Opinión
“Corruptus”, según Boff
Por Hamlet Hermann
Esos obispos ciegos, sordos y mudos por conveniencia, son los que hoy organizan manifestaciones de protesta porque el presidente Danilo Medina ha observado el Código Penal que atenta contra la vida de miles de mujeres dominicanas victimizadas por la violencia delincuencial.
Soy uno de los que no se pierden los enjundiosos artículos periodísticos del sacerdote católico brasileño Leonardo Boff. Su discurso se parece tanto al del nazareno aquel que las tradicionales oligarquías eclesiásticas lo agreden como si fuera el enemigo público número uno. Y, como el crucificado, este fundador de la teología de la liberación sigue manteniendo sus convicciones en defensa de la humanidad sin dejarse utilizar como condón de los jerarcas de la banca y de la política. Como hacen muchos de sus colegas.
El más reciente escrito de Boff mostró que la palabra corrupción proviene del vocabulario teológico y significa tener un corazón roto y pervertido: “cor” por corazón y “ruptus” por roto y pervertido. “Corruptus”, así de sencillo, es una obscenidad. Continúa el texto refiriéndose a su natal Brasil e identifica tres razones básicas de aquello en que ha devenido el robo de lo ajeno: la razón histórica, la razón política y la razón cultural.
Usando esos criterios para entender la corrupción dominicana debemos decir que hemos sido gobernados en toda la etapa republicana bajo el predominio de la violencia, ya por gobiernos militares o civiles, nacionales o extranjeros. Esto ha permitido que las más grandes fortunas de República Dominicana de hoy en día tengan profundas raíces en las dictaduras, los gobiernos oligárquicos, los golpes de Estado antidemocráticos y las ocupaciones militares de Estados Unidos. Esos gobernantes convirtieron la propiedad pública en capital privado, a diestra y siniestra, mientras el corazón roto y pervertido les latía de codicia aceleradamente. Hoy fingen creer en un Dios bueno mientras este les sea rentable.
La razón política en República Dominicana no necesita mucha explicación para entenderla. Decir político es sinónimo absoluto de corrupto, ya sea por comisión o por omisión, por robar o por callar al tiempo que comparten con los ladrones en las sesiones del Congreso o en las reuniones del Partido político. Entendemos mejor la corrupción, ahora que la sociedad trata desesperadamente de que los máximos tribunales conozcan el caso del sastrecillo valiente de San Juan de la Maguana. Este acumuló una fortuna inconmensurable en lo que pestañaba un gato y ahora le falta hombría y calidad moral para soportar lo que la ley establece para los delitos que cometió.
La razón cultural que destaca el teólogo Boff reside en el clientelismo y en el soborno a intelectuales y medios de comunicación. Estos grupos, por lo general, presentan a los saqueadores del erario como personas habilidosas y triunfadoras, obviando la criminalidad del robo que perpetran contra la sociedad. Esos intelectuales y medios propugnan porque a los corruptos se les admire en vez de que se les desprecie ya que, la mayoría, es gran accionista en múltiples medios de comunicación.
No obstante la minuciosidad de Leonardo Boff, una cuarta razón quedó fuera de su análisis: la razón ideológica, vale decir, la razón religiosa para corromperse moral y materialmente. Ha sido tan grave la corrupción eclesial durante poco más de dos mil años, que la llegada al Vaticano de un Papa argentino, apenas democrático y progresista, ha estremecido las bases del colegio cardenalicio. Esa oligarquía eclesiástica que ha vivido en palacios y es capaz de olvidar una cuenta bancaria por centenares de millones de euros, tiembla cada vez que el Che Francisco los manda a freír tusas de maíz por la cínica manera en que prostituyen el catolicismo humanista basado en la doctrina del crucificado aquel.
Cualquier dominicano ansía que llegue a este país la energía evangelizadora de Francisco de manera que barra con tanto obispo hipócrita. Aquellos nunca criticaron las cotidianas perversiones del nuncio Wesolowski y el sacerdote Alberto Gil, ambos portadores de las tres P: polacos, perversos y pedófilos. Contaban con obispos que auspiciaban coartadas para ocultar las violaciones de niños y niñas detrás de una representación papal y una sotana manchada por el crimen. Esos obispos ciegos, sordos y mudos por conveniencia, son los que hoy organizan manifestaciones de protesta porque el presidente Danilo Medina ha observado el Código Penal que atenta contra la vida de miles de mujeres dominicanas victimizadas por la violencia delincuencial. Proteger a pedófilos y condenar innecesariamente a humildes mujeres nada tiene que ver con los principios de humanidad del Evangelio sino con arcaicos dogmas aplicados a conveniencia. Protegieron a los pedófilos y ahora chantajean políticamente a los congresistas, tal como lo hicieron con las manifestaciones de reafirmación “cristiana” en 1963 orientando a los golpistas hacia el derrocamiento del gobierno de Juan Bosch y su Constitución democrática y laica. Por sus hechos los conoceréis, mientras cargan su corazón roto y pervertido.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.