alimentación, energía eléctrica, transporte y vivienda.

En ellos han servido de plataforma dirigentes de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), Revolucionario Dominicano (PRD), y de la Liberación Dominicana (PLD), quienes han tenido la responsabilidad y el deber histórico de hacer la diferencia de la dictadura que durante por 31 años (1930-1961), encabezó Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Al referirse a Trujillo, los conocedores del tema expresaron que fue un hombre que manejó los destinos del país como un “Señor feudal, dueño de todo lo existente en el país”, lo que buscaba justificar con la percepción de un alto nivel de patriotismo.

Trujillo era fue un gobernante muy ostentoso, quien en torno a su figura concentraba todo.

Se benefició del país, favoreció a sus familiares y allegados. Luego de su madre, Altagracia Julia Molina Chevalier (Doña Julia), a quienes más privilegió con la práctica del nepotismo fue a sus hermanos Héctor Bienvenido Trujillo (Negro), y José Arismendy Trujillo (Petán). Otras figuras que sacaron provecho con posiciones y posibilidad de negocios en la tiranía fue Virgilio Álvarez Pina –( Cucho Álvarez), Manuel Moya Alonso, Paino Pichardo, Johnny Abbes, jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), y Porfirio Rubirosa Fermín, esposo de Flor de Oro, hija mayor del autócrata.

También: Rafael Vidal Torres, secretario de la Presidencia; Elías Brache hijo, secretario de Institución Pública y Bellas Artes; Roberto Despradel, secretario de Finanzas; Jacinto Bienvenido Peynado, secretario de Interior y Policía; Rafael César Tolentino, secretario de Agricultura y Comercio, y José Manuel Jiménez, secretario de Fomentos y Obras Públicas, entre otros.

Sin embargo, quienes más se quedaron con el dinero del patrimonio público dominicano durante la era fueron sus hijos: Ramfis, Flor de Oro y Angelita, quienes de acuerdo a los biógrafos eran sus debilidades.

Dentro de los derroches que más se conocen de familiares del opresor saltan a la vista el vestido de 80 mil dólares que Angelita Trujillo vistió para la “Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre”, evento que tuvo lugar el 20 de diciembre del 1955 para celebrar los 25 años de Rafael Leónidas Trujillo en el poder. El acto costó al Estado dominicano más de 30 millones de dólares, casi un tercio del presupuesto nacional en aquel tiempo. Trujillo se adueñaba de todo y veía a la República Dominicana, básicamente, como un feudo privado, suyo, de su familia y allegados.

En cuanto a los gobiernos de Joaquín Balaguer (períodos 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996), testimonios exteriorizan que aunque se caracterizó por una vida totalmente austera y sin ambición de acumulación de riquezas -contrario a Trujillo-, sus adversarios lo cuestionan por haber sido demasiado permisivo con familiares y amigos cercanos, lo cual fue caldo de cultivo para el enriquecimiento ilícito, abuso de poder y tráfico de influencia, prácticas más evidentes entre policías y militares de alto rango.

Informes indican que Balaguer manejaba su relación con familiares y la gente cercana con mucha discrecionalidad; pero, tenía como principal vulnerabilidad la relación con sus hermanas, a quienes les permitía una serie de actuaciones, para muchos irregulares, como fue el caso de Doña Emma, quien dirigió la Cruzada del Amor, una especie de fundación que ayudaba a personas de escasos recursos económicos, cuyos fondos lo recibía de quienes contribuían a su causa, los cuales a la vez se beneficiaban con el sólo hecho de que el Presidente de la República supiera que determinado nombre figurara dentro de los aportes. Estos individuos se sentían obligados a contribuir a la campaña de Balaguer, sin que éste se lo pidiera.

Se dice que un comentario en término irónico y despectivo sobre una de las hermanas de Balaguer, fue obstáculo para que el extinto líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, pudiera llegar a ser Presidente de la República. También se menciona a Polivio Díaz entre los pocos que gozaron de ciertas prerrogativas en el entorno del Doctor; incluso, el mandatario no firmaba nada sin el previo visto bueno de su íntimo amigo.

