Latinoamericanas
Costa Rica acusa a Nicaragua ante la CIJ de vulnerar tratado fronterizo
LA HAYA, Holanda. Costa Rica acusó ayer a Nicaragua de incumplir un tratado de fronteras, al presentar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sus alegatos en la demanda contra Managua por la supuesta invasión de un territorio limítrofe.
Desde este martes y hasta el 1 de mayo, el alto tribunal de la ONU examina esta demanda y otra presentada por Nicaragua contra Costa Rica por la construcción de una carretera en la margen derecha del río San Juan, que marca la frontera oriental entre ambos.
Las dos demandas han provocado la peor crisis diplomática en décadas entre ambos vecinos centroamericanos, aunque las partes esperan que la relación bilateral mejore tras el fallo.
Los jefes de las delegaciones, el canciller costarricense Manuel González y el embajador nicaragüense en Holanda Carlos Argüello, dijeron a la AFP que sus países respetarán el fallo, que se espera a fines de año o principios de 2016.
Abriendo los alegatos de Costa Rica, el agente de San José ante la CIJ, Edgar Ugalde Álvarez, arremetió contra los «actos unilaterales e ilícitos de parte de Nicaragua», a la que acusó de invadir isla Portillos al acometer unos trabajos de dragado en 2010.
El territorio, que Nicaragua denomina Harbour Head, es un humedal de 3km2 protegido por la Convención internacional Ramsar, y se encuentra en el extremo oriental del río San Juan, en la costa del Caribe.
Según él, al enviar personal civil y militar a esa isla para abrir unos caños (canales), Managua vulneró el tratado de fronteras Cañas-Jerez de 1858, suscrito por ambos países.
«Es una violación grave del derecho internacional y ha atentado gravemente contra la coexistencia pacífica de nuestros dos países», aseveró el diplomático, y añadió que los caños abiertos tenían la «intención precisa de transformar y amputar una parte del territorio de Costa Rica».
El embajador costarricense en Holanda, Sergio Ugalde, denunció como «artificial» la demanda territorial de Nicaragua sobre isla Portillos, la cual, apostilló, «no vemos como un territorio sin valor, como dijo un funcionario nicaragüense».
«Nunca antes de esta invasión había hecho Nicaragua una reivindicación, ni podía Costa Rica imaginar» que así ocurriría, abundó el jurista argentino Marcelo Kohen, contratado por el gobierno de San José.
Nicaragua defiende su soberanía alegando cambios geográficos naturales en esta zona pantanosa y rica en sedimentos del río San Juan.
Según la parte costarricense, la cuestión quedó zanjada con el arbitraje encargado en 1898 al ingeniero estadounidense Edward Porter Alexander, una interpretación con la que Managua discrepa.
La delegación nicaragüense presentará sus alegatos en la demanda presentada por Costa Rica el jueves y el viernes.
Al margen de las sesiones, Carlos Argüello reiteró en declaraciones a la AFP que «este territorio pertenece a Nicaragua», y observó que su país «no está discutiendo un territorio lleno de petróleo o cosa valiosa».
«No es un asunto del que depende la seguridad o la riqueza de cualquiera de las dos naciones», añadió.
El embajador Argüello aseveró que se acatará la decisión de los jueces, y que «cualquiera que sea [el fallo de la CIJ], ya pasamos esta página y nos olvidamos de este asunto».
– Una relación bilateral dañada –
En 2011, el anterior gobierno costarricense de Laura Chinchilla empezó a construir la ruta 1856 a lo largo del río San Juan, con el objetivo declarado de favorecer el desarrollo de las comunidades locales y desenclavarlas.
Nicaragua denunció ese año ante la CIJ que con dichos trabajos, Costa Rica estaba causando daños medioambientales en la zona.
Las delegaciones acudieron a La Haya con un importante equipo de consejeros, abogados y expertos, con amplia experiencia internacional.
Manuel González manifestó a la AFP la «ilusión» de que «una vez dictado el fallo se empiecen a abrir los espacios necesarios que con el tiempo regeneren la confianza entre los países».
«La resolución de esos dos primeros casos va ser muy importante para la definición de nuestra relación bilateral, relación bilateral que de todos modos no es la más fluida», añadió.
«Nuestro país ha hecho una defensa muy sólida, lo que nos da mucha confianza en el trabajo realizado», dijo Manuel González en un comunicado de la cancillería.
Costa Rica presentó una tercera demanda ante la CIJ, en febrero de 2014, para que delimite las fronteras marítimas con su vecino del norte.
La cancillería de San José ha asegurado que el gobierno de Daniel Ortega está ofertando a petroleras internacionales 35.000 km2 (15.000 en el Caribe y 20.000 en el Pacífico) que «indiscutiblemente pertenecen a Costa Rica».
diariolibre.com
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.