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Aplazan solicitud de apelación en la que Jochi Gómez y Hugo Beras buscan salir de la cárcel

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Santo Domingo, R.D.-Fue aplazada para el próximo lunes 11 de noviembre a las nueve de la mañana por los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el conocimiento de variación de medida de coerción solicitada por el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.

El pasado 10 de octubre, los citados fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal con 18 meses de prisión preventiva por supuestamente ejecutar de forma fraudulenta el contrato de 1,317 millones de pesos para instalar la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Los jueces Isis Muñiz, Delio Germán y Rosalba Garib tomaron la decisión del aplazamiento a los implicados en la operación Camaleón con el fin de que el Ministerio Público sea notificado de dos de los tres recursos de apelación presentados en el caso. El Ministerio Público busca orientarse mejor respecto de los recursos de apelación de Beras y Padovani Báez.

Son señalados de pertenecer a una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.

Las presuntas irregularidades en la licitación giran en torno al contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.

Beras, Gómez y Padovani Báez hicieron uso de su derecho de recurrir en apelación a más de 15 días de ser enviados a la cárcel. El conocimiento de la revisión obligatoria del caso será el 9 de enero de 2025.

Otras medidas de coerción

El pasado 10 de octubre también recibieron medidas de coerción Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, a quien la jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó arresto domiciliario y presentación periódica.

Los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas recibieron una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica como medida cautelar.

La investigación del Ministerio Público, denominada operación Camaleón, consta de más de 300 páginas y se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.

El grupo fue arrestado durante diversos allanamientos a residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Las supuestas irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.

Las tres empresas vinculadas a la supuesta trama son Transcore Latam, Inprosol y Aurix.

A esta última se le señala de contratar de manera ilegal con el Ministerio de Defensa, para «usurpar funciones» propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. Por el caso ya ha sido interrogado el exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem.

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Sistema Trae es extendido por Gobierno a tres provincias del Cibao

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Santo Domingo, R.D.-San Francisco de Macorís.- Este jueves fueron entregados por el Gobierno de la República Dominicana  70 autobuses para transportar estudiantes en  las provincias Duarte, Espaillat y La Vega  a través del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) del Ministerio de Educación.

La entrega fue hecha durante un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, al que asistieron autoridades de la provincia, funcionarios nacionales e invitados especiales.

Peña precisó que  “con el fortalecimiento del TRAE en las referidas provincias el Gobierno da otro paso firme hacia la transformación del sistema educativo como un pilar fundamental del desarrollo del país”.

“Hoy reafirmamos nuestra determinación de construir un país más inclusivo y justo, donde cada niño y joven llegue de manera eficiente a su centro educativo como parte esencial de su desarrollo integral”, manifestó Peña tras asegurar que la finalidad del presidente Luis Abinader es alcanzar la cobertura del servicio en todo el territorio nacional.

Aseguró que al garantizar que cada niño, niña y adolescente llegue puntual y con tranquilidad a su escuela, no solo se contribuye a la mejora de su desempeño académico sino que también se fortalece su sentido de responsabilidad.

DISTRIBUCIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

En tanto, Onéximo González, director de TRAE, detalló que en San Francisco de Macorís se desplegarán 30 autobuses, 30 en La Vega y 14 en Espaillat, para beneficiar a una población de más de 115 mil estudiantes.

Informó que los vehículos tienen capacidad para de 22 a 30 pasajeros, serán movilizados con combustible diésel y están equipados con tecnología de última generación, GPS, cámaras con cobertura de 360 grados, cinturones de seguridad, señal de PARE plegable y sistema contra incendios.

Además, destacó que los conductores, auxiliares y supervisoras están capacitados en base pruebas psicométricas y antidopajes, y cursos de formación durante 36 horas sobre la Ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, manejo defensivo, relaciones humanas, derechos humanos y primeros auxilios para brindar un servicio con seguridad a los estudiantes.

La puesta en funcionamiento del servicio se llevó a cabo en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, con la presencia del viceministro de Gestión Administrativa del MINERD, Julio Cordero; la gobernadora provincial, Ana Xiomara Cortés; el senador provincial, Franklin Romero; el alcalde Alex Díaz; y autoridades regionales de Educación; estudiantes, maestros y representantes de las comunidades beneficiadas.