Durante sus mandatos, Balaguer hizo suya la práctica de lo que se conoce como “ración del Boa”, que consistía en -hacerse de la vista gorda-, cuando funcionarios y aliados derrochaban el erario, al punto que el mandatario llegó a decir: “La corrupción se detiene en la puerta de mi despacho”, lo cual se interpretó como que en su administración podría haber ciertos dolos; pero, él personalmente no participaba.

“Balaguer aplicó una forma artesanal de manejo de la economía y ejemplo de ello es que los titulares de carteras recaudadoras, todos los lunes, tenían que llevarle físicamente el dinero recolectado en la semana, para distribuirlo a obras, gastos sociales y ahorros.

“Era un hombre intrínseco y lo poco que exteriorizaba lo hacía con cierta malicia”, narró Alfonso Cochón, proveniente empresario de la época, quien cuenta con amplio conocimiento sobre las actuaciones de los gobiernos que ha tenido el país en su historia reciente.

Entre las acciones anormales que practicó Balaguer estuvo el incidente que se presentó en un pueblo donde inauguraba una obra y de repente un campesino se le acercó delante de todos y denunció que un general le había arrebatado unas tierras, conflicto que el Jefe de Estado resolvió compensando al campesino y dejándoselas al oficial.

El gobierno encabezado por Antonio Guzmán (período 1978-1982), se caracterizó por el hecho de que antes de cumplir 60 días en el poder promulgó la Ley de amnistía, poniendo en libertad a centenares de presos políticos que Balaguer había mantenido como mecanismo de represión, permitiendo el regreso de decenas de exiliados del régimen anterior.

Sin embargo, Guzmán precipitó el final de su mandato cuando 43 días antes de entregar el poder se suicidó pegándose un tiro en la cabeza en el Palacio Nacional, la madrugada del domingo 4 de julio de 1982, pasadas las 12 de la noche, supuestamente agobiado por asomos graves de corrupción, donde, de acuerdo con versiones, estaban involucradas gente de su extrema confianza.

Jorge Blanco (gobierno 1982-1986), al concluir su mandato, el gobierno de Joaquín Balaguer lo acusó de desfalco, por lo que fue condenado a 20 años de prisión, en abril del 1987.

Dentro de las principales imputaciones que se le hicieron a Jorge Blanco estaban las compras de bienes para las Fuerzas Armadas (FF.AA), a unas empresas vinculadas a sí mismo, por valor de RD$25 millones, vendiéndoles bienes sobrevaluados a militares.

En el expediente de malversación se incluyó al entonces secretario de las FF.AA., Manuel Antonio Cuervo Gómez. En el documento figuraban 38 imputaciones penales que se le venían encima: estafa, robo, prevaricación, abuso de confianza, entre otras.

Otras de las “cargas pesadas” del gobierno de Jorge Blanco fue el caso de Leonel Almonte, quien jugaba una especie de rol de asesor económico del Poder Ejecutivo, el cual en pocos años pasó de vender enciclopedias a propietario de bancos, periódicos y cadenas de radio y televisión, bajo la protección del Presidente de la República.

Se le acusa de haber quebrado el Banco Universal, de quien era presidente, autoprestándose el 83.7% de los activos corrientes de la entidad, según informes publicados por la Superintendencia de Bancos. El banquero fue condenado a 15 años de cárcel y al pago de RD$ 90 millones de dólares a los ahorrantes por la defraudación de que fueron objeto.

En 2001 y después de 10 años de apelación, Jorge Blanco consiguió la anulación de la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Santo Domingo. En septiembre, el presidente Hipólito Mejía retiró las acusaciones en su contra, lo que se interpretó como una especie de indulto.

Durante el gobierno de Rafael Hipólito Mejía Domínguez (período 2000-2004), el país fue afectado por una de las peores crisis económicas en su historia, generada por la quiebra de tres de los principales bancos comerciales (Intercontinental -Baninter-, Nacional de Crédito –Bancrédito-, y el Mercantil).

Las consecuentes medidas tomadas para enfrentar esas dificultades generaron un deterioro progresivo de los indicadores económicos, que trajo como consecuencia altas tasas de inflación, devaluación de la moneda y aumento de la pobreza local a partir de 2003. Sólo el Baninter dejó al país un hoyo fiscal de alrededor de RD$55 mil millones.

