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Creador de ChatGPT se enfrenta al New York Times sobre «uso justo» de obras con derechos de autor
AGENCIA AP
Beijing, China.-Una avalancha de demandas en una corte federal de Nueva York pondrá a prueba el futuro de ChatGPT y otros productos de inteligencia artificial que no serían tan elocuentes si no hubieran ingerido grandes cantidades de obras humanas protegidas por derechos de autor.
“Me gustaría ser optimista en nombre de los autores, pero no lo soy. Creo que tienen una ardua batalla por delante”, afirmó la abogada especializada en derechos de autor Ashima Aggarwal, quien trabajó para el gigante editorial John Wiley & Sons.
LAS DEMANDAS
Cada una de las demandas presenta argumentos diferentes, pero todas se centran en que la empresa OpenAI, con sede en San Francisco, “ha creado este producto a partir de la propiedad intelectual de otras personas”, dijo el abogado Justin Nelson, quien representa a los escritores de no ficción y cuyo despacho también representa a The New York Times.
“Lo que OpenAI está diciendo es que tiene vía libre para adueñarse de la propiedad intelectual de cualquier otra persona desde el principio de los tiempos, siempre y cuando se encuentre en internet”, dijo Nelson.
The New York Times interpuso una demanda en diciembre, alegando que ChatGPT y el chatbot Copilot de Microsoft compiten contra los mismos medios con los que se entrenan y desvían el tráfico web del periódico y de otros dueños de derechos de autor que dependen de los ingresos publicitarios que generan sus sitios para seguir produciendo su periodismo. También presentó evidencias de que los chatbots repetían artículos del Times palabra por palabra. En otras ocasiones, los chatbots atribuyeron falsamente información errónea al periódico, lo que perjudica su reputación.
Un juez federal preside hasta ahora los tres casos, así como un cuarto de otros dos autores de no ficción que presentaron otra demanda la semana pasada. El juez federal de distrito Sidney H. Stein ha estado en el tribunal de Manhattan desde 1995, cuando fue nombrado por el entonces presidente Bill Clinton.
LA RESPUESTA
OpenAI y Microsoft aún no han presentado contraargumentos formales sobre los casos de Nueva York, pero OpenAI hizo una declaración pública esta semana en la que se refirió a la demanda de The New York Times como “sin mérito” y señaló que la capacidad del chatbot para repetir textualmente algunos artículos era una “inusual falla”.
“El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con materiales de acceso público en internet es un uso legítimo, como demuestran precedentes antiguos y ampliamente aceptados”, afirmó el lunes la empresa en su blog. También insinuó que The New York Times “ordenó al modelo que lo reprodujera o seleccionó sus ejemplos de entre muchos intentos”.
OpenAI se refirió a los acuerdos de licencia que firmó el año pasado con The Associated Press, con la empresa alemana de medios Axel Springer y con otras organizaciones como ejemplos de cómo la compañía está tratando de apoyar un ecosistema de noticias saludable. OpenAI paga una cantidad no revelada por la licencia del archivo de noticias de la AP. The New York Times mantuvo conversaciones similares antes de decidir demandar.
OpenAI afirmó este año que el acceso al “archivo de textos de alta calidad y basados en hechos” de la AP mejoraría las capacidades de sus sistemas de IA. Pero su blog de esta semana restaba importancia al contenido de las noticias para el entrenamiento de la IA, argumentando que los grandes modelos lingüísticos aprenden de un “enorme conjunto de conocimientos humanos” y que “cualquier fuente de datos individual —incluido The New York Times— no es significativa para el aprendizaje previsto del modelo”.
¿QUIÉN VA A GANAR?
Gran parte del argumento de la industria de la IA se basa en la doctrina del “uso justo” de la ley de derechos de autor de Estados Unidos, la cual permite usos limitados de materiales protegidos por derechos de autor, para la enseñanza, la investigación o la transformación de la obra protegida en algo diferente.
En respuesta, el equipo legal que representa a The New York Times escribió el martes que lo que OpenAI y Microsoft están haciendo “no es uso justo bajo ningún concepto”, porque están aprovechando la inversión del periódico en su periodismo “para construir productos sustitutivos sin permiso ni pago”.
