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Corte Suprema da un paso para imputar expresidente de Colombia por soborno de testigos
Agencia Efe
BOGOTÁ.- La Corte Suprema de Justicia dio este martes un paso hacia la imputación del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) al vincularlo formalmente en un proceso que le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos tras una larga indagatoria.
El alto tribunal tomó la decisión de vincular al exmandatario por los delitos de “fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo” en un caso que tiene en vilo a Colombia y por el cual miles de personas, entre simpatizantes y detractores de Uribe, salieron a las calles a manifestarse.
Con esa determinación, tomada por los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte, el tribunal podrá adoptar otras decisiones, que incluso pueden llegar a la imputación de cargos.
Uribe, cuya figura divide a los colombianos entre quienes lo idolatran y quienes lo odian, se convirtió así en el primer expresidente que responde a un proceso penal en ese tribunal ya que por tener fuero de senador su caso queda fuera de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es la que se ocupa de los procesos a jefes de Estado y exmandatarios.
El expresidente es procesado por un caso que él mismo inició cuando demandó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda por buscar a exparamilitares en las cárceles para supuestamente usarlos como falsos testigos y que declararan en su contra.
El objetivo era presuntamente que lo vincularan a la fundación en los años 90 del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operó en el departamento de Antioquia.
Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló no encontró méritos, archivó el caso y decidió iniciar uno nuevo contra Uribe porque consideró que las pruebas eran suficientes para abrir una investigación.
Al respecto, el senador Cepeda dijo hoy a Efe que la indagatoria es “un hecho normal” que ocurre en todas las democracias, en las que las personas, “independientemente de su posición, poder e influencia” deben “estar dispuestas a cumplir con la obligación de responder a los requerimientos de la Justicia”.
El congresista también hizo un llamado para que se respete la libertad, la autonomía y el criterio” de la Corte Suprema, que espera pueda “tomar sus decisiones sin ningún tipo de presiones externas”.
El expresidente llegó temprano al Palacio de Justicia, donde lo esperaba un grupo de simpatizantes y otro de detractores, para atender la indagatoria que fue realizada por el magistrado César Reyes.
La diligencia, que fue de carácter privado, duró siete horas y tuvo un receso al mediodía para el almuerzo.
Al mismo tiempo, miles de personas salieron a las calles de Bogotá para mostrar su apoyo o rechazo al exmandatario en una jornada de manifestaciones que en general fue pacífica, pese a que hubo momentos de tensión cuando un grupo de estudiantes intentó romper un cordón policial en las cercanías del Palacio de Justicia.
Los jóvenes buscaban llegar a la Calle 12, donde está ubicada una de las entradas de la Corte Suprema y en la que estaban concentradas decenas de personas esperando a Uribe.
En el Parque Nacional, a unos tres kilómetros del Palacio de Justicia, miles de simpatizantes del expresidente se reunieron para manifestarle su apoyo a quien consideran “un héroe” por haber “rescatado al país de la guerrilla”.
Hasta allí llegaron colombianos procedentes de regiones golpeadas por el conflicto armado, que bajo el lema “¡Uribe, amigo, Colombia está contigo!” sentaron su posición.
“Las cosas cambiaron durante los ocho años de Gobierno del presidente Uribe porque los campesinos pudieron volver a sus fincas a trabajar gracias a que hubo seguridad en las regiones”, afirmó a Efe Rodrigo Vásquez, un ganadero del departamento de Caquetá que vivió la época más cruenta del conflicto cuando la guerrilla de las FARC era “la dueña y señora” del sur del país.
Sin embargo, al parque también acudieron unos 200 opositores del exmandatario que protestaron frente a los uribistas por las “innumerables violaciones a los derechos humanos” que se cometieron durante ese Gobierno.
“Al frente mío están las personas que apoyan a Uribe y hacemos nuestra manifestación aquí para que sepan que apoyamos a nuestra Corte y que esperamos que salga lo mejor posible la indagatoria, en cuanto a la verdad y la justicia”, afirmó a Efe Óscar Ramírez, uno de los manifestantes.
La diligencia de Uribe culminó al caer la tarde y fuentes de la Corte Suprema de Justicia confirmaron a Efe que el exmandatario cumplió con la indagatoria completa, por lo que no tendrá que presentarse de nuevo ante el alto tribunal de momento.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.
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La jueza sudafricana Navi Pillay gana el Premio Nobel de la Paz; bromea con compartirlo con Trump
Agencia AFP
Defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda
a sudafricana Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI, ganó este viernes el Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor del derecho internacional cuando, según el jurado, la justicia está «bajo ataque».
Navanethem «Navi» Pillay domina el arte de los casos difíciles. Abogada de origen indio en la Sudáfrica del apartheid, llegó a ser jueza y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2008-2014).
Su carrera la ha llevado desde los tribunales sudafricanos, donde defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando por la Corte Penal Internacional (CPI).
Este es uno de los motivos por los que el Nobel de la Paz de este año posiblemente escueza al presidente estadounidense Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha reiterado una y otra vez lo mucho que le gustaría que se lo dieran.
«Quizá comparta el premio con Trump»
En el caso de Pillay, la primera reacción al conocer el galardón fue pensar que era una broma: «Como abogada y jueza, sigo queriendo verificarlo», afirmó.
La jurista mencionó su labor al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU.
«Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que calificaba lo que está ocurriendo allí como genocidio», afirmó.
«Una de las principales reacciones a ese informe es rendirme homenaje por mi valentía. Y pueden imaginarse lo sorprendida que estaba, ¿por qué necesitaría valor para decir la verdad?», añadió ella.
En 2024 la CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, y contra varios miembros del movimiento islamista palestino Hamás ya fallecidos.
Washington considera que es una institución «politizada», y en la pasada Asamblea General de la ONU, en septiembre, el presidente Trump pidió a todos los países miembros «retirarse oficial e inmediatamente».
El Comité Nobel marca distancias sin embargo con las conclusiones del informe sobre Gaza.
«No somos un tribunal»
«No somos un tribunal. Se trata de su informe, del informe de la comisión, y por supuesto tenemos una gran confianza en su profesionalismo y su integridad», dijo su presidente Jørgen Watne Frydnes, a la AFP.
El Comité Nobel Noruego dice haber otorgado el prestigioso premio a la sudafricana por «promover la paz y el derecho internacional».
«Ha sido fundamental para asegurar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos», afirmó el jurado, que alabó su «brújula moral».
En una época marcada por muchas guerras y conflictos el derecho internacional ya no es solo un complemento de la paz y la seguridad. «Es una necesidad absoluta», afirma el comité Nobel.
La justicia internacional «está bajo tremenda presión y sus instituciones bajo ataque», recalcó.
En la actualidad Navi Pillay es magistrada de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que se acusa a Birmania de genocidio.
El Nobel de la Paz otorgado a Navi Pillay da fe «de la necesidad y el valor» de los derechos humanos, destacó la ONU inmediatamente después del anuncio.
Para la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, el galardón reviste «una importancia especial» en un momento de «grandes desafíos para el orden jurídico internacional y el Estado de derecho».
El premio consiste en una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.
Se entregará en una ceremonia oficial en Oslo el 10 de diciembre, cuando se conmemora el aniversario de la muerte, en 1896, del creador de los premios, el inventor y filántropo sueco Alfred Nobel.