Un elementó que causó grandes “ronchas” al gobierno de Mejía Domínguez fue la famosa “Pepe Card”, una tarjeta de crédito que la administración del Baninter había otorgado a la Presidencia para pagar los gastos del entonces mandatario, la cual era manejada por el coronel Pedro Goico Guerrero (Pepe), quien se desempeñaba como jefe de la Guardia Presidencial.

Un cable de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, del 16 de febrero del 2005 -publicado por Weakelead-, reveló que dentro de los gastos desproporcionados del coronel Pepe Goico con la tarjeta de Baninter, que le había suministrado Ramón Báez Figueroa, presidente de esa entidad financiera (quien guarda 10 años de prisión en la cárcel de Najayo), estaba la compra de un helicóptero a Quirino Ernesto Paulino, encarcelado en EE.UU, acusado de enviar drogas a esa nación.

Los tres mandatos encabezados por Leonel Antonio Fernández Reyna (períodos 1996-2000; 2004-2008; 2008-2012), estuvieron “salpicados” de denuncias por malversación del dinero, privilegios, tráfico de influencia y contratos ilícitos.

De los casos más relevantes de corrupción administrativa durante el primer gobierno de Fernández fue el Programa de Empleos Mínimos Eventuales (PEME o Amansa Tigueres), dirigido por Luis Incháusti, que involucró RD$1,400 millones y donde unas 3,178 personas, alegadamente, recibían dinero mediante cédulas de identidad falsas, con el fin de mantenerse “tranquilos” y no hacer huelgas en los barrios.

El otro caso que dejó muy mal parado a Fernández fue la estafa de mediante el contrato que hizo con la empresa Sun Land, el entonces director de la Oficina Supervisora del Estado, Félix Bautista, para la construcción de varias obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que envolvió US$130 millones.

Otro escándalo fue el que generaron las denominadas “nominillas”, pago que la administración de Fernández hacía a militantes del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sin que trabajaran, mediante el cual se gastaron unos RD$18 millones al año, los cuales eran sacados del presupuesto de diferentes instituciones del Estado.

También se acusa al presidente Leonel Fernández de favorecer amigos y allegados con enriquecimiento ilícito mediante fondos del Estado. Por ejemplo: la sobrevaluación en la compra de vagones para el metro de Santo Domingo; al igual que el Proyecto Portal Electrónico Dominicano, que se ejecutó por US$13 millones, cuando técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo cotizaron en no más de US$2 millones. Nunca hubo acción judicial en ninguno de estos casos.

Similar situación sucedió con los equipos para tecnificar a la Policía Nacional, con un préstamo de US$132 millones, a ser provistos por la Sun Land. Cada computadora se cotizó en más de US$30 mil.

Abultamiento del precio de los aviones Tucanos, ocho en total, comprados por US$9.5 millones cada uno, cuando naves similares en rendimiento y eficiencia probados costaban un promedio de US$5 millones.

Asimismo, el otorgamiento de los permisos de importación en beneficio relacionados y parientes de Estanislao Pérez (mejor conocido como Danilo Pérez), asistente personal y hombre de confianza del presidente Fernández.

Sin olvidar, el escándalo de RD$2,112 millones que se pagarían por comisiones en el contrato con la empresa china Sichuan para instalar una planta de generación eléctrica. Más los escándalos del Programa para Erradicación de los Apagones (PRA), de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), y del Promypyme, cuyos incumbentes fueron destituidos y algunos llevados a la justicia.

El revuelo que causó el hinchamiento, dispendio, malversaciones y desvío de recursos cometidos durante la gestión de Héctor Rodríguez Pimentel en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

En su libro “Veinte años de Impunidad, Investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003”, Participación Ciudadana (PC), sostiene que este flagelo en la administración pública y privada de República Dominicana es un lastre que afecta y retrasa el desarrollo de la sociedad.

Indica que ha sido uno de los factores que más ha contribuido con el creciente desprestigio de la actividad política y las funciones públicas. La determinación de los gobiernos para hacerle frente a la corrupción queda plasmada cada cuatro años en los programas que los candidatos presentan al electorado.

Precisa, finalmente, que esos programas, al llegar los líderes de los partidos y sus allegados a las funciones públicas, quedan relegados desde temprano, y al pasar la primera mitad del período son sepultados casi en forma absoluta.