Hasta ahora, los tribunales se han puesto mayoritariamente del lado de las empresas tecnológicas a la hora de interpretar cómo las leyes de derechos de autor deben tratar a los sistemas de IA. En una derrota para los artistas visuales, un juez federal de San Francisco desestimó el año pasado buena parte de la primera gran demanda contra los generadores de imágenes por IA. Otro juez de California rechazó los argumentos de la comediante Sarah Silverman de que la empresa matriz de Facebook, Meta, había infringido los derechos de su autobiografía para construir su modelo de IA.
Las demandas más recientes han aportado pruebas más detalladas de los supuestos perjuicios, pero Aggarwal dijo que cuando se trata de utilizar contenidos protegidos por derechos de autor para entrenar sistemas de inteligencia artificial que ofrecen una “pequeña parte de esos contenidos a los usuarios, los tribunales no parecen inclinados a considerar que se trata de una infracción de los derechos de autor”.
Las empresas tecnológicas citan como precedente el éxito de Google a la hora de rechazar las impugnaciones legales contra su biblioteca de libros digitales. En 2016, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la resolución de un tribunal de menor instancia que rechazaba el argumento de los autores de que la digitalización de millones de libros por parte de Google y la exhibición pública de fragmentos de los mismos constituían una infracción de los derechos de autor.
Pero los jueces interpretan los argumentos del uso justo caso por caso y “en realidad depende mucho de los hechos”, en función del impacto económico y otros factores, dijo Cathy Wolfe, ejecutiva de la empresa holandesa Wolters Kluwer que también forma parte del consejo del Copyright Clearance Center, que ayuda a negociar licencias de medios impresos y digitales en Estados Unidos.
“Sólo porque algo esté gratis en internet, en un sitio web, no significa que puedas copiarlo y enviarlo por correo electrónico, y mucho menos utilizarlo para realizar negocios comerciales”, dijo Wolfe. “¿Quién va a ganar? No lo sé, pero desde luego soy partidaria de proteger los derechos de autor para todos. Eso impulsa la innovación”.
MÁS ALLÁ DE LOS TRIBUNALES
Algunos medios de comunicación y otros creadores de contenidos miran más allá de los tribunales y piden a los legisladores o a la Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos que refuercen la protección de los derechos de autor en la era de la IA. Un grupo de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado de Estados Unidos escuchará el miércoles el testimonio de ejecutivos y defensores de los medios de comunicación en una audiencia dedicada al efecto de la IA en el periodismo.
Roger Lynch, director general de la cadena de revistas Conde Nast, tiene previsto decir a los senadores que las empresas de IA generativa “están utilizando nuestra propiedad intelectual robada para construir herramientas de sustitución”.
“Creemos que la solución legislativa puede ser sencilla: aclarar que el uso de contenidos protegidos por derechos de autor en relación con la IA generativa comercial no es un uso justo y requiere un permiso”, dice una copia de las declaraciones preparadas por Lynch.
Por EFE
WASHINGTON.- Los indultos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al congresista Henry Cuéllar son los dos últimos añadidos a la larga lista de polémicos indultos presidenciales de Donald Trump en el último año y que han puesto en tela de juicio el uso de esos perdones por razones de afinidad política o por la falta de coherencia en su campaña contra las drogas.
Según un análisis publicado este lunes por el Washington Post, el mandatario ha concedido clemencia a al menos 10 personas por delitos relacionados con las drogas desde el inicio de su segundo mandato, como al líder de una pandilla de Chicago Larry Hoover y al capo de la droga de Baltimore Garnett Smith.
Juan Orlando Hernández
El caso más reciente es el indulto total al expresidente hondureño, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, con el argumento de que su procesamiento había sido una «trampa» de la administración del expresidente Joe Biden.
Críticos han cargado contra Trump por considerar «hipócrita» la liberación de una persona acusada de narcotráfico mientras eleva la presión en Latinoamérica con sus acciones contra las supuestas narcolanchas vinculadas al Tren de Aragua o al Cartel de los Soles.
Ross Ulbricht
El creador del mercado web ilegal Silk Road, Ross Ulbricht, había sido condenado a cadena perpetua en 2015 con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático. A su regreso a la Casa Blanca, el republicano le concedió el indulto.
Liz Oyer, abogada de indultos bajo la Administración de Trump antes de que él la despidiera, aseguró al Washington Post que estos dos casos son una muestra de «la erosión de un sistema donde cada vez pesan más el dinero y la influencia política».