RUTAS DE IMPACTO 

En la provincia Duarte los 30 autobuses ejecutarán 36 corredores de los cuales seis serán en Castillo, igual cantidad en Villa Riva, 12 en San Francisco de Macorís Sur-Este, y 12 en San Francisco de Macorís Norte-Oeste.

Los 30 autobuses de La Vega estarán asignados a los distritos educativos 06-03, 06-04 y 06-05, correspondientes a los municipios de Jarabacoa, con siete rutas; La Vega Oeste, con seis; y La Vega Este, con cinco.

En Espaillat, la flotilla desarrollará 13 corredores que a su vez estarán distribuidos en 3 rutas en Villa Trina, 8 en Moca y 2 en San Víctor.

Los 74 autobuses brindarán servicio en horario de 6:00 a 8:00 de la mañana, de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde y de 4:00 a 6:00 de la tarde.

Sp-mdp-am

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Juicio de fondo contra pelotero Wander Franco fue aplazado para junio 2025.

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Santo Domingo.- La acusación por abuso psicológico y sexual contra una adolescente de 14 años por parte del pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco,  fue aplazado para ser conocido  el día 2 de junio del 2025.

El aplazamiento se debió a que la mayoría de los testigos del caso no fueron citados.

El tribunal, presidido por la magistrada Yakaira Veras, dictó orden de conducencia contra los 30 declarantes que se ausentaron al inicio del juicio.

La nueva audiencia fue fijada para iniciar a partir de las 9:00 de la mañana en la sala del Tribunal Colegiado de Puerto Plata.

Además del pelotero, en el proceso también está imputada la madre de la víctima, Martha Vanessa Chevalier Almonte, por presunta explotación sexual y lavado de activos.

El campocorto de los Rays de Tampa Bay es acusado de abuso sexual, explotación sexual y comercial contra una menor y trata de personas.

El Ministerio Público alega en su acusación que Franco, a través de su madre Yudelka Aybar, transfirió sumas significativas en pesos y dólares a la mamá de la menor de edad, alegadamente para consentir el abuso.

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El país se incorpora a la Alianza para Seguridad, Justicia y Desarrollo en América Latina

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Agencias- De la mano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un total de 18 países de América Latina y el Caribe presentaron este jueves la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, que buscará llevar a cabo iniciativas y proyectos para enfrentar y prevenir las consecuencias del crimen organizado.

“La seguridad tiene que ser parte de la solución para nuestro progreso económico”, apuntó en una conversación con medios el presidente del BID, el brasileño Ilan Goldfajn.

La Alianza se ha lanzado este jueves en la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia celebrada en Bridgetown, Barbados, y estará formada por un comité directivo y tres grupos de trabajo técnicos que involucran a más de 20 países.

Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Belice, República Dominicana y Uruguay son los países que por ahora se han adherido, aunque el objetivo es que la cifra crezca.

La Alianza también cuenta con la participación de entidades como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) del Ministerio del Interior de Italia, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), entre otras.

“La Alianza tendrá un número mucho mayor de participantes y planeamos tener números y nuevos compromisos en marcha a principios del segundo trimestre del año que viene”, detalló el brasileño.

Para el próximo año, precisó, el BID tiene contemplados proyectos de seguridad en planificación por valor de 1.000 millones de dólares.

Ecuador ocupará la primera presidencia pro tempore de la Alianza y el BID actuará como Secretaría Técnica, brindando apoyo estratégico y contribuyendo a movilizar recursos y ampliar las intervenciones efectivas.

La Alianza operará sobre tres pilares: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y reducir los mercados ilícitos y los flujos financieros.

Goldfajn recordó que, según las estadísticas, en Latinoamérica y el Caribe el crimen tiene un costo económico de aproximadamente el 3,4 % del PIB.

“El crimen organizado es responsable de la mitad de los homicidios en América Latina y el Caribe, y ahora también sabemos que el crimen organizado no tiene fronteras nacionales, va más allá, es una organización regional”, señaló.

El BID participará en la alianza en términos de financiamiento, de asistencia técnica, generando una red entre países, y también para movilizar recursos.

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