Latinoamericanas
Costa Rica acusa a Nicaragua ante la CIJ de vulnerar tratado fronterizo
LA HAYA, Holanda. Costa Rica acusó ayer a Nicaragua de incumplir un tratado de fronteras, al presentar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sus alegatos en la demanda contra Managua por la supuesta invasión de un territorio limítrofe.
Desde este martes y hasta el 1 de mayo, el alto tribunal de la ONU examina esta demanda y otra presentada por Nicaragua contra Costa Rica por la construcción de una carretera en la margen derecha del río San Juan, que marca la frontera oriental entre ambos.
Las dos demandas han provocado la peor crisis diplomática en décadas entre ambos vecinos centroamericanos, aunque las partes esperan que la relación bilateral mejore tras el fallo.
Los jefes de las delegaciones, el canciller costarricense Manuel González y el embajador nicaragüense en Holanda Carlos Argüello, dijeron a la AFP que sus países respetarán el fallo, que se espera a fines de año o principios de 2016.
Abriendo los alegatos de Costa Rica, el agente de San José ante la CIJ, Edgar Ugalde Álvarez, arremetió contra los «actos unilaterales e ilícitos de parte de Nicaragua», a la que acusó de invadir isla Portillos al acometer unos trabajos de dragado en 2010.
El territorio, que Nicaragua denomina Harbour Head, es un humedal de 3km2 protegido por la Convención internacional Ramsar, y se encuentra en el extremo oriental del río San Juan, en la costa del Caribe.
Según él, al enviar personal civil y militar a esa isla para abrir unos caños (canales), Managua vulneró el tratado de fronteras Cañas-Jerez de 1858, suscrito por ambos países.
«Es una violación grave del derecho internacional y ha atentado gravemente contra la coexistencia pacífica de nuestros dos países», aseveró el diplomático, y añadió que los caños abiertos tenían la «intención precisa de transformar y amputar una parte del territorio de Costa Rica».
El embajador costarricense en Holanda, Sergio Ugalde, denunció como «artificial» la demanda territorial de Nicaragua sobre isla Portillos, la cual, apostilló, «no vemos como un territorio sin valor, como dijo un funcionario nicaragüense».
«Nunca antes de esta invasión había hecho Nicaragua una reivindicación, ni podía Costa Rica imaginar» que así ocurriría, abundó el jurista argentino Marcelo Kohen, contratado por el gobierno de San José.
Nicaragua defiende su soberanía alegando cambios geográficos naturales en esta zona pantanosa y rica en sedimentos del río San Juan.
Según la parte costarricense, la cuestión quedó zanjada con el arbitraje encargado en 1898 al ingeniero estadounidense Edward Porter Alexander, una interpretación con la que Managua discrepa.
La delegación nicaragüense presentará sus alegatos en la demanda presentada por Costa Rica el jueves y el viernes.
Al margen de las sesiones, Carlos Argüello reiteró en declaraciones a la AFP que «este territorio pertenece a Nicaragua», y observó que su país «no está discutiendo un territorio lleno de petróleo o cosa valiosa».
«No es un asunto del que depende la seguridad o la riqueza de cualquiera de las dos naciones», añadió.
El embajador Argüello aseveró que se acatará la decisión de los jueces, y que «cualquiera que sea [el fallo de la CIJ], ya pasamos esta página y nos olvidamos de este asunto».
– Una relación bilateral dañada –
En 2011, el anterior gobierno costarricense de Laura Chinchilla empezó a construir la ruta 1856 a lo largo del río San Juan, con el objetivo declarado de favorecer el desarrollo de las comunidades locales y desenclavarlas.
Nicaragua denunció ese año ante la CIJ que con dichos trabajos, Costa Rica estaba causando daños medioambientales en la zona.
Las delegaciones acudieron a La Haya con un importante equipo de consejeros, abogados y expertos, con amplia experiencia internacional.
Manuel González manifestó a la AFP la «ilusión» de que «una vez dictado el fallo se empiecen a abrir los espacios necesarios que con el tiempo regeneren la confianza entre los países».
«La resolución de esos dos primeros casos va ser muy importante para la definición de nuestra relación bilateral, relación bilateral que de todos modos no es la más fluida», añadió.
«Nuestro país ha hecho una defensa muy sólida, lo que nos da mucha confianza en el trabajo realizado», dijo Manuel González en un comunicado de la cancillería.
Costa Rica presentó una tercera demanda ante la CIJ, en febrero de 2014, para que delimite las fronteras marítimas con su vecino del norte.
La cancillería de San José ha asegurado que el gobierno de Daniel Ortega está ofertando a petroleras internacionales 35.000 km2 (15.000 en el Caribe y 20.000 en el Pacífico) que «indiscutiblemente pertenecen a Costa Rica».
diariolibre.com
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.