Pero en esta lista de nombres no solo se encuentran condenados por tráfico de drogas.
Henry Cuéllar
La supuesta persecución política de Biden también fue el motivo que el mandatario alegó para indultar la pasada semana al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600,000 dólares en sobornos de un banco mexicano.
Cuéllar, miembro del Congreso por el partido demócrata desde 2005, cargó abiertamente contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.
George Santos
En octubre pasado, el presidente conmutó la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude y robo de identidad agravado por el mal uso de fondos de campaña para disfrute personal.
Trump describió a Santos como alguien que suele ser «un poco pícaro» pero dijo que hay muchos pícaros en el país y que no por ello están obligados a pasar siete años en la cárcel. Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.
David Gentile
David Gentile, director ejecutivo de una empresa de capital privado condenado a siete años de cárcel por fraude de valores, acababa de entrar en prisión cuando también recibió la clemencia de la Casa Blanca.
El expropietario de GPB Capital Holdings fue sentenciado por estafar alrededor de 1,600 millones de dólares a más de 10,000 inversores.
Changpeng Zhao
Trump indultó el pasado 23 de octubre al cofundador de la plataforma de criptomonedas Binance Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.
El caso tuvo especial relevancia ya que, desde el regreso del neoyorquino a la Casa Blanca, Binance se ha convertido en un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia de Trump.
Participantes en el ataque al Capitolio de 2021
El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos acusados de sedición.
A estos polémicos indultos se suman casos como el de Joseph Shwartz, un magnate estadounidense condenado por fraude que, según informó el Washington Post, llegaría a pagar cerca de 1 millón de dólares a un lobby con la esperanza de obtener clemencia. La Casa Blanca le concedió el indulto, pero negó lazos con estos grupos de interés.
En manos del presidente, los perdones presidenciales, alrededor de 1,600 en 2025, se han convertido en una especie de termómetro del poder y, para muchos críticos, una práctica de «pago por clemencia» que sigue sumando nombres a la lista.
Londres (EFE).- América Latina tenderá a reforzar sus vínculos con China, ya consolidada como principal inversor de Sudamérica, si el Gobierno estadounidense de Donald Trump insiste en una política «punitiva» y sin incentivos para la región, declaró este martes a EFE Daniel Linsker, directivo de la consultora Control Risks.
Linsker evaluó el impacto del «meteorito Trump» en la presentación en Londres del informe ‘LatAm Outlook 2026’ del centro de estudios británico Canning House, que analiza los desafíos y oportunidades para el subcontinente.
El analista explicó que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington vuelve a colocar al «hemisferio oeste», o América, en el centro, pero no desde la cooperación sino desde la presión: sanciones, designación de carteles como terroristas y la exigencia de definir una política sobre China.
«Si EE.UU. no ofrece algo positivo, la región simplemente seguirá donde ya está: con China», afirmó.
El ‘shock’ de un ataque a Venezuela
El experto advirtió además de que un eventual uso de ataques aéreos selectivos contra Venezuela para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro tendría un impacto psicológico y político «muy fuerte» en toda América Latina.
El informe subraya que el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó «un cambio significativo» en la política estadounidense hacia América Latina, con un enfoque «más asertivo».
Según el estudio, los líderes latinoamericanos respondieron de distintas maneras, dado que las divisiones internas impidieron una postura unificada.
Oportunidad en la diversificación
Ante las presiones de Trump y la creciente influencia de China, muchas naciones latinoamericanas buscan ahora «diversificar sus relaciones internacionales», con la mira en países del Golfo, India y el sudeste asiático, aunque el potencial para el intercambio comercial, por el tipo de productos, es limitado, indica el documento.
Al mismo tiempo, América Latina, rica en recursos alimentarios y energéticos, atrae inversión de otros países en vías de desarrollo, como Vietnam, lo que «refleja un cambio en la dinámica económica mundial».
Los autores subrayan que la región tiene «potencial para revitalizar su economía», impulsada por la demanda de alimentos y minerales estratégicos, así como por oportunidades vinculadas a la transición energética.
No obstante, el estudio alerta sobre la persistencia de riesgos de seguridad, con violencia organizada y grupos criminales en países como México, Colombia, El Salvador o Ecuador, lo cual, dicen, «dificulta la gobernabilidad y afecta la inversión».
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